TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 120

Sucre, 19 de marzo de 2019


Expediente                        : 44/2018

Demandante        : Paola Brigeth Garzón Ruiz.

Demandado        : Instituto de Prótesis Dental Andrés de Santa Cruz.

Materia        : Social (Beneficios Sociales).

Distrito                        : Chuquisaca.

Magistrada Relatora        : Dra. María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por Booz Adonai Condori Esteban en representación legal del Instituto Técnico  de Prótesis Dental “Andrés de Santa Cruz”, cursante a fs. 217 a 228 vta. de obrados, en contra del Auto de Vista Nº 661/2017 de 15 de noviembre, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Única del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; el Auto Supremo N° 58-A de 6 de febrero de 2018 cursante a fs. 238 a 238 vta., que admitió el recurso; lo obrado en el proceso; y:

I: ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia.-

Tramitado el proceso laboral por el pago de salario devengado, beneficios sociales y derechos laborales seguido por Paola Brigeth Garzón Ruiz en contra del Instituto Técnico de Prótesis Dental “Andrés de Santa Cruz”; la Juez de Partido Tercero de Trabajo y Seguridad, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de Chuquisaca, emitió la Sentencia Nº 16/2017 de 3 de abril, cursante de fs. 182 a 186, declarando probada la demanda, determinando que la entidad demandada, cancele a favor de la actora conforme al siguiente detalle: Desahucio, indemnización, duodécimas de aguinaldo, nivelación al salario mínimo nacional gestión 2014, sueldo devengado de 1 mes y 12 días, la suma total de Bs21.094,48 (Veintiún mil noventa y cuatro 48/100 Bolivianos), más lo que corresponde de actualización señalada en el art. 9 del D.S. N° 28699 de 1º mayo de 2006, que se calificara en ejecución de sentencia.

Auto de Vista.-

Interpuesto el recurso de apelación cursante a fs. 190 a 197, por Booz Adonai Condori Esteban en representación legal del Instituto Técnico de Prótesis Dental “Andrés de Santa Cruz”, la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Única del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; resuelve el mismo mediante Auto de Vista Nº 661/2017 de 15 de noviembre, cursante a fs. 208 a 209 vta., que confirma la sentencia apelada Nº 16/2017 de 3 de abril.

Ante la determinación del Auto de Vista, Booz Adonai Condori Esteban en representación legal del Instituto Técnico de Prótesis Dental “Andrés de Santa Cruz”, interpone recurso de casación en la forma y en el fondo, con la contestación de la parte contraria, el Tribunal de alzada emite el Auto Nº 059/2018 de 29 de enero de 2018, concediendo el recurso interpuesto.

II: ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN.

Interpuesto el recurso de casación en la forma y en el fondo, se tienen los siguientes argumentos:

En la forma:

1.- El recurrente alega que tanto la Sentencia como el Auto de Vista, carecen de fundamentación y motivación, por cuanto los vocales no hacen un análisis del recurso planteado y menos revisan exhaustivamente los antecedentes y los fundamentos de hecho y derecho expuestos en el recurso de apelación; lo mismo sucede en el sentencia que no contiene valoración de las pruebas de cargo y descargo de las partes, tan solo se hace una transcripción mecánica y memorista, sin otorgarle un valor probatorio a las mismas, tan solo se limitan a señalar la previsiones de los arts. 66 y 150 del CPT, relativo a la normativa de la carga de la prueba correspondiente al empleador.

2.- Por otro lado, precisa que el Auto de Vista no se pronuncia en relación al agravio denunciado sobre la errónea y defectuosa valoración de la prueba, pues en sentencia no se pronunciaron sobre las literales consistentes en el certificado y actas de egreso de la demandante, que de manera directa tienen pertinencia con lo requerido en el auto de relación procesal, aspecto que demostraría que durante el tiempo en que la actora trabajo, la misma estudiaba dentro el mismo instituto, habiendo egresado el 15/06/2015, por lo cual era incompatible que la demandante pueda trabajar y al mismo tiempo estudiar, porque la misma cumplía las funciones de secretaria, por tal motivo no podía abandonar su fuente laboral, para ingresar a clases, en consecuencia considera que la actora no trabajo en esas fechas, aspecto que está ratificado en las pruebas de descargo y en la misma confesión provocada de la actora. Agrega que tres de las declaraciones de descargo cumplieron con el voto del art. 169 del CPT, al ser coincidentes en el tiempo que empezó a trabajar la actora, precisando que la misma ingreso a trabajar entre el mes de junio y julio del 2016, ratificando nuevamente que es imposible que la actora hubiera trabajado al mismo tiempo que estudiaba, ya que los horarios son únicos de 09:00 a 12:00 y de 19:00 a 21:00.

3.- Indica por otra parte, que el Tribunal de alzada, no se hubiera pronunciado en relación a la confesión provocada de la demandante, quien reconoce que hasta el mes de junio ha venido realizando el proyecto de investigación de su monografía, mismo que defendió recién en el mes de mayo de 2016, incluso afirma que fueron sus propios testigos de cargo y los testigos de descargo, entre ellos Anacleto Bolívar, quienes establecen que en un inicio de la relación laboral existían dos secretarias, una que atendía en el turno de la tarde y otra en el turno de la mañana, en esa situación aplicando el principio in dubio pro operario a favor de la demandante, la Jueza debió aplicar el principio supremo de verdad material y computar el inicio de la relación laboral desde el mes de junio de 2016 y solo por tres horas en la mañana, hasta julio de la misma gestión, donde la actora empezó a trabajar en los dos turnos; en ese contexto la parte recurrente nuevamente procede a denunciar la errónea valoración de la prueba referida a la acta de defensa de monografía del mes de mayo de 2016 y el certificado de egreso del mismo año.

