TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 142

Sucre, 19 de marzo de 2019

Expediente                  : 020/2018

Demandante                   : Gersón Castedo Antelo 

Demandado                    : Teddy Castedo Bascope

Proceso                           : Pago de beneficios sociales y derechos laborales

Distrito                         : Beni

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo, de fs. 80 a 83, interpuesto por Teddy Castedo Bascope contra el Auto de Vista Nº 98/2016 de 5 de diciembre, emitido por la Sala en Materia del Trabajo, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, de fs. 75 a 77; dentro del proceso de pago de beneficios sociales y derechos laborales interpuesto por Gersón Castedo Antelo contra el recurrente; el Auto de 4 de diciembre de 2017, que concedió el recurso (fs. 88); el Auto Supremo Nº 15-A de 19 de enero de 2018, por el cual se declara admisible el recurso de casación interpuesto (fs. 96), los antecedentes procesales; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.

Planteada la demanda social de pago de beneficios sociales y derechos laborales por Gersón Castedo Antelo, y tramitado el proceso, la Juez Primera del Trabajo, Seguridad Social, de la Niñez y Adolescencia de Beni, pronunció la Sentencia Nº 51/2016 de 10 de junio, de fs. 56 a 54, declarando probada en parte la demanda interpuesta; disponiendo que el demandado, cancele a favor del actor la suma de Bs.30.370.- (Treinta mil trescientos setenta 00/100 bolivianos), por concepto de beneficios y derechos laborales, detallado en ese fallo, incluida en dicha suma la multa del 30% conforme al D.S. Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

Auto de Vista.

En conocimiento de la Sentencia, Teddy Castedo Bascope a través de Julio Méndez Salvatierra, interpuso recurso de apelación, de fs. 57 a 58; a su turno, el demandante Gersón Castedo Antelo, formuló recurso de apelación, de fs. 61 a 63; ambos recursos, fueron resueltos por el Auto de Vista Nº 98/2016 de 5 de diciembre, emitido por la Sala en Materia del Trabajo, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, de fs. 75 a 77, confirmando la Sentencia emitida primera instancia.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:

En conocimiento del señalado Auto de Vista, el demandado Teddy Castedo Bascope formuló recurso de casación, de fs. 80 a 83, señalando lo siguiente:

En la forma.

Existe una deficiente motivación por parte del Tribunal de alzada, para confirmar la injusta Sentencia de primera instancia, porque en el recurso de apelación, se hizo notar que las pruebas testificales de cargo, en las que sustento su decisión la A quo, no demuestran la existencia de una relación laboral, puesto que señalan que si veían al actor cumpliendo una función dentro de la empresa, pero, ninguno afirmó sí estas funciones las realizó como trabajador, o como hijo del propietario, no existiendo una atestación que demuestre que el demandante efectivamente percibía un salario, o que haya estado sujeto a una subordinación y exclusividad, prestando un trabajo por cuenta ajena, percibiendo una remuneración; pero, el Tribunal de alzada, no consideró estos agravios, afirmando que son aspectos ajenos a la demanda laboral,al derecho laboral y a los puntos de hecho a probarse, cuando están directamente relacionados con la causa, para desacreditar una relación laboral que el actor alega que existe, argumentos que se constituyen en un punto fundamental para desvirtuar la pretensión irreal del demandado; que además, se encuentran establecidos en los puntos de hecho a probar del Auto interlocutorio Nº 234/2015 de 30 de diciembre, de fs. 27; por lo cual, al haberse desconocido estos argumentos de la apelación, por parte del Tribunal de apelación, y no emitir fundamento sobre el fondo de estos agravios, existe una deficiente motivación en su resolución, vulnerando con ello el debido proceso consagrado en el art. 115-II de Constitución Política del Estado (CPE).

En el fondo.

La Sentencia confirmada por el Tribunal de alzada, solo considera la prueba testifical de cargo, adoptando su decisión sobre el fondo del asunto únicamente en función a estas atestaciones, restando valor probatorio a las demás pruebas presentadas, cuando el art. 169 del Código Procesal del Trabajo (CPT), establece que hacen fe probatoria las declaraciones de dos o más testigos que concuerden en personas, cosas hechos, tiempos y lugares; y las testificales que cursan a fs. 38, 39, 43 y 44 no cumplen con estos aspectos.

En la pregunta cuatro del interrogatorio de fs. 36, se consulta a los testigos si saben si la prestación de servicios alegada, se cumplió desde el 1 de enero de 2012 hasta el 15 de septiembre de 2015; en la testifical de fs. 38 y 44, la respuesta es afirmativa, indicando que sí, pero este extremo queda desvirtuado con la documental adjunta de fs. 13 a 23, que demuestra que el actor se encontraba estudiando en la ciudad de Cochabamba hasta el mes de junio de 2012, por lo que, no podría haber trabajado, desde el 1 de enero de 2012, existiendo contradicción en el factor tiempo en dicha atestación.

