TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 99

Sucre, 20 de febrero de 2019

Expediente                  : 532/2017

Demandante                   : Wendy Susana Callisaya Paniagua y Virginia Huanca Poma 

Demandado                    : Sapore Italiano S.R.L.

Proceso                           : Pago de beneficios sociales y derechos laborales 

Distrito                         : La Paz

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación, de fs. 293 a 296, interpuesto por la empresa “Sapore Italiano” S.R.L., de Valerio Rosi y Nila Ángela Zegarra Bodero, a través de Griselda Encinas Peñafiel en su calidad de Gerente de Operaciones de la Empresa, contra el Auto de Vista N° 113/2017 SSA-I de 8 de mayo, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a fs. 291; dentro del proceso de pago de beneficios sociales y derechos laborales interpuesto por Wendy Susana Callisaya Paniagua y Virginia Huanca Poma contra la empresa recurrente; el memorial de respuesta al recurso, a fs. 299; el Auto Nº 317/17 SSA-I de 4 de octubre de 2017, que concedió el recurso (fs. 300); el Auto Supremo Nº 532-A de 3 de noviembre de 2017 (fs. 309), por el cual se declara admisible el recurso de casación interpuesto, los antecedentes procesales; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.

Planteada la demanda social de pago de beneficios sociales y derechos por Wendy Susana Callisaya Paniagua y Virginia Huanca Poma, y tramitado el proceso, la Juez Segunda del Trabajo y Seguridad Social de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 021/2016 de 5 de febrero, de fs. 265 a 271, declarando probada en parte la demanda, sin costas; disponiendo que la empresa demandada, a través de su representante legal, cancele a favor de Virginia Huanca Poma la suma de Bs.14.746,22.- (catorce mil setecientos cuarenta y seis 22/100 bolivianos), y a favor de Wendy Susana Callisaya Paniagua la suma de Bs.9.823,65.- (nueve mil ochocientos veintitrés 65/100 bolivianos), por concepto de beneficios sociales y derechos laborales detallados en ese fallo, ya incluida la multa del 30%, a los montos señalados; que deberán ser actualizado en ejecución de sentencia, conforme a ley.

Auto de Vista.

En conocimiento de la Sentencia, la empresa “Sapore Italiano” S.R.L., interpuso recurso de apelación, de fs. 273 a 276; que fue resuelto por el Auto de Vista N° 113/2017 SSA-I de 8 de mayo, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a fs. 291, confirmando en todas sus partes, la Sentencia emitida en primera instancia.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSOS DE CASACIÓN:

En conocimiento del señalado Auto de Vista, la empresa “Sapore Italiano” S.R.L., formuló recurso de casación, de fs. 293 a 296, señalando lo siguiente:

1.- El Tribunal de alzada en forma sucinta, señala que en obrados no cursa prueba alguna que refleje que las actoras incurrieron en las faltas que se les acusa, tampoco se hubiese acompañado un informe de auditoría que determine responsabilidad de las ahora demandantes, no ameritando la revocatoria de la Sentencia apelada; cuando en el recurso de apelación, se señaló en forma expresa que de fs. 52 a 57, cursan las literales de la denuncia ante el Ministerio Público contra las actoras por su conducta en su fuente laboral, donde ingerían bebidas alcohólicas y abandonaban su trabajo; dentro de esta documentación se encuentra la auditoría realizada por la empresa, sobre cobros de dineros realizados por Virginia Huanca Poma, que ascienden hasta la suma de Bs.33.673.-; así también, se mencionó en la apelación la adhesión a la prueba de cargo, de fs. 67 a 70, ofreciéndose como prueba en el memorial de 23 de diciembre de 2015, una llamada de atención a las ahora demandantes, por su conducta indecorosa en el trabajo, que concuerdan con las atestaciones que demuestran el actuar de las actoras.

Por lo que, se puede inferir que el Auto de Vista, incurre en violación de los establecido en el art. 115 parágrafos I y II de la Constitución Política del Estado (CPE), en cuanto refiere al debido proceso y derecho a la defensa, con relación al art. 236 del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975), que establece que el Auto de Vista, deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubiesen sido objeto de apelación, omitiendo  el Tribunal de alzada dar cumplimiento a esta normativa, mencionándose únicamente que no cursa prueba que refleje que las actoras hayan incurrido en faltas, cuando existe prueba que no ha sido valorada, solo se refieren de manera enunciativa sobre la misma, vulnerando la garantía procesal del debido proceso.