4.- Asimismo en relación al agravio referente a la falta de fundamentación y motivación al principio de verdad material, el Auto de Vista y la resolución de complementación, no fundamenta ni menciona sobre la determinación del principio in dubio pro operario en relación al principio de verdad material, por el contrario guardan silencio refiriendo nuevamente que se encuentra plenamente descrito, considerando que el mismo contiene una apreciación subjetiva resultado de una transcripción mecánica y memorística que realizan los vocales, vulnerando el debido proceso.

5.- Por ultimo en relación a la forma, el recurrente acusa la falta de pronunciamiento, fundamentación y motivación en relación a fecha de la conclusión de la relación laboral y por falta de fundamentación e incongruencia entre la parte resolutiva y la parte considerativa, provocando inseguridad jurídica en el fallo y la planilla de liquidación, por cuanto los vocales reconocen que evidentemente existe confusión en la conclusión de la fecha de la relación laboral, precisando que la misma concluyo en fecha 4 de noviembre de 2016, aclarando el tiempo de trabajo de 8 meses y 12 días, pero no se pronuncian en relación al error en el computo en la planilla de liquidación cursante en la parte resolutiva de la sentencia, sumando dos meses más de lo que señala la parte considerativa y resolutiva, dado que la Juez de instancia en los hecho probados sostiene que la actora trabajo desde el 22/02/2016 hasta el 04/09/2016, lo que deriva en un error en el cálculo de la planilla de liquidación.

En el fondo:

1.- En relación al recurso de casación en el fondo, nuevamente el recurrente y con los mismos fundamentos expuestos en el recurso de casación en la forma, denuncia la errónea y defectuosa valoración de la prueba, consistente en el certificado y actas de egreso de la demandante, por tal motivo corresponde estar a los fundamentos ya expuestos.

Sin embargo, agrega a sus fundamentos, que existirá error de hecho y derecho en la valoración de la prueba, al considerar la juez de instancia que no existió uniformidad en las declaraciones testificales, dado que el testigo Anacleto Bolívar Ventura, refirió que la actora empezó a trabajar en marzo, cuando en realidad el testigo no recuerda la fecha en la que la demandante empezó trabajar; sin considerar la uniformidad de las otras pruebas testificales de los testigos de descargo que han señalado el mes de julio como fecha de iniciación de la relación laboral, en tal sentido cuatro testigos de descargo son coincidentes, mientras que ninguno de los testigos de cargo coincidieron respecto al inicio de la relación laboral de la demandante entre ellos, Juan Carlos Quiroga y Clementina Molina.

2.- Por segunda vez el recurrente en el recurso de casación en el fondo, vuelve a denunciar la errónea y defectuosa valoración de la prueba relativa a la confesión provocada de la demandante, con los mismos argumentos expuestos en el recurso de casación en la forma, por lo que una vez más corresponde estar a los fundamentos ya anotados, al ser reiterativos.

3.- En este punto el recurrente acusa, la inobservancia a la regla de la experiencia e imparcialidad en la valoración de la prueba, por cuanto toda persona que ha cursado la universidad sabe y conocer que el egreso delimita el momento de conclusión de estudios, en donde la juez confunde el ingreso con la titulación, actos completamente diferentes, dado que la titulación es la certificación que hablita a un profesional para ejercer la profesión; siendo el egreso, la comprobación únicamente de conclusión del plan de estudios de una carrera que otorga la institución académica, esta presunción errada incidido para determinar la relación laboral de manera incorrecta y computar un tiempo que la actora jamás trabajo.

4.-  En relación a la errónea y defectuosa valoración de la prueba en relación a la falta de presentación de las planillas de pago, el recurrente acusa errada presunción subjetiva y personal sin ninguno asidero legal, desechando de esa manera todas las declaraciones testificales que coincidentemente  hubieran referido que no existen planillas de pago, sin considerar que fue la propia actora la que confeso que era ella la que cancelaba los sueldos al personal docente y era ella la que de debitaba su sueldo de la caja que era manejada por ella.

5.- Nuevamente el recurrente acusa la defectuosa valoración de la prueba sobre la fecha de la conclusión de la relación laboral y la falta de fundamentación e incongruencia entre la parte resolutiva y la parte considerativa, provocando inseguridad jurídica en el fallo, situación que ya fue denunciada en el recurso de casación en la forma, por lo cual corresponde estar a los fundamentos ya anotados en la presente resolución.

6.- En relación a la errónea y defectuosa valoración de prueba, inobservancia al principio de verdad material  e inobservancia a los arts. 12, 16 inc. a), 17 y 19 de la Ley General del Trabajo y art. 9 del Decreto Reglamentario Nº 224 y D.S Nº 06813 de 06 de junio de 1964, precisa que se debe considerar que la nota de aviso de fecha 3 de noviembre de 2016, por la cual se solicita y comunica a la actora el requerimiento de documentos institucionales de secretaria y el aviso de retiro temporal, del contenido de la nota de referencia, no existe una sola línea que refiera que la trabajadora deba cesar en sus funciones de manera inmediata, más al contrario solo la misma hace un aviso sobre el futuro retiro de la demandante previo informe, incluso en la misma se le hace conocer que la misma debía cumplir con una acción propia de sus funciones y deberes hasta el 7 de noviembre de 2016, pues la misma debía elevar un informe a detalle sobre el inventario de los bienes materiales, documentos y archivos que estaban a su cargo, labor que debía cumplirse dentro su función laboral, por lo cual la nota de referencia lo que hace es ratificar a la trabajadora en sus funciones, reconduciendo su relación laboral en forma indefinida.

