TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 86

Sucre, 20 de febrero de 2019

Expediente                  : 572/2017

Demandante                   : Ana Rosario Salvatierra Cuellar

Demandado                    : Gobierno Autónomo Municipal de Cobija

Proceso                           : Reincorporación 

Distrito                         : Pando

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación, de fs. 96 a 97, interpuesto por Ana Rosario Salvatierra Cuellar contra el Auto de Vista N° 399/17 de 13 de septiembre de 2017, pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescente y Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, de fs. 90 a 92; dentro del proceso de reincorporación interpuesto por la recurrente contra el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Cobija; el memorial de respuesta al recurso a fs. 101 (sin que corresponda); el Auto de 4 de octubre de 2017, que concedió el recurso (fs. 103); el de 1 de marzo de 2018 (fs. 113), por el cual se declara admisible el recurso de casación interpuesto; los antecedentes procesales; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Auto Interlocutorio.

Planteada la demanda social de reincorporación, el Juez del Trabajo y Seguridad Social de Cobija, pronunció el Auto Interlocutorio de 21 de agosto de 2017, a fs. 78, donde se declaró incompetente para conocer la demanda presentada; en conocimiento de esta determinación, Ana Rosario Salvatierra Cuellar planteó recurso de reposición con alternativa de apelación, a fs. 80; ratificando el Juez de la causa su decisión, mediante Auto de 29 de agosto de 2017, de fs. 81.

Auto de Vista.

Concedido el recurso alternativo de apelación interpuesto, fue resuelto por el Auto de Vista 399/17 de 13 de septiembre de 2017, pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescente y Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, de fs. 90 a 92, confirmando el Auto Interlocutorio de Auto de 29 de agosto de 2017.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSOS DE CASACIÓN:

En conocimiento del señalado Auto de Vista, Ana Rosario Salvatierra Cuellar, formuló recurso de casación, de fs. 96 a 97, señalando lo siguiente:

Existe una errónea interpretación del art. 73 num 8) de la Ley del Órgano Judicial, que establece que los juzgados públicos en materia del trabajo, conocerán demandas de reincorporación, normativa que no fue considerada por el Juez de la causa, ni por el Tribunal de alzada, porqué, a su entender el D.S. Nº 495 de 1 de mayo de 2010, modularía el art. 73 num 8) de la Ley del Órgano Judicial, cuando en el texto del indicado decreto supremo, no existe modulación alguna, como se señaló en el Auto de Vista recurrido, advirtiéndose una errónea fundamentación por parte del Tribunal ad quem; más aún, cuando se aparejó el acta de audiencia de conciliación emitida por la “jefatura laboral” de 13 de marzo de 2017, así como la resolución el MTEPS-JDTP 0218/2017 de 21 de marzo de 2017, en los que se señala que ante la existencia de hechos “controversiales” debe acudirse a la autoridad llamada por ley y fue precisamente lo que se hizo, con la presente demanda.

Petitorio.

Interpuesto el recurso de casación, solicita declarar “fundado” el recurso, y consiguientemente anular obrados, ordenando que el Juez de instancia admita la demanda.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Expuestos así los argumentos del recurso de casación, es necesario realizar las siguientes consideraciones:

Para establecer y precisar la competencia de los jueces en materia laboral, en principio debe hacerse referencia al “Convenio C-158 sobre La Terminación de la Relación de Trabajo” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que sobre la ruptura laboral a iniciativa del empleador establece en su art. 8 num 1), que: “El trabajador que considere injustificada la terminación de su relación de trabajo tendrá derecho a recurrir contra la misma ante un organismo neutral, como un tribunal, un tribunal del trabajo, una junta de arbitraje o un árbitro.

