TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 93

Sucre, 20 de febrero de 2019

DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES

Expediente:                566/2017

Demandante:                María Dina Andrade Rondales

Demandado:        Heladería Patty Kivon (José Rodríguez Mendoza)

Materia:                        Laboral

Distrito:                        Santa Cruz

Magistrada Relatora:        María Cristina Díaz Sosa

VISTOS

El Recurso de Casación en la forma y en el fondo de fs. 192 a 194, interpuesto por Miguel Ángel Hinojosa Zeballos en su condición de apoderado del propietario de la empresa unipersonal “Heladería Patty Kivon”, José Rodríguez Mendoza, contra el Auto de Vista Nº 114 de 14 de septiembre de 2017, cursante de fs. 187 a 189, dictado por la Sala en Materia del Trabajo y Seguridad Social Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso laboral seguido por María Dina Andrade Rondales contra la empresa unipersonal recurrente, el escrito de respuesta de fs. 197, el Auto que concede el recurso de fs. 200, el Auto Supremo de admisión Nº 36-A de 31 de enero de 2018, antecedentes del proceso; y,

I. ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia Nº 03/17 de 6 de enero de 2017

La demanda laboral de pago de beneficios sociales, incoada por María Dina Andrade Rondales contra la Empresa Unipersonal “Heladería Patty Kivon”, mereció la Sentencia Nº 03/17 de 6 de enero de 2017, cursante de fs. 165 a 169 de obrados, dictada por el Juez Sexto de Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declara probada en parte la demanda, sin costas y costos; por concepto de desahucio, indemnización, vacación y prima anual, incluida la multa del 30%.

Auto de Vista Nº 114 de 14 de septiembre de 2017

Los recursos de apelación interpuestos por María Dina Andrade Rondales y el apoderado de la Heladería Patty Kivon, el 24 de marzo de 2017 (fs. 171) y el 8 de junio de 2017 (fs. 175 a 176) respectivamente, fueron resueltos por la Sala en Materia del Trabajo y Seguridad Social Segunda, mediante el Auto de Vista Nº 114 de 14 de septiembre de 2017, que confirma la Sentencia recurrida.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

El Auto de Vista, motivó que la empresa demandada formule recurso de casación en el fondo, cursante de fs. 192 a 194 de obrados, expresando lo siguiente:

Pago de Desahucio

Manifiesta que el Auto de Vista recurrido, al apreciar la prueba de fs. 62 incurrió en error de derecho, al no recocer el valor probatorio de las fotocopias simples dispuesto en el art. 1311 del Código Civil (CC) que determina, las copias fotográficas u otras obtenidas por medios técnicos para la reproducción directa de documentos, harán la misma fe que éstos, si la parte a quien se opongan no las desconoce expresamente; documento que de ser valorado correctamente demostrará que la desvinculación se encontraba dentro de una de las causales justificadas del art. 16.g) de la Ley General del Trabajo (LGT) y 9 incisos e) y g) del Reglamento de la Ley General del Trabajo (RLGT); lo que excluiría el pago de desahucio.

Pago de Beneficios Sociales

Señala que el Auto de Vista recurrido, al apreciar la prueba de fs. 79 y 81 a 86 incurrió en error de derecho, al no recocer el valor probatorio de las fotocopias simples, dispuesto en el art. 1311 del Código Civil (CC) que determina, las copias fotográficas u otras obtenidas por medios técnicos para la reproducción directa de documentos, harán la misma fe que éstos, si la parte a quien se opongan no las desconoce expresamente; documentos que de ser valorados correctamente demostrarían los pagos realizados por concepto de beneficios sociales a través de los finiquitos correspondientes; pago de beneficios sociales efectivizados antes de la promulgación de la Constitución Política del Estado (CPE), los que se encontrarían prescritos; documental que excluye el pago de beneficios sociales.

Pago de Prima

Refiere que el Auto de Vista recurrido, al apreciar la prueba de fs. 64 a 69 incurrió en error de derecho, al no recocer el valor probatorio de las fotocopias simples, dispuesto en el art. 1311 del Código Civil (CC) que determina, las copias fotográficas u otras obtenidas por medios técnicos para la reproducción directa de documentos, harán la misma fe que éstos, si la parte a quien se opongan no las desconoce expresamente; documentos que de ser valorados correctamente demostrarían que ante la existencia de 43 trabajadores, el pago de las primas se debe realizar a prorrata, en aplicación de los dispuesto por el art. 49 del RLGT, que limita el pago de las primas al 25% de las utilidades netas de la empresa; prueba que sin lugar a dudas evidencia que el pago de las primas debe ser a prorrata entre todos los trabajadores, tomando en cuenta el porcentaje máximo de las utilidades netas.

