TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 128

Sucre, 19  de marzo de 2019

DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES

Expediente:                40/2018

Demandante:                 Elfi Foianini Rivero (Francisco Vargas Valle)

Demandado:        Servicio Nacional del Sistema de Reparto

Materia:                        Social (Reclamación de Pensiones)

Distrito:                        Santa Cruz

Magistrada Relatora:        María Cristina Díaz Sosa

VISTOS

El recurso de casación en el fondo de fs. 169 a 171, interpuesto por Olga Durán Uribe y Verónica Ardaya Miranda, en su calidad de administradora y abogada regional, ambas apoderadas del representante legal Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) contra el Auto de Vista Nº 127 de 27 de septiembre de 2017, cursante de fs. 165 a 166, pronunciado por la Sala en Materia de Trabajo y Seguridad Social Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso social de Reclamación de Pensiones seguido por Francisco Vargas Valle en su calidad de derechohabiente de la causante Elfi Foianini Rivero contra la institución demandante, el Auto que concede el recurso de fs. 181, el Auto Supremo Nº 44-A de admisión de 31 de enero de 2018, antecedentes del proceso; y:

I. ANTECEDENTES PROCESALES

Resolución de la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto Nº 790 de 9 de marzo de 2017

Al cumplimiento de los requisitos previstos en disposiciones legales y administrativas, la Comisión Regional de Prestaciones del Fondo de Pensiones Básicas (FOPEBA) por Resolución Nº 953 de 31 de diciembre de 1992, otorga en favor de Elfi Foianini Rivero, Renta Básica de Vejez en el equivalente al 60% de su promedio salarial, pagadero desde el mes de diciembre de 1992 (fs. 42). Más adelante, por Resolución Nº 67 de 10 de febrero de 1993, la Comisión de Prestaciones del Fondo Complementario de Seguridad Social de la Administración Pública, otorga a la asegurada la Renta Complementaria de Vejez, equivalente al 40% de su salario de cálculo, a pagarse a partir de diciembre de 1992 (fs. 81).

Ante el fallecimiento de la titular de renta Elfi Foianini Rivero, el 25 de julio de 2014, su esposo Francisco Vargas Valle, solicita la calificación de la renta de viudedad, concedida mediante Resolución Nº 4045 de 5 de noviembre de 2014, de la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto, cursante a fs. 98 de obrados; renta única de viudedad equivalente al 80% de la renta que le correspondía a la causante, pagadera a partir de agosto de 2014.

De la revisión de oficio del expediente que nos ocupa, ante la evidencia que el derechohabiente Francisco Vargas Valle, contrajo matrimonio con la señora Laida Medina Hurtado, el 2 de mayo de 2015, fecha posterior al fallecimiento de la causante de la renta que percibía el causahabiente; la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto por Resolución Nº 790 de 9 de marzo de 2017, cursante de fs. 118 a 120, resuelve suspender definitivamente la renta única de viudedad otorgada a Francisco Vargas Valle, por haber contraído nuevas nupcias; disponiendo también que la Unidad Jurídica deberá proceder a la recuperación de lo indebidamente cobrado por el rentista derechohabiente.

Resolución de la Comisión de Reclamación del SENASIR Nº 227/17 de 28 de abril de 2017

El recurso de reclamación interpuesto por el derechohabiente contra la resolución de la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto, fue resuelto por la Comisión de Reclamación del SENASIR mediante la Resolución Nº 227/17 de 28 de abril, confirmando la resolución reclamada (fs. 136 a 141 de obrados).

Auto de Vista Nº 127 de 27 de septiembre de 2017

El recurso de apelación contra la resolución de la Comisión de Reclamación, presentado por Francisco Vargas Valle, fue resuelto por la Sala en Materia del Trabajo y Seguridad Social Segunda del Tribunal Departamental de Santa Cruz, a través del Auto de Vista Nº 127 de 27 de septiembre de 2017, revoca las resoluciones Nos. 790 de 9 de marzo de 2017 y 227/17 de 28 de abril de 2017, y deliberando en el fondo deja sin efecto la recuperación de los cobros realizados por Francisco Vargas Valle por no haberse demostrado que los mismos hayan devenido de un actuar fraudulento. Sin costas conforme a la Ley SAFCO.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

El Auto de Vista, es recurrido de casación en el fondo por el SENASIR, con los argumentos expuestos en el escrito de fs. 169 a 171, los que se resumen, en los siguientes términos:

