TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 129

Sucre, 19 de marzo de 2019

DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES

Expediente:                23/2018

Demandante:                Magdha Haase Pérez

Demandado:        Gobierno Autónomo Municipal de Tarvita

Materia:                        Laboral

Distrito:                        Chuquisaca

Magistrada Relatora:        María Cristina Díaz Sosa

VISTOS

El Recurso de Casación en el fondo de fs. 164 a 168, interpuesto por Magdha Haase Pérez, contra el Auto de Vista Nº 667/2017 de 15 de noviembre, cursante de fs. 160 a 161, dictado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso laboral seguido por la recurrente contra el Gobierno Autónomo Municipal de Tarvita, el Auto que concede el recurso de fs. 173, el Auto Supremo de admisión Nº 17-A de 23 de enero de 2018, antecedentes del proceso, y,

I. ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia Nº 31/2017 de 23 de marzo

La demanda laboral de pago de derechos sociales adquiridos, incoada por Magdha Haase Pérez contra el Gobierno Autónomo Municipal de Tarvita (GAM Tarvita), mereció la Sentencia Nº 31/2017 de 23 de marzo, cursante de fs. 138 a 140 de obrados, dictada por la señora Juez de Partido Primero del Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Social y Tributario del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que declara probada en parte la demanda, por concepto de salarios y aguinaldos. Sin costas. Dispone que el GAM Tarvita una vez cancelado, debe repetir la acción contra los responsables.

Auto de Vista Nº 667/2017 de 15 de noviembre

El recurso de apelación interpuesto por la institución demandada, el 7 de abril de 2017 (fs. 143 a 145), fue resuelto por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa, mediante el Auto de Vista Nº 667/2017 de 15 de noviembre, que revoca parcialmente la Sentencia recurrida, en cuanto al pago de sueldos devengados y aguinaldo que por disposición de la Acción de Amparo Constitucional Nº 0149/2014-S3 de 20 de noviembre de 2014, no corresponde su cancelación. Referente a la competencia, se mantiene incólume la misma por existir actos consentidos y no reclamados oportunamente. Sin costas.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

El Auto de Vista, motivó que la demandante formule recurso de casación en el fondo, cursante de fs. 164 a 168 de obrados, expresando lo siguiente:

Errónea interpretación y aplicación indebida de la Ley laboral

Señala que los Vocales de la Sala Social, Administrativa y Tributaria del Tribunal Departamental de Chuquisaca, al dictar el Auto de Vista recurrido, interpretan y aplican erróneamente el art. 48.II de la Constitución Política del Estado (CPE), en relación al art. 203 de la CPE, al considerar que la Sentencia Constitucional (SC) Nº 0149/2014-S, que concedió en parte la tutela constitucional demandada y denegó el pago inmediato de los salarios devengados; sin que esto quiera decir, que la demandante se encontrara impedida de demandar en la jurisdicción ordinaria el pago de sus derechos laborales, reconocidos constitucionalmente por el art. 48.II de la CPE.

Aclara que el Juez de Partido y de Sentencia de las Provincias Yamparaez, Zudañez y Azurduy, constituido en Juez de Garantías, al momento de conceder en parte la tutela solicitada, no dio curso al pago de salarios devengados; actuación correcta de la autoridad, por cuanto su competencia se encontraba restringida única y exclusivamente al establecimiento de la existencia de actos vulneratorios de derechos y garantías constitucionales y no al establecimiento de derechos laborales, que corresponden a la jurisdicción ordinaria.

Error judicial en la interpretación de cosa juzgada constitucional, referida a la parte resolutiva de la Sentencia Constitucional

Manifiesta que el Auto de Vista interpreta erróneamente la cosa juzgada en materia constitucional y la cosa juzgada en materia ordinaria; agrega que en materia constitucional, está relacionada con la infracción de los derechos fundamentales; en el caso concreto, el Juez de Garantías concede en parte la tutela demandada y niega el pago de salarios devengados, en el entendido que esa petición corresponde ser atendida por la jurisdicción ordinaria, quien determinará la existencia o no de ese derecho.

Petitorio

En atención a estos argumentos pide, que el Tribunal Supremo de Justicia, case el Auto de Vista impugnado, mantenga la Sentencia justa y condene en responsabilidad y multa a las autoridades infractoras.

III. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL PERTINENTE

En el Estado Constitucional de Derecho vigente en nuestro país desde el 7 de febrero de 2009, el análisis del recurso de casación planteado, debe ser realizado desde y conforme la Constitución, el Bloque de Constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso; en ese contexto caben las siguientes consideraciones de orden legal:

Naturaleza jurídica y alcance de la cosa juzgada constitucional

Naturaleza jurídica

Para establecer la naturaleza de la cosa juzgada constitucional, se debe partir del valor de las sentencias de un Tribunal Constitucional, que al constituirse en el órgano de cierre del ordenamiento jurídico interno, como intérprete y guardián supremo de la Constitución Política del Estado, las decisiones que emite, ya sea en el ámbito de control de constitucionalidad, de conflicto de competencia o en el de acciones de defensa de derechos fundamentales y garantías constitucionales, no pueden ser impugnadas ni rectificadas dentro del sistema judicial interno. Este razonamiento, es concordante con lo establecido en el art. 203 de la CPE, que instituye la cosa juzgada constitucional en el ordenamiento jurídico boliviano al establecer que contra las resoluciones del Tribunal Constitucional no se admite recurso alguno. En ese sentido conviene señalar que, cuando el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre la protección de derechos fundamentales a través de acciones de defensa como el amparo constitucional, si se concede la tutela por lesión, amenaza o restricción de esos derechos, el fallo constitucional a través de las decisiones que asume en su parte dispositiva, restablece la supremacía del orden constitucional, de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas afectadas; asimismo, debe precisarse que en la resolución de casos generados en usurpación de funciones que le competen, así como actos de quien ejerza jurisdicción que no emane de la Ley, el Tribunal Constitucional a través de su sentencia pone fin al conflicto determinando a quien corresponde la respectiva competencia, facultad o atribución en conflicto, decidiendo el conflicto de competencia; asimismo, la validez o invalidez de la decisión o acto impugnado a través del recurso directo de nulidad.

Alcance

La naturaleza especial de las resoluciones constitucionales, que difiere de las decisiones judiciales, define su alcance; al respecto Rubén Hernández Valle en Derechos Fundamentales y Jurisdicción Constitucional, señala: “Las resoluciones en la jurisdicción constitucional, como es sabido, constituyen una modalidad del género resoluciones judiciales; no obstante, la temática de estas resoluciones tiene algo característico, pues no se dirige a satisfacer exclusivamente un interés privado o en beneficio de un grupo, sino que persigue tutelar valores que afectan directamente a los miembros de una sociedad determinada. En otros términos, se trata de hacer cumplir el texto fundamental que regula la vida de una sociedad y no un Código Procesal cualquiera, siendo su vigencia más importante. En efecto, si una Constitución, base y soporte de todo el ordenamiento jurídico no se cumple, constituye un demérito que afecta al resto del ordenamiento”.

De acuerdo a lo señalado, el alcance de la cosa juzgada constitucional está determinado, entre otros, en su efecto erga omnes y no simplemente interpartes y además en que no podrá juzgarse dos veces y por las mismas razones alegadas de una misma situación, en resguardo del efecto material de las sentencias constitucionales por parte de las autoridades y los particulares.

Sobre la cosa juzgada constitucional, el Tribunal Constitucional en la SC 0123/2010-R de 11 de mayo, señaló: “… contra un fallo emanado del Tribunal Constitucional que se ha pronunciado sobre el fondo de lo resuelto, no existe recurso ordinario ni constitucional ulterior; pues, de lo contrario, resultaría una pugna interminable de las partes sin que se logre definir su situación de derecho que se ha llevado ante las instancias constitucionales”.

Principios del Derecho Laboral Sustantivo

La estructura y diseño normativo dispuesto por la Constitución Política del Estado (CPE), brinda especial y trascendental protección a los trabajadores, considerados la principal fuerza productiva de la sociedad; tanto es así que, principios procesales inherentes al Derecho Laboral han sido elevados a rango constitucional, así el art. 48.II de la Norma Suprema, señala que: “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”.

