TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 87

Sucre, 20 de febrero de 2019

Expediente

:

527/2017

Demandante 

:

Renato Apuri Alvez

Demandado

:

Gobierno Autónomo Municipal de Cobija

Proceso   

:

Pago de beneficios sociales y otros derechos

Distrito

:

Pando

Magistrado Relator

:

Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación de fs. 66 a 67 y vta., interpuesto por Alex Jorge Sánchez Iraizos, en representación del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Cobija, en mérito al Testimonio de poder especial y bastante Nº 516/2016 de 19 de septiembre, otorgado por Luis Gatty Ribeiro Roca, Alcalde Municipal de Cobija, ante la Notaría Nº 3 de la ciudad de Cobija, a cargo de la Abogada Eva Romero Saavedra (fs. 19-20), contra el Auto de Vista N° 385/17 de 6 de septiembre de fs. 61 a 63, pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescente y Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso de pago de beneficios sociales y otros derechos, promovido por Renato Apuri Alvez, contra la entidad municipal recurrente; el Auto 328/17, de 13 de octubre de 2017 que concedió el recurso de fs. 71 y vta.; el Auto Supremo Nº 527-A de 3 de noviembre de 2017 de fs. 79 y vta., por el cual se declaró admisible el recurso de casación interpuesto; los antecedentes procesales; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.

Planteada la demanda social de pago de beneficios sociales y otros derechos por Renato Apuri Alvez; y tramitado el proceso, el Juez de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cobija, emitió la Sentencia Nº 260/017 de 6 de junio de 2017 de fs. 45 a 47, donde declaró PROBADA en parte la demanda de fs. 13 y vta., e Improbada la excepción perentoria de prescripción opuesta, sin costas; disponiendo que el Gobierno Municipal demandado cancele a favor del actor, la suma de Bs11.640.- (Once Mil Seiscientos Cuarenta 00/100 Bolivianos), por concepto de subsidios de frontera correspondiente a un mes por la gestión 2008, un mes por la gestión 2009, cinco meses por la gestión 2012, 2 meses por la misma gestión 2012 (diferente importe), 1 mes por la gestión 2013 y 2 meses por la gestión 2014, conforme la liquidación que inserta en su texto.

Auto de Vista.

En conocimiento de la Sentencia, el GAM de Cobija interpuso recurso de apelación, conforme consta el escrito de fs. 50 y vta.; que fue resuelto por el Auto de Vista 385/17 de 6 de septiembre de fs. 61 a 63, pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescente, Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, CONFIRMANDO en parte la Sentencia de primera instancia, incrementando el monto a pagar a la suma de Bs14.680.- (Catorce Mil Seiscientos Ochenta 00/100 Bolivianos), toda vez que el Juez de instancia no tomó en cuenta que se acreditó el pago de un salario de la gestión 2015, en la que no se canceló el subsidio de frontera en un 20%.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:

En conocimiento del señalado Auto de Vista, el GAM de Cobija, representado por Alex Jorge Sánchez Iraizos, formuló recurso de casación en el fondo, cursante de fs. 66 a 67 y vta., en el que señaló lo siguiente:

1.- Existe una violación del art. 108 numerales 1 y 2 de la Constitución Política del Estado (CPE), por que el Tribunal de alzada tiene como uno de sus deberes fundamentales de velar por los intereses del Estado y de la sociedad, interpretando de manera minuciosa las leyes que señalan los demandantes: “porque, no solo es decir que todos los funcionarios están dentro de la Ley, sino muchas veces sus derechos y obligaciones están plasmadas en otras leyes y Decretos Supremos…” (textual), debiendo respetarse y adecuarse a las leyes que rigen la vida institucional, como las de administración pública, como la Ley de Administración y Control Gubernamental, Estatuto del Funcionario Público, Ley de Procedimiento Administrativo y demás normas, a las que se rigió la parte actora.

2.- El Tribunal de alzada está en la obligación de velar la igualdad de las partes dentro del proceso y el derecho a la defensa es totalmente inviolable, debiendo aplicarse el art. 119 de la CPE, para ambas partes del proceso; no como en el presente caso, que se consideró el mismo, solo respecto de la parte demandante, por consiguiente, considera que no se estaría velando por los intereses del Estado, al haber trabajado el actor bajo las disposiciones de las Leyes de Administración y Control Gubernamental y del Estatuto del Funcionario Público, no estando sometido a la Ley Nº 321 de 18 de diciembre de 2012, argumenta que las normas señaladas, fuero vulneradas, tanto por el Juez de instancia como por el Tribunal de alzada; no se consideró las características de la contratación de servicios de consultoría individual y su naturaleza jurídica, conforme establece la SCP 351/2003-R de 24 de marzo, cuyo texto transcribe parcialmente, en la que se alude que las personas sujetas a estos contratos, no gozan de vacaciones, aguinaldos y otros beneficios.