Por otra parte considera que la nota enviada a la actora, debía ser valorada como un pre aviso, conforme a las disposiciones laborales vigentes en ese momento, porque la misma expone el deseo de extinguir la relación laboral por los problemas que ocurrieron anteriormente dentro de la institución, por lo cual una vez notificada con la nota aludida, la ley la ampara para seguir asistiendo el plazo de 90 días de manera normal, debiendo considerar que el pre aviso incluso puede ser de manera verbal, sin embargo en el caso de la actora, se le paso una nota, aspectos ratificados en las declaraciones testificales.

Por otro lado el demandado, considera que la actora de manera deliberada no asistió a su fuente laboral en fecha 07/11/2016 y los días siguientes, sin motivo alguno, y sin bien la actora refiere que al día siguiente la despidieron, no especifica quien, cuando y donde, siendo contradictorio pues ella misma refiere que fue en las oficinas donde cumplía funciones como secretaria el siguiente lunes para la entrega del inventario; es más, afirma el recurrente que nunca se le pidió la llave de la caja, ni del instituto, lo que demuestra que nunca existieron actos que denoten un despido intempestivo; no obstante de ello, solicita que considere que existían muchas causales como para establecer que el despido era justificado, conforme señala el art. 16 de la LGT y art. 9 del DRLGT, pues hubiera existió un perjuicio material causado con intensión en los instrumentos de trabajo, y si bien el proceso penal iniciado no ha concluido, el perjuicio material existen en relación a los objetos que se encontraban bajo custodia de la actora.

7.- En relación al salario promedio indemnizable, el desahucio, la indemnización y la nivelación salarial, acusa nuevamente defectuosa valoración de la prueba e inobservancia a las normas laborales, por cuanto no se consideró que el trabajo que realizaba era 08:00 a 12:00 y 18:00 a 21:30 y se le cancelaba la suma mensual de Bs700.-, lo cual deviene en una falsedad grave, dado que en primera instancia se comprobó por las testificales de cargo y descargo, que para el mes de junio, la demandante trabajo solo en la mañana, es decir por tres horas, vale decir de 09:00 a 12: 00, es decir jamás ingresó a las 08:00 am, como refiere la actora, por lo cual en relación a este mes solo le correspondía tres horas diarias del salario mínimo nacional, siendo la hora remunerada conforme al D.S. Nº 2748, en el monto de Bs7.52.-, la hora, lo que significa que al día percibía el monto de Bs22.56.-, y al mes Bs676.875.-; en relación a este aspecto el recurrente sostiene que no existe uniformidad en las declaraciones de los testigos de cargo, para establecer cuanto era el salario percibido por la actora; sin embargo, los testigos de descargo Christian Arancibia, Paola Espinoza Paniagua y Noemí Mariela Condori Esteban han referido cuanto percibía la demandante, en ese sentido hay inobservancia al art. 169 del CPT, porque existe coincidencia en cuanto a hechos de más de dos testigos, pues los testigos de cargo solo refirieron que conocían que ganaba Bs700.-, por comentarios de la demandante, existiendo una inobservancia a la aplicación de la lógica en el entendido de que la testigo Clementina Molina, quien refirió que la demandante le pagaba Bs200.-, por el cuidado de su hija, lo que resulta increíble, ya que no es posible que la demandante pueda vivir y mantener a una hija con Bs500.-, por lo cual no le corresponde el pago de desahucio, indemnización y nivelación del sueldo, porque en relación a este último punto, se pretende que se cancele de manera doble, por el mismo beneficio, ya que se ordena la nivelación salarial por 8 meses y 12 días, sin embargo también se asevera que se adeuda de un mes y 12 días, por concepto de sueldo devengado, correspondiente el pago de Bs2607.-, sumatorio que ya contempló en la nivelación salarial por 8 meses y 12 días, por lo tal solo se debió ordenar la nivelación salarial del 7 meses.

En este punto el recurrente, realizar unos cálculos para determinar el monto que se debería pagar.

8.- Por ultimo señala la vulneración del principio de verdad material reconocido en el art. 180 de la CPE, al no aplicarlo de manera objetiva respecto a las pruebas testificales no son idóneas para sustentar, olvidando que los actos procesales de testificales y confesiones permite el acercamiento a las partes, testigos, peritos con el fin de verificar los hechos a efectos de esclarecimiento de la verdad con el objetivo de fundar una determinación justa.

III: FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y JURISPRUDENCIALES DEL FALLO.

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

El principio de inmediación vinculado a la libre apreciación y valoración de la prueba en el proceso laboral en primera instancia, en segunda instancia y en recurso de casación:

Uno de los principios que orienta el desarrollo del proceso laboral, es el principio de inmediación que se encuentra recogido en el art. 3 inc. b) del Código Procesal Laboral; por el cual es obligatoria la presencia del juzgador en la celebración de las audiencias, la práctica de las pruebas y otros trámites.

Como consecuencia de ello, en materia de valoración probatoria se debe observar lo que establece el art. 3 Inc. j) desarrollado de manera más amplia en el art. 158 del Código Procesal de Trabajo, que consagra el principio de libre apreciación de la prueba; por el cual se asigna esta tarea jurisdiccional al juez de instancia, quien bajo un principio de inmediatez ha recibido y conocido la prueba. 