En esa línea, el art. 8 del Código Procesal del Trabajo (CPT) dispone que: “La Judicatura del Trabajo y Seguridad Social, forma parte del Poder Judicial con la competencia que le atribuye esta Ley y la Constitución Política del Estado, y el art. 9 del mismo cuerpo legal, señala: “La Judicatura del Trabajo tiene competencia para decidir las controversias emergentes de los contratos individuales y colectivos del trabajo, de la aplicación de las leyes de seguridad social, vivienda de interés social, denuncias por infracción de leyes sociales y de higiene y seguridad ocupacional, la recuperación del patrimonio de las organizaciones sindicales, del desafuero sindical y otras materias y procedimientos señalados por Ley, por otro lado, el art. 43 del adjetivo laboral, señala las competencias de los jueces en materia laboral y seguridad social, estableciendo en su inciso b),tener competencia: “De las acciones sociales individuales o colectivas, suscitadas como emergencia de la aplicación de las leyes laborales, de los convenios, de los Laudos Arbitrales, del Código de Seguridad Social en los casos previstos en dicho cuerpo de leyes, su reglamento y demás prescripciones legales conexas a ambos, y en su inciso h), determina una competencia: “De las demás causas que por leyes especiales les atribuyen competencia, llegándose a prever que los jueces laborales también son competentes de otras causas que por leyes especiales se determina. A esto debemos agregar que, el art. 73 de la Ley del Órgano Judicial, con el nomen juris “Competencia de juzgados públicos en materia de trabajo y seguridad social”, en su numeral 8), dispone como una de las competencias de estos juzgados: “Conocer demandas de reincorporación, de declaratoria de derechos en favor de la concubina o concubino de la o el trabajador fallecido y de sus hijas o hijos y del desafuero de dirigentes sindicales(las negrillas son añadidas).

En este contexto normativo, corresponde precisar que los Juzgados del Trabajo y Seguridad Social, constituyen la instancia facultada por ley para conocer y resolver las demandas de reincorporación de aquellos trabajadores que consideren haber sido despedidos sin causa justificada y en general de los conflictos que se susciten como emergencia de las relaciones de trabajo y la aplicación de las leyes sociales, conforme a lo previsto por los arts. 1, 9 y 43 del Código Procesal del Trabajo, vía en la que se tiene la posibilidad, de un juicio contradictorio, con valoración probatoria, así como otros aspectos relativos a la aplicación de normas laborales sustantivas, respecto a hechos controvertidos.

Estando establecida la competencia del Juzgado de Trabajo y Seguridad Social, para conocer y resolver las demandadas de reincorporación; es necesario precisar y aclarar que: la solicitud de reincorporación puede ser también planteada en la vía administrativa, conforme establece el art. 10 del D.S. Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, que fue modificado por el artículo único del D.S. 495 de 1 de mayo de 2010, señalando en su numeral III, que: “En caso de que el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo (el subrayado es añadido), entendiéndose, que esta normativa da una opción al trabajador, para que opte por la vía que considere conveniente, al señalarse que este “podrá” recurrir ante el Ministerio del Trabajo, no indica el texto del decreto supremo “deberá”, siendo algo optativo.

Así también, en el parágrafo V del indicado artículo, establece que: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo IV del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral.

Por lo que, conforme a esta normativa glosada precedentemente, el trabajador que considere haber sido despedido de manera injustificada, puede optar por acudir a la vía judicial, al Ministerio del Trabajo o incluso a la vía constitucional; y sí se activó la vía administrativa (ante alguna Jefatura Departamental del Trabajo), no está obligado a culminar la misma, a través del recurso de reposición y jerárquico.

De las disposiciones aludidas precedentemente se concluye que, éstas tienen la finalidad de proteger la estabilidad laboral, como un derecho fundamental, otorgando a los trabajadores la posibilidad de demandar la reincorporación a su fuente de trabajo ante un despido que a su consideración se produjo sin causa justificada, facultándole acudir de manera alternativa, ante la judicatura laboral, ante la Jefatura Departamental de Trabajo o promover la vía constitucional, normativa que pretende proveer al trabajador un mecanismo ágil para la protección de su derecho a la estabilidad laboral, dándole estas alternativas, para que según el mejor criterio que tenga, pueda acuda en resguardo de sus derechos mediante la vía de su preferencia.

En el caso presente, se advierte que la actora acudió ante la Inspectoría de Trabajo de la ciudad de Cobija, repartición que estableció, que existían hecho controvertidos, por lo que dispuso que se debe acudir a la judicatura laboral, por ello es que se promovió el presente proceso, pues junto con la demanda, presentó como prueba, los documentos que acreditaban esa concurrencia ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, representado en la ciudad de Cobija, por la Jefatura Departamental de Pando, constatándose a través del acta de fs. 30, que se llevó a cabo una Audiencia de Conciliación, donde se determinó que al no existir conciliación las partes están de acuerdo en acudir a la vía judicial, para hacer valer sus derechos.

