TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 131

Sucre, 19 de marzo de 2019


Expediente                        : 26/2018

Demandante                : Ana Margarita Jaramillo Méndez.

Demandado        : PREVISIÓN BBVA ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES S.A.

Materia        : Social (Beneficios Sociales)

Distrito                        : Cochabamba

Magistrada Relatora        : Dra. María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El recurso de casación en el fondo interpuesto por Ana Margarita Jaramillo Méndez cursante a fs. 278 a 281 de obrados, en contra del Auto de Vista Nº 032/2017 de 8 de febrero, pronunciado por la Sala Primera Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; el Auto Supremo No 24-A de 23 de enero de 2018 de fs. 296 a 296 vta., que admitió el recurso; lo obrado en el proceso; y:

I: ANTECEDENTES PROCESALES.

Sentencia.-

Tramitado el proceso laboral por el pago de beneficios sociales y otros derechos labores seguido por Ana Margarita Jaramillo Méndez en contra de la Empresa PREVISIÓN BBVA ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES S.A.; el Juez de Partido Segundo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cochabamba, emitió la Sentencia de 27 de mayo de 2013 de fs. 233 a 242, declarando probada en parte la demanda, determinando que la parte demandada cancele a favor de la actora conforme al siguiente detalle: Primas por utilidades de la gestión 2008 a la gestión 2011, la suma total de Bs6.166,67 (Seis mil, ciento sesenta y seis 67/100 Bolivianos).

Auto de Vista.-

Interpuesto el recurso de apelación cursante a fs. 254 a 258, por Ana María Jaramillo Méndez, la Sala Primera Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; resuelve el mismo mediante Auto de Vista Nº 032/2017 de 8 de febrero, cursante a fs. 271 a 275 vta., que confirma la sentencia de 27 de mayo de 2013.

Ante la determinación del Auto de Vista, Ana María Jaramillo Méndez, interpone recurso de casación en el fondo, con la contestación de la parte contraria, el Tribunal de alzada emite Auto de 3 de enero de 2018, concediendo el recurso.

II: ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.

Interpuesto el recurso de casación en el fondo, la recurrente establece que el Auto de Vista impugnado, contiene errónea interpretación de las normas laborales y errónea apreciación de la prueba, bajo los siguientes argumentos:

La recurrente precisa que el Auto de Vista recurrido, incurre en un errónea valoración de la prueba para determinar el salario promedio indemnizable sobre el cual se realizó el cálculo de los beneficios sociales que le correspondía; al efecto indica que conforme cursa a fs. 18, se establece que la empresa demandada hubiera cursado un memorándum, en el cual se le indica que debía retornar a la ciudad de Tarija, con rebaja de sueldos, ya que no percibirá el bono de Bs2.000, esta afirmación a decir de la recurrente es claramente comprobable con la literal cursante a fs. 29; esta situación es considerada por la actora una rebaja de su salario mensual, por cuanto estima que el bono de vivienda que percibía era parte de su salario, por lo tanto acusa como erróneamente valoradas las literales cursan de a fs. 18, 23 y 39 de obrados, ya que las mismas fueron erradamente interpretadas y valoradas, pues las pruebas referidas no establecían el monto de su salario promedio indemnizable, simplemente las mismas hacían alusión a las condiciones de trabajo que eran impuestas por la empresa; de tal forma, que el Tribunal de alzada no valoro las pruebas presentadas por su parte, como ser las boletas de pago  y el estado de cuenta individual de aportes al seguro al largo plazo, cursantes a fs. 8, 9, 9b, 10, 11, 12 y 13 del expediente, pruebas que demuestran de manera irrefutable que su remuneración total era de Bs9.815, y en base a este salario se debió determinar su salario indemnizable; agrega que el Tribunal de alzada, no hubiera considerado y valorado, que el ex empleador, realizaba retenciones referente al seguro a largo plazo sobre el monto total percibido de Bs9.815, aspecto corroborable por las papeletas de pago, en donde en el ítem pertinente de ingreso cotizable se consigna el monto del total ganado por su persona; en ese sentido, y no obstante que en esta parte del recurso la recurrente acusa la errónea valoración de la prueba, de igual manera considera que el Tribunal de alzada, infringió y violó el art. 19 de la LGT, la Ley de 9 de noviembre de 1940 y el art. 11 del D.S. Nº 1592 de 19 de 19 de abril de 1949.

