TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 141

Sucre, 19 de marzo de 2019

Expediente                  : 014/2018

Demandante                   : Benedicto Aduviri Tito 

Demandado                    : Empresa “NAVORA” S.R.L.    

Proceso                           : Reliquidación de beneficios sociales y derechos laborales

Distrito                         : La Paz

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación, de fs. 374 a 376, interpuesto por la empresa “NAVORA” S.R.L., a través de su representante legal Marco Antonio Dick,  contra el Auto de Vista Nº 119/2017 SSA.I de 8 de mayo, emitido por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de fs. 368 a 369; dentro del proceso de reliquidación de beneficios sociales y derechos laborales interpuesto por Benedicto Aduviri Tito contra la empresa recurrente; el memorial de respuesta al recurso, de fs. 379 a 383; el Auto Nº 366/17 SSA-I de 31 de octubre de 2017, que concedió el recurso (fs. 384); el Auto Supremo Nº 22-A de 23 de enero de 2018, por el cual se declara admisible el recurso de casación interpuesto (fs. 392), los antecedentes procesales; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.

Planteada la demanda social de reliquidación de beneficios sociales y derechos laborales por Benedicto Aduviri Tito, y tramitado el proceso, la Juez Segunda del Trabajo, Seguridad Social de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 276/2015 de 9 de diciembre, de fs. 216 a 224, declarando probada en parte la demanda interpuesta; e improbada la excepción perentoria de prescripción opuesta; disponiendo que la empresa demandada, cancele a favor del actor la suma de Bs.75.625,30.- (setenta y cinco mil seiscientos veinticinco 30/100 bolivianos), por concepto de beneficios y derechos laborales, incluida en dicha suma la multa del 30% conforme al D.S. Nº 28699 de 1 de mayo de 2006. Monto a ser actualizado en ejecución de fallos de acuerdo a ley.

Auto de Vista.

En conocimiento de la Sentencia, la empresa “NAVORA” S.R.L., solicitó aclaración, complementación y enmienda, a fs. 351, que considerada por la Juez no tuvo lugar, mediante Auto de 8 de julio de 2016, de fs. 352; notificada con dicha determinación, la empresa demandada a través de su apoderado, formuló recurso de apelación, de fs. 354 a 355; que fue resuelto por el Auto de Vista Nº 119/2017 SSA.I de 8 de mayo, emitido por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de fs. 368 a 369, confirmando la Sentencia emitida primera instancia y su Auto Complementario.

En conocimiento del señalado Auto de Vista, la empresa “NAVORA” S.R.L., a través de su apoderado Marco Antonio Dick, solicitó aclaración, complementación y enmienda, a fs. 371, que fue declarada sin ha lugar mediante Auto Nº 268/17 SSA-I de 21 de agosto de 2017, de fs. 372.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:

Notificada  con dicha determinación, la indica empresa formuló recurso de casación, de fs. 374 a 376, señalando lo siguiente:

1.- Se lesionó el derecho a la defensa y al debido proceso, por parte del Tribunal de alzada, que al emitir el Auto de Vista recurrido, señaló que faltan literales en el recurso de apelación, pero se consideró el mismo, y pese a esta imprecisión del recurso de apelación con ausencia de contenido, se corrió traslado y fue concedido por parte de la Juez a quo, debiendo en aplicación del art. 106 del Código Procesal Civil (CPC-2013), haberse dispuesto nulidad de obrados, si faltaban literales al recurso de apelación, para su subsanación; en razón a que, si faltaba contenido de los agravios del recurso, no se concretó el derecho a la defensa plena y debido proceso dispuestos en los arts. 115, 116 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE), correspondiendo la nulidad de obrados, hasta el decreto de traslado del recurso de apelación.

2.- Los de instancia no valoraron la prueba adjunta, como el finiquito cancelado al actor, que demuestra una liquidación total de los beneficios y derechos laborales, por 14 años, 8 meses y 20 días, que no fue un pago por quinquenios, por lo que, al no existir norma que disponga un reconocimiento de antigüedad por recontratación, después de una liquidación total, no se puede reconocer en favor del trabajador una antigüedad  anterior al pago y liquidación de todos sus beneficios y derechos laborales, ante una eventual recontratación; demostrándose, en la prueba adjunta de afiliación a la Caja Nacional de Salud (1-2-1987) y de baja del actor (25-5-2001), que prueban al igual que el finiquito, la ruptura de la relación laboral; no pudiendo darse lugar ante una recontratación a reconocerse la antigüedad, cuando se efectuó una desvinculación total con una liquidación de todos los beneficios y derechos del trabajador.

3.- En cuanto a la reposición del salario dominical, de las gestiones 2007 y 2008, el Tribunal de apelación no se pronuncia nada al respecto; debiendo tomarse en cuenta que al estar el actor sujeto a un sueldo mensual, no tiene derecho al pago del salario dominical, por lo que no corresponde otorgar este derecho. 

