TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 127

Sucre, 19 de marzo de 2019


Expediente                          : 56/2018

Demandante                  : Mario Diego Cuellar Tarqui y Mariela Fernanda

                                          Tarqui Oliva.

Demandado          : Marco Antonio Arambula Peñarrieta.

Materia          : Beneficios Sociales

Distrito                          : Santa Cruz

Magistrada Relatora       : Dra. María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El recurso de casación de fondo y forma de fs. 148 a 149, interpuesto por Marco Antonio Arambula Peñarrieta, contra el Auto de Vista Nº 255/2017 de 21 de noviembre, pronunciado por la Sala Primera en Materia de Trabajo y Seguridad Social Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, cursante a fs. 144, dentro del proceso laboral seguido por Mariela Fernanda Tarqui Oliva en representación de Mario Diego Cuellar Tarqui contra el recurrente, el Auto Nº 12/2018 de 30 de enero de fs. 161, que concedió el recurso, el Auto de 16 de febrero de 2018 de fs. 170, por el que se admite el recurso, los antecedentes del proceso y;

I: ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia.

Que tramitado el proceso por beneficios sociales incoado por Mariela Fernanda Tarqui Oliva en representación de Mario Diego Cuellar Tarqui, la Juez de Partido 8º de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 188 de 25 de mayo de 2016 cursante de fs.117 a 121, declarando:

Probada la demanda en todas sus partes, en cuyo mérito se dispone que el señor Marco Antonio Arambula Peñarrieta pague a tercero día de ejecutoriada la sentencia, a favor de la demandante Mariela Fernanda Tarqui Oliva en representación de su hijo Mario Diego Cuellar Tarqui, el monto de Bs.88.460.64, correspondientes a los ítems de indemnización por tiempo de servicios de 3 años, 3 meses y 19 días; Indemnización forzosa por muerte; aguinaldo, vacaciones, menos lo pagado a cuenta de beneficios sociales y más la multa del 30% conforme al DS. N° 28699.

Auto de Vista.

Interpuesto el recurso de apelación por el demandado, cursante de fs. 126 a 127, la Sala Primera en Materia de Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista Nº 255/2017 de 21 de noviembre, cursante a fs. 144, revoca parcialmente la sentencia, descontando al finiquito el pago del lote en cementerio de Bs.8712, reduciendo el monto total a Bs.77.135.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Contra el auto de vista, el demandado formuló recurso de casación en el fondo y de forma, sin especificar cuáles sus argumentos de fondo y cuáles de forma, señalando en síntesis lo siguiente:

Interpretación errónea o aplicación indebida de la ley.

Indica que en la ilegal sentencia la Juez aquo y el Tribunal Ad quem no han hecho una correcta valoración de la prueba, pues no han prestado atención al tenor de la demanda de contrario y mucho menos a los fundamentos expuestos en la contestación a ésta, ni a la amplia prueba ofrecida, en franca vulneración a lo establecido en el art. 202 del Código Procesal del Trabajo, ya que el importe de la multa por el no pago de los beneficios sociales dentro el plazo de 15 días dispuesto en ambas instancias, ha sido ordenado en incorrecta aplicación del DS N° 28699 de 1° de mayo de 2006, habida cuenta que dicha normativa, será aplicada únicamente una vez ejecutoriada la sentencia, puesto que conforme  lo dispone el DS N°1260 de 5 de julio de 1948 que reglamenta el art. 88 de la LGT, para el cobro de los beneficios sociales, los interesados deberán presentar la respectiva declaratoria judicial de heredero, toda vez que los mismos se encuentran comprendidos en las categorías que señala la Ley Civil y el art. 2 de ese decreto supremo. En tal sentido señala que se vio imposibilitado de pagar la indemnización y beneficios correspondientes a la muerte de Mario Cuellar García, por lo que solicitó a los pretendientes acudan al Juez Laboral a objeto de que sea esa autoridad quien luego de compulsar los derechos que alegan y en aplicación de la normativa dispongan el pago de los beneficios a quien corresponda y de esta manera no se haga un pago incorrecto bajo el principio de quien paga mal paga dos veces.

Por otra parte, los herederos no estarán obligados a presentar sino los documentos que acrediten su filiación, legítima o natural y en caso de la concubina e hijos naturales, se recibirán pruebas testificales ante el Juez del Trabajo de la jurisdicción donde se produjo la muerte del obrero y a falta del Juez del Trabajo ante el Juez Instructor de Provincia. Por lo que se vio imposibilitado de realizar el pago de la indemnización y beneficios sociales porque tanto la actora como los padres del fallecido Mario Cuellar García, alegaban tener mejor derecho, de ninguna manera se puede interpretar como el incumplimiento del pago de obligaciones patronales fuera de los quince días.

