TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 94

Sucre, 20 de febrero de 2019

DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES

Expediente:                573/2017

Demandante:                Pilar Maruja Panca Condori

Demandado:        Jorge Alberto Sillerico Valdivia

Materia:                        Laboral

Distrito:                        La Paz

Magistrada Relatora:        María Cristina Díaz Sosa

VISTOS

El Recurso de Casación en el fondo de fs. 301 a 302, interpuesto por Jorge Alberto Sillerico Valdivia y Claudia Ubaldina Cruz Sanabria, contra el Auto de Vista Nº 11/2017 SSA II de 20 de enero de 2017, cursante de fs. 298 a 299, dictado por la Sala Social Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso laboral seguido por Pilar Maruja Panca Condori contra los recurrentes, el Auto que concede el recurso de fs. 306, el Auto Supremo de admisión Nº 573-A de 4 de diciembre de 2017, antecedentes del proceso, y,

I. ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia Nº 162/2015 de 12 de octubre

La demanda laboral de pago de beneficios sociales, incoada por Pilar Maruja Panca Condori contra Jorge Alberto Sillerico Valdivia y Claudia Ubaldina Cruz Sanabria, mereció la Sentencia Nº 162/2015 de 12 de octubre, cursante de fs. 269 a 283 de obrados, dictada por la Juez Segundo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declara probada en parte la demanda e improbada la excepción de pago; por concepto de desahucio, indemnización, vacación en duodécimas, aguinaldo en duodécimas y bono de antigüedad, incluida la multa del 30%.

Auto de Vista Nº 011/2017 SSA II de 20 de enero de 2017

El recurso de apelación interpuesto por los demandados, el 23 de octubre de 2015 (fs. 285 a 286), fue resuelto por la Sala Social Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda, mediante el Auto de Vista Nº 011/2017 SSA II de 20 de enero de 2017, que confirma la Sentencia recurrida.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

El Auto de Vista, motivó que los demandados formulen recurso de casación en el fondo, cursante de fs. 301 a 302 de obrados, expresando lo siguiente:

Retiro intempestivo

Señala que el Auto de Vista hace una relación totalmente inadecuada e incoherente de los antecedentes del proceso, enfocándose su fundamentación plenamente a favor de la demandada, desconociendo las declaraciones testificales de descargo y la confesión provocada prestada por Jorge Alberto Sillerico Valdivia, que desvirtúan el supuesto retiro intempestivo de la demandante y demuestran que ante el desconocimiento que la demandante haría uso de su vacación y por su inasistencia por más de 17 días, se vieron obligados a contratar los servicios de otra persona, quien se encontraba presente al regreso de la demandante de su supuesta vacación, motivo por el que la demandante completamente molesta, al encontrar a otra persona en su lugar de trabajó, se retiró de su fuente laboral; extremo que evidencia la inexistencia de retiro intempestivo, por lo que no corresponde el pago del desahucio.

Aguinaldo

Manifiesta que el Tribunal ad quem al relacionar la prueba, concretamente la declaración de confesión provocada de la demandante, no da la lectura precisa de las mismas, refiriéndose concretamente al monto de dinero recibido por la señora Pilar Panca, en el momento que se retiraba, lo que viola el principio de verdad material.

Vacación

Refiere que la supuesta vacación adeudada a la demandante, no corresponde ser pagada ya que conforme manifestó la propia actora, fue despedida al retornar de su vacación, es decir, su vacación ya fue tomada, por lo que no corresponde su pago.

Petitorio

En atención a estos argumentos pide, que el Tribunal Supremo de Justicia, case totalmente el Auto de Vista impugnado y revoque en parte el merituado Auto de Vista, disponiendo se emita una nueva resolución que disponga el pago de los beneficios sociales respecto a la indemnización y se revoquen los otros derechos colaterales.

III. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL PERTINENTE

En el Estado Constitucional de Derecho vigente en nuestro país desde el 7 de febrero de 2009, el análisis del recurso de casación planteado, debe ser realizado desde y conforme la Constitución, el Bloque de Constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso; en ese contexto caben las siguientes consideraciones de orden legal:

La vinculación del Derecho procesal Laboral a los principios del Derecho Laboral sustantivo

La estructura y diseño normativo dispuesto por la Constitución Política del Estado (CPE), brinda especial y trascendental protección a los trabajadores, considerados la principal fuerza productiva de la sociedad; tanto es así que, principios procesales inherentes al Derecho Laboral han sido elevados a rango constitucional, así el art. 48.II de la Norma Suprema, señala que: “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”.

Por otra parte, el art. 3 del Código Procesal del Trabajo (CPT), detalla los principios del proceso del derecho procesal laboral en: gratuidad, inmediación, publicidad, impulso de oficio, preclusión, lealtad procesal, proteccionismo, inversión de la prueba, concentración y libre apreciación de la prueba.