4.- Respecto a la multa del 30%, el Tribunal de alzada sostiene que al no haberse hecho el pago oportuno de los derechos corresponde imponer esta sanción; pero, al haberse cumplido con el pago de beneficios sociales dentro del plazo establecido en el D.S. Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, no corresponde multa alguna.

Petitorio.

Interpuesto el recurso de casación, solicita se case totalmente el Auto de Vista recurrido, fallando en lo principal se declaré improbada la demanda de reliquidación de derechos, en todas sus partes, sea con costas; sin perjuicio de que se disponga la nulidad de obrados hasta antes del decreto de traslado con el recurso de apelación, en cumplimiento de los art. 106 y 107 del CPC-2013.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Expuestos así los argumentos del recurso de casación, se pasa a resolver el recurso, con las siguientes consideraciones:

1.- En mérito al principio dispositivo, corresponde a las partes la activación del proceso y la especificación de sus pretensiones, por ello, el recurso de apelación contra la Sentencia de primera instancia, presentada por la empresa recurrente de fs. 354 a 355, se constituye en un mecanismo procesal otorgado a las partes, quienes deben velar por cumplir los requisitos formales, el plazo otorgado por ley para activar el recurso, y el contenido de sus memoriales, por consiguiente quien presentó la apelación, debió verificar el contenido de su escrito; no pudiendo pretenderse que el Tribunal de alzada, haya efectuado una nulidad para subsanar el recurso presentado, menos por este Tribunal casacional, anule obrados para que la parte recurrente reformule el recurso de apelación, que presentó contra la Sentencia, quien tuvo la oportunidad procesal de activar dicho recurso, cumpliendo un plazo y requisitos establecidos por ley.

Debiendo además tomarse en cuenta que para determinar una nulidad, exciten principios en los cuales se debe ceñirse para no retrotraer un proceso sin que sea necesario, violentando la celeridad y economía procesal que debe contener la tramitación de un proceso, estos principios son: el de especificidad o legal, referido a que para la procedencia de la nulidad, el acto procesal se haya realizado en violación de preceptos legales sancionadas con nulidad; es decir, que la omisión o defecto que origine la nulidad del acto o procedimiento, debe estar expresamente determinada por la Ley; el de trascendencia, este responde a que “no hay nulidad sin perjuicio”, significa que, quien solicita nulidad debe probar que el motivo de la misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que solo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad del acto o procedimiento que hubiese causado el perjuicio; el de protección, que establece que la nulidad procede a consecuencia de una determinación o un procedimiento, por el cual quedan indefensos los intereses del litigante; y, el de convalidación, que refiere a que toda nulidad no observada oportunamente se convalida por el consentimiento; es decir, que aún en el supuesto de concurrir en un determinado caso los otros presupuestos de la nulidad, esta no podrá ser declarada si es que, el afectado consintió expresa o tácitamente el acto defectuoso, la primera cuando la parte que se cree perjudicada continua con la tramitación del proceso como si no hubiese existido un acto viciado, cuando este acto cumple con la finalidad procesal que tenía, y la segunda cuando en conocimiento del acto defectuoso, no impugna el mismo por medio de los mecanismos procesales para ello.

A esto debemos añadir, los requisitos que debe reunir la parte legitimada para solicitar la nulidad, en entre los cuales esta: la existencia de un interés legítimo lesionado, que debe ser propuesta la nulidad por quien se vea perjudicado o a quien le efecto el acto o error procesal; la inexistencia de convalidación, cuando existe una renuncia tacita al reclamo, con la continuidad de los actuados sin efectuar reclamo alguno sobre los hechos, que luego pretende alegar su nulidad; y, no debe haber originado el acto irregular, quien solicita la nulidad, por lo que, no puede quien causo el acto o error, solicitar nulidad de ese actuado, propriam turpitudimen allegans non est adudiendus (no debe ser escuchado quien alega su propia tropeza), por lo cual, la falta de literales en la presentación del recurso de apelación, al ser un mecanismo procesal de impugnación, que debe ser activado por la parte interesada, es la parte quien debe cumplir con los requisitos formales, de presentación y contendido, no pudiendo vulnerarse el principio de igualdad procesal, para dar la posibilidad a una de las partes replantee su recurso de apelación, cuando tuvo la oportunidad otorgada por ley para hacerlo.

Esa inobservancia, de ningún modo puede ser suplida por este Tribunal, como tampoco pudo ser suplida por el Tribunal de apelación, sin que esta decisión implique negación del derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y de otros derechos fundamentales, menos una vulneración al debido proceso; cuando esta omisión obedece al propio descuido de quien recurrió de apelación, en la presentación de este recurso; por lo cual, resulta infundada la infracción acusada en este punto.