En ese contexto interpone recurso de casación en el fondo y forma y peticiona a este alto Tribunal, case el Auto de Vista impugnado y deliberando en el fondo declare probada en parte la demanda formulada por la actora con costas.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO LEGALES Y SU APLICACIÓN EN EL CASO CONCRETO

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

El recurrente confunde y/o hierra su recurso de casación en el fondo y forma, cuando en su petitorio, pide expresamente se case el Auto de Vista recurrido como de la sentencia, siendo esta forma de resolución casacional propia del recurso de casación en el fondo; más no en la forma por cuanto lo que se pretende en esta, es la anulación del Auto de Vista recurrido; empero pese a las deficiencias técnicas del escrito de recurso planteado, se lo resuelve a objeto de dar una respuesta jurídica al recurrente.

El reclamo confuso del recurrente traído en casación se centra:

Interpretación errónea o aplicación indebida de la ley.

Al respecto, en el único aspecto relativo a que el Tribunal Ad quem confirmó la multa interpuesta del 30% conforme la aplicación del DS N° 28699 de 1° de mayo de 2006, sin considerar que dicha norma se aplica una vez que se encuentra ejecutoriada la sentencia, al margen que tanto los padres del fallecido como la demandante alegaban mejor derecho a efectos del cobro de la indemnización por lo que hasta que no se dilucide aquello no se podría pagar a ninguno de ellos, bajo el principio de que el paga mal paga dos veces.

Sobre el particular, el DS N° 28699 de 1° de mayo de 2006 en su art. 9, referido a los despidos señala que en caso de producirse el despido del trabajador el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan; pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda UFVs, desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito. Para el caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor.

De lo señalado anteriormente se evidencia que no es cierto que la aplicación de la multa esté condicionado a la existencia de una sentencia previa y que la misma se encuentre ejecutoriada, ya que la única condición para la operatividad de esta multa es la desvinculación laboral y el pago impostergable del finiquito en un plazo de quince días calendarios a contarse desde el despido intempestivo, para el caso desde el fallecimiento del trabajador, lo cual no ha sido desvirtuado por el demandado. No siendo evidente lo acusado en su recurso.

En lo referente a la alusión de que el demandado esperó hasta que se dilucide a quien se debía indemnizar, tampoco ello enerva el hecho puntual y concreto de que no canceló la indemnización del trabajador fallecido, a más de pagar un adelanto. El recurrente olvida que por un principio de previsión estaba en la obligación de realizar dentro de los quince días permitidos, el empoce o deposito en la cuenta fiscal de fondos en custodia del Ministerio del Trabajo, para que se entregue cuando corresponda a quien tenga derecho de cobrarlos y como no lo hizo se perjudico asimismo operándose en consecuencia la multa del 30%.

En tal sentido no se evidencia nada de lo acusado por el recurrente, al no respaldar fácticamente lo señalado, limitándose a realizar una simple apología de supuestos derechos vulnerados. No se coartó de ninguna manera el derecho a la defensa del demandado, no enervando los beneficios y derechos correspondientes al difunto trabajador y el no pago oportuno del mismo.

Conforme a la naturaleza propia del proceso laboral y su distinción con otras ramas del Derecho, así como su concepción desde la Constitución Política del Estado, debe existir una inexcusable valoración conjunta del elenco probatorio a la que se sujeta el juzgador, la libre valoración de la prueba de acuerdo a los principios que informan la sana crítica, la lógica y la experiencia, sin encontrarse sujeto a su tarifa legal, atendiendo las circunstancias relevantes del proceso y la conducta procesal observada por las partes, conforme a lo prescrito por los arts. 3.j) y 158 del Código Adjetivo Laboral; y por otra parte, debe darse cumplimiento irrestricto de los principios protectivos resguardados constitucionalmente a favor de toda trabajadora o trabajador, conforme lo dispone el art. 48.II de la CPE; elementos que el juzgador debe subsumir en el principio de la verdad material, por el cual debe prevalecer dicha verdad sobre la verdad formal; situación que se acomoda a la realidad del caso.

Por otra parte la apreciación y valoración de la prueba es facultad privativa de los jueces de instancia, e incensurable en casación; y que excepcionalmente podrá producirse una revisión o revaloración de la prueba, en la medida en que en el recurso se acuse y se pruebe la existencia de error de hecho o de derecho, de acuerdo con la regla que establecía el art. 253.3) del Código de Procedimiento Civil, ahora art. 271.I  del Código Procesal Civil que textualmente señala: “…Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta de la autoridad judicial”. Fíjese que la disposición citada expresa que deberán cumplirse dos condiciones; es decir, que deberá demostrarse el error por documentos o actos auténticos, que a su vez demuestren la equivocación manifiesta del juzgador, lo que en el recurso que motiva autos, no sucedió.

Por lo referido, se evidencia que el Auto de Vista se ajusta a derecho, no siendo evidente lo alegado en el Recurso de Casación planteado.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contencioso Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fondo y forma de fs. 148 a 149, interpuesto por Marco Antonio Arambula Peñarrieta,  en consecuencia mantiene firme y subsistente el Auto de Vista Nº 255/2017 de 21 de noviembre, pronunciado por la Sala Primera en Materia de Trabajo y Seguridad Social Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz cursante a fs. 144. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.