En la testifical de fs. 39, se afirmó claramente que no conoce exactamente cuando empezó a trabajar el demandante, pero pese a ello, fue considerada; la atestación cursante a fs. 43, responde la pregunta indicada, que no sabe, pero que vio trabajar al actor desde enero de 2015 a julio del mismo año, antes no; contradiciendo lo afirmado en la primera atestación (fs. 38), no cumpliéndose con lo determinado en el art. 169 del CPT.

Petitorio.

Interpuesto el recurso de casación en la forma, solicita la nulidad del Auto de Vista recurrido; y en el fondo, se dicte el Auto Supremo casando “la sentencia”, sea con las formalidades de ley.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Expuestos así los argumentos del recurso de casación, se pasa a resolver el recurso, con las siguientes consideraciones:

En la forma.

Respecto a la vulneración al debido proceso, al considerar que existe una falta de motivación en relación de los agravios llevados en el recurso de apelación, ante el Tribunal de alzada, se tiene que; el art. 265-I del Código Procesal Civil (CPC-2013), aplicable a la materia de conformidad al art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT), establece: “El auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, determinando claramente la norma adjetiva, que el Tribunal de alzada al resolver el recurso de apelación debe ceñirse a lo objetado en el recurso de apelación, no pudiendo el Auto de Vista disponer cuestiones que no han sido pedidas, como tampoco omitir el análisis y resolución de ningún agravio expuesto en el recurso; además, de contener la resolución que se emita una debida motivación y fundamentación, respecto de la posición asumida, más aún, si el Tribunal de segunda instancia se constituye en un Juez de conocimiento y no así de puro derecho, teniendo la potestad y obligación de analizar y resolver todos los agravios expuestos en los recursos de alzada sin discriminación alguna, apreciando y considerando el conjunto de la prueba acumulada al proceso, no pudiendo soslayar esta responsabilidad en la resolución de la causa.

Es innegable que la motivación de las resoluciones judiciales constituye un deber jurídico, consagrado constitucionalmente como uno de los elementos del debido proceso, que se convierte en una garantía de legalidad procesal para proteger la libertad, la seguridad jurídica, la racionalidad y fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas, y la motivación debe permitir vislumbrar con claridad las razones de decisión por las que se confirmó o se modificó un fallo de instancia; esto implica que todo administrador de justicia a momento de resolver una controversia sometida a su conocimiento, debe inexcusablemente exponer los hechos, los razonamientos relacionados con el análisis y valoración del acervo probatorio, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, y en alzada se debe cumplir en la resolución de todos los agravios expuestos en la apelación con los principios de congruencia, pertinencia y exhaustividad.

Consecuentemente, cuando un Juez o Tribunal omiten motivar una resolución, no sólo suprime una parte estructural de su fallo, sino que en la práctica toma una decisión de hecho y no de derecho, en la que impide a las partes conocer cuáles son las razones que sustentan su fallo, por ello, las resoluciones judiciales deben ser debidamente motivadas.

En ese orden de ideas, la motivación de las resoluciones judiciales se constituye en un deber jurídico que hace al debido proceso, por el cual el Juez o Tribunal al resolver una causa, debe inexcusablemente cumplir con tres componentes, que son: exponer los hechos; efectuar la fundamentación legal; y, citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma; así lo entendió la SCP 0092/2012 de 19 de abril: “La motivación de las resoluciones es un requisito elemental del derecho al debido proceso, conforme se encuentra establecido en la SC 1057/2011-R de 1 de julio, refiere que:...las resoluciones que emiten las autoridades judiciales, deben exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de esas resoluciones, exigencia que se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación o casación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades inferiores...”; siendo la fundamentación parte de la motivación que debe contener toda determinación judicial, se ha establecido por este Tribunal en anteriores Auto Supremos emitidos, el Nº 867 de 3 de marzo de 2015 (Sala Social Primera), así como en el Nº 245 de 27 de agosto de 2015 (Sala Social Segunda), entre otros, que: “…la debida y suficiente fundamentación de los fallos que supone exponer no sólo el razonamiento, sino respaldar el mismo con las normas jurídicas tanto sustantivas como adjetivas que sean aplicables al caso por resolverse, implica la obligación para que el juzgador absuelva todos los reclamos sometidos a su consideración, de modo tal que le permita al impetrante, en este caso, al recurrente, impugnar la decisión en esos puntos, pues privarle de ellos vulnera el derecho al debido proceso y con ello a la defensa, consagrados y protegidos por los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado; estando claro que los Tribunales de alzada, al conocer un recurso de apelación deben dar cumplimento al art. 265 parágrafo I del CPC-2013, fundamentado y motivando sus resoluciones, labor que debe plasmarse en la respuesta precisa a todos y cada uno de los puntos expuestos, con argumentos específicos que tengan como efecto otorgar seguridad jurídica a las partes.

