TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 116

Sucre, 20 de febrero de 2019

Expediente                    : 567/2017

Demandante                 : Paulino Gonzales

Demandado                   : Casa de Cambios América

Proceso                         : Beneficios Sociales

Departamento               : La Paz

Magistrada Relatora     : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS: El recurso de casación de fs. 162 a 166 vta., interpuesto por Bassam Elías Gorayeb Azzi, propietario de la Casa de Cambios América, impugnando el Auto de Vista Nº 002/2017-SSA-I de fecha 16 de enero cursante a fs. 159 y vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso para el pago de beneficios sociales, seguido por Paulino Gonzales contra el recurrente; el Auto de fs. 171 que concede el recurso de casación; el Auto Supremo Nº 567-A de fs. 181 y vta. de admisión del recurso; los antecedentes del proceso; y:

I: ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia

Que, tramitado el proceso laboral para el pago de beneficios sociales, la Juez de Trabajo y Seguridad Social Cuarto de la Ciudad de La Paz, pronunció la Sentencia N° 091/2016 de fecha 5 de julio, cursante de fs. 111 a 120, declarando PROBADA en parte la demanda, determinando que el demandado proceda al pago de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100 BOLIVIANOS (Bs.-142.836,00) a favor de Paulino Gonzales, por concepto de desahucio, indemnización, aguinaldo, vacaciones y actualización de sueldos, más multa del 30%.

Auto de Vista

En grado de apelación deducida por el demandado de fs. 136 a 142 vta., la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista Nº 002/2017-SSA-I de fecha 16 de enero cursante a fs. 159 y vta., que ANULA obrados hasta fs. 92 inclusive.

Ante la determinación del Auto de Vista, el demandado Bassam Elías Gorayeb Azzi, propietario de la Casa de Cambios América, interpone recurso de casación y el Tribunal de Alzada emite Auto Supremo Nº 567-A, cursante a fs. 181 y vta., de fecha 4 de diciembre de 2017, admitiendo el recurso.

II: ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto el recurso de casación en la forma y en el fondo, el recurrente establece que el Auto de Vista impugnado vulnera disposiciones legales vigentes, bajo los siguientes fundamentos:

Se anula obrados indicando que existen omisiones insubsanables, sin embargo, no se menciona cuáles serían esas omisiones, pues se han hecho conocer varias irregularidades durante la tramitación de la causa, es así que, el Auto de Vista recurrido, en la parte resolutiva anula obrados hasta fs. 92 inclusive, extremo ambiguo o confuso, pues oportunamente se ha reclamado ante la Juez de la causa por la contabilización de los plazos, teniendo que, en aplicación del art. 90.II del CPC, los plazos menores a 15 días deben ser computados tomando en cuenta días hábiles y vencen el último momento hábil del día, sin embargo, la Juez declara clausurado el periodo de prueba a las 10 a.m. del último día para realizar el ofrecimiento de prueba, sin considerar el memorial de ofrecimiento de prueba de descargo, siendo que se presenta de manera oportuna, por lo que, no se entiende de manera clara si la anulación de obrados hasta fs. 92, que se trata de un acta de declaración testifical, implica que nuevamente se encuentra vigente el término probatorio y por lo tanto permite a las partes ofrecer nuevamente prueba.



Este extremo vulnera el debido proceso, derecho a la defensa y existencia de un Juez imparcial, pues no se permitió asumir defensa adecuadamente.

Por lo tanto, en base a los argumentos expuestos, pide anular obrados hasta la notificación de fecha 16 de agosto de 2016, es decir la apertura del término probatorio, momento en el que se suscitaron irregularidades.

Por su parte, el demandante, habiendo sido legalmente notificado, ejerce su derecho a contestar el recurso de fs. 168 a 170, pidiendo declararlo infundado.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y DOCTRINALES DEL FALLO

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

La Ley 025 del Órgano Judicial, con relación al régimen de las nulidades procesales, en su art. 16 establece lo siguiente: I. “Las y los magistrados, vocales y Jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiere irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley. II. La preclusión opera a la conclusión de las etapas y vencimiento de plazos”.

