TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 139

Sucre, 19 de marzo de 2019

Expediente                  : 011/2018

Demandante                   : Zacarías Chambi Valdez

Demandado                    : Empresa constructora “TIJRA” S.R.L.    

Proceso                           : Pago de beneficios sociales y derechos laborales

Distrito                         : Potosí

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación, de fs. 178 a 179, interpuesto por Zacarías Chambi Valdez contra el Auto de Vista Nº 93/2017 de 7 de septiembre, emitido por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, de fs. 171 a 174; dentro del proceso de pago de beneficios sociales y derechos laborales interpuesto por el recurrente contra la empresa constructora “TIJRA” S.R.L., representada por Martín Tijra López; el Auto de 1 de diciembre de 2017, que concedió el recurso (fs. 184 vta.); el Auto de 15 de febrero de 2018, por el cual se declara admisible el recurso de casación interpuesto (fs. 158), los antecedentes procesales; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.

Planteada la demanda social de pago de beneficios sociales y derechos laborales por Zacarías Chambi Valdez, y tramitado el proceso, la Juez Tercera del Trabajo, Seguridad Social, Coactivo Fiscal y Tributario de Potosí, pronunció la Sentencia Nº 49/2017 de 10 de mayo, de fs. 133 a 139, declarando probada la demanda interpuesta; disponiendo que la empresa demandada, cancele a favor del actor la suma de Bs.15.972.- (quince mil novecientos setenta y dos 00/100 bolivianos), por concepto de beneficios y derechos laborales detallados en ese fallo, más la actualización y multa del 30% conforme al D.S. Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

Auto de Vista.

En conocimiento de la Sentencia, la empresa constructora “TIJRA” S.R.L., representada por Martín Tijra López, interpuso recurso de apelación, de fs. 141 a 142; a su turno el demandante Zacarías Chambi Valdez, formuló recurso de apelación, de fs. 145 a 147; ambos fueron resueltos por el Auto de Vista Nº 93/2017 de 7 de septiembre, emitido por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, de fs. 171 a 174, revocando parcialmente la Sentencia emitida primera instancia; dejando sin efecto el monto calificado sobre el pago de horas extraordinarias, al haberse acreditado por parte de la empresa demandada, que éstas has sido pagadas. Por lo cual, el monto a cancelarse a favor del actor, es de Bs.7.723.- (siete mil setecientos veintitrés 00/100 bolivianos), más la actualización y multa del 30% conforme al D.S. Nº 28699.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:

En conocimiento del señalado Auto de Vista, Zacarías Chambi Valdez, formuló recurso de casación, de fs. 178 a 179, señalando lo siguiente:

El Auto de Vista recurrido, vulnera flagrantemente el derecho a la justa remuneración, desconociendo un derecho ganado y establecido en la Ley General del Trabajo (LGT), en su art. 52, consolidado en la Constitución Política del Estado (CPE), en su art. 46 parágrafo I numeral 1); por su parte, el art. 55 de la LGT, establece que las horas extraordinarias y los días feriados se pagaran con el 100% de recargo, y el trabajo nocturno realizado en las mismas condiciones que el diurno con el 25 al 50%, y conforme al art. 23 del D.S. Nº 3691 de 3 de abril de 1954, el trabajo efectuado en domingo se paga el triple.

En su caso trabajo 15 horas en forma corrida, de 7:00 a 22:00, vulnerándose por parte del Tribunal de alzada, su derecho al pago de horas extraordinarias, figurando con un trabajo gratuito de 4 horas, con la decisión asumida; que además, en la confesión del demandado Martin Tijra López, a fs. 105, reconoce que los trabajadores tenían un horario de 7:00 a 22:00, demostrándose incluso que se almorzaba en el comedor del empresa, evidenciándose un trabajo de 15 horas continuas; pero en las planillas, si bien figura el pago del sueldo y de dos horas extraordinarias, harían un total de 10 horas canceladas, pero se trabajaron 15 horas continuas, debiéndose 5 horas extraordinarias.