Conforme a estas apreciaciones, el Tribunal al contrastar el recurso de apelación en cuanto a sus agravios y dudas elevadas en apelación, con la respuesta otorgada en el Auto de Vista a los cuestionamientos del demandado apelante (ahora recurrente), y las infracciones acusadas en el recurso de casación en la forma; se tiene que, en la apelación interpuesta de fs. 57 a 58, se expuso de manera separada tres aspectos, agravios en los que considera incurrió la Juez de instancia; sin embargo, el Tribunal de apelación, omite ingresar a analizar estos reclamos, al señalar que la apelación carece de fundamentación legal, y que no se menciona la expresión de agravios sufridos en la resolución de primera instancia, señalando también, que los argumentos de la apelación son estrictamente familiares, ajenos a la demanda al derecho laboral y a los puntos de hecho a aprobar; sin dar una respuesta de manera razonada y motivada, a los agravios planteados en la apelación de la parte demandada.

Cuando se evidencia que en el recurso de apelación, se alega que no se probó la relación laboral, y que las testigos desconocen si existía una relación laboral directa de padre a hijo, por lo que resultaría inverosímil la pretensión del demandante, acusando una errónea valoración de la prueba testifical, indicando que no existía un sueldo sino el demandante colaboraba en la empresa del demandado en su condición de hijo; este agravio, no mereció respuesta por parte del Tribunal de alzada, afirmándose, que el apelante “no menciona la expresión de agravios sufridos con la resolución del inferior” (sic.), cuando se cuestionó la valoración otorgada por la a quo, a la prueba testifical, que a consideración de quien apeló, no demostraría una relación laboral, que el actor estudiaba en otra ciudad (Cochabamba); que el demandante -hijo del demandado- jamás fue empleado, sino estuvo inserto en el negocio familiar, por lo cual, quien apeló, considera que no debe pagar subsidios o asignaciones familiares; no dando una respuesta el Tribunal Ad quem sobre estos aspectos, limitándose a decir que no existe fundamentación legal, no se acusan agravios, y que estos aspectos no están relacionados con la materia, sino son de índole familiar, omitiendo una respuesta razonable en la que se explique a la parte apelante, por qué no son valederos sus argumentos, para llegar a determinar a la confirmación de la Sentencia.

Más allá, de que no se alegue norma vulnerada, los agravios expuestos en el recurso de apelación, son claros y precisos, señalando cuales son los aspectos que a su consideración hubiesen vulnerado sus derechos con la emisión de la Sentencia, y a diferencia del recurso de casación, no se exige una carga recursiva con argumentación jurídica, expresamente en la normativa procesal, sino -la apelación- debe contener agravios claros, específicos, acordes a lo resuelto por el de instancia, dejando de lado el extremo formalismo, al respecto la SCP 1697/2013 de 10 de octubre, señaló: “El principio de aplicación directa de los derechos, como sostuvo la SCP 0121/2012, supone la superación formalista del sistema jurídico y se constituye en un postulado para consolidar el valor normativo de la Constitución Política del Estado: …la premisa en virtud de la cual se debe asegurar la eficacia máxima de los derechos fundamentales, exige en términos de teoría del derecho, la superación de una concepción ius-positivista y formalista del sistema jurídico, e implica la adopción de postulados jurídicos enmarcados en cánones constitucionales no solamente destinados a limitar el poder, sino fundamentalmente direccionados a consagrar y consolidar la vigencia material de los derechos fundamentales.

(…) el principio de aplicación directa y eficaz de los derechos fundamentales, constituye un postulado que consolida el valor normativo de la Constitución, por el cual, los derechos fundamentales tienen una efectividad plena más allá de un reconocimiento legislativo o de formalismos extremos que puedan obstaculizar su plena vigencia, aspecto que caracteriza la «última generación del Constitucionalismo», en el cual, el fenómeno de constitucionalización del ordenamiento jurídico, se consagra y alcanza su esplendor a través del principio de aplicación directa de los derechos fundamentales, el cual se materializa a través del nuevo rol de las autoridades jurisdiccionales en su labor de interpretación constitucional acompañada de una coherente teoría de argumentación jurídica”; esta misma, sentencia constitucional plurinacional, más adelante refirió: “El principio de prevalencia del derecho sustancial respecto al formal, conforme lo entendió la SC 0897/2011-R de 6 de junio, …se desprende del valor-principio justicia, que es uno de los pilares fundamentales del Estado Constitucional y Democrático de Derecho, que se encuentra consagrado por el art. 8.II de la CPE, pues en mérito a éste los ciudadanos tienen derecho a la justicia material. Así se ha plasmado en el art. 180.I de la CPE que ha consagrado como uno de los principios de la justicia ordinaria el de «verdad material», debiendo enfatizarse que ese principio se hace extensivo a todas las jurisdicciones, también a la justicia constitucional.