En segunda instancia, de igual manera, se observa el principio de inmediación en la producción y valoración probatoria cuando el art. 261.III del Código Procesal Civil, aplicable al caso por expresa remisión del art. 208 del Código Procesal de Trabajo; que  establece, que cualquiera de las partes podrá solicitar el diligenciamiento de prueba en segunda instancia, tanto en el escrito de interposición del recurso como en el de contestación, y el Tribunal superior accederá a la solicitud en los siguientes casos: 1. Cuando las partes lo pidieren de común acuerdo. 2. Cuando, decretadas las pruebas en primera instancia, no hubieren sido diligenciadas por causas no imputables a las partes que las ofrecieron. 3. Cuando versare sobre hechos ocurridos después de la sentencia. 4. Cuando se tratare de desvirtuar documento que no se pudo presentar en primera instancia, por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. En estos casos, se solicitará el diligenciamiento de la prueba correspondiente, conforme a lo prescrito para presentar prueba con la demanda.

Con base a lo anotado, podemos establecer que la actividad probatoria y su valoración, es una atribución privativa de los jueces de instancia, por cuanto son ellos, los que de manera directa reciben la prueba, la viven, la aprecian y como consecuencia de ello, es su obligación asignarle un valor probatorio negativo o positivo.

Mientras que en el recurso de casación, no se observa el principio de inmediación en la práctica de la prueba, porque al ser un recurso extraordinario, asimilado a una demanda nueva de puro derecho, tratándose de la valoración y compulsa de la prueba, ésta se encuentra inicialmente vedada, por cuanto no existe producción o diligenciamiento de prueba en esta instancia final, al ser atribución privativa de los jueces de instancia conforme al principio de inmediación y censurable en casación; a menos que se demuestre fehacientemente la existencia de error de hecho o de derecho, siendo imprescindible que dicho error se encuentre evidenciado por documento o acto auténtico, señalando a tal propósito la prueba que demostrare aquel error, conforme lo establece el art. 271.I del Código Procesal Civil.

Error de hecho y derecho en la valoración de la prueba.

El autor Pastor Ortiz Mattos, en su obra, “El Recurso de Casación en Bolivia”, define: "...El error de hecho se da cuando la apreciación falsa recae sobre un hecho material; tal error, en el que incurre el juez de fondo en el fallo recurrido, cuando considera que no hay prueba eficiente de un hecho determinado siendo así que ella existe y que la equivocación está probada con un documento auténtico", y "El error de derecho recae sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica. En el caso que nos interesa cuando el juez o tribunal de fondo, ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba, le asigna un valor distinto."

Si se acusa error de derecho y de hecho, al no tratarse de un mismo y único concepto, conforme señala la doctrina y la jurisprudencia, estos deben desarrollarse de manera separada, objetiva y concreta, ya que en el primer caso, la especificación debe recaer en los medios de prueba aportados al proceso y a los que el juzgador de instancia no le atribuyó el valor que la ley le asigna; y en el segundo caso, el error debe quedar objetivamente demostrado y ser manifiesto como dispone la norma, por lo que debe ser contrastado dicho error con un documento auténtico que lo demuestre, a efectos que de manera excepcional se proceda a una revaloración de esa prueba.

En cuanto al error de hecho en la apreciación de las pruebas, cuando la resolución materia del recurso de casación se apoya en un conjunto de medios de prueba que concurrieron todos a formar la convicción del tribunal, no basta para objetarla que se ataquen algunos de tales medios, suponiendo eficaz el ataque, si los que restan son suficientes para apoyar la solución a la que llegó aquel, ni tampoco que se haya dejado de considerar algunas pruebas si la sentencia se funda en otras que no han sido atacadas.

En este supuesto, cuando se acusa la falta de apreciación de las pruebas, no basta con relacionarlas sino es necesario explicar, de manera precisa, frente a cada una de ellas, qué es lo que en verdad acreditan, de qué manera incidió su falta de valoración en la decisión, lo que permite a la Sala establecer la magnitud de la omisión, que debe ser ostensible y trascendente, so pena de no lograr el objetivo de destruir la presunción de acierto y legalidad que ampara a la resolución que es objeto del recurso de casación.

Ese error de hecho por lo tanto requiere, ser ostensible y manifiesto lo que en palabras del autor Rene Parra significa “sea evidente, patente, claro, sin que para apreciarlo se puedan efectuar elucubraciones o raciocinios complejos”.

IV: ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO.

En atención al recurso de casación, y con carácter previo a ingresar a deliberar sobre la forma y el fondo del mismo, corresponde a este Tribunal proceder a la revisión de las actuaciones procesales, por cuanto a través de este trabajo, transversalmente se atenderá los argumentos expuestos por el recurrente en el recurso interpuesto, y en ese afán tenemos, lo siguiente:

En primer término, es necesario resaltar que la jurisprudencia sentada por este Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido que el Recurso de Casación constituye una demanda nueva de puro derecho utilizada para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por Ley, ello en razón a que no constituye una controversia entre las partes, sino una "cuestión de responsabilidad entre la Ley y sus infractores", pudiendo presentarse como Recurso de Casación en el fondo, Recurso de Casación en la forma o en ambos efectos de acuerdo a lo estatuido por el art. 274.3 del Código Procesal Civil (CPC), en tanto se cumplan los requisitos establecidos, lo que implica citar en términos claros, concretos y precisos las leyes infringidas, violadas o aplicadas indebidamente o erróneamente interpretadas, especificando en que consiste la infracción, la violación, falsedad o error y proponiendo la solución jurídica pertinente, esto porque el Recurso de Casación es un acto procesal complejo, puesto que entre los elementos de forma esenciales a contener, no es solo expresar la voluntad de impugnar, sino principalmente fundamentar esa impugnación conforme al modo de la estructura del acto impugnado contenido en el citado art. 274 del CPC.

