TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 121

Sucre, 19 de marzo de 2019

DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES

Expediente:                57/2018

Demandante:                Mary Soleto García

Demandado:        Empresa de Serigrafía y Publicidad CARSCREEN (Never Flores Zeballos)

Materia:                        Laboral

Distrito:                        Santa Cruz

Magistrada Relatora:        María Cristina Díaz Sosa

VISTOS

El Recurso de Casación en el fondo y forma de fs. 262 a 265, interpuesto por Never Flores Zeballos, contra el Auto de Vista Nº 56 de 17 de marzo de 2017, cursante a fs. 258, dictado por la Sala Primera Social, Contenciosa Tributaria y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso laboral seguido por Mary Soleto García contra el recurrente, el Auto que concede el recurso de fs. 270, el Auto de admisión de 16 de febrero de 2018, antecedentes del proceso, y,

I. ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia Nº 22 de 6 de mayo de 2013

La demanda laboral de pago de beneficios sociales, incoada por Mary Soleto García contra la empresa de Serigrafía y Publicidad CARSCREEN representada por Never Flores Zeballos, mereció la Sentencia Nº 22 de 6 de mayo de 2013, cursante de fs. 237 a 241 de obrados, dictada por la Juez Segundo de Partido del Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declara probada la demanda; por concepto de desahucio, indemnización, aguinaldo, sueldo, vacaciones y bono de antigüedad; debiendo calcularse en ejecución de sentencia, la actualización del monto en UFV y la multa del 30%.

Auto de Vista Nº 56 de 17 de marzo de 2017

El recurso de apelación interpuesto por el demandado, el 22 de octubre de 2013 (fs. 243 a 2244), fue resuelto por la Sala Primera Contenciosa Tributaria y Contenciosa Administrativa, mediante el Auto de Vista Nº 56 de 17 de marzo de 2017, que confirma la Sentencia recurrida.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

El Auto de Vista, motivó que el demandado formule recurso de casación en el fondo y forma, cursante de fs. 262 a 265 de obrados, expresando lo siguiente:

Casación en la forma

Falta de fundamentación y motivación

Señala que el Auto de Vista es nulo de pleno derecho, conforme lo prescrito en los arts. 105 y 106 del Código Procesal Civil (CPC), por ser obligación del Tribunal de alzada no solo pronunciarse sobre todos los puntos apelados, sino fundamentarlos debidamente, en cumplimiento de lo prescrito en el art. 265.I del CPC.

Sostiene que ésta falta de fundamentación y motivación en la resolución recurrida, violenta su derecho al debido proceso y a la defensa, conforme lo determinó la Sentencia Constitucional (SC) 0392/2017-S2 de 25 de abril, transcribiendo la parte pertinente de dicha Sentencia en el recurso.

Sostiene que la resolución de los tres puntos apelados, fueron realizados sin fundamentación o argumentos legales, emitiendo simples criterios, no señala las pruebas que fundan su resolución ni determina en qué norma lo respalda.

Casación en el fondo

Indebida valoración de la prueba

Sostiene que, al ser la valoración de la prueba una de las etapas más importantes de la secuencia procesal, es deber del Juez determinar con la mayor exactitud posible, qué prueba o pruebas, fueron las idóneas para fundar su convicción de verdad o falsedad sobre lo afirmado por las partes; secuencia que no fue realizada por los juzgadores de instancia.

Refiere que, el art. 158 del CPT excluye al Juez de la tarifa legal de la prueba, pero de ninguna manera lo faculta para fallar arbitrariamente, sin valorar las pruebas y formando certeza sobre los hechos probados. Al respecto, sostiene que esta errónea valoración de la prueba, influyo:

En cuanto al tiempo de servicio

Señala que la prueba de descargo cursante de fs. 27 a 136, 227 y 229 a 230 demuestran que la relación laboral entre Mary Soleto García y la empresa CARSCREEN representada por Never Flores Zeballos fue desde agosto de 2005 hasta el 28 de febrero de 2009, totalizando 3 años, 6 meses y 28 días.