Por otro lado, la recurrente considera que también existe errónea valoración de la prueba, para determinar el motivo de la desvinculación laboral y la no otorgación del desahucio; en relación a ello, expone que el Tribunal de alzada, hubiera considerado que fue la actora la que opto por retirarse de manera voluntaria de su fuente laboral y por tanto no le correspondía el pago del desahucio; sin embargo, la misma considera que fue la empresa la que atento en contra de su estabilidad laboral, al modificar las condiciones de trabajo, pues le rebajaron el sueldo total que percibía, realizando un descuento de Bs2.000, aspecto que es plenamente comprobable con la literal cursante a fs. 25 de obrados, este extremo a consideración de la actora debe ser calificado como un despido indirecto. Por lo cual acusa al Tribunal de alzada, de incurrir en error de hecho y derecho en la valoración de la prueba, al no valorar las pruebas consistentes en las papeletas de pago y el extracto de la AFP, con las cuales se demostraba el salario total que percibía.

De igual manera y de forma reiterada, en el recurso de casación en el fondo interpuesto, se acusa la errónea interpretación del art. 52 de la Ley General del Trabajo, art. 11 del D.S. Nº 1592 de 19 de abril de 1949 y art. 1 de la Ley de 9 de noviembre de 1940, al determinar los jueces de instancia que el bono de vivienda que la actora percibía, no puede formar parte de su salario, sin considerar que dichos pagos eran remunerados de manera mensual y también eran considerados y reconocidos por parte del demandado en su total ganado, pues los descuentos que realizaba la empresa era sobre su total ganado.

Por último, la recurrente acusa la vulneración del art. 13 de la LGT, ya que el Tribunal de alzada, ni el juez de instancia, no consideraron que fue la empresa la que propicio el despido intempestivo, el cual estaba disimulado con un traslado de puesto de trabajo a otra ciudad; pues fue la empresa la que varió las condiciones de trabajo, considerando que el memorándum  de traslado era violatorio a la estabilidad laboral, por lo cual dicho aspecto constituye un retiro indirecto.

En conclusión, solicita al Tribunal Supremo de Justicia, que deliberando en el fondo CASE el Auto de Vista recurrido, y en consecuencia determine el salario promedio indemnizable en el monto de Bs9.815, monto sobre el cual se debe efectuar una nueva reliquidación de sus beneficios sociales y derechos laborales y de igual manera se reconozca a su favor el pago del desahucio.

La empresa demandada, contesta el recurso de casación interpuesto, conforme cursa a fs. 285 a 287 de obrados.

III: FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y JURISPRUDENCIALES DEL FALLO.

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

El principio de inmediación vinculado a la libre apreciación y valoración de la prueba en el proceso laboral en primera instancia, en segunda instancia y en recurso de casación:

Uno de los principios que orienta el desarrollo del proceso laboral, es el principio de inmediación que se encuentra recogido en el art. 3 inc. b) del Código Procesal Laboral; por el cual es obligatoria la presencia del juzgador en la celebración de las audiencias, la práctica de las pruebas y otros trámites.

Como consecuencia de ello, en materia de valoración probatoria se debe observar lo que establece el art. 3 Inc. j) desarrollado de manera más amplia en el art. 158 del Código Procesal de Trabajo, que consagra el principio de libre apreciación de la prueba; por el cual se asigna esta tarea jurisdiccional al juez de instancia, quien bajo un principio de inmediatez ha recibido y conocido la prueba. 

En segunda instancia, de igual manera, se observa el principio de inmediación en la producción y valoración probatoria cuando el art. 261.III del Código Procesal Civil, aplicable al caso por expresa remisión del art. 208 del Código Procesal de Trabajo; que  establece, que cualquiera de las partes podrá solicitar el diligenciamiento de prueba en segunda instancia, tanto en el escrito de interposición del recurso como en el de contestación, y el Tribunal superior accederá a la solicitud en los siguientes casos: 1. Cuando las partes lo pidieren de común acuerdo. 2. Cuando, decretadas las pruebas en primera instancia, no hubieren sido diligenciadas por causas no imputables a las partes que las ofrecieron. 3. Cuando versare sobre hechos ocurridos después de la sentencia. 4. Cuando se tratare de desvirtuar documento que no se pudo presentar en primera instancia, por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. En estos casos, se solicitará el diligenciamiento de la prueba correspondiente, conforme a lo prescrito para presentar prueba con la demanda.