2.- En este punto la empresa recurrente, acusa como infracción la decisión de reconocer el beneficio del bono de antigüedad a favor del actor, por los de instancia, señalando que no existe normativa que disponga el reconocimiento de antigüedad ante una recontratación, y que se demostró, con el finiquito y la baja del seguro social a corto plazo, la ruptura de la relación; pero, no argumenta ni señala que normativa se violó, vulneró o aplico erróneamente, y debe en la interposición del recurso de casación, indicarse que norma o precepto legal, fue desconocido, interpretado erróneamente, o vulnerado por parte del Tribunal de apelación en la emisión del Auto de Vista que se recurre; al no ser suficiente añadir parte del Auto de Vista, aludiendo la disconformidad con la determinación asumida en alzada, debiendo exponerse con claridad y precisión, la ley o leyes infringidas, violadas o aplicadas indebida o erróneamente interpretadas, especificando en qué consiste la infracción, la violación, falsedad o error; no solo señalar la norma sin fundamentar en que consiste la infracción, o como en el caso presente, solo alegar una hipótesis contraria respecto a la decisión, sin citar ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, que a consideración del recurrente hubiese desconocido el Tribunal de alzada; esta inobservancia, como precedentemente se señaló, de ningún modo puede suplirse por este Tribunal, cuando estas conclusiones asumidas obedecen a la deficiencia de la parte que recurre a tiempo de formular el recurso de casación, omitiendo completamente la carga recursiva establecida por ley.

Pero, para dejar en claro la correspondencia de los derechos correspondientes al  actor del proceso, debe entenderse que, el bono de antigüedad como su nombre indica es una remuneración adicional adquirida por el trabajador justamente por la antigüedad y experiencia que el mismo adquiere en beneficio de la empresa, y está considerado como un derecho que el trabajador tiene en la medida de la prestación cronológica de sus servicios en relación con determinado empleador, cuya permanencia y continuidad se determina a partir del instante en que el obrero comienza a prestar de manera efectiva el servicio; regulado por el art. 60 del D.S. Nº 21060 el 29 de agosto de 1985 y el art. 3 del D.S. 7850 de 1 de noviembre de 1966, debiendo interpretarse y aplicarse dichos preceptos bajo principios de protección a los trabajadores y de favorabilidad, establecidos constitucionalmente.

También, debe entenderse, que los de instancia no están reconociendo una antigüedad retroactiva ante una eventual recontratación del trabajador demandante, luego de una liquidación de sus beneficios, sino, se determinó que pese al pago efectuado por el finiquito, de fs. 128, el actor continuó trabajando en la empresa demandada, por lo que, no puede desconocerse la antigüedad acumulada por la prestación de sus servicios; y a partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado, rige como una de las primicias de la justicia boliviana, la procura y búsqueda de la justicia material, y deben primar razonamientos que permitan garantizar una efectiva y eficaz justicia material, ante la existencia de una justicia inclusiva, garantizada por nuestra norma suprema, infiriendo al respecto la SCP 060/2014 de 3 de enero, que: “En la administración de una justicia inclusiva, no se puede soslayar el hecho el sustento de las decisiones que se basan en el análisis e interpretación, donde no solo se limita a la aplicación de formalidades y rituales establecidos en la norma, sino, en hacer prevalecer principios y valores que permitan alcanzar una justicia cierta, accesible para la población, con miras de alcanzar el vivir bien y de esa manera rebatir los males como la corrupción que afecta a la sociedad.

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha señalado: “El principio de seguridad jurídica refuerza esta idea, al garantizarle al ciudadano que la actividad judicial procurará, en todo caso y por encima de toda consideración, garantizar la efectiva protección de sus derechos constitucionales y legales accediendo a una justicia material o verdaderamente eficaz no una aplicación formal y mecánica de la ley, por el contrario, lograr que las consecuencias mismas de una decisión judicial debe significar una efectiva materialización de los principios, valores y derechos constitucionales…” (SC 1138/2004-R de 21 de julio).

“Conforme a lo expuesto, el valor superior 'justicia' obliga a la autoridad jurisdiccional -en la tarea de administrar justicia- procurar la realización de la 'justicia material' como el objetivo axiológico y final para el que fueron creadas el conjunto de instituciones…” (SC 0818/2007-R de 6 de diciembre), claro está, por lo explicado y señalado en la jurisprudencia constitucional añadida, no se puede aludir que no hay norma que regule este aspecto, debiendo darse una interpretación a la normativa sustantiva, en la materia con apoyo de los principios que rigen la materia, como el protector, con la regla de la condición más beneficiosa; por lo cual, el argumento traído en casación es infundado; además, de no contener ni señalarse en la presente infracción, norma alguna que hubiese sido vulnerada por parte del Tribunal de alzada.

