TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 91

Sucre, 20 de febrero de 2019

Expediente                    : 555/2017

Demandante                 : Cristian Crispín León Cruz

Demandado                   : Imprenta Fénix 

Proceso                         : Beneficios Sociales

Departamento               : La Paz

Magistrada Relatora     : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS: El recurso de casación de fs. 129 a 133, interpuesto por Juan Milton Huanacu Peralta, en representación de la Imprenta Fénix, impugnando el Auto de Vista Nº 145/2017 de fecha 14 de junio cursante de fs. 125 a 127, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contencioso Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso para el pago de beneficios sociales, seguido por Cristian Crispín León Cruz contra el recurrente; el Auto de fs. 137 vta. que concede el recurso de casación; el Auto Supremo Nº 555-A de fs. 146 y vta. de admisión del recurso; los antecedentes del proceso; y:

I: ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia

Que, tramitado el proceso laboral para el pago de beneficios sociales, la Juez Octavo de Trabajo y Seguridad Social de la Ciudad de La Paz, pronunció la Sentencia N° 168/2016 de fecha 30 de septiembre, cursante de fs. 102 a 106, declarando PROBADA en parte la demanda, determinando que el demandado proceda al pago de CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA 60/100 BOLIVIANOS (Bs.- 49.590,60) a favor de Cristian Crispín León Cruz, por concepto de indemnización, vacación, salario devengado, aguinaldos por las gestiones 2013, 2014 y 2015, aguinaldo esfuerzo por Bolivia de las gestiones 2013 y 2014,  reintegro del bono de antigüedad por las gestiones 2012, 2013 y 2014, más actualización y multa del 30%.

Auto de Vista

En grado de apelación deducida por el demandado de fs. 108 a 110 vta., la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contencioso Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista Nº 145/2017 de fecha 14 de junio cursante de fs. 125 a 127, que REVOCA en parte la Sentencia apelada, determinando que se cancele la suma de CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 14/100 BOLIVIANOS (Bs.- 47.450,14) a favor del demandante, por concepto de indemnización, vacación, aguinaldos por las gestiones 2013, 2014 y 2015, aguinaldo esfuerzo por Bolivia de las gestiones 2013 y 2014,  reintegro del bono de antigüedad por las gestiones 2012, 2013 y 2014, más actualización y multa del 30%.

Ante la determinación del Auto de Vista, el demandado Juan Milton Huanacu Peralta, en representación de la Imprenta Fénix, interpone recurso de casación y el Tribunal de Alzada emite Auto Supremo Nº 555-A, cursante a fs. 146 y vta., de fecha 27 de noviembre de 2017, admitiendo el recurso.

II: ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto el recurso de casación en el fondo, el recurrente establece que el Auto de Vista impugnado vulnera disposiciones legales vigentes, bajo los siguientes fundamentos:

1.- Se establece que el demandante no aportó prueba alguna para acreditar sus pretensiones, resultando la Sentencia una clara intención de favorecer al actor, pues desconociendo y vulnerando los arts. 150 y 167 del CPT, no considera el reconocimiento expreso del actor que su retiro fue voluntario y que los hechos admitidos en confesión provocada no requieren mayor prueba, violentando de igual manera el principio de congruencia.

2.- No se considera el receso colectivo de 20 días, que cada fin de año se otorgaba a todos los trabajadores de la imprenta, como tampoco se valora que el actor se negaba a firmar planillas o recibos de los pagos que recibía, conforme reconoce en persona durante el desarrollo de la audiencia de la confesión provocada a la cual fue diferido, violentando el art. 154 del CPT.

3.- El demandante reconoce haber abandonado la fuente laboral, por lo que se debería haber sancionado aplicando el art. 16.d) de la LGT y 9 de su Decreto Reglamentario, como se manifestó durante la tramitación de la causa, lo que implica extinción de la relación laboral, así como tampoco se considera el daño que ocasionó el actor al desviar clientela de la Imprenta Fénix hacia otra empresa similar de propiedad del demandante, vulnerando el art. 16 de la LGT y 9.a) del Decreto Reglamentario; por consiguiente, no corresponde el pago de beneficios sociales y menos la multa del 30%.