Petitorio

En atención a estos argumentos pide, que el Tribunal Supremo de Justicia, case totalmente el Auto de Vista impugnado, disponiendo se emita una nueva resolución.

III. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL PERTINENTE

En el Estado Constitucional de Derecho vigente en nuestro país desde el 7 de febrero de 2009, el análisis del recurso de casación planteado, debe ser realizado desde y conforme la Constitución, el Bloque de Constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso; en ese contexto caben las siguientes consideraciones de orden legal:

La vinculación del Derecho procesal Laboral a los principios del Derecho Laboral sustantivo

La estructura y diseño normativo dispuesto por la CPE, brinda especial y trascendental protección a los trabajadores, considerados la principal fuerza productiva de la sociedad; tanto es así que, principios procesales inherentes al Derecho Laboral han sido elevados a rango constitucional, así el art. 48.II de la Norma Suprema, señala: “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”.

Por otra parte, el art. 3 del CPT, detalla los principios del proceso del derecho procesal laboral en: gratuidad, inmediación, publicidad, impulso de oficio, preclusión, lealtad procesal, proteccionismo, inversión de la prueba, concentración y libre apreciación de la prueba.

Siendo uno de los pilares que compone el núcleo del Derecho Laboral sustantivo, el principio protector, cuyo carácter general es la aplicación de la norma y/o situación más beneficiosa al trabajador. Bajo esa premisa, la conclusión lógica arriba al hecho de que el principio protector inherente al Derecho Sustantivo Laboral, comprende de modo cierto e inevitable al Derecho Adjetivo Laboral; no pudiendo entenderse una práctica procesal laboral, sino, desde una perspectiva tuitiva, pues un sentido contrario diluiría no solo los principios generales de la materia, sino, conformaría cauces contrarios a los fines que la propia Constitución señala y persigue.

Esta afirmación se encuentra apoyada en la desigualdad originaria entre los trabajadores para con el empleador, basada no simplemente en una distinta condición económica o distinta condición de recursos existente entre ambos, sino en la posición y rol que los primeros ocupan dentro del trato jurídico que los enlaza, a saber, la relación de subordinación y dependencia. Respaldando esta aseveración, el Tribunal Constitucional de España, mediante la Sentencia 3/1983 de 25 de enero, señala: “La indicada desigualdad del trabajador se corrige, por tanto, también mediante normas procesales, cuyo contenido expresa diferencias jurídicas que impiden o reducen la desigualdad material y que no pueden recibir una valoración negativa, en la medida en que la desigualdad procesal establecida aparezca razonablemente ligada a tal finalidad y sea proporcionada a la desigualdad material existente”.

Derecho a la estabilidad laboral, Desvinculación laboral y prohibición de despido injustificado

Concordante con el art. 48.II de la CPE, el DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, en su art. 4 ratifica la vigencia plena en las relaciones laborales, del principio protector, con sus reglas del in dubio pro operario, de la norma más favorable y de la condición más beneficiosa, así como los principios de continuidad o estabilidad de la relación laboral, de primacía de la realidad y de no discriminación. Por su parte, el art. 11.I del citado precepto establece: "Se reconoce la estabilidad laboral a favor de todos los trabajadores asalariados de acuerdo a la naturaleza de la relación laboral, en los marcos señalados por la Ley General del Trabajo y sus disposiciones reglamentarias".

Los criterios en torno al derecho al trabajo y la estabilidad laboral se encuentran previstos también por normas internacionales, así el art. 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señala que: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo que le asegure a ella como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana”.

El parágrafo III del art. 49 de la CPE, prescribe que: “El Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. La ley determinará las sanciones correspondientes”; en coherencia con ello, el DS 28699, sobre los contratos laborales, en el párrafo onceavo de su parte considerativa ilustra que: “la regla son los contratos laborales indefinidos; ya que la causa de despido debe estar debidamente justificada, fundamentada y comprobada en el marco del respeto a los derechos laborales vigentes en nuestro país”.

A ese efecto, el Convenio C-158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “Sobre la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador”, en su art. 4, establece que: “No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio” (el resaltado es añadido). Este Convenio en su art. 8, establece el derecho del trabajador a recurrir ante la autoridad competente cuando considere que la terminación de su relación de trabajo es injustificada.