3.- La Sentencia y el Auto de Vista determinaron el pago de subsidio de frontera, sin considerar que en el presente caso, el actor se encuentra sujeto a un contrato de consultoría en línea, en las que se aplican las normas que rigen para el personal consultor de línea, más aún, si el demandado, en su condición de Profesional I (o Director) no le ampara el Decreto Supremo Nº 21137, añadiendo, que el Auto de Vista incrementa el bono de frontera incurriendo en una resolución Ultra petita.

Petitorio.

Interpuesto el recurso de casación en el fondo, contra el Auto de Vista N° 328/17 de 25 de julio de 2017, solicita se emita Auto Supremo casando o modificando el Auto de Vista recurrido.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Expuestos así los argumentos del recurso de casación en el fondo, es necesario realizar las siguientes consideraciones:

Dentro del proceso social, se ha instituido como reglas constitucionales los principios de protección de los trabajadores y la inversión de la prueba, que han sido desarrolladas tanto en los arts. 4 del Decreto Supremo Nº 29699 de 1º de mayo de 2006 y 3 inc. g) y h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo (en adelante CPT), estableciéndose por el primero, que el Estado tiene la obligación de proteger al trabajador asalariado, en base a las reglas “in dubio pro operario”, que consiste que en caso de existir duda sobre la interpretación de una norma, se debe preferir la interpretación más favorable al trabajador y “la condición más beneficiosa”, que establece que en caso de existir una situación concreta anteriormente reconocida, ésta debe ser respetada, en la medida que sea más favorable al trabajador, ante la nueva norma que se ha de aplicar; mientras que la segunda establece que en los procesos laborales la carga de la prueba corresponde al empleador, sin perjuicio que este pueda ofrecer las pruebas que estime conveniente, por consiguiente, corresponde al empleador demandado, desvirtuar los fundamentos de la acción.

Por otra parte, se debe puntualizar que la legislación vigente y la jurisprudencia emitida por este Tribunal, han establecido que, en materia de valoración de la prueba, los jueces y tribunales en materia social, no se encuentran sujetos a la tarifa legal de la prueba, sino que, por el contrario, deben formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias más relevantes del proceso e identificando la conducta procesal observada por las partes, para evitar que éstas se sirvan del proceso para realizar un acto simulado o para perseguir un fin prohibido por la Ley (arts. 60 y 158 CPT).

En el presente caso, se han alegado tres aspectos, que se desglosan de la siguiente manera:

Los dos primeros, referidos a la presunta violación del art. 108 de la CPE y las previsiones del art. 119 de la misma norma suprema, respecto del derecho a la igualdad y del resguardo del derecho a la defensa, se establece que no fueron alegados en el recurso de alzada, impidiendo que este tribunal adquiera competencia para resolver estos argumentos; empero, conforme ya se relacionó líneas arriba, en materia laboral rigen los principios de proteccionismo e inversión de la prueba, que establecen que corresponde al empleador a producir la prueba y desvirtuar la demanda, mientras que corresponde al juez de la causa en caso de duda, respecto de la interpretación o aplicación de las normas, emitir la resolución y a favor del trabajador.

Pese a esos argumentos, no se ha identificado duda respecto de la aplicación de las indicadas normas, puesto que si bien se presentaron tres contratos correspondientes a la gestión 2015, se demostró por las boletas de pago, que el demandante ejerció funciones desde la gestión 2009, sujeto a un contrato verbal de trabajo indefinido; por consiguiente, si bien ejerció funciones de Técnico en dicho Gobierno Municipal, se entiende que sólo a partir de la promulgación de la indicada Ley Nº 321 de 18 de diciembre de 2012, el actor estaría sujeto a las normas de la Ley General del Trabajo; empero, este aspecto no fue motivo de juzgamiento, por lo que no corresponde emitir criterio alguno, pues el objeto del proceso fue establecer si corresponde o no el pago de los subsidios de frontera.