Asimismo, cursa a fs. 36, la resolución emitida por la Jefatura Departamental de Pando, que considera que al existir hechos “controversiales” en el caso, se debe acudir a la vía judicial, documentos éstos, que los de instancia no consideraron al momento de emitir sus determinaciones, porque sugirieron que se debe acudir primero ante la instancia administrativa, pese a que la demandante, demostró que con anterioridad había activado esa vía, pese a que ésta no constituye necesariamente un prerrequisito del proceso laboral de reincorporación, conforme se establece del texto de las normas relacionadas precedentemente, pues se puede activar directamente la vía judicial, la vía constitucional, o la reservada ante el Ministerio del Trabajo, de manera indistinta.

En ese entendido, conforme se denunció en el recurso de casación, que el Tribunal ad quem, se advierte que incurrió en errónea interpretación del art. 73 núm. 8 de la Ley del Órgano Judicial, pues no existe ninguna modulación reglamentación de esta disposición, como erróneamente concluyó dicho Tribunal, pues el artículo único del D.S. 495 de 1 de mayo de 2010, que modificó el art. 10 del D.S. Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, establece esa posibilidad alternativa de acudir a cualquiera de las tres vía señaladas para pretender la reincorporación, no siendo excluyentes entre sí, o consideradas requisitos en su agotamiento, para acudir a una u otra vía, estando plenamente vigente y sin modificación alguna, la competencia de los jueces laborales, previstas en el art. 73-8 de la Ley del Órgano Judicial.

Más allá de que se pueda acudir de manera directa ante los jueces públicos laborales, para solicitar la reincorporación por parte del trabajador que considere injusto su retiro, conforme se relacionó líneas arriba, existe en el caso, documentación presentada junto con la demanda, que demuestra que la actora, acudió primero ante la representación del Ministerio de Trabajo; documentación que no fue considerada tanto, por el Juez de la causa, como por el Tribunal de alzada, al momento de emitir sus resoluciones, pese a que fue precisamente este aspecto el que cuestionaron en sus resolución, (que se acuda previamente ante esa entidad), evidenciándose un error en la apreciación de dichos documentos, que afecta al principio procesal de la jurisdicción ordinaria de accesibilidad, previsto en el art. 180-I de nuestra ley fundamental.

En consecuencia, al advertirse que se incurrió en la errónea interpretación de una norma procesal, en aplicación de los arts. 106-I y II y 220 parágrafo III núm. 1 inc. c) del CPC-2013, corresponde, asumir una posición anulatoria, para garantizar el acceso a la justicia, conforme al principio señalado en los arts. 180-I de la Constitución Política Estado y 30 num 9 de la Ley del Órgano Judicial.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta el Auto de 29 de agosto de 2017, de fs. 81 inclusive, debiendo el Juez de la causa, admitir la demanda presentada al tener plena jurisdicción y competencia para tramitarla, conforme a los lineamientos señalados en el presente fallo.

Se llama severamente la atención al Juez a quo, recomendándole que emita sus resoluciones tomando en cuenta los antecedentes presentados junto con la demanda, asimismo, asuma las competencias atribuidas por ley; por otro lado, debe el Juez de instancia cumplir con lo dispuesto en los arts. 210 y 211 del Código Procesal Civil, al momento de emitir sus resoluciones, en razón a que el Auto de 29 de agosto de 2017, de fs. 81, carece de todos los requisitos señalados en la indicada normativa, además de incurrir en apreciaciones subjetivos, efectuando alusiones que no corresponden al actuar de un impartidor de justicia.     

No siendo excusable los errores cometidos, se impone la multa de Bs.300.-  (trescientos  00/100 Bolivianos) para el Juez de instancia; y de Bs.200.- (doscientos 00/100 bolivianos) para cada uno de los Vocales del Tribunal de apelación, por la manifiesta inobservancia.

En cumplimiento a lo previsto en el art. 17-IV de la Ley del Órgano Judicial, póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo para su registro respectivo, debiendo tenerse presente que conforme a la recomendación Nº 22 de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos en su informe aprobado el 5 de diciembre de 2013 (Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia, hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas), la remisión de Autos Supremos anulatorios como el presente no tienen la finalidad de activar proceso administrativo alguno.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-