Manifiesta la existencia de error de hecho en la apreciación de la prueba, al determinar, en base a la fotografía de fs. 189 Bis, que la relación laboral fue desde septiembre de 1995 y la sustitución de patrono, sin considerar, toda la prueba cursante en el expediente, que demuestra el ingreso de la demandante en agosto de 2005.

En cuanto al sueldo promedio indemnizable

Señala que las planillas de pago adjuntas al expediente, demuestran sin lugar a dudas que el salario mensual percibido por la demandante era de Bs583.04, monto que deberá ser considerado como promedio salarial indemnizable, para calcular todos los beneficios que correspondan.

Petitorio

En atención a estos argumentos pide, que el Tribunal Supremo de Justicia, case el Auto de Vista impugnado en cuanto fue objeto materia del recurso; en consecuencia, declare improbada la demanda. En su caso, luego de una revisión in extenso del expediente, anule obrados hasta el vicio más antiguo. Debiendo condenar al pago de costas.

III. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL PERTINENTE

En el Estado Constitucional de Derecho vigente en nuestro país desde el 7 de febrero de 2009, el análisis del recurso de casación planteado, debe ser realizado desde y conforme la Constitución, el Bloque de Constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso; en ese contexto caben las siguientes consideraciones de orden legal:

La vinculación del Derecho procesal Laboral a los principios del Derecho Laboral sustantivo

La estructura y diseño normativo dispuesto por la Constitución Política del Estado (CPE), brinda especial y trascendental protección a los trabajadores, considerados la principal fuerza productiva de la sociedad; tanto es así que, principios procesales inherentes al Derecho Laboral han sido elevados a rango constitucional, así el art. 48.II de la Norma Suprema, señala que: “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”.

Por otra parte, el art. 3 del Código Procesal del Trabajo (CPT), detalla los principios del proceso del derecho procesal laboral en: gratuidad, inmediación, publicidad, impulso de oficio, preclusión, lealtad procesal, proteccionismo, inversión de la prueba, concentración y libre apreciación de la prueba.

Siendo uno de los pilares que compone el núcleo del Derecho Laboral sustantivo, el principio protector, cuyo carácter general es la aplicación de la norma y/o situación más beneficiosa al trabajador. Bajo esa premisa, la conclusión lógica arriba al hecho de que el principio protector inherente al Derecho Sustantivo Laboral, comprende de modo cierto e inevitable al Derecho Adjetivo Laboral; no pudiendo entenderse una práctica procesal laboral, sino, desde una perspectiva tuitiva, pues un sentido contrario diluiría no solo los principios generales de la materia, sino, conformaría cauces contrarios a los fines que la propia Constitución señala y persigue.

Esta afirmación se encuentra apoyada en la desigualdad originaria entre los trabajadores para con el empleador, basada no simplemente en una distinta condición económica o distinta condición de recursos existente entre ambos, sino en la posición y rol que los primeros ocupan dentro del trato jurídico que los enlaza, a saber, la relación de subordinación y dependencia. Respaldando esta aseveración, el Tribunal Constitucional de España, mediante la Sentencia 3/1983 de 25 de enero, señala: “La indicada desigualdad del trabajador se corrige, por tanto, también mediante normas procesales, cuyo contenido expresa diferencias jurídicas que impiden o reducen la desigualdad material y que no pueden recibir una valoración negativa, en la medida en que la desigualdad procesal establecida aparezca razonablemente ligada a tal finalidad y sea proporcionada a la desigualdad material existente”.

Derecho a la estabilidad laboral, Desvinculación laboral y prohibición de despido injustificado

Concordante con el art. 48.II de la CPE, el DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, en su art. 4 ratifica la vigencia plena en las relaciones laborales, del principio protector, con sus reglas del in dubio pro operario, de la norma más favorable y de la condición más beneficiosa, así como los principios de continuidad o estabilidad de la relación laboral, de primacía de la realidad y de no discriminación. Por su parte, el art. 11.I del citado precepto establece: "Se reconoce la estabilidad laboral a favor de todos los trabajadores asalariados de acuerdo a la naturaleza de la relación laboral, en los marcos señalados por la Ley General del Trabajo y sus disposiciones reglamentarias".

