TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 140

Sucre, 19 de marzo de 2019

Expediente                  : 012/2018

Demandante                   : Félix Denny

Demandado                    : “Industria de Cerámica y Construcción MARGLA” S.A.    

Proceso                           : Reliquidación de beneficios sociales y derechos laborales

Distrito                         : Santa Cruz

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación, de fs. 373 a 374, interpuesto por Félix Denny representado por Jhon Litt Garzón; y, el recurso de casación, de fs. 376, interpuesto por la empresa “Industria de Cerámica y Construcción MARGLA” S.A., representada por Marcia Roda Vaca; ambos recursos contra el Auto de Vista N° 102 de 22 de agosto de 2017, pronunciado por la Sala en Materia del Trabajo y Seguridad Social Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, de fs. 364 a 365; en la demanda de reliquidación de beneficios sociales y derechos laborales, interpuesta por Félix Denny contra la empresa “Industria de Cerámica y Construcción MARGLA” S.A.; el memorial de respuesta a uno de los recursos, de fs. 379 a 380; el Auto de 6 de noviembre de 2017 (fs. 385), que concedió ambos recursos; el Auto de 15 de febrero de 2018 (fs. 396 a 397), por el cual se declara admisibles ambos recursos de casación interpuestos; los antecedentes procesales; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.

Planteada la demanda social de reliquidación de beneficios sociales y derechos laborales, por Félix Denny, y tramitado el proceso, el Juez Quinto de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, pronunció la Sentencia Nº 135 de 20 de marzo de 2017, de fs. 335 a 339, declarando probada en parte la demanda interpuesta de fs. 16 a 17, complementada a fs. 20, sin costas; disponiendo que la empresa demandada, cancele a favor del actor la suma de Bs.32.616,44.- (treinta y dos mil seiscientos 44/100 bolivianos), por concepto de beneficios y derechos laborales detallados en ese fallo, menos el monto cancelado de Bs.28.096,07.- (veintiocho mil noventa y seis 07/100 bolivianos), quedando un monto total a pagar de Bs.4.520,37.- (cuatro mil quinientos veinte 37/100 bolivianos); más la actualización y multa del 30% conforme al D.S. Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

Auto de Vista.

En conocimiento de la Sentencia, el demandante Félix Denny, interpuso recurso de apelación, de fs. 343 a 345, a su turno, la empresa “Industria de Cerámica y Construcción MARGLA” S.A, formuló recurso de apelación, de fs. 347 a 348; ambos fueron resueltos por el Auto de Vista N° 102 de 22 de agosto de 2017, pronunciado por la Sala en Materia del Trabajo y Seguridad Social Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, de fs. 364 a 365, confirmando la Sentencia emitida primera instancia.

II. ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN:

Recurso de casación de la parte demandante.

En conocimiento del Auto de Vista, Félix Denny representado por Jhon Litt Garzón, formula recurso de casación, de fs. 373 a 374, señalando lo siguiente:

El art. 159 y 161 del Código Procesal del Trabajo (CPT), detallan listas de documentales que pueden presentarse como prueba, incluyendo copias, aclarando que tienen valor cuando la contraparte la reconozca expresa o tácitamente; y se cumplió con las pruebas documentales en originales que no fueron tomadas en cuanta por el Tribunal de alzada, pese que en el recurso de apelación se reiteró o solicitado en primera instancia; no se reconocieron documentos que establecen el monto que en realidad se le pagaba como sueldo mensualmente, como la certificación de sueldos y salarios de fs. 89, que era $us.2.200.-, y conforme al principio de primacía de la realidad, se desvirtúa el contrato fraudulento donde se estableció un sueldo menor al salario mínimo nacional; además, el Director General de la empresa demandada, reconoció expresamente que se le pagaba la suma de $us.4.000.-, a partir del mes de agosto de 2011, pero los de instancia, dan lugar al contrato de trabajo , con un sueldo ficticio que no tiene relación con el alto cargo  que se ocupó, todo ello cursa a fs. 91.

Se desconoció también, la documental de fs. 184, en la que se evidencia que se descontaba de su salario, los días de vacación, que eran 15, descuento que se encuentra en dólares americanos, los descuentos y saldos dan un total de $us.4.000.- mensuales; documentos que no pueden ser desvirtuados por un contrato de trabajo que encumbre el salario real, que contiene datos falsos, ya que jamás percibió un salario de Bs.1.239,87.-, incurriéndose en un fraude laboral; y al no compulsar correctamente estos documentos, se violó también la tercera parte del art. 44 de la Ley General del Trabajo (LGT), respecto de las vacaciones, permitiéndose que la empresa demandada, no pague las vacaciones que le corresponden. Vulnerándose por parte del Tribunal de apelación, el principio de la primacía de la realidad, previsto en el art. 4 inc d) del D.S. Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, como el art. 48-II de la Constitución Política del Estado (CPE).