2.- Respecto a la multa del 30%, el Tribunal de alzada incurre en una errónea interpretación del recurso de apelación, porque en ningún momento se señaló que no corresponde esta multa por el hecho de que las demandantes hayan sido despedidas; sino que, la codemandante Virginia Huanca Poma presto servicios hasta el 1 de febrero de 2012, y la denuncia penal fue efectuada el 31 de enero de 2012, aplicándose incorrectamente el D.S. Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, en razón a que no puede aplicarse la multa, al ser la denuncia penal de un día anterior al retiro; de igual manera, respecto de la coactora Wendy Susana Callisaya Paniagua, quien según la Sentencia emitida, presto sus servicios hasta el 27 de diciembre de 2011, y la denuncia penal contra ella, fue realizada el 17 de enero de 2012, no habiendo transcurrido los 15 días establecidos en el D.S. Nº 28699, pese a ello, se impone la multa del 30%, infringiendo el decreto supremo indicado, porque en ambos casos, se presentó denuncia penal antes que exista despido formal, por lo cual no procede el pago de beneficios sociales a las actoras; y las demandadas fueron retiradas de su fuente laboral, por infracciones establecidas en el art. 16 en sus incisos a), b), c) y g) de la Ley General del Trabajo (LGT), por lo que no se superó el plazo de 15 días, incurriendo los de instancia en violación a la garantía constitucional del debido proceso y seguridad jurídica establecidos en el art. 115-I y II de la CPE.

Petitorio.

Por lo expuesto, solicita se case el Auto de Vista recurrido, disponiendo que el Tribunal de alzada emita una nueva resolución, pronunciándose sobre el recuso de apelación, que se basa en la improcedencia de la multa.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Expuestos así los argumentos del recurso de casación, se pasa a resolver el recurso, con las siguientes consideraciones:

1.- Al constituirse esta instancia -el recurso de casación- en una de puro derecho, en la cual se analiza la correcta aplicación de la ley, por parte del Juez de la causa y/o el Tribunal de alzada; la apreciación y valoración de la prueba es facultad privativa de los juzgadores de instancia, en cumplimiento de la disposición contenida en el art. 1286 del Código Civil (CC) y en el art. 397 del CPC-1975, ahora en el art. 145 del CPC-2013, debiendo apreciarlas de acuerdo a su prudente criterio o sana crítica, de conformidad al art. 158 del CPT, respecto de la materia; resultando incensurable en casación, y que excepcionalmente podrá producirse una revisión o revaloración de la prueba, en la medida en que en el recurso se acuse y se demuestre la existencia de error de hecho o de derecho, en la apreciación de estas pruebas, para que este Tribunal, verifique sí estas infracciones son fundadas o no; al respecto, el tratadista Pastor Ortiz Mattos, en “El Recurso de Casación en Bolivia”, sobre el error de hecho, señala: “…El error de hecho se da cuando la apreciación falsa recae sobre un hecho material; tal error, en el que incurre el juez de fondo en el fallo recurrido, cuando considera que no hay prueba eficiente de un hecho determinado siendo así que ella existe y que la equivocación está probada con un documento auténtico, en cuanto al error de derecho, indica: “El error de derecho recae sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica. En el caso que nos interesa cuando el juez o tribunal de fondo, ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba, le asigna un valor distinto.

En autos, el recurrente aparentemente sostiene un error de hecho en la valoración de la prueba, ya que no lo manifiesta expresamente, pero afirma que en la prueba cursante de fs. 52 a 57, se demostraría que las actoras incurrieron en faltas dentro de su fuente laboral, ingiriendo bebidas alcohólicas y abandonando su trabajo, como también, hubiesen cometido ilícitos -como hurto y manipulación informática- que fueron denunciados ante el Ministerio Público; empero, debe tenerse presente que, la ley sustantiva de la materia, establece causales para la desvinculación laboral, establecidas en el art. 16 de la LGT y el art. 9 del RLGT, por las cuales el o los  trabajadores pierden ciertos beneficios, como ser el desahucio y la indemnización; estas causales deben ser probadas y no simplemente señaladas o referidas, en respeto de las garantías de las que goza no solo el trabajador, sino toda persona a la cual se le acusa de algún hecho; y, para llegar a determinar esa conducta debe someterse al trabajador a un proceso en la vía que corresponda, más aun si se le acusa de la comisión de un delito o varios, donde tenga la oportunidad de presentar sus descargos y asumir defensa respecto de lo que se le acusa; y no simplemente señalar, que su conducta se acomoda a las causales establecidas en el art. 16 de la LGT; es decir, debe dilucidarse estos aspectos -los delitos que le sindican- en un proceso penal resguardando el debido proceso, dando la oportunidad de que el trabajador pueda defenderse, respecto de los tipos penales que se le atribuyen; esto en función a la garantía de presunción de inocencia que rige en nuestra Ley Fundamental; y no puede vulnerarse este hecho con solo la presentación de una denuncia, pretendiendo que esta o el inicio de un proceso penal, sea un prueba suficiente que acredite verazmente la comisión de un ilícito; en razón a que, la denuncia se constituye en una forma de ejercicio de la acción penal, sin que su sola presentación implique la autoría o responsabilidad penal del o los denunciados, por lo que, la responsabilidad quedará definida previa realización del proceso penal en sus diferentes etapas y una vez que la sentencia quede ejecutoriada, recién constituye un respaldo, para determinar la culpabilidad del o los trabajadores.