Señala que el Auto de Vista, realiza una interpretación errónea del art. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social (RCSS), cuando dispone, las prestaciones en dinero concedidas podrán ser objeto de revisión, de oficio, o por denuncia a causa de errores de cálculo o de falsedad en los datos que hubieran servido de base para su otorgamiento; aclarando que a efectos de la recuperación de cobros indebidos corresponde aplicar el art. 4 inc. c) del Decreto Supremo (DS) Nº 26189 de 18 de mayo de 2001; normas que facultan al SENASIR no solo a revisar rentas o prestaciones concedidas en dinero, sino a exigir la devolución o restitución total de las cantidades indebidamente percibidas, esto en consideración a que las rentas son pagadas con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), según el mandato de la Ley Nº 2197 de 9 de mayo de 2001modificatoria del art. 57.III de la Ley 1732 de Pensiones.

Manifiesta que el ente gestor cumpliendo el mandato constitucional de cumplir y hacer cumplir las Leyes, se encuentra obligado a cumplir la amplia y compleja normativa vigente en materia de Seguridad Social, no siendo facultativa la recuperación de cobros indebidos, ante el quebrantamiento de la norma; por lo que no corresponde que el rentista derechohabiente alegue desconocimiento de la Ley y menos que bajo el argumento de que en la resolución de renta no se le advierta sobre la prohibición o consecuencia en caso de contraer nuevas nupcias.

Argumenta que, en el Estado de derecho vigente en nuestro país, gobernantes y gobernados se encuentran obligados a aplicar la Ley, por lo que no corresponde aplicar criterios garantistas de derecho en franco quebrantamiento de la Ley particular de la materia; encontrándose impelido el ente gestor a aplicar el principio de defensa del patrimonio del Estado.

Sostiene que fue transgredido y mal aplicado el art. 51 del Código de Seguridad Social, cuando dispone puntualmente que la renta de viudedad cesará en cualquier momento en caso de nuevas nupcias, vida en concubinato o de recuperación de la capacidad para el trabajo; especificando que la aplicación irrestricta del parágrafo IV del art. 45 de la Constitución Política del Estado (CPE), ocasionaría un caos económico, puesto toda persona tendría acceso a la renta, sin que demuestre fehacientemente con documentación fidedigna que ese derecho, sí le corresponde; por lo que resulta necesario aplicar las normas y procedimientos que respaldan la seguridad social.

Petitorio

Por los fundamentos jurídicos expuestos, solicita que el Tribunal Supremo de Justicia, previa deliberación en el fondo, Case el Auto de Vista Nº 127 de 27 de septiembre de 2017, y confirme las resoluciones Nos. 790 de 9 de marzo de 2017 y 227/17 de 28 de abril de 2017.

III. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL PERTINENTE

Del derecho a la seguridad social

En armonía con las disposiciones de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), e instituciones supranacionales, como la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS), la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS); que consideran a la seguridad social como un derecho humano inalienable; el art. 45 parágrafos I, II, III y IV de la Constitución Política del Estado, dispone que, todos los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social; derecho que se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia; correspondiendo su dirección y administración al Estado, con control y participación social. La seguridad social cubre la atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales; garantizando el Estado el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo; artículo que pone en ejecución lo dispuesto en el art. 1 del Código de Seguridad Social, Ley de 14 de diciembre de 1956, que señala: “El Código de Seguridad Social es un conjunto de normas que tiende a proteger la salud del capital humano del país, la continuidad de sus medios de subsistencia, la aplicación de medidas adecuadas para la rehabilitación de las personas inutilizadas y la concesión de los medios necesarios para el mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar”.

De lo señalado, es posible extraer que, los derechos a la seguridad social constituyen un conjunto de prestaciones donde se encuentra el de la jubilación, y tanto el acumulado de potestades como cada uno de esos derechos de forma individual, gozan de proclamación y regulación constitucional propia, encontrando cada uno de ellos su contenido intrínseco; entendimiento expresado en la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) Nº 55/2013 de 11 de enero, entre otras.

De la renta de viudedad

El art. 25.I de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), con relación a la renta de viudez establece que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez, u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad…”.

Podemos concluir que el derecho a la renta de viudez o viudedad, como una prestación de los derechos a la seguridad social, tiene un contenido propio, cual es el de garantizar a las personas, recursos necesarios para subsistir de modo compatible con su dignidad humana intrínseca, preservando la seguridad jurídica, los derechos adquiridos, así como la protección adicional que requieren las personas que acceden a este beneficio.