Por otra parte, el art. 17 del mismo cuerpo normativo establece: “II. En grado de apelación, casación o nulidad, los Tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos. III. La nulidad solo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos”.

En correspondencia con lo normado por la Ley 025, el Código Procesal Civil (CPC), Ley 439, establece las nulidades procesales con criterio aún más restringido, cuyas disposiciones legales se encuentran previstos en los arts.105 al 109, mismos que se encuentran vigentes desde la publicación de dicha Ley (25 de noviembre de 2013) por mandato expreso de su Disposición Transitoria Segunda numeral 4; normas que reconocen en su contenido los principios procesales de la nulidad como ser: el principio de especificidad o legalidad, conservación, trascendencia, convalidación, finalidad del acto y preclusión; que deben ser tomadas en cuenta por los Jueces y Tribunales de instancia a tiempo de asumir una decisión anulatoria de obrados; principios que rigen la administración de justicia conforme prevé la Constitución Política del Estado (art. 180), entendidos desde los principios constitucionales procesales de eficiencia, eficacia, inmediatez,  y accesibilidad, que se encuentran replicados en el espíritu de los preceptos normativos analizados supra (art. 16 y 17 de la Ley 025 y arts. 105 al 109 del CPC).

Por lo tanto, en referencia a las nulidades debe considerarse para su declaratoria la trascendencia que reviste el acto denunciado; es decir, que tenga incidencia en el derecho al debido proceso en su elemento defensa, considerando que no existe nulidad por la nulidad misma, sino que, para una declaratoria de nulidad debe considerarse y ponderarse todos los elementos que afecten o no de manera directa a los derechos de los involucrados. En ese sentido Alsina sostiene que: “… las nulidades calificadas por la ley, son las nulidades esenciales que pueden ser declaradas de oficio porque ellas se fundan en la violación de una garantía constitucional”. Lo anterior conlleva a decir que, el tratamiento de las nulidades procesales, no es un tema de defensa de las meras formalidades, pues, las formas previstas por ley no deben ser entendidas como meros ritos, sino como verdaderas garantías para que el proceso se desarrolle en orden y en resguardo de los derechos de las partes, siendo preciso distinguir las formas esenciales de las meras formalidades.

Precisamente por ello, es necesario contrastar la denuncia de nulidad con los principios que rigen la materia y deben ser tomados en cuenta por el juzgador al momento de declarar la nulidad, entre ellos, el principio de especificidad, que establece que no existe nulidad si ésta no se encuentra prevista por ley; el principio de trascendencia, por el cual no hay nulidad de forma, si la alteración no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio; es decir, “no hay nulidad sin perjuicio”; el principio de convalidación, por el que toda nulidad se convalida por el consentimiento de la parte, si no fueron observadas en tiempo oportuno, precluyendo su derecho; y, finalmente, el principio de protección, estableciendo que la nulidad solo puede hacerse valer cuando a consecuencia de ella, quedan indefensos los intereses del litigante. En  tal virtud, se entiende que, la nulidad procesal es una medida sancionatoria de última ratio, de aplicación excepcional, siendo la regla la conservación de los actos desarrollados en proceso y la nulidad su excepción, criterio procesal que emerge del contenido normativo de los arts. 16 y 17 de la Ley del Órgano Judicial, que señala como deber funcional de los administradores de justicia el de proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuanto exista irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole el derecho a la defensa de las partes.

IV. ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO

De acuerdo con la normativa adjetiva laboral vigente, misma que data del 25 de julio de 1979, el recurso de casación o nulidad está establecido en los arts. 210 al 212 del CPT, sin embargo, éstos no resultan suficientes para determinar los aspectos relacionados con la concesión de dichos recursos, por lo que, en aplicación del art. 252 del mismo cuerpo legal, es necesario aplicar supletoriamente el CPC; en tal sentido hacer referencia a los siguientes aspectos:

En primer término, se debe diferenciar los tipos de Providencias y Autos que existen, mismos que están detallados en los arts. 209 al 211 del CPC, pues en base a ésta diferenciación se podrá determinar si corresponde o no un análisis para la concesión de los recursos casacionales, teniendo que las Providencias sólo ordenan actos de mera ejecución y desarrollan el proceso, sin el cumplimiento de formalidades legales o procedimentales, los Autos Interlocutorios resuelven cuestiones que se suscitan durante la tramitación del proceso, que resuelven cuestiones accesorias, que si bien constituye, niega o modifica una pretensión, no resuelve la pretensión de fondo y tampoco pone fin a la causa y por último los Autos definitivos son aquellos que resuelven cuestiones que requieren substanciación, ponen fin al proceso y no resuelven el mérito de la causa.

