TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 138

Sucre, 19 de marzo de 2019

Expediente                  : 010/2018

Demandante                   : Hugo Tórrez Chávez

Demandado                    : Empresa “Bosques Tropicales Bolivia” S.A.    

Proceso                           : Pago de beneficios sociales y derechos laborales

Distrito                         : Cochabamba

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación, de fs. 140 a 141, interpuesto por la empresa “Bosques Tropicales Bolivia”  (BTB) S.A., representada por Pablo Pereira Herrera contra el Auto de Vista Nº 043/2017 de 22 de febrero, emitido por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, de fs. 136 a 137; dentro del proceso de pago de beneficios sociales y derechos laborales interpuesto por Hugo Tórrez Chávez contra la empresa recurrente; el memorial de respuesta al recurso, a fs. 146; el Auto de 18 de diciembre de 2017, que concedió el recurso (fs. 148); el Auto de 16 de febrero de 2018, por el cual se declara admisible el recurso de casación interpuesto (fs. 158), los antecedentes procesales; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.

Planteada la demanda social de pago de beneficios sociales y derechos laborales por Hugo Torrez Chávez, y tramitado el proceso, el Juez Tercero de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Cochabamba, pronunció la Sentencia Nº 03/2016 de 28 de enero, de fs. 101 a 105, declarando probada en parte la demanda interpuesta de fs. 9 a 12, aclarada a fs. 15, 18, 25 y 28; sin costas, disponiendo que la empresa demandada, cancele a favor del actor la suma de Bs.155.199,39.- (ciento cincuenta y cinco mil ciento noventa y nueve 39/100 bolivianos), por concepto de beneficios y derechos laborales detallados en ese fallo, más la actualización y multa del 30% conforme al D.S. Nº 28699 de 1 de mayo de 2006. Debiendo descontarse el importe contenido en el depósito de fs. 41, de la liquidación, cuando se acredite que fue cobrado por el actor.

Auto de Vista.

En conocimiento de la Sentencia, la empresa BTB S.A., interpuso recurso de apelación, a fs.108; que fue resuelto por el Auto de Vista Nº 043/2017 de 22 de febrero, emitido por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, de fs. 136 a 137, confirmando la Sentencia emitida primera instancia.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:

En conocimiento del señalado Auto de Vista, la empresa demandada, formuló recurso de casación, de fs. 140 a 141, señalando lo siguiente:

La Sentencia emitida, confundió conceptos y alcances del viático, dando lugar a contradicciones interpretativas, que fueron reiterados en el Auto de Vista recurrido, al afirmar en el fallo de primera instancia que el pago de viáticos se encontraría plenamente reconocido por el empleador en la instancia administrativa, y contrariamente se dice que no se demostró la improcedencia de este pago; extremo que mecánicamente fue reproducido en el Auto de Vista, que afirma que existiría una contradicción entre lo expuesto en el memorial que responde la demanda, con la prueba de descargo de fs. 107, sin especificar en qué consiste esta contradicción, cuando en ambas se  establece que no corresponde la cancelación de viáticos, desde marzo de 2013, al haberse replegado el trabajador demandante del Chapare a la ciudad de Cochabamba.

Reconociendo el actor, en su memorial de “absuelve traslado” de 8 de marzo de 2016, que los viáticos eran considerados como ingresos habituales junto con el salario, y conforme al concepto de viático, no puede considerarse un ingreso habitual, por lo cual, es un exceso o error interpretativo exigir prueba de descargo expresa, cuando los hechos, bajo la primacía de la realidad y verdad material son de aplicación privilegiada respecto a otros hechos contradictorios, sin necesidad de prueba documental expresa, bajo el adagio jurídico “a declaración de parte, relevo de prueba”.