Tal como se dijo hasta aquí, el trabajador tiene el derecho de conservar su empleo durante su vida laboral, esta protección encuentra su fundamento en que la estabilidad de la relación laboral da seguridad y confianza al trabajador al permitirle continuar con su trabajo que le genera un salario para la satisfacción de sus necesidades propias y familiares; al mismo tiempo, beneficia a la parte empleadora porque contribuye al mayor rendimiento del trabajador como resultado de su experiencia laboral; finalmente beneficia a la sociedad mejorando el bienestar social, ya que la inestabilidad en el trabajo crea problemas sociales colaterales como la desocupación, pobreza, delincuencia y otros. Este principio expresa la necesidad social de atribuirle una larga duración a las relaciones de trabajo y de proteger al trabajador contra el despido arbitrario e injustificado por parte del empleador, protege uno de los derechos fundamentales como es el derecho al trabajo. Sin embargo, existen causas legales que justifican el despido, incluso, sin derecho a desahucio o indemnización como las establecidas en los arts. 16 de la LGT y 9 de su Decreto Reglamentario (DR).

Para que un despido pueda ser calificado como justificado dentro del espectro que la legislación laboral dispone, éste debe producirse por causas que dentro de un margen de razonabilidad objetiva y previa probanza, estén relacionadas a la conducta del trabajador, y que -entre otros aspectos- eventualmente conlleven la afectación grave de los medios de producción o la estructura organizativa del empleador; entonces, existe un límite claro en lo que a desvinculación laboral atribuible al empleador concierne; límite cuyo principal elemento estriba precisamente en el establecimiento veraz y objetivo de la justa causa del despido, siendo ésta la barrera que impide un accionar discrecional de parte del empleador y es equivalente a los principios protectores establecidos en la legislación constitucional y ordinaria en el Estado.

Con lo expuesto, se debe admitir que un despido justificado, no necesariamente consulta con el art. 16 de la LGT, 9 de su DR y por vulneración al Reglamento Interno de la institución, por cuanto el despido puede originarse en una necesidad empresarial con la finalidad de prevenir una afectación de la entidad, que ponga en riesgo el funcionamiento de la empresa y sus consecuencias inmediatas respecto a todos los dependientes.

IV. ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO

Del examen del recurso de casación, el Auto de Vista recurrido y de los antecedentes del proceso, se establece lo siguiente:

La controversia en el presente recurso de casación radica en determinar, si el Tribunal ad quem, en la apreciación o valoración de los documentos de fs. 62, 79, 81 a 86 y de 64 a 69, hubiera incurrido en error de derecho, al no recocer el valor probatorio de las fotocopias simples dispuesto en el art. 1311 del CC, cuando determina que, las copias fotográficas u otras obtenidas por medios técnicos para la reproducción directa de documentos, harán la misma fe que éstos, si la parte a quien se opongan no las desconoce expresamente; documentos que de haber sido valorados correctamente, demostrarían la inexistencia de un despido injustificado, la prescripción de los beneficios sociales y el pago de primas a prorrata.

Respecto a la apreciación de la prueba, el art. 158 del Código Procesal del Trabajo, dispone que el Juez, no está sujeto a tarifa legal de pruebas, debiendo formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes; hechos y circunstancias, encontradas en la parte motivada de la sentencia, que causaron el convencimiento de la Juez, extremos que fueron ratificados por el Auto de Vista, al momento de confirmar la sentencia; más si tomamos en cuenta que dicha documentación fue presentada por el propio empleador en fotocopia simple, siendo él, el tenedor de toda la documentación original referida a la empresa unipersonal Heladería Patty Kivon; por lo que no es latente el error de derecho en la apreciación de la prueba denunciado.

Al margen de la amplia facultad que tiene el juzgador en la apreciación de la prueba en su conjunto; esta valoración debe ser realizada atendiendo a los principios que rige la materia laboral, refiriéndonos concretamente al principio proteccionista, que privilegia la relación laboral, continua y estable.