Un auto definitivo y una sentencia se asemejan en cuanto a su alcance porque ambas resoluciones requieren substanciación y lo más importante ambas ponen fin al proceso, pero la diferencia radica en que un auto definitivo no resuelve el fondo de la demanda principal, lo que sí ocurre con la sentencia.

Al ser el recurso de casación o nulidad, un medio extraordinario de impugnación, que se asemeja a un juicio de puro derecho, mediante el cual se impugna la inadecuada e incorrecta aplicación al caso concreto de normas sustantivas o la errónea interpretación y aplicación de los procedimientos previstos en las normas adjetivas, vía casación en el fondo o en la forma, según corresponda, es pertinente tener presente que a tiempo de redactar un recurso de nulidad o casación, imperativamente se debe observar determinadas causales procesales establecidas en el art. 271 del CPC, las cuales no tienen por objeto burocratizar este recurso, por el contrario, las mismas pretenden hacer efectivo este medio extraordinario de impugnación, garantizando la efectividad de los principios de congruencia, especificidad, motivación y seguridad jurídica, la omisión de dichas formalidades implicará se declare la improcedencia del mismo.

La razón por la cual se considera a la casación como un medio extraordinario de impugnación, es porque no todas las resoluciones judiciales que se emitan en primera o segunda instancia pueden ser impugnadas vía casación o nulidad, únicamente llegan a casación los autos definitivos y las sentencias, no así las providencias y los autos interlocutorios, tal como disponen los arts. 270 al 274 del CPC.

En el caso de autos, el Auto de Vista recurrido, es una resolución que deviene de un auto de carácter interlocutorio, puesto que el mismo no está resolviendo el fondo de la causa, sino simplemente regula y ordena aspectos formales del procedimiento, sobre los cuales determina anular actuados por causar indefensión a una de las partes, que por cierto se trata del propio recurrente, por lo tanto, no es un Auto susceptible de impugnación vía casación, pues solamente está regularizando el procedimiento, al advertir errores formales durante su tramitación; por lo que correspondía que el Tribunal de Apelación, en aplicación del art. 274.II.2) del CPC, directamente niegue la concesión de este recurso casacional por tratarse de una resolución que no admite recurso de casación, pues un razonamiento contrario a lo manifestado, es decir el permitir que un auto interlocutorio pudiera ser impugnado hasta el recurso de casación, implicaría vulnerar el principio de celeridad y economía procesal, toda vez que una cuestión accesoria a lo principal, que no tiene incidencia directa con el objeto de la litis, no puede ser el motivo para mover toda la estructura procesal que se habría concebido en la resolución de los diferentes recursos de casación y nulidad, permitiendo de esta manera desnaturalizar la esencia misma del propio recurso, como es su extraordinariedad, sumándose a ello la posibilidad de que surjan nuevos mecanismos de dilación que los diferentes sujetos procesales, pudieran utilizar con la única finalidad de retardar cualquier proceso judicial.

Consiguientemente, corresponde fallar de acuerdo a las disposiciones contenidas en el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial y art. 106.I del CPC (2013), aplicable por mandato del art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts.  184.1 de la Constitución Política del estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta el Auto de concesión del recurso de fs. 171, debiendo el Tribunal de Apelación ejercer la facultad establecida en el art. 274.II.2) del CPC, tomando en cuenta las consideraciones expresadas, no siendo un error excusable, se impone una multa a los Vocales suscribientes de Doscientos 00/100 bolivianos.

Por Secretaría de Sala, cúmplase con lo previsto en el art. 17. IV de la Ley del Órgano Judicial.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.