Con base a lo anotado, podemos establecer que la actividad probatoria y su valoración, es una atribución privativa de los jueces de instancia, por cuanto son ellos, los que de manera directa reciben la prueba, la viven, la aprecian y como consecuencia de ello, es su obligación asignarle un valor probatorio negativo o positivo.

Mientras que en el recurso de casación, no se observa el principio de inmediación en la práctica de la prueba, porque al ser un recurso extraordinario, asimilado a una demanda nueva de puro derecho, tratándose de la valoración y compulsa de la prueba, ésta se encuentra inicialmente vedada, por cuanto no existe producción o diligenciamiento de prueba en esta instancia final, al ser atribución privativa de los jueces de instancia conforme al principio de inmediación y censurable en casación; a menos que se demuestre fehacientemente la existencia de error de hecho o de derecho, siendo imprescindible que dicho error se encuentre evidenciado por documento o acto auténtico, señalando a tal propósito la prueba que demostrare aquel error, conforme lo establece el art. 271.I del Código Procesal Civil.

Error de hecho y derecho en la valoración de la prueba.

El autor Pastor Ortiz Mattos, en su obra, “El Recurso de Casación en Bolivia”, define: "...El error de hecho se da cuando la apreciación falsa recae sobre un hecho material; tal error, en el que incurre el juez de fondo en el fallo recurrido, cuando considera que no hay prueba eficiente de un hecho determinado siendo así que ella existe y que la equivocación está probada con un documento auténtico", y "El error de derecho recae sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica. En el caso que nos interesa cuando el juez o tribunal de fondo, ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba, le asigna un valor distinto."

Si se acusa error de derecho y de hecho, al no tratarse de un mismo y único concepto, conforme señala la doctrina y la jurisprudencia, estos deben desarrollarse de manera separada, objetiva y concreta, ya que en el primer caso, la especificación debe recaer en los medios de prueba aportados al proceso y a los que el juzgador de instancia no le atribuyó el valor que la ley le asigna; y en el segundo caso, el error debe quedar objetivamente demostrado y ser manifiesto como dispone la norma, por lo que debe ser contrastado dicho error con un documento auténtico que lo demuestre, a efectos que de manera excepcional se proceda a una revaloración de esa prueba.

En cuanto al error de hecho en la apreciación de las pruebas, cuando la resolución materia del recurso de casación se apoya en un conjunto de medios de prueba que concurrieron todos a formar la convicción del tribunal, no basta para objetarla que se ataquen algunos de tales medios, suponiendo eficaz el ataque, si los que restan son suficientes para apoyar la solución a la que llegó aquel, ni tampoco que se haya dejado de considerar algunas pruebas si la sentencia se funda en otras que no han sido atacadas.

En este supuesto, cuando se acusa la falta de apreciación de las pruebas, no basta con relacionarlas sino es necesario explicar, de manera precisa, frente a cada una de ellas, qué es lo que en verdad acreditan, de qué manera incidió su falta de valoración en la decisión, lo que permite a la Sala establecer la magnitud de la omisión, que debe ser ostensible y trascendente, so pena de no lograr el objetivo de destruir la presunción de acierto y legalidad que ampara a la resolución que es objeto del recurso de casación.

Ese error de hecho por lo tanto requiere, ser ostensible y manifiesto lo que en palabras del autor René Parra significa “sea evidente, patente, claro, sin que para apreciarlo se puedan efectuar elucubraciones o raciocinios complejos”.

IV: ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO.