Así también en primera instancia, la Juez de la causa, conmino al representante legal de la empresa demandada, a presentar informe del reloj biométrico, a fs. 108, pero la empresa constructora “TIJRA” S.R.L. hizo caso omiso a dicha petición, indicando en el memorial que presentó a fs. 111, que el reloj biométrico de la empresa se instaló en septiembre del 2014, cuando el actor ya no trabajaba para la empresa; sin embargo, en la atestación de fs. 108, se indicó que existía en la empresa registro biométrico de ingreso y salida durante el periodo de trabajo del demandante; y, debe tomarse en cuenta que el art. 160 del CTP, prevé que cuando el demandado niega presentar algún documento solicitado por la otra partes, el Juez conminara a exhibirlo, bajo alternativa de presunción de certidumbre. Vulnerándose por parte del Tribunal de apelación, su derecho a la percepción de un salario justo y vulnerando el principio “pro operario” que en caso de duda debe favorecerse al trabajador.

Petitorio.

Interpuesto el recurso de casación, solicita se “revoque” el Auto de Vista recurrido, disponiéndose el pago de las horas extraordinarias que le corresponden.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Expuestos así los argumentos del recurso de casación, se pasa a resolver el recurso, con las siguientes consideraciones:

Si bien, esta materia es distinta a las otras conforme a sus principios, en los cuales se apoya la normativa sustantiva y se enmarca la tramitación los procesos sociales, que protegen al trabajador como el sujeto más débil de la relación empleador-trabajador, siendo estos principios: el protector con sus reglas del in dubio pro operario y de la condición más beneficiosa; el de continuidad o estabilidad de la relación laboral; el de inversión de la prueba; el de primacía de la realidad; y, el de no discriminación, establecidos en el art. 48 - II) de la CPE, debiendo aceptarse que el Estado a través de las autoridades que imparten justicia, no busca una paridad jurídica como en otras materias, sino busca la favorabilidad del trabajador, ante la desventaja que tiene respecto del empleador, al ser aquel el sujeto débil de la relación laboral; afirmando la SC 0032/2011-R de 7 de febrero, respecto del principio protector, que: “Llamado así porque la razón del derecho laboral es esencialmente de protección , de ahí que si se emiten normas laborales, éstas tienen que estar orientadas al resguardo del trabajador; dicho de otro modo no se busca la paridad jurídica sino la de establecer un amparo preferentemente a favor del trabajador; empero, esta favorabilidad busca la equidad procesal, no una parcialización en favor del trabajador, no siendo absoluta la indicada favorabilidad, y no se puede otorgar a este título, aspectos irracionales o fuera del margen de lo posible, debiendo tomarse en cuenta también la verdad material, principio procesal establecido en el art. 180 de la ley fundamental, que obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa solo a los hechos y circunstancias, de la forma como ocurrieron y en estricto cumplimiento de las garantías procesales; debiendo tenerse claro, que este principio de verdad material, debe estar acompañado de la presunción favorable que la materia y la propia Constitución, establece para la tramitación de los proceso laborales, sobre las pretensiones razonables del trabajador, ante una falta de prueba idónea presentada por el empleador, que desacredite la solicitud de derechos y beneficios que el trabajador alega le corresponden; conforme a  la inversión de la prueba, que rige en la materia en razón a que, a tiempo de tener acceso a la prueba idónea para acreditar o desvirtuar determinados asuntos laborales, es el empleador quien tiene ventaja respecto del trabajador, por esto la legislación laboral, con el ánimo de compensar esta situación, ha previsto que en los procesos laborales la carga de la prueba es obligatoria para la parte patronal y facultativa para el trabajador.

En el caso de autos, en cumplimiento del principio procesal de inversión de la prueba, que rige en la materia, la empresa demandada presentó prueba de descargo, entre la cuales están las planillas de pago, de fs. 58 a 92, donde se establece a detalle la función de cada trabajador de la empresa, días trabajados, el bono de antigüedad, total ganado, entre otros, estando visible el pago de horas extraordinarias según el trabajo desempeñado para cada trabajador de la empresa, dentro los cuales se encuentra el actor, donde se evidencia que se le cancelaron horas extraordinarias según correspondía, existiendo variación entre mes a mes; esta documental, coincide con las papeletas de pago, cursantes de fs. 24 a 32, en las que se detalla el pago realizado de horas extraordinarias, de igual manera en la atestación cursante a fs. 108, se señaló que el demandante trabajó horas extraordinarias, pero no todas las veces; también, el recurrente considera que no se aplicó, el art. 160 del CPT, ante la conminatoria de la Juez de la causa, de fs. 108 vta., de presentar un informe sobre el registro biométrico; pero, la empresa demandada presentó un memorial a fs. 111, en el cual indica las razones del porque no puede efectuarse este informe, porque no se tenía ese sistema durante la relación laboral con el actor, al haber sido instalado recién, en septiembre de 2014, y culmino la relación laboral el demandante en mayo de 2014; y en la atestación de fs. 110, en las aclaraciones, se señala que existía un encargado de control de horas extraordinarias, que las registraba luego en el “internet”, aspecto que muestra la ausencia de este registro; y cuando se efectúa la valoración de la prueba por parte del administrador de justicia, en la materia quien imparte justicia no está sujeto a la tarifa legal de la prueba, y puede formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, conforme a lo dispuesto por los arts. 3.j) y 158 del CPT; tomando además en cuenta para ello, el conjunto de pruebas que cursan en el proceso, habiéndose evidenciado que la empresa demandada, cumplía con los pagos de las horas extraordinarias trabajadas, incluidas las del actor, por lo que se advierte que el Tribunal ad quem, luego de analizar las pruebas, efectuó una correcta valoración probatoria, estableciendo acertadamente la decisión de revocar parcialmente la Sentencia, dejando sin efecto el pago de horas extraordinarias que se demostró fueron canceladas.