Por otra parte, a efectos didácticos de la resolución, es importante puntualizar que el Recurso de "Casación en el fondo" y "Casación en la forma", si bien aparecen hermanados, son dos realidades procesales de diferente naturaleza jurídica. El primero se relaciona con el error "in judicando" que no afecta a los medios de hacer el proceso, sino a su contenido, o sea, a sus fundamentos sustanciales. El segundo, con el error "in procedendo" que es atinente a la procedencia del Recurso de Nulidad en la forma, es decir, cuando la resolución recurrida haya sido dictada violando formas esenciales del proceso, o lo que es lo mismo, errores de procedimiento y vicios deslizados que sean motivo de nulidad por haberse afectado el orden público. En ambos recursos el CPC, señala taxativamente los casos en que proceden. Consiguientemente, bajo estos parámetros la forma de resolución también adopta una forma específica y diferenciada, así, cuando se plantea en el fondo, lo que se pretende es que el Auto de Vista se case, conforme establece el art. 220.IV del CPC, y cuando se plantea en la forma, la intención es la nulidad de obrados, con o sin reposición, como dispone el art. 274.III del mismo cuerpo legal, siendo comunes en ambos recursos las formas de resolución por improcedente o infundado.

En el caso presente, se advierte que el Recurso de Casación cursante a fs. 217 a 228 vta., interpuesto por Booz Adonai Condori Esteban en representación legal del Instituto Técnico  de Prótesis Dental “Andrés de Santa Cruz”, refiere que fue interpuesto tanto en el forma como en la fondo, fundamentando en ambos recursos la errónea valoración de la prueba por parte de los jueces de instancia; en tal sentido observándose la falta de la técnica recursiva del recurrente al mezclar aspectos de forma cuando merecen ser dilucidados en el fondo, por lo que por cuestión pedagógica y para hacer de la presente resolución más didáctica, este Tribunal se ve en la necesidad de ordenar la forma de analizar el recurso, sin que ello signifique se esté alterando los fundamentos del recurso o vulnerando el principio de congruencia, al contrastar que tanto los argumentos expuestos en el recurso de casación en la forma y en el fondo, están referidos a la errónea valoración de la prueba por parte de los jueces de instancia, reclamos que deben ser dilucidados en el fondo.

Con esta aclaración corresponde ingresar a considerar el recurso de casación interpuesto: 

En la forma:

En este punto el Tribunal, solo procederá a considerar los reclamos establecidos en los numerales 1.1 y 1.5 del recurso de casación en la forma, por cuanto los otros 3 reclamos consignados en la forma, hacen a la errónea valoración de la prueba, por lo cual conforme se tiene fundamentó líneas arriba, dichos argumentos serán considerados en el fondo de la resolución, si corresponde.

En ese sentido el recurrente alega que tanto la Sentencia como el Auto de Vista, carecen de la debida fundamentación y motivación, al no tener conforme señala de manera textual el recurrente, un análisis del recurso planteado y menos una revisión exhaustiva de los antecedentes del proceso, precisa también que tampoco se hubieran considerado los fundamentos de hecho y derecho expuestos en el recurso de apelación respeto a la motivación de la sentencia en relación a la valoración de la prueba de cargo y descargo, sin otorgarle un valor probatorio.

De la revisión de antecedentes procesales, se observa que el Tribunal de alzada, si se hubieran pronunciado en relación todos los agravios denunciados en el recurso de apelación, los cuales estaban principalmente vinculados a establecer la errónea valoración de la prueba; en tal sentido, se observa que se realizó la respectiva valoración de la prueba de cargo y descargo producida en el desarrollo del proceso, la cual fue el fundamento de la sentencia pronunciada, expresando la valoración que asigna a cada prueba producida, con lo cual se tiene por cumplida la debida fundamentación y motivación del Auto de Vista.

Dentro ese contexto, es necesario establecer que el reclamo enunciado, incluso resulta contradictorio con los argumentos del recurso de casación en el fondo interpuesto, en donde el recurrente expresa varias valoraciones que la Juez de instancia y el Tribunal de alzada hubieran realizado en relación a la prueba de cargo y descargo producidas, cuando se denuncia la errónea y defectuosa valoración de las declaraciones testificales de cargo y descargo,  la errónea valoración de la confesión provocada y de las actas y certificado de egreso, la defectuosa apreciación de la nota enviada a la actora; fundamentos expuestos en el recurso de casación, que demuestran que la debida motivación de la sentencia, dentro el parámetro que exige el art. 3 inc. g) concordante con el art. 158 del CPT, debiendo considerar al efecto que al no existir prueba tazada en este tipo de procedimientos, el juez asume de manera libre su convencimiento, dentro las reglas de la sana crítica y el prudente árbitro, observando de manera particular que los jueces de instancias expresaron de manera concreta las circunstancias que causaron su convencimiento.

En mérito a ello, se puede constatar de manera inequívoca que el Tribunal de alzada, no vulneró el derecho y la garantía del debido proceso, en su componente de la debida fundamentación y motivación, por cuanto el Tribunal de apelación resolvió de manera fundada y motivada los agravios denunciados por el apelante en el recurso de apelación interpuesto, en donde se denunciada la falta de valoración de prueba; en tal sentido, este Tribunal considera que la fundamentación o motivación de una buena resolución judicial, no se mide porque la misma sea ampulosa y este llena de consideraciones y citas legales, doctrinarias o jurisprudenciales, sino que la fundamentación y motivación de una resolución judicial, implica ir más allá de ello, y es tener una resolución judicial clara, concreta y congruente con las pretensiones fijadas por las partes, es así que una buena motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones y determinaciones que justifiquen razonablemente su decisión, en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas.

