TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 123

Sucre, 19 marzo de 2019


Expediente:                   065/2018-C

Proceso:                           Contencioso

Demandante:                   Gobierno Autónomo Municipal de Padcaya.

Demandado:                    Asociación Accidental San Antonio.

Distrito:                           Tarija

Magistrada Relatora:      Dra. María Cristina Díaz Sosa 

VISTOS: El recurso de apelación (casación) de fs. 92 a 93 de obrados, interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Padcaya, representado por su Alcalde Roger Sergio Farfán Quiroga, contra el Auto Definitivo Nº 33/2017 de 20 de septiembre de 2017, cursante a fs. 52, emitida por la Sala Social, SS, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso Contencioso, seguido por la institución recurrente, contra la Asociación Accidental San Antonio, el Auto de 21 de febrero de 2018, por el que se admitió el recurso (fs. 102 y vta.), los antecedentes del proceso y,

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO

Auto definitivo Nº 23/2017.

Que, interpuesto el proceso contencioso, la Sala Social, SS, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, emitió el Auto definitivo N° 23/2017 de 20 de septiembre (fs. 52), rechazando la demanda en aplicación del art. 113.II de la Ley 439 por ser manifiestamente improponible.

II.- RECURSO DE CASACIÓN y ADMISIÓN:

Contra el referido auto definitivo, el Gobierno Autónomo Municipal de Padcaya, interpone recurso de apelación (casación), conforme los fundamentos del escrito de fs. 92 a 93.

Argumentos del recurso de apelación (casación):

El auto definitivo amparó su decisión en el art. 775 del Código de Procedimiento Civil, pero aquello resulta erróneo puesto que para dictar dicho auto, no se tomó en cuenta que la controversia suscitada deviene de los trámite sostenidos entre el Gobierno Municipal de Padcaya con los personeros de la Asociación Accidental encargada de la ejecución de una construcción de una obra civil y que resultaron ser también representantes para la regularización de sus actividades de explotación de áridos y agregados dentro de la jurisdicción del Municipio de Padcaya.

Que, la Asociación Accidental fue objeto de numerosas conminatorias hechas por el Municipio para que obtenga de la entidad, la correspondiente Autorización Anual Municipal para el uso y aprovechamiento de áridos y agregados en su jurisdicción; que la Asociación presentó en dos oportunidades un Plan de Manejo, documento que fue rechazado por no cumplir con los requisitos exigidos y porque no se subsanaron oportunamente las observaciones hechas por la entidad a dicho documento. Producto de ello se le inició un proceso técnico administrativo donde quedaron demostradas las infracciones cometidas, como la extracción de áridos y agregados, alteración de flujos de agua de los lechos del cauce de rio etc.

Por tal razón, finalizada y agotada la vía administrativa iniciada de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley Nº 8/2014 y su reglamento, la entidad recurrió a proceso contencioso ante la autoridad jurisdiccional a efectos de que se declare el incumplimiento por parte del administrado respecto al uso, aprovechamiento y explotación de áridos y agregados sin autorización y en consecuencia, se conmine al pago de lo debido por incumplimiento, considerando que el Estado también puede a través de este proceso buscar la protección de sus intereses y la protección de los bienes públicos que la constitución le impone. Por tanto rechazar la demanda implica negarle el derecho de accionar para dilucidar la controversia que surgió con el particular que explotó y continúa explotando bienes públicos sin estar autorizado.

También el fallo omite considerar la naturaleza de la relación ente la entidad y la parte demandada, que halla su fuente en lo establecido en el art. 302 num. 41 de la CPE, la Ley Nº 3425; el DS Nº 91 en los arts. 3; el apartado primero del art. 22 de la Ley Nº 8/2014 de 3 de junio de 2014 y el art. 3 de su reglamento. El rechazo de la demanda se lo realiza bajo lo establecido en el actual Código Procesal Civil cuando correspondía aplicar lo establecido en el Código de Procedimiento Civil; norma en la cual, no existe el rechazo de la demanda por resultar improponible. Además correspondía al Tribunal, en caso de duda, pedir se aclare la demanda otorgando al accionante el plazo para hacerlo, o en su caso inclusive, pronunciarse sobre su incompetencia y hacerlo de forma sustentada identificando la instancia que el Tribunal considera es competente.

Peticiona finalmente se revoque el auto definitivo apelado y se pronuncie por la admisión de la demanda.

Admisión.