Requisitos que se extrañan en el presente proceso, al resultar la prueba que señala la empresa recurrente (fs. 52 a 57) una formalización de denuncia penal, solicitud de mandamiento de aprehensión y presentación de más prueba, memoriales efectuados en el ejercicio de la acción penal de la representante de la empresa ahora demandada, más un informe del investigador; documentación que no demuestra que las demandantes cometieron los delitos que se les sindica, solo acredita el inicio de un proceso penal, debiendo existir un acto conclusivo que determine la culpabilidad de las trabajadoras de los delitos que se les acusa, todo en el marco de un debido proceso; tampoco se acreditó la existencia de un proceso administrativo interno sobre el actuar de las trabajadoras, en las que ellas puedan ejercer el derecho a defenderse de los hechos que se les acusa (ingerir bebidas alcohólicas en el trabajo y abandonar su fuente laboral), en resguardo de su derechos y garantías constitucionales en virtud a la presunción de inocencia, que se encuentran garantizados por los art. 115-II, 116-I y 117-I de la norma suprema, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano, en el art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

Por lo que, no se vulnero la aplicación del art. 16 de la LGT ni el art. 9 del RLGT, ya que si bien señala causales para que el trabajador no goce del desahucio e indemnización, estas deben ser probadas a través de un proceso administrativo interno o en su caso dentro de un proceso penal.

Tampoco se vulneró el derecho a la defensa ni el debido proceso, de la empresa demandada, como acusa en su recurso de casación, al haber ejercido este derecho durante toda la tramitación del presente proceso laboral, haciendo uso de todos los recurso y mecanismos previstos por ley, para presentar su posición respecto de los derechos reclamados por las demandantes, sin restricción de ningún medio que la empresa considerare necesaria para desacreditar la pretensión de las actoras; empero, el hecho de no poder desvirtuar la pretensión, o la alegada errónea valoración de la prueba, no constituye en una vulneración al derecho a la defensa ni al debido proceso; esta infracción acusada se traduciría a una mala valoración probatoria por parte de los de instancia, hecho que no ocurrió conforme se consideró precedentemente.

Así también en materia laboral, conforme lo dispuesto por los arts. 3.j) y 158 del adjetivo laboral, el juez al no encontrarse sujeto a la tarifa legal de la prueba, puede formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, tomando además en cuenta para ello, el conjunto de pruebas que cursan en el proceso; asumiendo, dentro de ello los principios que rigen la materia, entre los cuales se encuentra el principio protector, en el cual se establece la regla de la “condición más Beneficiosa” para el trabajador, debiendo ser materializa en las determinaciones asumidas conforme a derecho, estableciéndose la medida que sea más favorable al trabajador; por lo que, en el caso de autos, se advierte que el Tribunal Ad quem, luego de analizar las pruebas, estableció acertadamente que la decisión asumida por el Juez fue la correcta.

2.- El art. 9 del D.S. Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, establece que: “I. En caso de producirse el despido del trabajador, el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan (…)”, mientras que su parágrafo II, prevé: “En caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor; este precepto, busca garantizar el pago por parte del empleador de los derechos adquiridos por el trabajo prestado y beneficios sociales que correspondan al trabajador, en un tiempo razonable para garantizar sus medios de subsistencia y no tenga que esperar indefinidamente el pago que le corresponde, razón por la cual en las consideraciones previas del D.S. 28699, se señala: “El Estado tiene la obligación de crear condiciones que garanticen para todos, posibilidades de ocupación laboral, estabilidad en el trabajo y remuneración justa, asegurando sobre todo la continuidad de sus medios de subsistencia para mejorar las condiciones de vida de las familias”; consideración relacionada con el art. 46 de la CPE.