Al respecto, cabe recordar que el art. 51.a) del CSS, modificado por el art. 39 del Decreto Ley (DL) Nº 13214 de 24 de diciembre de 1975, dispone: “La renta de viudedad equivaldrá al 40% de la renta de invalidez o de vejez que percibirá el rentista fallecido o de la que hubiere correspondido al asegurado por vejez o invalidez. La renta será vitalicia y se concederá a la viuda, independientemente de su edad y del número de hijos que tuviera. Esta renta cesará con la muerte del beneficiario o cuando la viuda o conviviente contrajera matrimonio o entrara en concubinato.

La viuda o conviviente que perciba renta y que contraiga matrimonio, recibirá en substitución de su renta un pago global equivalente a tres anualidades de la renta que percibía”.

Por su parte, la Resolución Ministerial (RM) Nº 171 de 30 de abril de 2007, del Ministerio de Hacienda, que abroga el art. 37 del Manual de Prestaciones de Rentas en curso de Pago y Adquisición, aprobado Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997, dispone en su Numeral 3º Parágrafo Primero, Literal a): “El Servicio Nacional del Sistema de Reparto SENASIR, suspenderá de manera definitiva la renta de viudedad: a) Si la viuda contrae nuevas nupcias”; por otro lado, el art. 36 del referido Manual de Prestaciones, señala: “La viuda o conviviente que perciba renta y que contraiga matrimonio, recibirá en sustitución de dicha renta un pago global equivalente a tres anualidades de la renta que percibía, siempre que haga conocer este hecho a la Unidad de Recaudación. Este caso no dará lugar a la redistribución de la renta de viudedad en favor de los hijos”.

Sobre la aplicación del art. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social (RCSS)

Con relación al art. 477 del RCSS, el Tribunal Constitucional aplicando el principio de la interpretación previsora, se vio obligado a modular la Sentencia Constitucional 0058/2004 de 24 de junio, que resolvió el Recurso Directo o Abstracto de Inconstitucionalidad de los arts. 1 y 2 del Decreto Supremo 26466 de 22 de diciembre de 2001; reconociendo la vigencia de éste artículo y extrayendo los siguientes parámetros de aplicación: “a) las rentas calificadas y otorgadas son susceptibles de revisión de oficio o por denuncia, se entiende legal y formalmente presentada por una persona debidamente identificada a los fines de la responsabilidad que pudiese emerger de la misma; b) las causales para dicha revisión son: errores de cálculo, se entiende imputable a la propia administración; y, falsedad en los datos o declaraciones que hubiesen servido de base para la calificación y otorgamiento de la renta; c) la revisión puede concluir en una decisión administrativa de revocar la renta calificada y otorgada, si se comprueba la falsedad de los datos o documentos; o reducir el monto de la renta, en los casos en que se compruebe errores de cálculo; d) la decisión administrativa de revocar la calificación u otorgamiento de la renta o de rebajar el monto, no surtirá efecto retroactivo, lo que supone que no afectará a las mensualidades ya pagadas; y e) la decisión de revocar la calificación y otorgamiento de la renta surtirá efecto retroactivo, cuando se compruebe que la concesión obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas. (Resaltado fue añadido).

IV. ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO

En el Estado Constitucional de Derecho, vigente en nuestro país desde el 7 de febrero de 2009, el análisis del recurso de casación planteado, deber ser realizado desde y conforme la Constitución, el Bloque de Constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso.

En el caso que se analiza, resulta evidente que Francisco Vargas Valle, en su condición de viudo de Elfi Foianini Rivero y al fallecimiento del causante el 25 de julio de 2014, obtuvo una renta de viudedad calificada por Resolución Nº 4045 de 5 de noviembre de 2014, pagadera a partir de agosto de 2014 (fs. 98).

En su condición de derechohabiente, con su renta en curso de pago, el 2 de mayo de 2015 contrajo matrimonio con Laida Medina Hurtado, fecha en la que cambio su estado civil de viudo de la titular de renta fallecida, para convertirse en esposo de la señora Medina (fs. 108).

En uso de la facultad establecida en el art. 5.d) del DS Nº 27066 de 6 de junio de 2003, y aplicando lo dispuesto en el Numeral 3º, Parágrafo Primero, Literal a) de la RM Nº 171, al haber contraído matrimonio la rentista derechohabiente, el SENASIR suspendió definitivamente la renta de viudez de Francisco Vargas Valle, desde el mes de marzo de 2017; disponiendo además que la Unidad Jurídica recupere lo indebidamente cobrado (fs. 118-120).