Mediante Auto Interlocutorio Nº 118-C/2017 de 5 de octubre de 2017, se concedió el recurso (fs. 94 y vta.) y mediante Auto de 21 de febrero (fs.102 y vta.), se declaró admisible; por consiguiente, dicho recurso se pasa a considerar y resolver.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, como Ley transitoria, determinó el trámite de los procesos contenciosos y contenciosos administrativos, creando en la estructura del Tribunal Supremo de Justicia y en los Tribunales Departamentales de Justicia, Salas especializadas, en Materia Contenciosa y Contenciosa Administrativa. Así en su art. 2, determinó: “(Sala especializada en materia contenciosa y contenciosa administrativa del Tribunal Supremo de Justicia) Se crea la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, como parte de la estructura del Tribunal Supremo de Justicia, con las siguientes atribuciones:

1. Conocer y resolver las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Gobierno Central, y demás instituciones públicas o privadas que cumplan roles de administración pública a nivel nacional.

2. Conocer y resolver las demandas Contenciosas Administrativas del nivel nacional, que resultaren de la oposición entre el interés público y privado.”

Mientras que en el art. 3, dispuso: “(Sala especializada en materia contenciosa y contenciosa administrativa de los Tribunales Departamentales de Justicia) Se crea la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, como parte de la estructura de los Tribunales Departamentales de Justicia, con las siguientes atribuciones:

1. Conocer y resolver las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones o concesiones de los gobiernos autónomos departamentales, municipales, indígena originario campesinos y regionales; universidades públicas, y demás instituciones públicas o privadas que cumplan roles de administración estatal a nivel departamental.

2. Conocer y resolver las demandas contenciosas administrativas a nivel departamental, que resultaren de la oposición del interés público y privado.

Respecto del procedimiento y los recursos de estos procesos, en sus arts. 4 y 5 determinó: “Art. 4º.- (Procedimiento) Para la tramitación de los procesos contenciosos y contenciosos administrativos, se aplicarán los Artículos 775 al 781 del Código de Procedimiento Civil, hasta que sean regulados por Ley, como jurisdicción especializada, conforme establece la Disposición Final Tercera de la Ley Nº 439 de 19 de noviembre de 2013, "Código Procesal Civil".

Artículo 5°.- (Recurso de casación)

I. Contra la resolución que resuelva el proceso contencioso, procederá el Recurso de Casación, conforme a lo siguiente:

1. En los procesos contenciosos tramitados en las Salas Contenciosas y Contenciosas Administrativas de los Tribunales Departamentales de Justicia, los Recursos de Casación serán resueltos por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

2. En los procesos contenciosos tramitados en la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, los Recursos de Casación serán resueltos por la Sala Plena de ese Tribunal.

II. Contra la resolución que resuelva el proceso contencioso administrativo, no procede recurso ulterior.

Es decir, en los procesos contenciosos, que se encuentran instituidos en los arts. 775 al 777 del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975), se prevé que se tramitarán sujetos a las normas de los procesos ordinarios establecidas en dicho Código, pudiendo ser impugnadas las Sentencias, únicamente mediante el recurso de casación, que deberá ser resueltos por la Sala especializada en materia Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y/o por la Sala Plena del mismo Tribunal, según se emita las Sentencias por las Salas Especializadas en materia Contenciosa y Contenciosa Administrativa de los Tribunales Departamentales o del Tribunal Supremo respectivamente.

Por otra parte, la Ley Nº 719 de 6 de agosto de 2015, modificó la Disposición Transitoria Primera de la Ley N° 439 de 19 de noviembre de 2013, Código Procesal Civil (CPC-2013), con el siguiente texto: “PRIMERA. (VIGENCIA PLENA). El presente Código entrará en vigencia plena el 6 de febrero de 2016, y será aplicable a los procesos presentados a partir de la fecha de referencia, salvo lo previsto en las disposiciones siguientes”; ahora, la Disposición Transitoria Sexta de este cuerpo adjetivo civil, establece: “(PROCESOS EN SEGUNDA INSTANCIA Y CASACIÓN). Al momento de la vigencia plena del Código Procesal Civil, en los procesos en trámite en segunda instancia y casación, se aplicará lo dispuesto en el presente Código”; por consiguiente, a partir del 6 de febrero de 2016, corresponde aplicar en su integridad el CPC-2013 en los proceso en trámite del recurso de casación, incluidos los recursos de casación promovidos dentro de los procesos contenciosos regulados por los arts. 775 al 777 del CPC-2013 y 4º de la Ley Nº 620 citada precedentemente, al ser un medio impugnatoria que no hace a la estructura propia de la tramitación de este tipo de demandas, regulada por el Código de Procedimiento Civil. (1975).