Por lo cual, el Tribunal de alzada, realiza una errónea aplicación de la ley, concretamente el D.S. Nº 1592 de 19 de abril de 1949, que prohíbe incorporar el viático al salario indemnizable, como pretende el actor, y tampoco reconocer este beneficio, cuando desarrolló sus actividades en instalaciones de la empresa BTB S.A. y no en el trópico como ocurría anteriormente, y sobre eso no puede exigirse prueba específica, bajo la suposición de que salario y viático conforman una unidad, lo que deriva en una errónea interpretación y subsecuente aplicación del art. 135 del Código Procesal del Trabajo (CPT), pretendiendo se presente prueba de descargo sobre ello, cuando en el contrato de trabajo no se señala tal extremo, y en las notas de egreso o comprobantes de pago del actor, se deja constancia de que el salario y viático se pagan de manera independiente.

Petitorio.

Interpuesto el recurso de casación, solicita que: “con la debida sindéresis, equidad, idoneidad y en resguardo de la correcta aplicación de la norma, se deje sin efecto el pago de viáticos devengados desde marzo de 2013 hasta la conclusión de la relación laboral”. (textual).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Expuestos así los argumentos del recurso de casación en el fondo, se pasa a resolver el recurso, con las siguientes consideraciones:

La empresa recurrente alega que se confundieron conceptos y alcances del pago de vticos, tanto en primera instancia, como por parte del Tribunal de alzada, y que se constituiría en un error afirmar que se reconoció en instancia administrativa el reconocimiento de estos pagos, pero no argumenta ni señala que normativa o que precepto legal se hubiese violado, vulnerado o aplicado erróneamente por parte del Tribunal de apelación en la emisión del Auto de Vista que recurre, sin tomar en cuenta que quien recurre de casación debe citar la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, explicando en qué consiste la violación, falsedad o error, que a su consideración hubiese cometido el Tribunal de alzada.

Un recurso de casación en el fondo -como en autos- tiene por objetivo “modificar el contenido de un auto definitivo, Sentencia o Auto de Vista”, al evidenciarse que los jueces o tribunales de instancia a tiempo de emitir sus resoluciones hubiesen incurrido en errores in judicando, aspectos que imperativamente deberán ser exteriorizados a través del recurso de casación en el fondo, por la parte recurrente, señalando que normativa considera violada y explicando en que consiste la violación de la norma que se alude, en el presente caso, solo se expone una posición de la empresa sobre el concepto de viático, y su discrepancia con la decisión asumida por los de instancia, sin señalar norma alguna, que hubiese sido vulnerada, no tomada en cuenta o erróneamente aplicada, en la emisión del fallo de segunda instancia; esta inobservancia, de ningún modo puede suplirse por este Tribunal, sin que esta decisión implique negación del derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y de otros derechos fundamentales, cuando estas conclusiones asumidas obedecen a la deficiencia de la parte que recurre a tiempo de formular el recurso de casación, omitiendo completamente la carga recursiva establecida por ley.

Por otro lado, se acusa que es un exceso o error interpretativo, exigir prueba de descargo “expresa” para establecer que no corresponden los viáticos de la gestión 2013; pero debe entenderse primero que, en la relación obrero-patronal, a tiempo de tener acceso a la prueba idónea para acreditar o desvirtuar determinados asuntos laborales, es el empleador quien tiene ventaja en relación al trabajador, por esto la legislación laboral, con el ánimo de compensar esta situación, ha previsto que en los procesos laborales la carga de la prueba es obligatoria para la parte patronal y facultativa para el trabajador, a diferencia de otras materias, en las que el que demanda debe respaldar su pretensión; en ese entendido, rige el principio de inversión de la prueba en la tramitación de los procesos laborales, correspondiendo al empleador desvirtuar los hechos afirmados por el trabajador, o en su caso, demostrar con suficiencia los argumentos aducidos en su defensa, siendo simplemente una facultad del actor trabajador la de ofrecer prueba, más no una obligación; este principio, busca una equidad procesal, por lo que, debe ser el empleador demandado, quien debe desvirtuar la pretensión del trabajador demandante, por lo cual no se constituye en un exceso, el hecho de que la empresa recurrente en su calidad de empleadora, debe ser quien demuestre o desacredite con prueba fehaciente e idónea, que se cancelaron los viáticos reclamados o en su caso que no le correspondían por el trabajo que realizaba el actor, precisamente en función al principio de inversión de la prueba, y ante la ausencia de prueba que desvirtúe este aspecto, debe aplicarse la presunción favorable, que la materia y la propia Constitución establece en favor del trabajador, ante una falta de prueba idónea presentada por el empleador, que desacrediten la solicitud de derechos y beneficios que el trabajador alega le corresponden; claro está que, la pretensión debe ser razonable, lógica y dentro del margen de lo posible, este principio está establecido por el art. 66 del CPT, determina que: “En todo juicio social incoado por el trabajador, la carga de la prueba corresponde al empleador, sin perjuicio de que aquel pueda ofrecer las pruebas que estime conveniente, asimismo el art. 150 de este norma adjetiva, prevé que: “En esta materia corresponde al empleador demandado desvirtuar los fundamentos de la acción, sin perjuicio de que el actor aporte las pruebas que crea conveniente; normativa que claramente señala, que la carga de probanza de los aspectos que se dilucidan en un proceso laboral incoado por el trabajador, recae en el demandado empleador, en concordancia con el art. 3 inc. h) del CPT, que señala: “Todos los procedimientos y trámites se basarán en los siguientes principios: h) Inversión de la prueba, por el que la carga de la prueba corresponde al empleador.