En el caso de autos, se plasmó la debida fundamentación y la motivación, como elemento componente del derecho al debido proceso, pues los Jueces de segunda instancia, expusieron los argumentos que sustentan la decisión, citaron las normas legales en los cuales se apoya su argumento, y con este accionar aseguraron que la resolución judicial que se pronunció, no se constituya en una decisión de hecho.

Por otro lado se observa que si bien el Auto de Vista determinada un error en la parte considerativa de la sentencia en relación a la fecha de conclusión de la relación laboral, cuando a fs. 184 se precisa que la misma hubiera terminado en fecha 04 de septiembre de 2016, situación que se repite en la parte resolutiva de la sentencia; sin embargo, dicho reclamo constituye un error formal, que fue aclarado por el Tribunal de alzada, por cuanto el mismo no incide en la liquidación final realizada, al haber sido realizada la misma sobre la base de 8 meses y 12 días, que duró la relación laboral, es decir que en base a lo anotado se puede establecer que la relación laboral inicio 22/02/2016 y termino el 04 de noviembre de 2016, aspecto que incluso es reconocido por el propio demandante en el memorial de contestación de fs. 78 vta.; en mérito a ello, si bien los errores denunciados son evidentes, estos no afectan la planilla de liquidación, al haber sido realizada sobre la base correcta del tiempo trabajado, concluyendo de esta manera que no existe incongruencia en la sentencia, sino defectos formales, que hubieran podido ser aclarados y subsanados en su debido momento, sin que el recurrente hubiera solicitado la aclaración y enmienda correspondiente, por tal motivo se tiene que los vocales, obraron de manera correcta en relación a este reclamo.       

En el fondo:

Para ingresar a considerar el recurso de casación en el fondo, debe establecerse de manera clara, que esta materia es distinta a las otras conforme a sus principios y la protección que se le otorga a los trabajadores respecto de los empleadores, conforme sustentan los principios consagrados en los arts. 48 de la CPE, 4 de la Ley General del Trabajo (LGT), Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de mayo de 2006 y art. 3 del Código Procesal del Trabajo (CPT), estando su normativa sustantiva sustentada en estos principios inherentes a la materia, que protegen al trabajador como el sujeto más débil de la relación empleador-trabajador.

Uno de los principales principios procesales, que busca equilibrar la situación de desventaja en la que se encuentra el trabajador frente al empleador, es el principio protector tuitivo, in dubio pro operario, de la norma favorable, de la primacía de la realidad, al respecto, la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0177/2012 de 14 de mayo de 2012, expresó que: “…el principio protector considerado como el principio básico y fundamental del Derecho del Trabajo con sus tres reglas o criterios, a) El in dubio pro operario que se explica en el sentido de que cuando una norma se presta a más de una interpretación, debe aplicarse la que resulte más favorable al trabajador; b) La regla de la norma favorable, según la cual aparecieran dos o más normas aplicables a la misma situación jurídica, se aplicará la que resulte más favorable al trabajador; c) La regla de la condición más beneficiosa según la cual, ninguna norma debe aplicarse si esta tiende a desmejorar las condiciones en que se encuentra el trabajador, pues la idea es de que en materia laboral las nuevas normas o reformas deben tender a mejorar las condiciones de trabajo y no a la inversa (Armengol Arnez Gutiérrez, Derechos laborales y Sociales - La Justicia Constitucional en Bolivia 1998-2003)…”

Este principio encuentra su fundamento en la desigualdad económica que existe entre los sujetos de la relación laboral, donde el Derecho del Trabajo debe otorgar una tutela jurídica preferente al trabajador con la finalidad de precautelar su personalidad humana en las relaciones de trabajo y no sea objeto de abuso y arbitrariedades por parte del empleador.

En ese contexto, el art. 3 del CPT, señala que todos los procedimientos y trámites en materia laboral se basarán entre otros en el principio de la libre apreciación de la prueba, otorgando seguidamente la descripción del mismo, señalando que constituye aquel: “por la que el juez valora las pruebas con amplio margen de libertad conforme a la sana lógica, los dictados de su conciencia y los principios enunciados”. Esta norma halla concordancia con la disposición inmersa en el art. 158 de ese mismo cuerpo procesal, determinando que el juzgador laboral a momento de la valoración probatoria  “…no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la Ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, no se podrá admitir su prueba por otro medio”. La propia norma impone también al juzgador el deber de fundamentar sus fallos, indicando que “En todo caso, en la parte motivada de la sentencia el Juez indicará los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento”.

De lo reseñado se advierte que dentro del proceso laboral, el juzgador posee plena libertad en la apreciación de la prueba, entendiéndose ésta como una decisión, íntima y singular de cada juez que se funda en una valoración personal, sobre una valoración integral del cuerpo probatorio, dentro del marco de principios científicos que informan la crítica de la prueba, y atendiendo los principios que orientan al derecho laboral en el Estado; entre aquellos por ejemplo el principio de favor o principio pro operario, el cual concreta su aplicabilidad en tres vertientes a saber: a) En la eventualidad de conflicto de leyes, prevalecerán las del Trabajo, bien sean sustantivas o adjetivas; b) En el supuesto de conflicto de normas, será aplicable la más favorable al trabajador; y, c) En el caso de que el juzgador laboral halle incertidumbre entre dos declaraciones posible derivadas de una misma norma, ha de preferir la interpretación que más beneficie al trabajador.