En el análisis del caso, corresponde establecer si efectivamente existió una  errónea apreciación de la prueba y una errónea interpretación de la normativa laboral, aspectos denunciados en el recurso de casación interpuesto; en merito a ello, se tiene lo siguiente:

1.- En el caso en concreto, la actora denuncia la errónea valoración de la prueba con la cual se realizó el cálculo del salario promedio indemnizable y  con el que se efectuó la liquidación de sus beneficios sociales. Al efecto es importante señalar que la recurrente de manera general en el recurso de casación interpuesto, señala que el Tribunal de alzada hubiera incurrido en error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba, cuando conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo, el error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, constituyen dos conceptos diferentes; no obstante de ello y en atención a los fundamentos expuestos, este Tribunal considera que la denuncia está vinculada a un error de hecho, al determinar que las pruebas cursantes de fs. 8 a 13 de obrados, constituyen los medios probatorios que demostrarían fehacientemente el salario que percibía la actora.

En ese contexto, este Tribunal considera que los jueces de instancia realizaron una correcta valoración de la prueba, la cual está vinculada a contrastar los medios probatorios producidos tanto por la actora y la parte demandada; en tal situación, a través de la prueba de descargo de fs. 144, establecieron que el monto de Bs2.000 que se consignaba en las boletas de pago de la demandante, era una prestación, que si bien se pagaba de manera regular, constituía una asignación por gastos de vivienda, en consideración a que la actora había sido trasladada de la ciudad de Tarija a la ciudad de Cochabamba para cumplir el trabajo encomendado.

Esta conclusión valorativa, no está fuera de los parámetros de la lógica, la sana crítica y razonabilidad, por cuanto en base al principio de verdad material, se puede determinar en los hechos que la actora al haber sido nombrada como “Jefe de Oficina de la Regional Cochabamba”, las condiciones económicas de su traslado hubieran modificado, determinando un salario mensual de Bs5.000 y una asignación para gastos de vivienda en la suma de Bs2.000, monto que solo debería percibir mientras dure su estadía en la ciudad de Cochabamba, por lo cual se concluye que el monto que figura en las boletas de pago adjuntas por la actora, en la suma de Bs2.000, no corresponde al salario mensual que percibía la demandante, extremo que incluso la misma reconoce en la demanda laboral interpuesta.

Ahora bien, si bien se puede establecer que dicho pago era regular, pues se pagaba de manera mensual, situación que no podía ser de otra manera, atendiendo la naturaleza de la asignación; dicho pago no constituye una retribución al trabajo realizado por la actora, por el contrario dicha asignación mensual, constituye un pago vinculado a la ejecución del trabajo encomendado en un lugar distinto a la residencia principal de la actora, aspecto formal que por expresa imposición del art. 9 de la LGT, debía ser cumplida por la empresa que traslado a la actora para cumplir un trabajo en un lugar distinto al de su residencia; sin embargo, esta asignación, también por expresa prohibición del art. 11 del D.S. N° 1592 de 19 de noviembre de 1949, no puede ser asimilado dentro el sueldo o salario indemnizable.

Es más, esta situación de trabajo, y la posterior tergiversación del mismo, constituye una deslealtad de la trabajadora, extremo que si bien en determinadas situaciones podría atenderse, si se determina que la empresa de alguna manera intento encubrir la relación laboral existente; aspecto que no es el caso, ya que la actora al momento de aceptar el nuevo trabajo, también acepto las condiciones económicas del mismo, las cuales conforme a los fundamentos jurídicos expuestos, no son contrarias a la normativa laboral expuesta; observando que la trabajadora cumplió funciones en esas condiciones económicas, por 3 años, sin reclamo alguno en relación a la asignación por gastos de vivienda, surgiendo el conflicto, solo cuando la empresa efectivizo un de los acuerdos del contrato laboral suscrito, los cuales están totalmente reconocidos por la normativa laboral; y si bien también se observa que conforme al extracto a la AFS, las retenciones que se realizaba la empresa, estaban efectivizadas sobre el total ganado de la actora, lo cual incluía el bono de vivienda asignado a su favor, esta situación se cumplió de manera correcta conforme lo ordenaba el art. 4 de la Ley N° 065, es decir sobre el total ganado, incluido el bono de vivienda que percibía, pues la cotización que se realizaba para el aporte a la AFP, se realizaba incluso antes de la deducción por impuestos, lo cual este Tribunal estima correcto, si consideramos que dicha situación favoreció a la actora en los aportes realizados; sin embargo, conforme a los fundamentos expuestos señalados líneas arriba, esta asignación particular, ya no podía ser incluida en el salario promedio indemnizable.