Esta última norma en su art. 277-I (CPC-2013), respecto de los requisitos para la admisibilidad de los recursos de casación, determina: “Recibidos los obrados, el Tribunal Supremo de Justicia, bajo responsabilidad, dentro de un plazo no mayor de diez días, examinará si se cumplieron los requisitos previstos por el Artículo 274 del presente Código, y de no ser así, dictará resolución declarando improcedente el recurso…”; en consecuencia debe examinarse si el recurso de casación interpuesto cumple con los requisitos exigidos por el art. 274 del CPC-2013.

En consecuencia, se concluye que dentro de los procesos contenciosos, no procede el recurso de apelación, sino únicamente el recurso de casación, que se sujeta a las normas del Código Procesal Civil, para su admisión y trámite.

Este procedimiento establecido en las disposiciones desglosadas, en mérito al principio de legalidad, no puede ser modificado; pues éstas, sólo permiten la procedencia del recurso de casación, como un nuevo juicio de puro derecho y no así el recurso de apelación, como un medio de impugnación ordinaria.

El referido art. 777 en previsión jurídica procesal, se lo debe interpretar y por ende aplicar, en coherencia con lo previsto en la Ley 620, de la cual se presume su constitucionalidad, conforme lo previsto en los arts. 4 y 14 de la Ley 254,  consiguientemente, respecto al régimen de impugnación, en los procesos contenciosos, la norma que tiene aplicación preferente, por ser especial, es el art. 5 de la Ley 620, ello implica que únicamente puede impugnarse vía recurso de casación, los Autos Definitivos o la Sentencia que resuelva la pretensión de fondo no teniendo competencia para conocer y resolver dentro un proceso contencioso ningún recurso de apelación.

Bajo este contexto legal, se advierte de los datos del proceso, que una vez notificado el Gobierno Autónomo Municipal de Padcaya, con el Auto Definitivo  Nº 33/2017 de 20 de septiembre de fs. 52, que rechazó la demanda por ser improponible, ésta institución, por escrito de fs. 92 a 93, interpuso recurso de apelación, sustentando su pretensión primero en mérito a lo establecido en el art. 220 del CPC-1975, que regula el plazo para la interposición del recurso, segundo realiza una expresión de agravios conforme al art. 219 del mismo cuerpo legal, para finalmente en su petitorio reiterar el planteamiento de su recurso de apelación pidiendo se revoque el auto definitivo apelado argumentos legales y forma de resolución que resulta inaplicable al caso presente, porque, en aplicación de las previsiones del art. 5 de la Ley Nº 620, ya desglosado líneas arriba, no procede contra el Auto Definitivo que rechaza la demanda,-la cual corta todo procedimiento posterior-, dictada dentro de un proceso contencioso, el recurso de apelación, sino solamente el recurso de casación.

En ese contexto, el Tribunal a quo, por Auto Nº 118-C/17 de 5 de octubre, concedió el indicado recurso, mientras que este Tribunal, sin advertir las indicadas falencias, admitió el  recurso por Auto de 21 febrero de 2018, ordenando, prosiga la causa y en espera de turno para sorteo, pese a que no  tenía competencia para resolver un recurso ordinario de apelación, conforme se ha expresado en la primera parte de los fundamentos jurídicos del presente fallo.

Esta circunstancia atenta contra el debido proceso y la seguridad jurídica, pues se pretendió que este máximo Tribunal resuelva un recurso para el que no se encuentra investido de jurisdicción ni competencia, por lo que al advertirse que existe una nulidad enmarcada en el art. 122 de la CPE, debe ser determinada de oficio, ya que al haberse admitido el recurso de apelación de fs. 92 a 93, mediante Auto de 21 de febrero de 2018, se incurrió en aplicación indebida del  art. 274-I del CPC-2013, disponiendo que se prosiga con la causa en espera de turno para sorteo, sin advertir que se estaba incurriendo en la indicada nulidad absoluta de estos actos procesales, por falta de jurisdicción y competencia que deben ser enmendadas de oficio, conforme permiten los arts. 17-I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y 105-II y 106-I del CPC-2013, aplicables por permisión de la norma remisiva prevista por el art. 4 de la Ley Nº 620 y Disposición Transitoria Sexta del CPC-2013.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE, 17-I, 42-I-1 de la LOJ, 105-II, 106-I del CPC-2013 ANULA obrados hasta fs. 102 de obrados y cumpliendo las previsiones del art. 277-I) del CPC-2013, analizando el recurso remitido ante este Tribunal, declara: IMPROCEDENTE el recurso de “apelación” de fs. 92 a 93, interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Padcaya, representado por su Alcalde Roger Sergio Farfán Quiroga, contra el Auto Definitivo Nº 33/2017 de 20 de septiembre de 2017, cursante a fs. 52, pronunciado por la Sala Social, SS, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, sin costas  en aplicación de los arts. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 y 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.