Siendo uno de los pilares que compone el núcleo del Derecho Laboral sustantivo, el principio protector, cuyo carácter general es la aplicación de la norma y/o situación más beneficiosa al trabajador. Bajo esa premisa, la conclusión lógica arriba al hecho de que el principio protector inherente al Derecho Sustantivo Laboral, comprende de modo cierto e inevitable al Derecho Adjetivo Laboral; no pudiendo entenderse una práctica procesal laboral, sino, desde una perspectiva tuitiva, pues un sentido contrario diluiría no solo los principios generales de la materia, sino, conformaría cauces contrarios a los fines que la propia Constitución señala y persigue.

Esta afirmación se encuentra apoyada en la desigualdad originaria entre los trabajadores para con el empleador, basada no simplemente en una distinta condición económica o distinta condición de recursos existente entre ambos, sino en la posición y rol que los primeros ocupan dentro del trato jurídico que los enlaza, a saber, la relación de subordinación y dependencia. Respaldando esta aseveración, el Tribunal Constitucional de España, mediante la Sentencia 3/1983 de 25 de enero, señala: “La indicada desigualdad del trabajador se corrige, por tanto, también mediante normas procesales, cuyo contenido expresa diferencias jurídicas que impiden o reducen la desigualdad material y que no pueden recibir una valoración negativa, en la medida en que la desigualdad procesal establecida aparezca razonablemente ligada a tal finalidad y sea proporcionada a la desigualdad material existente”.

Derecho a la estabilidad laboral, Desvinculación laboral y prohibición de despido injustificado

Concordante con el art. 48.II de la CPE, el DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, en su art. 4 ratifica la vigencia plena en las relaciones laborales, del principio protector, con sus reglas del in dubio pro operario, de la norma más favorable y de la condición más beneficiosa, así como los principios de continuidad o estabilidad de la relación laboral, de primacía de la realidad y de no discriminación. Por su parte, el art. 11.I del citado precepto establece: "Se reconoce la estabilidad laboral a favor de todos los trabajadores asalariados de acuerdo a la naturaleza de la relación laboral, en los marcos señalados por la Ley General del Trabajo y sus disposiciones reglamentarias".

Los criterios en torno al derecho al trabajo y la estabilidad laboral se encuentran previstos también por normas internacionales, así el art. 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señala que: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo que le asegure a ella como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana”.

El parágrafo III del art. 49 de la CPE, prescribe que: “El Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. La ley determinará las sanciones correspondientes”; en coherencia con ello, el DS 28699, sobre los contratos laborales, en el párrafo onceavo de su parte considerativa ilustra que: “la regla son los contratos laborales indefinidos; ya que la causa de despido debe estar debidamente justificada, fundamentada y comprobada en el marco del respeto a los derechos laborales vigentes en nuestro país”.

A ese efecto, el Convenio C-158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “Sobre la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador”, en su art. 4, establece que: “No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio” (el resaltado es añadido). Este Convenio en su art. 8, establece el derecho del trabajador a recurrir ante la autoridad competente cuando considere que la terminación de su relación de trabajo es injustificada.

Tal como se dijo hasta aquí, el trabajador tiene el derecho de conservar su empleo durante su vida laboral, esta protección encuentra su fundamento en que la estabilidad de la relación laboral da seguridad y confianza al trabajador al permitirle continuar con su trabajo que le genera un salario para la satisfacción de sus necesidades propias y familiares; al mismo tiempo, beneficia a la parte empleadora porque contribuye al mayor rendimiento del trabajador como resultado de su experiencia laboral; finalmente beneficia a la sociedad mejorando el bienestar social, ya que la inestabilidad en el trabajo crea problemas sociales colaterales como la desocupación, pobreza, delincuencia y otros. Este principio expresa la necesidad social de atribuirle una larga duración a las relaciones de trabajo y de proteger al trabajador contra el despido arbitrario e injustificado por parte del empleador, protege uno de los derechos fundamentales como es el derecho al trabajo. Sin embargo, existen causas legales que justifican el despido, incluso, sin derecho a desahucio o indemnización como las establecidas en los arts. 16 de la LGT y 9 de su Decreto Reglamentario (DR).

Para que un despido pueda ser calificado como justificado dentro del espectro que la legislación laboral dispone, éste debe producirse por causas que dentro de un margen de razonabilidad objetiva y previa probanza, estén relacionadas a la conducta del trabajador, y que -entre otros aspectos- eventualmente conlleven la afectación grave de los medios de producción o la estructura organizativa del empleador; entonces, existe un límite claro en lo que a desvinculación laboral atribuible al empleador concierne; límite cuyo principal elemento estriba precisamente en el establecimiento veraz y objetivo de la justa causa del despido, siendo ésta la barrera que impide un accionar discrecional de parte del empleador y es equivalente a los principios protectores establecidos en la legislación constitucional y ordinaria en el Estado.