Por lo tanto, en base a los argumentos expuestos, pide casar el Auto de Vista recurrido en base a los argumentos expuestos, declarando improbada la demanda.

Por su parte, el demandante, habiendo sido legalmente notificado, ejerce su derecho a contestar el recurso de fs. 135 a 137, pidiendo sea rechazado.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y DOCTRINALES DEL FALLO

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

El CPT en los arts. 3.h), 66 y 150, define y norma el principio de inversión de la prueba, pues en materia laboral corresponde al empleador demostrar, con todos los medios probatorios establecidos, haber actuado correctamente y bajo las disposiciones laborales vigentes, siendo el responsable de la carga probatoria; de lo que interpretamos que, para el trabajador será suficiente denunciar hechos, resultando facultativo presentar pruebas que considere necesarias, mientras que, para el empleador resulta obligatorio demostrar con pruebas fehacientes los extremos denunciados por ese trabajador o las consideraciones propias de defensa.

Textualmente estos artículos señalan: artículo 3.h) “Inversión de la prueba, por el que la carga de la prueba corresponde al empleador”, artículo 66 “En todo juicio social incoado por el trabajador, la carga de la prueba corresponde al empleador, sin perjuicio de que aquel pueda ofrecer las pruebas que estime convenientes” y artículo 150 “En esta materia corresponde al empleador demandado desvirtuar los fundamentos de la acción, sin perjuicio de que el actor aporte las pruebas que crea conveniente”.

La normativa laboral es clara en referencia a los requisitos que debe cumplir la Sentencia, así como el Auto de Vista. Es así que tenemos el art. 202.a) y b) del C.P.T. que indican:La sentencia recaerá sobre todos los puntos litigados y constará de una parte considerativa y otra resolutiva, y se dictará conforme a las reglas siguientes: a) En la parte considerativa se indicará el nombre de las partes, la relación suscinta de la acción intentada y los puntos materia de la controversia. En párrafos expresos se hará una relación de los hechos comprobados y alegados oportunamente. Se hará referencia a las pruebas que obren en los hechos. En seguida se darán las razones y fundamentos legales que se estimen pertinentes, se citarán las normas legales y las razones doctrinales que se consideren aplicables al caso. b) En la parte resolutiva, se indicará la decisión que se adopte con determinación obligatoria e inexcusable de la cuantía de las obligaciones que debe pagar el demandado. La liquidación que contenga deberá referirse a todos y cada uno de los conceptos a que se refiera el auto de prueba previsto en el Artículo de este Código bajo responsabilidad”.

Por otra parte, de acuerdo con el mandato del art. 252. del mismo cuerpo legal, debemos aplicar el art. 218. del C.P.C., el cual en su parágrafo primero expresa: “El auto de vista es el fallo de segunda instancia que deberá cumplir con los requisitos de la sentencia en todo lo que fuere pertinente”.

La normativa laboral es clara en referencia a la facultad de los jueces al momento de valorar y considerar las pruebas aportadas por las partes durante el desarrollo del proceso, por lo que, corresponde señalar que, en materia laboral, el art. 158. del CPT, expresa de manera clara que los juzgadores no se encuentran sujetos a la tarifa legal de la prueba, sino por el contrario deben formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la misma y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, en relación con el art. 3. j) del mismo cuerpo legal, que dispone la libre apreciación de la prueba, pudiendo valorar las mismas con amplio margen de libertad y según los principios reconocidos por la Constitución Política del Estado y las normas laborales, conforme a su sana lógica.

Es así que textualmente, los arts. 3.j) y 158 del CPT a la letra indican: 3.j) “Libre apreciación de la prueba, por la que el Juez valora las pruebas con amplio margen de libertad conforme a la sana lógica, los dictados de su conciencia y los principios enunciados” y 158 “El Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la Ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, no se podrá admitir su prueba por otro medio. En todo caso, en la parte motivada de la sentencia el Juez indicará los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento”.