Siendo el principio protector inherente al Derecho Sustantivo Laboral, comprende de modo cierto e inevitable al Derecho Adjetivo Laboral, no puede entenderse una práctica procesal laboral, sino, desde una perspectiva tuitiva, pues un sentido contrario diluiría no solo los principios generales de la materia, sino, conformaría cauces contrarios a los fines que la propia Constitución señala y persigue.

Afirmación que se encuentra apoyada en la desigualdad originaria entre los trabajadores para con el empleador, basada no simplemente en una distinta condición económica o distinta condición de recursos existente entre ambos, sino en la posición y rol que los primeros ocupan dentro del trato jurídico que los enlaza, a saber, la relación de subordinación y dependencia. 

IV. ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO

Del examen del recurso de casación, el Auto de Vista recurrido y de los antecedentes del proceso, se establece lo siguiente:

La controversia en el presente recurso de casación radica en determinar, si el Tribunal ad quem, interpretó erróneamente o aplicó indebidamente el art. 48.II de la CPE en relación al art. 203 Constitucional.

En obrados cursa de fs. 32 a 36 la Resolución de 5 de mayo de 2014 dictado por el Juez de Partido y de Sentencia de las Provincias Yamparáez, Zudañez y Azurduy, con asiento en la Localidad de Tarabuco del Departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de Garantía, en la Acción de Amparo Constitucional formulado por Magdha Hasse Pérez contra Claudio Cruz Cayo, René Álvarez Sandoval, Ricarda Flores Rengifo, Perfecto Carrasco Flores, Teodocia Mendieta Cáceres y Abrahán Zelaya Bentura, todos Concejales del Gobierno Autónomo Municipal de Tarvita, que concedió la tutela únicamente con relación al debido proceso, disponiendo: a) Dejar sin efecto la Resolución 353/2013 de 14 de noviembre, así como sin efecto la Resolución 57/2011 de 12 de mayo, pronunciadas por el Consejo Municipal de Tarvita; y, b) La restitución inmediata de la accionante, como concejala del Municipio de Tarvita, sin derecho a percibir el pago de sus haberes mensuales durante el tiempo no trabajado, por atentar contra el patrimonio del Estado. Resolución que remitida en revisión fue confirmada por el Tribunal Constitucional Plurinacional por SCP 0149/2014-S3 de 20 de noviembre, cursante de fs. 6 a 25 del expediente, en consecuencia, concede la tutela solicitada, en los mismos términos del Tribunal de Garantías; es decir, sin derecho a percibir el pago de sus haberes mensuales durante el tiempo no trabajado, por atentar contra el patrimonio del Estado.

Al respecto, sobre las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional que tienen la calidad de cosa juzgada constitucional, corresponde dejar claramente establecido que, estas resoluciones judiciales ponen fin al proceso dentro del ordenamiento jurídico interno, resoluciones que no pueden ser objeto de impugnación ni rectificación dentro del sistema judicial interno, características constitucionalmente reconocidas en el art. 203, que textualmente dispone: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno”; consecuentemente, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia, atendiendo los alcances de la SCP 0149/2014 S3 de 20 de noviembre, confirmar el Auto de Vista recurrido y no dar curso al pago de derechos laborales de la demandante, considerando el carácter vinculante, el efecto general o erga omnes y el cumplimiento obligatorio de la referida Sentencia, siendo esta obligatoriedad horizontal y vertical; vale decir, las resoluciones emanadas del máximo intérprete de la Constitución tienen que ser aplicadas obligatoriamente por el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, por el resto de los órganos del poder público, por Jueces y Tribunales que conforman el Órgano Judicial, en la resolución de los casos que presenten supuestos fácticos análogos, constituyendo lo que se denomina, jurisprudencia constitucional.

Lo razonado líneas arriba, demuestra que es evidente la interpretación errónea y aplicación indebida del art. 48.II de la CPE en relación al art. 203 Constitucional, alegado por la recurrente; correspondiendo a este Tribunal aplicar la disposición comprendida en el art. 220.II del Código Procesal Civil (CPC), aplicable al caso de autos por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

POR TANTO

La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el r ecurso de casación cursante de fs. 164 a 168, interpuesto por la demandante Magdha Haase Pérez.

Con Costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.