En tal rumbo la jurisprudencia de este Tribunal, a través de su Sala Social y Administrativa Liquidadora por medio del Auto Supremo 205/2013 de 11 de abril, ha señalado: “En materia laboral, los jueces deben apreciar la prueba en conciencia, sin sujeción a las normas de Derecho común, salvo disposición expresa en contrario. Esta forma de apreciar la prueba no implica arbitrariedad sino respeto y sujeción a las reglas de la sana crítica, al principio de legalidad y del debido proceso. Ahora bien, por la natural desigualdad material que media entre empleadores y trabajadores, las distintas legislaciones han concebido normas y principios que tienden a nivelar, equilibrar o sanear la posición preeminente del empleador; En caso de ausencia o insuficiencia de prueba, la regla del in dubio pro operario, como corolario del principio protector, autoriza a solucionar la cuestión por el tamiz de la carga de la prueba que corresponde al demandado. La regla consiste en aplicar el criterio favorable, "en casos de auténtica duda para valorar el alcance o el significado de una prueba. No para suplir omisiones; pero si para apreciar adecuadamente el conjunto de los elementos probatorios, teniendo en cuenta las diversas circunstancias del caso (Plá Rodríguez, citado por Mario Pasco Cosmópolis, Fundamentos de Derecho Procesal del Trabajo, 2° Edición, AELE, septiembre de 1997, página 62)”.

En base a lo anotado, corresponde ingresar a considerar uno por uno la acusación de errónea y defectuosa valoración de la prueba, precisando que muchos de los fundamentos del recurso son reiterativos, y se encuentran  en ese efecto se tiene lo siguiente:

En relación a la errónea y defectuosa valoración del certificado y actas de egreso de la demandante; en relación a este reclamo el recurrente afirma que resultaría totalmente imposible que la actora hubiera trabajado desde el 22 febrero de 2016 en la institución demandada, cuando la misma hubiera defendido su monografía en mayo y hubiera egresado en junio de la misma gestión, por lo cual no resulta creíble que la misma hubiera trabajado y estudiado al mismo tiempo, al ser dicha situación incompatible, extremo que a su criterio queda demostrado por la prueba indicada, y también por la confesión provocada de la demandante quien reconoce lo expresado y la declaración de tres testigos de descargo. En ese sentido, corresponde tener presente que cuando se habla de idoneidad de la prueba, no nos referimos a la asignación de un determinado valor legal previsto en la ley, sino que dicha apreciación está vinculada al objeto de las probanzas, es decir producir prueba que este directamente relacionada a lo que se quiera probar o en su caso desconocer; por su puesto que en el orden procesal, esta exigencia está asignada al actor, lo que no sucede en el ámbito procesal laboral, por cuanto ese ejercicio de probar lo contrario de lo afirmado por el actor, incube al demandado.

Dentro lo anotado y en relación al fundamento expuesto, corresponde tener presente que la desestimación de los medios probatorio que realiza la juez de instancia, ratificada por el Tribunal de alzada, en relación a la declaraciones testificales de descargo, es correcta, al determinar la falta de idoneidad de la prueba testifical, por cuanto al momento de valorar las pruebas, debemos utilizar la sana crítica y la lógica, como componentes de la libre valoración de la prueba; en tal sentido no era posible que a través de la prueba testifical de descargo, el acta de defensa de monografía, el certificado de egreso y la propia confesión provocada de la actora, se pueda establecer de manera inequívoca la fecha del inicio de la relación laboral, pues para el efecto era necesaria prueba idónea que en este caso destruya la afirmación de la demandante; en esa dirección la sana crítica y la lógica, no lleva a afirmar que al ser la entidad demandada, una empresa legalmente establecida de formación profesional, la misma tiene un registro de las actividades académicas programadas durante todo el año, llevan un registro de asistencia de los alumnos y un registro de un calendario académico, documentación que necesariamente tendría que estar en posesión de la parte demandada, pues en este caso no hablamos de un persona natural, sino de una persona jurídica que contrato los servicios de la actora, por lo cual dicha institución debe cumplir con formalidades para su funcionamiento; en tal sentido, al no lograr destruir con certeza la fecha de iniciación laboral, se tuvieron que aplicar los principios de inversión de la prueba e in dubio pro operario, y ante la duda favorecer a la actora, por cuanto una vez más, para la empresa demandada, resultaba fácil demostrar la imposibilidad de la actora pueda trabajar y estudiar al mismo tiempo, adjuntado el cronograma académico al que accedió la demandada y la asistencia con regularidad con la que asistía la actora a clases en horarios laborales, porque una vez es documentación que obligatoriamente debe tener la institución demandada, para respaldar el trabajo académico que la realiza.

Lo mismo sucede con la declaración del testigo Anacleto Bolívar, pues su atestación no es idónea para establecer el inicio de la relación laboral, resaltado que para el objeto del proceso, era necesaria que se demuestre que la actora no ingreso a trabaja el 22 de febrero de 2016, sino en junio conforme afirma el recurrente, no pudiendo un testigo o varios de ellos, establecer temas académicos, que necesariamente deben constar formalmente en los archivos de la institución académica, que incluso se encuentra reconocida por el Ministerio de Educación; no por la relación laboral que existía, sino que dichos registros académicos, tienen la obligación de demostrar que la actora y estudiante cumplió el cronograma académico y la carga horaria establecida para el mismo, demostrando de manera objetiva la fecha en la que actora termino su formación de pre-grado, y la forma de titulación que le corresponde de la misma, extraña a este Tribunal que la institución demandada, no hubiera adjuntado documentación académica que demuestre con certeza la fecha de conclusión de su formación académica, si se considera que el fundamento del demandado estaba centrado a establecer que la actora no podía trabajar y estudiar al mismo tiempo; lo contrario significaría, que la institución demanda, con la finalidad de acreditar la idoneidad de la actora para el ejercicio de la carrera de laboratorio dental en la que se formó, también tenga que hacer comparecer a testigos, cuando una vez más, los registros académicos de la actora, deberían existir formalmente, como un sustento legal de la conclusión de estudios.