Por otro lado, la confesión provocada no fue absuelta por la persona emplazada, en representación del empresa, concurrió otra que no tenía personería para ello, según el poder que presento; es decir, que al no absolverse esta confesión, debió aplicarse lo establecido en la segunda parte del art. 166 del CPT.

Petitorio.

Solicita se case en parte el Auto de Vista recurrido, y pronunciándose sobre el fondo se declare probada la demanda.

Recurso de casación de la empresa demandada.

En conocimiento del Auto de Vista N° 102 de 22 de agosto de 2017, a su turno la empresa “Industria de Cerámica y Construcción MARGLA” S.A., representada por Marcia Roda Vaca, interpuso recurso de casación, a fs. 376, señalando lo siguiente:

Si se toma en cuenta, la documental adjunta de fs. 126 a 137, se evidencia que si se han presentado los balances, a objeto de demostrar que se canceló primas anuales, cuando se obtuvo utilidades durante el periodo fiscal, en el mismo sentido para probar que no correspondía la cancelación de primas anuales en los periodos fiscales que no se ha obtenido utilidades; y el art. 181 del CPT, establece como presunción de obtención de utilidades, cuando el empleador incumple con la obligación legal de presentar el balance, situación que no sucedió en el presente caso, toda vez que se ha cumplido con esta obligación, a objeto de desvirtuar la pretensión de pago de primas anuales del demandante; no correspondiendo el pago de este beneficio, de las gestiones 2013 y 2014,

Petitorio.

Solicita se repare los agravios inferidos, casándose el Auto de Vista recurrido, declarando improbada la demanda en todas sus partes.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Expuestos así los fundamentos de ambos recursos de casación, se pasa a analizar los mismos, bajo las siguientes consideraciones:

Recurso de casación de la parte demandante.

Es preciso señalar que el nuevo escenario constitucional instaurado a partir de 2009, ciertamente amplía el espíritu de protección laboral, constitucionalizando de esa manera determinados principios, el principio protector con sus reglas del in dubio pro operario y de la condición más beneficiosa; de continuidad o estabilidad de la relación laboral; de inversión de la prueba; de primacía de la realidad; y, de no discriminación, establecidos en el art. 48-II de la CPE, asimismo, se establecen características a estos derechos, como la irrenunciabilidad, la inembargabilidad y la imprescriptibilidad, además de otras medidas que tienden a proteger al trabajador como el sujeto más débil de la relación laboral.

Así también, a partir de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado,  rige como una de las primacías de la justicia boliviana, la búsqueda de la justicia material, no significando esto, que para dar aplicación a la misma, se vulneren derechos y garantías procesales, pero, deben primar razonamientos que permitan garantizar una efectiva y eficaz justicia material, ante la existencia de una justicia inclusiva, garantizada por nuestra norma suprema, infiriendo al respecto la SCP 060/2014 de 3 de enero, lo siguiente: “En la administración de una justicia inclusiva, no se puede soslayar el hecho el sustento de las decisiones que se basan en el análisis e interpretación, donde no solo se limita a la aplicación de formalidades y rituales establecidos en la norma, sino, en hacer prevalecer principios y valores que permitan alcanzar una justicia cierta, accesible para la población, con miras de alcanzar el vivir bien y de esa manera rebatir los males como la corrupción que afecta a la sociedad (…) Conforme a lo expuesto, el valor superior «justicia» obliga a la autoridad jurisdiccional -en la tarea de administrar justicia- procurar la realización de la 'justicia material' como el objetivo axiológico y final para el que fueron creadas el conjunto de instituciones… (SC 0818/2007-R de 6 de diciembre).

En ese entendido, a pesar de la protección reforzada que hoy se tiene en relación a los trabajadores, a efectos de la aplicación de la normativa de la materia, se debe realizar y profundizar un análisis de cada controversia particular, de modo que permita al juzgador, en lo posible, arribar a una conclusión fáctica lo más cercana posible a la verdad histórica de los hechos (verdad material), para luego aplicar a ella la norma correspondiente; y si bien no existe en esta materia una paridad jurídica, bajo los principios constitucionales que buscan la favorabilidad del trabajador, ante la desventaja que tiene respecto del empleador, no debe bajo este título, vulnerarse otros derechos garantizados por la Constitución, de tal modo que como bien señala la sentencia constitucional plurinacional precedentemente añadida, no solamente se debe poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento, sino buscar un proceso justo, teniendo como objetivo procurar la realización de la justicia material, y al buscar un proceso justo, no se está apartando de los principios que rigen la materia.