IV. ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO

Planteados los fundamentos expuestos en el recurso de casación presentado, se debe considerar lo siguiente:

1.- El recurrente, demostrando desconocimiento de los principios laborales, indica que se favoreció al demandante pues no presentó prueba alguna que corrobore lo que expresa en su demanda; sin embargo, olvida que existe el principio de inversión de la prueba, por el cual en aplicación de los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT, debe ser el empleador quién corre con la carga probatoria en los procesos sociales, siendo suficiente para el trabajador solamente la sindicación de hechos.

De la revisión de obrados, se verifica que al contrario de lo que se denuncia, es el demandado quién no presenta ningún tipo de prueba documental, ni siquiera contesta la demanda como la ley lo faculta, haciéndose declarar rebelde y contumaz mediante Auto de fs. 12, solamente ofrece la declaración testifical de 3 personas y provoca a confesión al demandante mediante memorial de fs. 67, por lo que fue negligente para asumir su defensa de manera adecuada, por lo tanto no puede ahora pretender que este Tribunal casacional enmiende el descuido propio.

La falta de congruencia denunciada tampoco resulta evidente, pues el reconocimiento de la renuncia expresa no implica el desconocimiento de los beneficios sociales o derechos laborales que por ley corresponde pagar a favor de los trabajadores, por lo que no se entiende con claridad lo que pretende el recurrente con este argumento, así como tampoco es preciso al indicar que no se requiere mayor producción probatoria sobre los hechos admitidos en confesión provocada, lo cual es evidente, pero no se refiere a ningún aspecto puntual del Auto de Vista recurrido.

2.- De la revisión del interrogatorio realizado al demandante, mediante confesión provocada cursante a fs. 78, se verifica que el argumento casacional no es evidente, pues no indica en ninguna parte que el actor haya reconocido las vacaciones colectivas de 20 días que indica el recurrente, es más, ni siquiera en las preguntas del interrogatorio cursante a fs. 77 se refiere a este extremo, como tampoco se reconoce que haya rehusado firmar planillas o recibos de ninguna naturaleza, por lo que no existe vulneración del art. 154 del CPT, pues el hecho denunciado tampoco es real y no cursa en obrados ningún otro medio probatorio que demuestre la otorgación de vacaciones anuales a favor del trabajador, ahora demandante.

3.- En lo referido al abandono de la fuente laboral, en el tercer párrafo del memorial de demanda cursante a fs. 1, el trabajador indicó que comunicó de manera verbal a su empleador que renunciaba voluntariamente al trabajo, por lo que, bajo el principio de inversión de la prueba, si el demandado interpretaba que existió abandono de la fuente laboral, debería haber acompañado prueba que demuestre ese extremo y no simplemente mencionar un argumento para que sea valorado por sí sólo, porque aparenta ser solamente un fundamento dilatorio que tiende a entorpecer el desarrollo normal del proceso, pues no tendrá valor probatorio fehaciente, por lo que no puede ser valorado.

Lo mismo sucede con la denuncia de la desviación de clientes, argumento que no fue debidamente probado durante la tramitación de la causa, pues solamente cursa el memorial de fs. 67, en el cual el recurrente indica esta aseveración y la audiencia de confesión provocada al demandante, en la cual no se evidencia que se haya reconocido este extremo por parte del actor, por lo que corresponde el pago de los beneficios sociales por efecto del retiro del trabajador, con más la multa del 30% al haberse incumplido lo dispuesto por el D.S. N° 28699 de 1 de mayo de 2006.

Consiguientemente, corresponde fallar de acuerdo a las disposiciones contenidas en el art. 220. II del Código de Procesal Civil, aplicable por mandato del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el Recurso de Casación de fs. 129 a 133, interpuesto por Juan Milton Huanacu Peralta, en representación de la Imprenta Fénix, manteniéndose firme el Auto de Vista Nº 145/2017 de fecha 14 de junio cursante de fs. 125 a 127.

Con costas y costos.

Se regula el honorario profesional en la suma de UN MIL 00/100 BOLIVIANOS (Bs.- 1.000.-), que mandará pagar el Tribunal ad quem.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.