Los criterios en torno al derecho al trabajo y la estabilidad laboral se encuentran previstos también por normas internacionales, así el art. 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señala que: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo que le asegure a ella como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana”.

El parágrafo III del art. 49 de la CPE, prescribe que: “El Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. La ley determinará las sanciones correspondientes”; en coherencia con ello, el DS 28699, sobre los contratos laborales, en el párrafo onceavo de su parte considerativa ilustra que: “la regla son los contratos laborales indefinidos; ya que la causa de despido debe estar debidamente justificada, fundamentada y comprobada en el marco del respeto a los derechos laborales vigentes en nuestro país”.

A ese efecto, el Convenio C-158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “Sobre la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador”, en su art. 4, establece que: “No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio” (el resaltado es añadido). Este Convenio en su art. 8, establece el derecho del trabajador a recurrir ante la autoridad competente cuando considere que la terminación de su relación de trabajo es injustificada.

Tal como se dijo hasta aquí, el trabajador tiene el derecho de conservar su empleo durante su vida laboral, esta protección encuentra su fundamento en que la estabilidad de la relación laboral da seguridad y confianza al trabajador al permitirle continuar con su trabajo que le genera un salario para la satisfacción de sus necesidades propias y familiares; al mismo tiempo, beneficia a la parte empleadora porque contribuye al mayor rendimiento del trabajador como resultado de su experiencia laboral; finalmente beneficia a la sociedad mejorando el bienestar social, ya que la inestabilidad en el trabajo crea problemas sociales colaterales como la desocupación, pobreza, delincuencia y otros. Este principio expresa la necesidad social de atribuirle una larga duración a las relaciones de trabajo y de proteger al trabajador contra el despido arbitrario e injustificado por parte del empleador, protege uno de los derechos fundamentales como es el derecho al trabajo. Sin embargo, existen causas legales que justifican el despido, incluso, sin derecho a desahucio o indemnización como las establecidas en los arts. 16 de la LGT y 9 de su Decreto Reglamentario (DR).

Para que un despido pueda ser calificado como justificado dentro del espectro que la legislación laboral dispone, éste debe producirse por causas que dentro de un margen de razonabilidad objetiva y previa probanza, estén relacionadas a la conducta del trabajador, y que -entre otros aspectos- eventualmente conlleven la afectación grave de los medios de producción o la estructura organizativa del empleador; entonces, existe un límite claro en lo que a desvinculación laboral atribuible al empleador concierne; límite cuyo principal elemento estriba precisamente en el establecimiento veraz y objetivo de la justa causa del despido, siendo ésta la barrera que impide un accionar discrecional de parte del empleador y es equivalente a los principios protectores establecidos en la legislación constitucional y ordinaria en el Estado.

Con lo expuesto, se debe admitir que un despido justificado, no necesariamente consulta con el art. 16 de la LGT, 9 de su DR y por vulneración al Reglamento Interno de la institución, por cuanto el despido puede originarse en una necesidad empresarial con la finalidad de prevenir una afectación de la entidad tal, que ponga en riesgo el funcionamiento de la empresa y sus consecuencias inmediatas respecto a todos los dependientes.

IV. ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO

Del examen del recurso de casación, el Auto de Vista recurrido y de los antecedentes del proceso, se establece lo siguiente:

Con referencia al recurso en la forma

El recurrente manifiesta como argumento de nulidad, la falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista, al respecto, se observa que la resolución no es ampulosa, lo que no quiere decir que sea falto de fundamentación y motivación; ya que, de su revisión se puede advertir que la misma se encuentra debidamente fundamentada y motivada; existiendo la exposición resumida de los hechos, la fundamentación legal y la cita de normas que resuelven la parte dispositiva; no siendo evidente que la decisión haya sido tomada de hecho y no de derecho, que permite a las partes conocer las razones de la decisión tomada; por lo que no es evidente la vulneración del debido proceso, sostenido por el recurrente, más considerando que la materia laboral, tiene como principal característica, la protección del trabajador frente al empleador, por la diferencia palpable que existe entre ambos, dentro de la relación laboral.

Con referencia al recurso en el fondo

La controversia en el presente recurso de casación en el fondo, radica en determinar si el Tribunal ad quem, realizó una indebida valoración de la prueba, que ocasionó error en cuanto al tiempo de servicios y el promedio salarial indemnizable.