Idéntica situación se observa, cuando el recurrente intenta determinar cuál era el salario que percibía la actora en base a declaraciones testificales de descargo, cuando era de su total responsabilidad llevar una planilla o registro de pago de salarios, que demuestre no solo la cancelación de sueldos a sus dependientes, sino también que demuestre, por ejemplo que el actor cumplía con las cargas y aporte a la seguridad social de sus dependientes, lo única que demuestran sus prueba y sus fundamentos es la informalidad con la que se conducía la institución educativa demandada.

En relación a la valoración que se asigna a la nota de aviso de fecha 03 de noviembre de 2016, en este aspecto el recurrente intenta justificar de manera contradictoria, una reconducción indefinida de la relación laboral, un pre aviso a favor de la trabajadora y por ultimo un despido justificado; lo cual demuestra la total manipulación de la prueba que durante todo el proceso ejerció el actor, esta prueba que cursa a fs. 14, en su tenor literal es clara, se le informa a la actora de un retiro temporal, hasta que se aclaren los problemas suscitados, es decir el empleador en su desesperación, intenta darle varios significativos a la nota de referencia, cuando la misma solo demuestra una sola cosa, el retiro temporal, que entre cosas constituye un despido indirecto. Las otras consideraciones expuesta en el recurso de casación, constituye apreciaciones subjetivas del recurrente, que no cuenta con la debida técnica recursiva ni con elementos de prueba producidos en el proceso, lo que priva a este Tribunal a ingresar a realizar mayores precisiones.

En relación al salario promedio indemnizable, el desahucio, la indemnización y la nivelación al salario mínimo nacional, por los 8 meses y 12 días que duró la relación laboral; en este punto el recurrente nuevamente la acusa la errónea valoración de la prueba en relación al art. 169 del CPT, por cuanto considera que las declaraciones de los testigos de descargo Christian Arancibia, Paola Espinoza Paniagua y Noemí Mariela Condori Esteban, establece que el sueldo que percibía la actora, era un salario mínimo nacional, a diferencia de los testigos de cargo, quienes no fueron coincidentes en relación al salario que percibía la actora y que conocen del mismo, solo por comentarios; al efecto corresponde nuevamente referirse a la prueba idónea, para determinar que la prueba testifical no puede demostrar aspectos formales que obligatoriamente la empresa deben consignar, como lo es pago de salarios a los trabajadores de la empresa, y si bien las declaraciones testificales constituyen un inicio de prueba, no son suficiente para demostrar cuestiones formales, que una empresa legalmente constituida de tener en sus archivos, para demostrar objetivamente que cumple con sus deberes impositivos, sociales y a la seguridad social, por lo cual se tiene que al no existir plena prueba para desvirtuar el salario que afirma haber percibido la actora, se obro de manera correcta en base a los principios procesales.

Por otra parte el recurrente reclama que se estaría reconociendo el doble en relación a la nivelación salarial y pago de salario devengado correspondiente a 1 mes y 12 días, por cuanto esta nivelación se hace por los 8 meses y 12 días que duró la relación laboral; sin embargo, en otro concepto también se reconoce a favor de la actora, el sueldo devengado de 1 mes y 12 días, disponiendo el pago de dicho concepto, ya con la nivelación al salario mínimo nacional.

Este reclamo resulta evidente, toda vez que en la liquidación realizada en sentencia, se dispone la nivelación al salario mínimo nacional por un monto de Bs9.282.-, correspondiente a 8 meses y 12 días,  es así que de una simple operación aritmética, si tomamos como parámetro el salario mínimo nacional establecido para esa gestión de Bs1.805 y que la actora percibía un salario de Bs700.-, existe un diferencia de Bs1.105.-, que debe ser nivelada, y si multiplicamos esa cantidad por los 8 meses y 12 días de duración de la relación laboral, tenemos un total de Bs9.282.-, que debería ser reintegrada a la actora, conforme dispone la sentencia; y con lo cual concluimos que la nivelación se realizó por los 8 meses y 12 días, situación que resulta ser un exceso en el cálculo realizado por la juez de primera instancia, ya que también se ordenó el pago por sueldo devengado, por 1 mes y 12 días, ello significa que la nivelación solo debe hacerse en relación a los 7 meses, descontando 1 mes y 12 días que ordena que se cancele como sueldo devengado con la nivelación al salario mínimo nacional.

Por último, en relación a la vulneración del principio de verdad material reconocido por el art. 180 de la CPE, este reclamo no se encuentra debidamente formulado, más aun si en los fundamentos de la presente resolución se tiene establecido que la desestimación de las declaraciones testificales fue correcta, al determinar los jueces de instancia, el convencimiento de sus afirmaciones, lo cual no resulta ser contrario al sistema de valoración de la prueba previsto en el proceso laboral.

En consecuencia, siendo en parte evidentes los argumentos del recurso de casación en el fondo, corresponde dar aplicación del Art. 220-IV del Código Procesal Civil, aplicables en virtud de lo establecido en el Art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la atribución prevista en los Arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial y Art. 220.IV del CPC, CASA EN PARTE el Auto de Vista Nº 661/2017 de 15 de noviembre, de fs. 208 a 209 vta. y deliberando en el fondo, por los argumentos expuestos en la presente resolución, modifica la parte resolutiva de la sentencia, determinando que el cálculo para la nivelación al salario mínimo nacional, se haga por el periodo de 7 meses, por un monto de Bs7.735, manteniendo firme los otro conceptos señalados en la sentencia.

Sin costas y costos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.