De este modo se debe entender que la garantía del debido proceso, con la que especialmente se vincula el derecho formal, no ha sido instituida para salvaguardar un ritualismo procesal estéril que no es un fin en sí mismo, sino esencialmente para salvaguardar un orden justo que no es posible cuando, pese a la evidente lesión de derechos, prima la forma al fondo, pues a través del procedimiento se pretende lograr una finalidad más alta cual es la tutela efectiva de los derechos.

Por lo que, al no considerar analizar los agravios vertidos en la apelación del demandado, el Tribunal de alzada, incurrió en violación al debido proceso por falta de motivación y fundamentación, llegándose a vulnerar el principio de congruencia en cuanto a la concordancia que debe existir entre los fundamentos planteados y lo resuelto, denominada incongruencia citra petita, conocida como la omisión en la que se incurre cuando el juzgador o tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedidos que le han sido planteados, al no darse respuesta a lo cuestionado por el apelante, siendo una obligación del Tribunal de alzada otorgar una respuesta, ya sea dando curso o negando la solicitud, cuestionamiento o duda planteada en la apelación, con un fundamento sostenible, dentro lo que corresponda en derecho, las garantías constitucionales, y la búsqueda y procura de la realización de la justicia material.

Al respecto, la SCP 0115/2014 de 10 de enero, determinó: “De forma coherente con la asimilación del principio, derecho y garantía del debido proceso, previsto por las normas del art. 115.II de la CPE, tal como se exteriorizó precedentemente, el carácter expansivo del debido proceso, lo provee de diversos elementos, uno de ellos, entre los que se señalaron, la motivación y debida fundamentación de las resoluciones judiciales, los cuales tienen por objeto dotar de legitimidad a las mismas, mediante la ineludible labor de raciocinio que las debe preceder, para no ser consideradas arbitrarias, infundadas e inmotivadas; contenido que a su vez le permita alcanzar una razonable conformidad de los involucrados, de la sociedad en general, y con ello cumplir el objetivo supremo de la función judicial de lograr la paz social y componer la situación de ruptura de la legalidad, refiriéndose la referida Sentencia Constitucional Plurinacional, en cuanto al principio de congruencia que: “El principio de congruencia , sobre el cual, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, indicó que implica: la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien imparte justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes; en ese entendido, por los argumentos desarrollados es evidente que el Tribunal de alzada vulneró incurrió en una falta de motivación y fundamentación al no absolver las dudas planteadas en apelación, así como en una incongruencia citra petita, ya que no se pronunció sobre todos los puntos que fueron cuestionados en la apelación sometida a su conocimiento (como la alegada, errónea valoración de la prueba testifical), razón por la cual la determinación asumida por este Tribunal no puede ser otra que anular el Auto de Vista recurrido, para que el Tribunal de alzada acomode su resolución acorde a los principios que rigen la Constitución, velando garantizar el debido proceso, y dotando de legitimidad sus resoluciones.

Conforme a las consideraciones efectuadas, exime a este Tribunal analizar los otros fundamentos del recurso de casación, que además, están dirigidas al fondo de la decisión, corresponde fallar de acuerdo a la disposición contenida en el art. 220 parágrafo III num 1 inc. c) del CPC-2013, en concordancia con el art. 106-I del mismo cuerpo legal, aplicable en la materia por expresa determinación del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, ANULA el Auto de Vista Nº 98/2016 de 5 de diciembre, emitido por la Sala en Materia del Trabajo, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, de fs. 75 a 77; disponiendo que el Tribunal de alzada, de manera inmediata previo sorteo y sin espera de turno, bajo responsabilidad administrativa, pronuncie nuevo Auto de Vista, resolviendo todos los agravios contenidos en el recurso de apelación respetando los principios de congruencia y observando el debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación.

Sin multa por ser excusable.

En cumplimiento a lo previsto en el art. 17-IV de la Ley del Órgano Judicial, póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo para su registro respectivo, debiendo tenerse presente que conforme a la recomendación Nº 22 de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos en su informe aprobado el 5 de diciembre de 2013 (Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia, hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas), la remisión de Autos Supremos anulatorios como el presente no tienen la finalidad de activar proceso administrativo alguno.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-