El recurrente señala que, la desvinculación se habría producido al amparo de la causal justificada establecida en el art. 16 inc. g) de la LGT y art. 9 incs. e) y g) del RLGT, es decir, robo y hurto por parte del trabajador, incumplimiento total o parcial del contrato de trabajo o del reglamento interno de la empresa y Abuso de confianza  respectivamente; sin embargo en el expediente no consta o no existe prueba de estos delitos, supuestamente cometidos por la trabajadora; tampoco existe el reglamento interno de la empresa unipersonal, el que habría sido incumplido por parte de la demandante; entonces al no haber sido demostrada la causal de desvinculación justificada, se presume la  existencia de un despido injustificado, que tiene como consecuencia el pago del desahucio, conforme fue objetivamente resuelto por los de instancia.

Con referencia al tiempo de trabajo y consecuente indemnización, la prueba documental y testifical que cursa en el expediente, demuestra que la relación laboral entre la demandante y la empresa demandada, inició en agosto/1985 y concluyó el 28 de agosto/2014, es decir, tuvo una vigencia de 29 años y 27 días; que la prueba aportada por el empleador, quien, dicho sea de paso, tenía la carga de la prueba, según los arts. 3.h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo (CPT), no pudo desvirtuar esta afirmación, más tomando en cuenta que en el proceso laboral, el Juez debe aplicar los principios de primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral; tiempo de trabajo que tiene como consecuencia, o acarrea un derecho para el trabajador y una obligación para el empleador, que es conocido como el pago de indemnización, entendida como la compensación al desgaste físico y psicológico del trabajador, durante todo el tiempo que prestó servicios al empleador. Con relación al pago total de indemnización correspondiente al tiempo trabajado, los de instancia, en ejercicio de su amplia libertad a momento de valorar la prueba, descontaron los pagos realizados por el empleador por concepto de anticipo de los años 1985 a 2012, del finiquito que le correspondía a la demandante por el tiempo de trabajo. Corresponde aclarar que ante la continuidad de la relación laboral no existe prescripción de los beneficios sociales, concretamente de la indemnización, ya que los pagos fueron por los quinquenios transcurridos, manteniéndose inalterable la relación laboral.

Con relación al pago de prima anual de las gestiones 2011 a 28 de agosto de 2014, corresponde su cancelación por 3 años, 7 meses y 28 días; en razón a que el recurrente no cuestiona el pago, su argumento va dirigido a cuestionar este pago sin considerar lo dispuesto en el art. 49 del RLGT que señala, el monto total de estas primas, en ningún caso podrá sobrepasar el 25% de las utilidades netas de la empresa, con la aclaración que si dicho porcentaje no cubre el monto de las primas, su distribución será a prorrata; al respecto, el recurrente manifiesta la existencia de error de derecho al apreciar los documentos de fs. 64 a 69, por no considerar el valor probatorio que le otorga el art. 1311 del CC a las fotocopias simples por falta de oposición expresa de la demandante. Conforme se desarrolló líneas arriba, es pertinente recalcar que por mandato del art. 158 del CPT, el Juez laboral no se encuentra sujeto a la tarifa legal de pruebas, por lo que, la valoración de las mismas la realiza en forma conjunta y formando libremente su convencimiento y principalmente aplicando los principios rectores del derecho laboral.

Al margen de lo señalado, debemos aclarar que en materia laboral no aplican normas de otras materias, según la previsión del art. 252 del CPT, cuando dispone que los aspectos no previstos por el CPT, se regirán excepcionalmente por las disposiciones de la Ley del Órgano Judicial y del Procesal Civil, siempre que no signifiquen violación de los principios generales del Derecho Procesal Laboral; por lo manifestado, no corresponde la aplicación del art. 1311 del CC a ésta materia, más si tomamos en cuenta los arts. 158 y 159 del CPT, que regulan sobre la sana crítica de la prueba y sobre qué prueba es considerada documento; y principalmente porque es contrario a los principios del Derecho del Trabajo. En atención a estos argumentos, el supuesto error de derecho en la apreciación de la prueba, expuesto como argumento casacional por el demandado, no corresponde a la realidad de los hechos y no incurre en error en la apreciación de la prueba.

Lo razonado líneas arriba, demuestra que no son evidentes los errores de derecho alegados por la empresa recurrente; por lo que, corresponde a este Tribunal aplicar la disposición comprendida en el art. 220.II del Código Procesal Civil (CPC), aplicable al caso de autos por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

POR TANTO

La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 192 a 194, interpuesto por Miguel Ángel Hinojosa Zeballos en su condición de apoderado del propietario de la empresa unipersonal Heladería Patty Kivon.

Con Costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs1000 (Mil 00/100 Bolivianos).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.