Así también, como el principio de la inversión de la prueba, existen otros que enmarcan la tramitación de todos los procesos sociales, y que no solo están establecidos en la norma procesal atingente a la materia, sino que fueron elevados a rango constitucional a partir de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, con la finalidad de  proteger al trabajador como el sujeto más débil de la relación empleador-trabajador, estos principios son: el principio protector con sus reglas del in dubio pro operario y de la condición más beneficiosa; de continuidad o estabilidad de la relación laboral; de primacía de la realidad; de no discriminación, y el ya referido principio de inversión de prueba, están establecidos en el art. 48 - II) de la CPE, debiendo aceptarse que el Estado a través de los administradores de justicia, no busca una paridad jurídica como en otras materias, sino una preferencia a favor del trabajador bajo estos principios constitucionales que buscan la favorabilidad del trabajador, ante la desventaja que tiene respecto del empleador, al ser aquel el sujeto débil de la relación laboral; conceptualizando los principios informadores del derecho del trabajo la SC 0032/2011-R de 7 de febrero, que señala en cuanto al principio de proteccionismo, que: “a) Principio de protección y tutela.- Llamado así porque la razón del derecho laboral es esencialmente de protección , de ahí que si se emiten normas laborales, éstas tienen que estar orientadas al resguardo del trabajador; dicho de otro modo no se busca la paridad jurídica sino la de establecer un amparo preferentemente a favor del trabajador; conceptualizados también, en el art. 4 del el D.S. 28699 de 1 de mayo de 2006, principios establecidos al ser manifiesta la desigualdad existente entre el trabajador y el empleador.

Conforme lo señalado precedentemente, dentro del principio protector, se encuentra la “condición más beneficiosa” para el trabajador, debiendo ser materializada en las determinaciones asumidas conforme a derecho, estableciéndose la medida que sea más favorable al trabajador, cuando se efectué la valoración de la prueba por parte del administrador de justicia, que conforme a lo dispuesto por los arts. 3.j) y 158 del CPT, el juez no está sujeto a la tarifa legal de la prueba, y puede formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, tomando además en cuenta para ello, el conjunto de pruebas que cursan en el proceso, no de una sola (el documento de fs. 107) y contrario a lo que indica el recurrente, el Tribunal de apelación, sí especifica en que consiste la contradicción que existe entre el memorial de respuesta a la demanda, que cursa de fs. 42 a 43 y la documental cursante a fs. 107, memorial en el que señala que se suprimieron viáticos del actor desde marzo de 2013, pero el documento que alude de fs. 107,  es una comunicación interna de enero de 2012; además, es un documento elaborado por la empresa empleadora, en el cual no consigna una recepción por parte del trabajador, que fue presentado como documento de reciente obtención, cuando data de la gestión 2012, por lo que se advierte que el Tribunal ad quem, luego de analizar las pruebas, estableció acertadamente que la decisión asumida por el Juez de instancia fue la correcta.