Conforme se refirió líneas arriba, si bien cursa en obrados los aludidos contratos, de fs. 27 a 38 de obrados; empero, pese a establecerse que el demandante se constituía en “Consultor Individual en Línea”, los hechos demostrados en el curso del proceso, acreditaron que ejerció funciones de manera indefinida desde la gestión 2009, como trabajador del GAM de Cobija, habiendo suscrito en la última gestión (2015), tres contratos, como “Responsable para el proyecto y/o programa fortalecimiento Empresa Municipal de Alimentos Municipio de Cobija”, funciones que evidencian que ejercía labores propias de la indicada Empresa Municipal, hecho corroborado por la boleta de pago de fs. 4 de obrados, documentos todos que evidenciaron que el demandante era un funcionario del indicado Gobierno Municipal y no así un “consultor en línea”.

Por otra parte, el recurrente no identificó la norma aplicable en el caso presente, respecto del reconocimiento del pago del subsidio de frontera; sin embargo de ello, corresponde puntualizar que de acuerdo a las previsiones del art. 12 del Decreto Supremo Nº 21137 de 30 de noviembre de 1985, se instituyó el subsidio de frontera en el 20% del salario mensual, haciendo acreedores obligatorios a este beneficio, a todos los trabajadores del sector público y empresas privadas, cuyo lugar de trabajo, se encuentran dentro de los cincuenta kilómetros lineales de las fronteras internacionales.

Esta norma ha sido declarada Constitucional mediante la Sentencia Constitucional Nº 068/2004 de 13 de julio, estableciendo que: “En consecuencia, el Poder Ejecutivo, al establecer en el art. 12 del DS 21137 la obligatoriedad de pagar el subsidio de frontera tanto en el sector público como en las empresas privadas a favor de sus trabajadores cuando presten servicios en los 50 kilómetros de la frontera, de ningún modo ha usurpado la función que tiene el Poder Legislativo de pronunciar leyes, y no ha incurrido en la nulidad que establece el art. 31 de la CPE por cuanto ha actuado dentro de la potestad reglamentaria que la propia Ley Suprema le reconoce, y más bien, en todo caso, ha desarrollado los preceptos constitucionales consagrados en el Régimen Social de la Constitución y las normas contenidas en la Ley General del Trabajo, que al ser una disposición general puede válidamente ser desarrollada en normas de inferior jerarquía normativa como son los Decretos Supremos. Por el criterio explicado se concluye que la norma objetada no es contraria a lo dispuesto en el art. 29 de la CPE que, en lo que interesa al presente caso, atribuye al Poder Legislativo potestad privativa para alterar y modificar los códigos, porque -se reitera- el art. 12 del DS 21137 no ha modificado código ni Ley alguna, sino que ha desarrollado la concepción de remuneración que está estipulada en la Ley General del Trabajo, adecuándose al derecho que el art. 7inc. j) de la Ley Suprema consagra” , Sic.

Consiguientemente, al haberse acreditado en el caso presente que el demandante era empleado público sujeto a las previsiones del Estatuto del Funcionario Público es plenamente acreedor al indicado subsidio de frontera, conforme se reconoció tanto, por el Juez de primera instancia, como por el Tribunal de apelación, no advirtiéndose infracción legal alguna.

Se debe tomar en cuenta que si bien en las consultorías, se acuerdan contractualmente las remuneraciones, se supondría que dentro de éstas, estaría incluido el subsidio de frontera; empero este hecho, no se aplica al caso presente porque -conforme se tiene señalado- existe documentación contradictoria respecto de lo afirmado por la entidad demandada, pues se ha acreditado documentalmente que respecto del último periodo en el que la demandante ejerció funciones bajo el rotulo de “Consultora Individual en Línea”, en este documento, no se especificó que el subsidio, estaría incluido en la remuneración total, además de haberse demostrado que estos últimos contratos, fueron figurativos como Consultora Individual en Línea, sin haberse modificado su modalidad de trabajo, de acuerdo a lo acreditado por las boletas de pago presentadas por el demandante.

Finalmente, respecto al incremento dispuesto en el Auto de Vista, se aclara que si bien existe un aumento del monto determinado en la Sentencia, no se modifica la parte sustantiva de la decisión, por lo que se desvirtúa que se habría resuelto de forma Ultra petita, más aún, si se toma en cuenta que desde el inicio del proceso, se dilucidó respecto al pago del subsidio de frontera, sin que se hubiere resuelto a contrario sensu.

En el marco legal descrito, se establece que el Tribunal de Alzada no incurrió en las infracciones alegadas en el recurso de casación en el fondo objeto de análisis, correspondiendo en consecuencia, aplicar el artículo 220-II del CPC, con la facultad remisiva del artículo 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija de fs. 66 a 67 y vta.; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente el Auto de Vista 385/17 de 06 de septiembre de 2017.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley 1178 de 20 de julio de 1990 y del el art. 52 del Decreto Supremo 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-