Para una mayor claridad, se tiene lo dispuesto en el D.S. Nº 110 de 1 de mayo de 2009, que en su art. 1º prevé: “El presente Decreto Supremo tiene por objeto garantizar el pago de indemnización por tiempo de servicios de las trabajadoras y trabajadores, luego de haber cumplido más de noventa (90) días de trabajo continuo, producido el retiro intempestivo de que fueran objeto o presentada su renuncia voluntaria, toda vez que el pago de la indemnización por tiempo de servicios constituye un derecho adquirido; complementado este entendimiento la RM 447 de 8 de julio de 2009, que reglamenta el D.S. 110, en su art. 1 señala que: “II. En caso de producirse el retiro voluntario de la trabajadora o trabajador, luego de haber cumplido más de noventa (90) días de trabajo, el empleador deberá cancelar la indemnización por el tiempo de servicios y los derechos laborales que corresponda en el plazo de quince (15) días calendario a partir de la conclusión de la relación laboral.  III. En caso que el empleador incumpla la obligación de pagar la indemnización en el plazo establecido en el parágrafo II del presente artículo, pagara el monto establecido, incluyendo los derechos laborales que correspondan, debidamente actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda UFVs, más la multa del treinta por ciento (30 %) del monto total a cancelar en beneficio de la trabajadora o del trabajador; estableciéndose claramente conforme a la normativa agregada, que el empleador debe cancelar de forma efectiva los derechos y beneficios sociales que le correspondieran al trabajador, en un plazo impostergable de quince (15) días calendario, desde la desvinculación laboral, y al exceder este plazo, debe el empleador pagar una multa del 30% del total a cancelarse.

En el marco legal señalado, no se encuentra ninguna condición para el inicio del cómputo del plazo que se señala, como tampoco alguna interrupción o postergación del plazo, menos alguna determinación respecto a que no debe computarse el plazo, ante una denuncia penal en contra del trabajador; por lo que, el hecho de que la empresa demandada haya iniciado un proceso penal en contra de las actoras, con anterioridad a la desvinculación laboral, en el caso de Virginia Huanca Poma, y sin que se lleguen a cumplir 15 días después del retiro, respecto de Wendy Susana Callisaya Paniagua, presentado una denuncia penal ante el Ministerio Público; no evita que el plazo señalado continúe, no pudiendo ser interrumpido; al ser buscar esta norma el cumplimiento del empleador del pago de los derechos y beneficios que le corresponden al trabajador, dentro de un plazo razonable, a partir de la desvinculación laboral, y el empleador en cumplimiento de lo previsto en esta normativa, debe tomar los recaudos necesarios para efectivizar el pago de los beneficios sociales y derechos laborales adeudados, más allá de ser un retiro forzoso, indirecto o voluntario, en resguardo del derecho que asiste al trabajador de percibir de forma oportuna el pago por su trabajo; incluso el empleador está facultado para efectuar dicho pago en calidad de depósito y/o fondos en custodia, ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de las jefaturas departamentales del trabajo, con la debida comunicación a dicha instancia de las observaciones que considere necesarias; debiendo ser el empleador quien busque la manera efectiva de materializar el pago de estos derechos, tiene la posibilidad de realizar el depósito de los mismos, resguardando de tal forma, el equilibrio necesario entre empleador y trabajador, aplicando criterios de favorabilidad hacia el trabajador, ante la desventaja que tiene respecto del empleador, al ser aquel el sujeto débil de la relación laboral, evitando así se dilate bajo cualquier excusa el pago de estos beneficios; y, como se determinó por los de instancia y se consideró en el anterior punto, existen derechos y beneficios sociales que le corresponden a las trabajadoras demandantes, por lo cual, al no haber sido canceladas en su oportunidad (dentro de los 15 días posteriores a la desvinculación laboral), corresponde la multa establecida en la normativa glosada precedentemente.  

En mérito a lo expuesto y no encontrándose fundados los motivos traídos en casación por la parte demandada, corresponde dar aplicación al art. 220-II del CPC-2013, aplicable en la materia por expresa determinación del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la empresa “Sapore Italiano” S.R.L., de Valerio Rosi y Nila Ángela Zegarra Bodero, a través de Griselda Encinas Peñafiel en su calidad de Gerente de Operaciones de la Empresa, de fs. 293 a 296; en consecuencia se mantiene firme y subsistente el Auto de Vista N° 113/2017 SSA-I de 8 de mayo, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a fs. 291. Con costas.

Se regula el honorario profesional del abogado en Bs.1.000.- (mil 00/100 bolivianos), que manda a pagar el Juez de primera instancia.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-