Y si bien, como precedentemente se mencionó, el nuevo escenario constitucional instaurado a partir de 2009, amplía el espíritu de protección del trabajador, constitucionalizando determinados principios, establecidos en el art. 48-II de la CPE, dotando de características a los derechos laborales, como la irrenunciabilidad, la inembargabilidad y la imprescriptibilidad, además de otras medidas que tienden a proteger al trabajador como el sujeto más débil de la relación laboral; a partir de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, rige también como una de las primacías de la justicia boliviana, la búsqueda de la justicia material, no significando esto, que para dar aplicación a la misma, se vulneren derechos y garantías procesales; pero, deben primar razonamientos que permitan garantizar una efectiva y eficaz justicia material, ante la existencia de una justicia inclusiva, garantizada por nuestra norma suprema, infiriendo al respecto la SCP 060/2014 de 3 de enero, lo siguiente: “En la administración de una justicia inclusiva, no se puede soslayar el hecho el sustento de las decisiones que se basan en el análisis e interpretación, donde no solo se limita a la aplicación de formalidades y rituales establecidos en la norma, sino, en hacer prevalecer principios y valores que permitan alcanzar una justicia cierta, accesible para la población, con miras de alcanzar el vivir bien y de esa manera rebatir los males como la corrupción que afecta a la sociedad (…) Conforme a lo expuesto, el valor superior «justicia» obliga a la autoridad jurisdiccional -en la tarea de administrar justicia- procurar la realización de la 'justicia material' como el objetivo axiológico y final para el que fueron creadas el conjunto de instituciones… (SC 0818/2007-R de 6 de diciembre).

En ese entendido, a pesar de la protección reforzada que hoy se tiene en relación a los trabajadores, a efectos de la aplicación de la normativa de la materia, se debe realizar y profundizar un análisis de cada controversia particular, de modo que permita al juzgador, en lo posible, arribar a una conclusión fáctica lo más cercana posible a la verdad histórica de los hechos (verdad material), para luego aplicar a ella la norma correspondiente; y si bien no existe en esta materia una paridad jurídica, bajo los principios constitucionales que buscan la favorabilidad del trabajador, ante la desventaja que tiene respecto del empleador, no debe bajo este título, vulnerarse otros derechos garantizados por la Constitución, de tal modo que como bien señala la sentencia constitucional plurinacional precedentemente añadida, no solamente se debe poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento, sino buscar un proceso justo, teniendo como objetivo procurar la realización de la justicia material, y al buscar un proceso justo, no se está apartando de los principios que rigen la materia; en razón a que se desvirtuó la pretensión del actor con la prueba de descargo -descrita precedentemente- sobre la falta de pago de horas extraordinarias trabajadas; por lo que, no se desconoce ni se vulnera la remuneración justa, que corresponde al trabajador, por parte del Tribunal de apelación, establecida en los arts. 52 de la LGT y 46-I-1) de la ley fundamental.   

En mérito a lo expuesto y encontrándose infundados los motivos traídos en casación por la parte demandada, corresponde dar aplicación al art. 220-II del CPC-2013, aplicable en la materia por expresa determinación del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Zacarías Chambi Valdez, cursante de fs. 178 a 179; en consecuencia se mantiene firme y subsistente el Auto de Vista Nº 93/2017 de 7 de septiembre. Con costas.

No se regula el honorario profesional, al no haberse presentado respuesta al recurso.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-