Dentro de este entendimiento, se concluye que no existió errónea apreciación de la prueba, por el contrario todo el elenco probatorio (cargo y descargo), fue valorado de manera integral y armónica, aplicando de manera correcta la normativa laboral al caso en concreto.

Por otro lado, el recurso de casación de igual manera denuncia la errónea valoración de la prueba para determinar el motivo de la desvinculación laboral y el pago del desahucio a su favor, denuncia que de igual manera está vinculada a la vulneración del art.13 de la LGT.

En relación a este reclamo, corresponde precisar que la actora considera que existió un retiro intempestivo, con un retiro indirecto, al determinar que el memorándum de fs. 25 de obrados, era atentatorio a su estabilidad laboral.

En ese sentido, de igual manera este Tribunal, concluye que no existió errónea valoración de la prueba, por cuanto el memorándum de fs. 25 de obrados, lo único que efectiviza son los acuerdos del contrato laboral suscrito entre la trabajadora y la empresa, contrato que una vez más es reconocido en la legislación laboral de nuestro Estado. Al efecto, una vez más debemos referirnos al art. 9 de la Ley General de Trabajo, el cual permite el trabajo en un lugar distinto al de su residencia, por lo cual resulta legal la cláusula sexta del contrato de trabajo suscrito por la actora y la empresa demandada; en tal sentido, al haber aceptado la actora poder prestar servicios en otros lugares, lo que correspondía a la empresa era cubrir los gastos de viaje y retorno y si la actora decidía cambiar de residencia, la empresa debía cumplir en la misma medida; es decir, que el traslado de la actora a la ciudad de Cochabamba, es una decisión legal y la asignación de un monto para vivienda era también una obligación legal, que fue cumplida por la empresa, y solo se mantendría en el tiempo, en la medida que la actora permanezca en dicha ciudad. Al haberse dispuesto su traslado nuevamente a la ciudad de su residencia, dicha asignación debía suprimirse como sucedió en el caso de autos, aspecto que era de total conocimiento de la actora, por lo cual la misma no puede alegar que se desmejoro su situación económica, por cuanto la misma acepto las condiciones económicas de su traslado y retorno, de lo que se concluye que no existió un retiro indirecto, habiendo determinado los Tribunales de instancia de manera correcta la no cancelación del pago del desahucio.

Para finalizar, de manera transversal la demandante precisa otros aspectos que el Tribunal considera que son necesarios contrastar en la presente resolución. En tal situación, la recurrente alega que hubiera permanecido por mucho tiempo en un trabajo, que debía ser provisional, lo que conlleva a que la actora hubiera decidido realizar toda su vida en la ciudad de Cochabamba, habiendo contraído matrimonio y asumido deudas y obligaciones en dicha ciudad. Estos aspectos, a criterio de este tribunal son importantes, porque no se puede desconocer, que por lo prolongado de su estadía en dicha ciudad, ciertos aspectos en el proyecto de vida de la actora, hubieran cambiado. Sin embargo, este Tribunal considera que esta problemática no fue correctamente abordada por la actora en el proceso, por cuanto la empresa demandada nunca negó la posibilidad de que la actora pueda permanecer en la ciudad de Cochabamba, conforme cursa a fs. 39; con la única condición de analizar nuevas condiciones de trabajo, ante dicha eventualidad; no obstante de ello, se observa que la actora asumió una medida de hecho, al no haber cumplido con las órdenes superiores de traslado y no negoció las nuevas condiciones de trabajo, sin que exista prueba alguna que demuestre las nuevas condiciones de trabajo a la que tenía que ser sometida la actora y si las mismas eran desventajosas y vulneratorias a los interés de la actora.

Bajo estos parámetros, se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación en el fondo, al carecer de sustento legal; ajustándose el Auto de Vista recurrido a las leyes en vigencia, corresponde resolver en el marco de las disposición legal contenida en el art. 220.II del CPC, aplicable por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT, en observancia a la disposición transitoria sexta de la Ley Nº 439.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contencioso Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el Art. 184.1 de la CPE y el Art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Ana Margarita Jaramillo Méndez, cursante a fs. 278 a 281, de obrados, en contra el Auto de Vista Nº 032/2017 de 8 de febrero, pronunciado por la Sala Primera Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, manteniendo firme el Auto de Vista impugnado. Sin costas y costos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.