Debiendo dejarse claro, que en la materia no existe una desigualdad procesal en la valoración probatoria, en razón a que en la aplicación del principio de inversión de la prueba, establecido constitucionalmente, existe una presunción favorable para el trabajador ante ausencia de prueba fehaciente que desacredite la pretensión de la demanda laboral; al constituir una obligación para el empleador la carga de probanza, como precedentemente se desarrolló, de conformidad a los principios que rigen la materia y conforme refiere la jurisprudencia constitucional en la SC 0049/2003 de 21 de mayo, al señalar -incluso antes de la nueva CPE, que protege aún más al trabajador- que: “las normas contenidas en los art. 3- h), 66 y 150 CPT no son contrarias al principio de igualdad que consagra el art. 6 CPE, sino que son el reflejo del carácter protector y de tutela que tiene el Derecho Laboral, que surgió ante la necesidad de proteger en forma especial a los trabajadores, situados en desventaja frente a los empleadores, aspecto que no es menos evidente en materia procesal, por cuanto en la realidad del país, en un gran número de relaciones laborales el contrato de trabajo se celebra en forma verbal, y los escasos documentos que podrían acreditar la existencia de esa relación, su duración, remuneración, desarrollo, conclusión y otros extremos, quedan en manos del empleador, sin que el trabajador pueda tener acceso a ellos, de lo que se infiere que, ante la inexistencia de una disposición que establezca la inversión de la prueba, los atropellos y el desconocimiento de los derechos laborales sería constante porque los interesados no tendrían posibilidad de acreditar sus reclamos para que se dé lugar a sus pretensiones en instancia judicial”, cuyo fundamento ha sido reiterado por las SSCC 0032/2011-R de 7 de febrero y 0718/2012 de 13 de agosto, entre otras.

Respecto al D.S. Nº 1592 de 19 abril de 1949, señalado por la empresa recurrente de erróneamente aplicado, refiriéndose conforme al contenido de la infracción que acusa, a su art. 11, que establece en su segundo párrafo: “El sueldo o salario indemnizable no comprenderá los aguinaldos y primas anuales establecidos por Ley, ni los bagajes, viáticos y otros gastos directamente motivados por la ejecución del trabajo; debe tenerse en cuenta, que esta normativa no fue utilizada en la fundamentación de la emisión del Auto de Vista, en razón a que, no se determinó una inclusión de los viáticos al sueldo promedio, sino se determinó el pago de los viáticos adeudados al trabajador demandante; por lo cual, no pudo el Tribunal de alzada, aplicar erróneamente una normativa que no forma parte de la fundamentación legal del Auto de Vista.

En cuanto a la errónea interpretación del art. 135 del CPT, que dispone: “La excepción de pago deberá ir acompañada de la liquidación y el recibo debidamente suscrito por el demandante. La de cosa juzgada, del testimonio correspondiente, tampoco puede alegarse una errónea interpretación de dicha norma, al ser un precepto que establece que la prueba se debe acompañar con la oposición de la excepción de pago y/o de cosa juzgada, en autos no se opuso ninguna excepción, por lo cual no corresponde la aplicación procedimental de la norma aludida, resultando infundada una infracción sobre norma procesal, no requerida en el presente proceso.

En mérito a lo expuesto y encontrándose infundados los motivos traídos en casación por la parte demandada, corresponde dar aplicación al art. 220-II del CPC-2013, aplicable en la materia por expresa determinación del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la empresa “Bosques Tropicales Bolivia” S.A., representada por Pablo Pereira Herrera, de fs. 136 a 137; en consecuencia se mantiene firme y subsistente el Auto de Vista Nº 043/2017 de 22 de febrero. Con costas.

Se regula el honorario profesional del abogado en Bs1.000.- (mil 00/100 bolivianos), que manda a pagar el Juez de primera instancia.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-