3.- En cuanto a la reposición del salario dominical de las gestiones 2007 y 2008; se tiene que conforme a los antecedentes del proceso, se puede evidenciar que no fue un aspecto reclamado por la empresa ahora recurrente en su recurso de apelación, que cursa de fs. 354 a 355, por lo que, no existe pronunciamiento sobre esta acusación, en el Auto de Vista recurrido, argumento que tardíamente se alega en casación; y debe entenderse al principio de congruencia, como componente del debido proceso, que obliga al órgano jurisdiccional a observar la existencia de correspondencia entre lo peticionado y lo resuelto por la instancia de alzada; es decir, entre los agravios del recurso de apelación y la determinación asumida en el Auto de Vista; así como la pertinencia que debe contener toda resolución respecto de los aspectos que se reclaman en forma oportuna, siendo estos agravios los que aperturan la competencia para analizar lo asumido en Sentencia por parte del Tribunal de alzada, para posteriormente puedan ser recurridos en casación; evidenciándose que el aspecto que ahora se pretende objetar a través del recurso de casación, no fue expuesto ni observado en el recurso de apelación interpuesto por el ahora recurrente, por ende no fue considerado por el Tribunal de alzada en la emisión del Auto de Vista; activándose la preclusión procesal prevista en los arts. 3. e) y 57 del Código Procesal del Trabajo (CPT); imposibilitando ingresar a un análisis, al ser un aspecto que no forma parte de la fundamentación del Auto de Vista emitido, porque no fue reclamado en el recurso de apelación.

4.- El art. 9 del D.S. Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, establece que: “I. En caso de producirse el despido del trabajador, el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan (…)”, mientras que su parágrafo II, prevé: “En caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor”.

Asimismo la Resolución Ministerial (RM) 447 de 8 de julio de 2009, que reglamenta el DS 110 de 1 de mayo de 2009, en su art. 1 establece: “II. En caso de producirse el retiro voluntario de la trabajadora o trabajador, luego de haber cumplido más de noventa (90) días de trabajo, el empleador deberá cancelar la indemnización por el tiempo de servicios y los derechos laborales que corresponda en el plazo de quince (15) días calendario a partir de la conclusión de la relación laboral. III. En caso que el empleador incumpla la obligación de pagar la indemnización en el plazo establecido en el parágrafo II del presente artículo, pagara el monto establecido, incluyendo los derechos laborales que correspondan, debidamente actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda UFVs, más la multa del treinta por ciento (30 %) del monto total a cancelar en beneficio de la trabajadora o del trabajador.

Estableciéndose claramente conforme a la normativa agregada, que el empleador debe cancelar de forma efectiva los derechos y beneficios sociales que le correspondieran al trabajador, en un plazo impostergable de quince (15) días calendario desde la desvinculación laboral, y al exceder este plazo, debe el empleador pagar una multa del 30% del total a cancelarse.

En el marco legal señalado, en cuanto a la errónea interpretación y aplicación del D.S. 28699, porque a consideración de la empresa recurrente, no correspondería la multa del 30%, por haberse cumplido con el pago de beneficios a favor del actor, oportunamente y dentro del plazo establecido, como consta en el finiquito a fs. 128; debe entenderse que, los de instancia establecieron la imposición de la multa del 30%, respecto al saldo que no se canceló oportunamente; es decir, de la reliquidación efectuada en el presente proceso, en razón a que la disposición legal aludida, prevé que, en caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el mismo artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor; constituyéndose esta disposición legal en la garantía para precautelar el pago pronto y oportuno de los derechos y beneficios sociales adquiridos por los trabajadores, una vez se haya producido la desvinculación laboral.

En el caso de autos, si bien la empresa demandada en base a un finiquito señalado ha efectuado un pago por concepto de beneficios sociales, este resulta parcial, conforme se demostró en el transcurso del presente proceso, en razón a que no cubrió todos los derechos y beneficios sociales que correspondían la actor, y al no haber efectuado el pago total de los beneficios sociales en forma oportuna y en el tiempo en que el art. 9 del DS 28699 establece, corresponde aplicar la multa dispuesta en la indicada normativa, con relación al monto determinado en la reliquidación objeto de la presente causa, de modo que no podría entenderse una errónea aplicación a la normativa que regula dicha multa.

En mérito a lo expuesto y encontrándose infundados los motivos traídos en casación por la parte demandada, corresponde dar aplicación al art. 220-II del CPC-2013, aplicable en la materia por expresa determinación del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la empresa “NAVORA” S.R.L., a través de su representante legal Marco Antonio Dick, de fs. 374 a 376; en consecuencia se mantiene firme y subsistente el Auto de Vista Nº 119/2017 SSA.I de 8 de mayo. Con costas.

Se regula el honorario profesional del abogado en Bs1.000.- (mil 00/100 bolivianos), que manda a pagar el Juez de primera instancia.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-