Sobre la apreciación de la prueba, los arts. 3.j) y 158 del CPT, disponen que el Juez laboral, no está sujeto a tarifa legal de pruebas, debiendo formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes; hechos y circunstancias, encontradas en la parte motivada de la sentencia, que formaron el convencimiento de la Juez y fueron ratificados por el Auto de Vista, al momento de confirmar la sentencia.

El recurrente refiere que no se valoró la prueba de fs. 27 a 136, 227 y 229 a 230, documental que acredita sin lugar a dudas que la relación laboral entre la demandante y el demandado fue a partir de agosto/2005 hasta el 28 de marzo de 2009; al respecto, conforme lo expuesto por los juzgadores de instancia, estos documentos solo demuestran el registro de la dependiente de la empresa CARSCREEN a la seguridad social a corto y largo plazo; es decir, a la Caja Nacional de Salud (CNS) y Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) Futuro de Bolivia, sin que estos acrediten fehacientemente la relación laboral existente entre las partes en el proceso; al respecto, se debe dejar establecido, previa revisión de las planillas de la CNS y la certificación de la AFP, que los aportes no son mensuales ni coincidentes; es decir, los periodos aportados no son los mismos y no existe continuidad en los meses aportados, extremo que extraña, por cuanto los aportes a la seguridad social (salud y jubilación) deben ser realizados de acuerdo a la única planilla de pago elaborada mensualmente por el empleador; diferencia que provoca duda, debiendo en consecuencia fallar a favor del trabajador, en estricta aplicación del principio de protección, concretamente del indubio pro operario, constitucionalmente reconocido en el art. 48.II, conforme el razonamiento aplicado y debidamente fundamentado por la Juez y ratificado por el Tribunal de apelación. Al margen de lo señalado, debemos considerar el documento de fs. 151, expedido por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, consistente en la Licencia de Funcionamiento de la Actividad Económica CARSCREEN desde el 18 de mayo de 1986; el documento expedido por la CNS de fs. 136 que certifica que la empresa CARSCREEN con Número Patronal 03-280-0014 aporto para sus dependientes desde la gestión 1997 hasta 2009. Por lo anteriormente referido, el inicio de la relación laboral es desde el 5 de febrero de 1995 hasta el 28 de marzo de 2009, totalizando 14 años, 1 mes y 23 días.

Respecto al promedio salarial cotizable, en atención a lo afirmado y reconocido por el demandado en su memorial de contestación de fs. 156, que la demandada percibía un sueldo mensual de Bs800, monto que difiere con el consignado en las planillas remitidas por la CNS, donde figura una remuneración de Bs656.25, salario que durante las gestiones 2007, 2008 y 2009 no sufrió incrementos, se demuestra que pese al tiempo de duración de la relación laboral, el sueldo de la dependiente no sufrió incrementos anuales, correspondiendo en consecuencia, aplicando el principio protector, reconocer a la ex trabajadora un sueldo mensual de Bs1.000, monto que no pudo ser desvirtuado por el demandado, incurriendo en contradicciones en cuanto al monto cancelado como salario y el que figura en sus planillas de pago. Lo desarrollado líneas arriba, es coincidente con el razonamiento expresado en primera y segunda instancia, por lo que, la indebida valoración de la prueba argumentada por el recurrente no resulta evidente, debiendo este Tribunal Supremo, confirmar el sueldo indemnizable de Bs1.000, monto sobre el que se calcula todos los beneficios sociales.

Lo razonado líneas arriba, demuestra que no es evidente la falta de fundamentación y motivación; menos la existencia de una indebida valoración de la prueba que determinó el tiempo de servicio y el salario indemnizable, alegados por el recurrente; correspondiendo a este Tribunal aplicar la disposición comprendida en el art. 220.II del Código Procesal Civil (CPC), aplicable al caso de autos por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

POR TANTO

La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 262 a 265, interpuesto por el demandado Never Flores Zeballos propietario de la Empresa de Serigrafía y Publicidad CARSCREEN.

Con Costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs1000 (Mil 00/100 Bolivianos).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.