El art. 39 del DL Nº 13214, concordante con el art. 36 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, disponen textualmente: “La viuda o conviviente que perciba renta y que contraiga matrimonio, recibirá en sustitución de dicha renta un pago global equivalente a tres anualidades de la renta que percibía, siempre que haga conocer este hecho a la Unidad de Recaudación. Este caso no dará lugar a la redistribución de la renta de viudedad en favor de los hijos”.

Entonces, el rentista derechohabiente, que quería contraer matrimonio, debía poner en conocimiento del ente gestor este hecho, a efecto de recibir un pago global equivalente a tres anualidades de la renta que percibía, en sustitución de la renta de viudedad calificada; previsión legal establecida con el objeto de evitar que los viudos que contraen matrimonio, incurran en cobros indebidos.

El argumento principal del recurso de casación alude que se hubiese incurrido en interpretación errónea y aplicación indebida del art. 477 del RCSS y correspondía que se aplique en mérito al principio de seguridad jurídica y las disposiciones sociales, el art. 51 del RCSS.

En ese entendido, se debe considerar lo siguiente; líneas arriba se efectuó un análisis respecto a la aplicación del art. 477 del RCSS, conforme instituyó la SC 0058/2004, que se aplica solo respecto a errores de cálculo y/o falsedad de datos o declaraciones, presentados ante el SENASIR, aspectos que en el caso presente no acontecieron porque se trata de un hecho sobreviniente, posterior a la calificación de renta al derechohabiente y por tanto, esta norma no se aplica al caso presente, según el entendimiento de esta disposición legal, solo procede la restitución de la renta, cuando existe falsedad en los datos o declaraciones; y en autos, solo existió una omisión por parte del derechohabiente a informar al ente gestor en forma oportuna de su nuevo matrimonio, conforme prevé el art. 39 del DL Nº 13214, concordante con el art. 36 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición; por tanto, no existe facultad legal a favor del SENASIR para la restitución de pagos, porque no se acomoda esa conducta a las previsiones del indicado artículo.

Respecto al art. 51 del RCSS, argumentado por el ente gestor, corresponde señalar en primera instancia que, este artículo fue modificado por el art. 39 del DS Nº 13214, que se complementa con el art. 14 del DL Nº 14643 de 3 de junio de 1977, concordante con el art. 36 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, aprobado por la Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997 de la Secretaría Nacional de Prestaciones, que como ya se indicó, no faculta al ente gestor de la seguridad social, para solicitar la restitución de pagos.

A manera de ampliación, debemos referirnos al DS Nº 27066 de 6 de junio de 2003, de creación del Servicio Nacional del Sistema de Reparto, como Institución Pública, Desconcentrada del Ministerio de Hacienda, ahora Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que dispone en su art. 5 inc. d) la atribución de suspender provisional o definitivamente la renta, dentro de la potestad de revisión establecida en disposiciones que rigen para el Sistema de Reparto, aplicando concretamente el numeral 3°, parágrafo I, literal a) de la RM N° 171.

Corresponde aclarar a la institución recurrente, que el inciso h) del art. 5 del DS N° 27066, el art. 2 del DS N° 25809 de 8 de junio de 2000, tampoco son aplicables al caso que nos ocupa, por cuanto, la primera legisla sobre aportes devengados a la seguridad social, las que podrán ser recuperadas por el SENASIR en la vía administrativa o jurisdiccional, a través del proceso coactivo social, y la segunda hace referencia al cálculo de las cotizaciones en mora. El caso que nos ocupa, se trata de cobros indebidos, adeudo incluido en el art. 609 del RCSS.

En conclusión, acertadamente el Tribunal de alzada revocó las Resoluciones Nos. 790 de 9 de marzo de 2017 y 227/17 de 28 de abril de 2017, en aplicación del art. 477 del RCSS, pero con diferente entendimiento, aspecto que se encuentra aclarado líneas arriba; sin embargo, del análisis legal se establece que, no existe norma que prevea la restitución de rentas canceladas vía trámite de suspensión de renta y posterior reclamación, promovida por los rentistas titulares o derechohabientes, implicando con ello, que este Tribunal, determine que al no existir infracción de norma alguna, aplicable al caso presente, desestime los argumentos del recurso de casación.

Por lo analizado, corresponde a este Tribunal aplicar la disposición comprendida en el art. 220.II del Código Procesal Civil (CPC), por mandato de la norma remisiva contenida en los arts. 633 del RCSS y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición.

POR TANTO

La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el Recurso de Casación en el Fondo de fs. 169 a 171, interpuesto por el SENASIR mediante las apoderadas del representante legal.

Sin costas en aplicación de los arts. 39 de la Ley 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y 52 del DS 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.