Con lo expuesto, se debe admitir que un despido justificado, no necesariamente consulta con el art. 16 de la LGT, 9 de su DR y por vulneración al Reglamento Interno de la institución, por cuanto el despido puede originarse en una necesidad empresarial con la finalidad de prevenir una afectación de la entidad tal, que ponga en riesgo el funcionamiento de la empresa y sus consecuencias inmediatas respecto a todos los dependientes.

IV. ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO

Del examen del recurso de casación, el Auto de Vista recurrido y de los antecedentes del proceso, se establece lo siguiente:

La controversia en el presente recurso de casación radica en determinar, si el Tribunal ad quem, en la apreciación o valoración de la prueba de descargo hubiera incurrido en error de hecho, error que determina el pago de desahucio, aguinaldo y vacación; prueba que de haber sido valorada correctamente, demostraría la inexistencia de despido injustificado, el pago del aguinaldo y que la demandante ya había gozado de su vacación.

Respecto a la apreciación de la prueba, el art. 158 del CPT, dispone que el Juez, no está sujeto a tarifa legal de pruebas, debiendo formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes; hechos y circunstancias, encontradas en la parte motivada de la sentencia, que causaron el convencimiento de la Juez y que fueron ratificados por el Auto de Vista, al momento de confirmar la sentencia.

Respecto al error de hecho en la apreciación de la prueba de descargo, referida al retiro intempestivo, se evidencia previa revisión de las declaraciones testificados de descargo, ambas coinciden en que la señora Pilar Panca desapareció de la casa de los esposos Sillerico Cruz, pero desconocen los motivos, es decir, desconocen si tomó vacación, fue despedida o se retiró voluntariamente; con referencia a la confesión provocada del demandado Jorge Alberto Sillerico Valdivia, éste no hace mención al retorno de la demandante, por cuanto no señala si al volver de su vacación fue despedida o se retiró; consiguientemente, no es evidente la errónea apreciación de la prueba, alegada por el recurrente; ya que esta prueba no desvirtuó el despido intempestivo argumentado por la demandante, por lo que corresponde el pago de desahucio.

Con relación al error de hecho en la apreciación de la prueba, referido al pago de aguinaldo, el recurrente manifiesta que en la confesión provocada de la demandante, ella admitió haber recibido un monto de dinero el último día de trabajo y que en la confesión provocada del demandado, éste aclaró que el monto entregado a la demandante fue de Bs2000; al respecto, previa revisión de los referidos actuados, resulta evidente lo argumentado por los de instancia, ya que no consta que la demandante haya declarado haber recibido dinero alguno, tampoco que el demandado haya pagado Bs2000 por concepto de aguinaldo; consecuentemente, al no ser evidente lo referido por la parte recurrente, se ratifica el pago por concepto de aguinaldo.

Con referencia a la vacación, se aclara que efectivamente la vacación del periodo 2010 a 2011 fue ejercida por la demandante, sin embargo, la vacación pendiente, la que es accionada en la presente demanda, es la que corresponde a la gestión 2011 en duodécimas, es decir, por 3 meses y 6 días, desde el 2 de mayo de 2011 hasta el 8 de agosto de 2011; extremo que si bien fue negado, no fue demostrado o desvirtuado por los demandados, siendo su reclamo carente de todo fundamento de hecho y de derecho, impidiendo que éste Tribunal ingrese a su examen; quedando ratificado lo confirmado por el Tribunal ad quem, referido al pago de la vacación de la gestión 2011 en duodécimas.

Al margen de lo señalado, es oportuno señalar, que la judicatura laboral debe enmarcar su actuar, en los principios rectores que rigen el derecho laboral, haciendo énfasis en el principio protector, que con el fin de acortar la diferencia evidente que existe entre los dos actores de una relación de trabajo; empleador y trabajador, ante la duda debe favorecerse al trabajador, aplicando la norma más favorable y la condición más beneficiosa. Este principio y los otros constitucionalmente reconocidos, ya fueron desarrollados en el parágrafo III del presente Auto Supremo.

Lo razonado líneas arriba, demuestra que no son evidentes los errores de hecho alegados por los recurrentes; correspondiendo a este Tribunal aplicar la disposición comprendida en el art. 220.II del Código Procesal Civil (CPC), aplicable al caso de autos por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

POR TANTO

La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 301 a 302, interpuesto por los demandados Jorge Alberto Sillerico Valdivia y Claudia Ubaldina Cruz Sanabria.

Con Costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.