Claro está que, este principio de verdad material, debe estar acompañado de la presunción favorable que la materia y la propia Constitución establece para la tramitación de los proceso laborales, sobre las pretensiones razonables del trabajador, ante una falta de prueba idónea presentada por el empleador, que desacredite la solicitud de derechos y beneficios que el trabajador alega le corresponden; conforme a la inversión de la prueba, que rige en la materia en razón a que, a tiempo de tener acceso a la prueba idónea para acreditar o desvirtuar determinados asuntos laborales, es el empleador quien tiene ventaja respecto del trabajador, por esto la legislación laboral, con el ánimo de compensar esta situación, ha previsto que en los procesos laborales la carga de la prueba es obligatoria para la parte patronal y facultativa para el trabajador.

En el caso de autos, en cumplimiento del principio procesal de inversión de la prueba, que rige en la materia, la empresa demandada presentó prueba de descargo, entre las cuales está el Estado de Cuenta Individual del demandante, de la AFP BBVA Previsión, de fs. 98 a 104; comprobantes de egreso, de fs. 138 y de fs. 179; planilla de pago, cursante a fs. 178, de aguilando de la gestión 2014, en las cuales se evidencia que el sueldo percibido por el demandante es de Bs.2.615,77.-, prueba idónea, que desvirtúa la pretensión del demandante, sobre el salario que alega haber percibido; así también, en la prueba de cargo presentada por el actor, cursa el contrato de trabajo de fs. 1 a 12, el finiquito de fs. 13, en el cual esta estampada la firma de conformidad del actor, y tiene sello del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, que corrobora lo determinado en cuanto al sueldo por los de instancia; y cuando se efectúa la valoración de la prueba en la materia, quien imparte justicia no está sujeto a la tarifa legal de la prueba, y puede formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, conforme a lo dispuesto por los arts. 3.j) y 158 del CPT; además, tomando en cuenta para ello, el conjunto de pruebas que cursan en el proceso, habiéndose evidenciado con prueba idónea tanto de cargo, como de descargo el salario percibido por el actor, no pudiendo asumirse solo la valoración de una prueba, como la documental de fs. 184, que no es clara ni específica, y tampoco acredita la suma alegada que percibiría el actor, como salario los $us.4.000.-, menos se refiera a descuentos por uso de vacación, como afirma el trabajador recurrente; no por lo que se advierte que el Tribunal ad quem, efectuó una correcta valoración probatoria, estableciendo acertadamente la decisión de confirmar la Sentencia emitida en primera instancia.

Por otro lado, el D.S. Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, en su art. 4 establece y define de manera general los principios del derecho laboral, señalando en su parágrafo I inciso d), que: “Principio de la Primacía de la Realidad, donde prevalece la veracidad de los hechos a lo determinado por acuerdo de partes”, señalando el referido decreto supremo, en sus consideraciones previas en el párrafo decimosegundo, como una introducción a lo que se busca alcanzar con la promulgación del mismo, refiriéndose al principio de primacía de la realidad, que: “Que sobre el rótulo de libre contratación y libre rescisión, se han dado excesos que han significado decisiones arbitrarias para despedir, maneras camufladas para burlar obligaciones laborales: como son los contratos civiles encubiertos, o los contratos a plazo fijo cuando por su naturaleza la regla son los contratos laborales indefinidos; ya que la causa de despido debe estar debidamente justificada, fundamentada y comprobada en el marco del respeto a los derechos laborales vigentes en nuestro país; buscando a través de este principio, una garantía para que no se evadan beneficios sociales, prevaleciendo la veracidad de los hechos sobre lo acordado entre partes; referido a las maneras camufladas de asumir una relación laboral, cuando quien asume el papel de empleador, evita que se reconozca la relación contraída con el trabajador, como una relación laboral; es decir, que se aplica este principio, cuando el empleador intenta con la documentación suscrita con el trabajador, hacer creer que no se trata de una relación laboral, sino una relación jurídica de otra índole, por lo cual, se debe tener presente que su aplicación: “implica la necesidad de garantizar los derechos de los trabajadores que puedan verse afectados o desmejorados frente a acciones de los empleadores que tengan por objeto desconocer la verdadera naturaleza de la relación laboral y sus elementos sustanciales, ya sea mediante disposiciones normativas, fórmulas o contratos presuntamente civiles, administrativos de prestación servicios o comerciales (Naturaleza y vulneración del derecho a la igualdad de los Consultores Individuales de Línea INFORME DEFENSORIAL, pág. 27); que no se presentó en el caso de autos, ya que la empresa demandada, reconoce expresamente que la relación con el actor, fue una relación laboral, por lo cual, no pudo vulnerarse en la tramitación del presente proceso el principio aludido por el recurrente.

En cuanto a la vulneración del art. 166 del CPT, en razón que  a la confesión provocada no fue absuelta por la persona emplazada, sino por otra en su representación, que a consideración del recurrente, no contaba con personería para ello; se tiene que conforme a los antecedentes del proceso, se puede evidenciar que no fue un aspecto reclamado por el ahora recurrente en su recurso de apelación, que cursa de fs. 343 a 345, por lo que, no existe pronunciamiento sobre esta acusación, en el Auto de Vista recurrido, argumento que tardíamente se alega en casación; y debe entenderse al principio de congruencia, como componente del debido proceso, que obliga al órgano jurisdiccional a observar la existencia de correspondencia entre lo peticionado y lo resuelto por la instancia de alzada; es decir, entre los agravios del recurso de apelación y la determinación asumida en el Auto de Vista; así como la pertinencia que debe contener toda resolución respecto de los aspectos que se reclaman en forma oportuna, siendo estos agravios los que aperturan la competencia para analizar lo asumido en Sentencia por parte del Tribunal de alzada, para posteriormente puedan ser recurridos en casación; evidenciándose que el aspecto que ahora se pretende objetar a través del recurso de casación, no fue expuesto ni observado en el recurso de apelación interpuesto por el ahora recurrente, por ende no fue considerado por el Tribunal de alzada en la emisión del Auto de Vista; activándose la preclusión procesal prevista en los arts. 3. e) y 57 del Código Procesal del Trabajo (CPT); imposibilitando ingresar a un análisis, al ser un aspecto que no forma parte de la fundamentación del Auto de Vista emitido, porque no fue reclamado en el recurso de apelación.

En mérito a lo expuesto y no encontrándose fundado alguno de los motivos traídos en casación por la parte actora, corresponde dar aplicación al art. 220-II del CPC-2013, aplicable en la materia por expresa determinación del art. 252 del CPT.

Recurso de casación de la empresa demandada.

El art. 181 del CPT, en concordancia con el principio de inversión de la prueba, prevé: “La falta de balance legal del empleador que tiene la obligación de presentarlo, hará presumir que ha obtenido utilidades, por lo cual, ante ausencia de esta documentación se presume que el empleador obtuvo utilidades, debiendo cancelarse a favor de sus trabajadores el beneficio de la prima anual; en la documentación que alude la empresa recurrente, cursante de fs. 126 a 137,  se acredita el pago de primas hasta la gestión 2012, como correctamente se determinó por el Juez a quo y se confirmó por el Tribunal ad quem, pero no se demuestra el pago de las gestiones 2013 y 2014, y en la documental señalada no se encuentra el balance general de estos periodos; y la normativa que señala la forma de hacer efectivo este pago, indica en el art. 50 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo, que: “Para los efectos de este Capítulo, servirá de documento fehaciente el balance general de ganancias y pérdidas aprobado por la Comisión Fiscal Permanente, debiendo entenderse que este balance como bien indica el art. 181 del procesal laboral debe ser un balance legal, y adquiere esta legalidad, cuando es aprobado por la Comisión Fiscal Permanente, en la actualidad esta legalidad al balance general la otorga Impuestos Nacionales, y al no haberse presentado el documento idóneo para desvirtuar la pretensión del actor o acreditar que no se obtuvo utilidades en los periodos 2013 y 2014, debe pagarse las primas de estas gestiones, en aplicación del art. 181 del CPT, como correctamente se determinó.

En mérito a lo expuesto y no encontrándose fundada la infracción traída en casación por la empresa demandada, corresponde dar aplicación al art. 220-II del CPC-2013, aplicable en la materia por expresa determinación del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADOS los recursos de casación, interpuestos por Félix Denny representado por Jhon Litt Garzón, de fs. 373 a 374; y, a su turno por, la empresa “Industria de Cerámica y Construcción MARGLA” S.A., representada por Marcia Roda Vaca; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente el Auto de Vista Nº N° 102 de 22 de agosto de 2017. Sin costas.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-