TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 84

Sucre, 20 de febrero de 2019

Expediente                : 589/2017

Demandante                 : Ángel Gustavo Almonte Rocha

Demandado                        : Universidad Salesiana de Bolivia

Proceso                        : Cobro de beneficios sociales y otros derechos

Distrito                         : La Paz

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 486 a 492, interpuesto por la Universidad Salesiana de Bolivia, representada por Juan José Illanes Villacorta, en mérito al Testimonio de poder especial y bastante Nº 0567/2014 de 21 de agosto, otorgado ante la Notaría Nº 82 de la ciudad de La Paz, a cargo del abogado Eulogio Altamirano Alderete (fs. 140 y vta.), contra el Auto de Vista 197/17 de 14 de agosto de 2017, pronunciado por la Sala Social y Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de fs. 482 a 483; dentro del proceso de pago de beneficios sociales y otros derechos, promovido a demanda de Ángel Gustavo Almonte Rocha, contra la entidad que representa el recurrente; el memorial de respuesta al recurso de fs. 494 a 496 vta., el Auto 325/2017 SSA-III de 21 de noviembre de 2017, por el que se concedió el recurso (fs. 496 vta.); el Auto Supremo de 8 de febrero de 2018 (fs. 458), por el cual se declaró admisible el recurso de casación y todo lo que ver convino y se tuvo presente:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.

Tramitado el proceso social, de pago de beneficios sociales y otros derechos, promovido a demanda de Ángel Gustavo Almonte Rocha, la Juez Cuarto del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 279/2016 de 05 de diciembre, de fs. 237 a 249 de obrados, declarando IMPROBADA la excepción perentoria de pago y de prescripción, con relación a derechos colaterales, PROBADA, la excepción perentoria respecto a los subsidios familiares y PROBADA, en parte la demanda de fs. 52 a 58 y 63 de obrados, disponiendo que la Universidad Salesiana de Bolivia, cancele al actor la suma de Bs. 66.661,49 por concepto de desahucio, indemnización por once años, seis meses y veinticinco días, reintegro del bono de antigüedad de los años 2006 al 2014, descontando pagos a cuenta, más la multa del 30% y que sería actualizado de acuerdo a las UFVs.

Auto de Vista.

En conocimiento de la Sentencia, el representante de la entidad demandada Juan José Illanes Villacorta, interpuso recurso de apelación, de fs. 435 a 442; que fue resuelto por el Auto de Vista 191/17 de 14 de agosto de 2017, emitido por la Sala Social y Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de fs. 482 a 893, por el que ANULA la Sentencia Nº 279/2016 de 05 de diciembre, disponiendo que la Juez de instancia emita nueva Sentencia sin espera de turno, tomando en cuenta los extremos vertidos en dicha resolución.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSOS DE CASACIÓN:

En conocimiento del señalado Auto de Vista, la entidad demandada Universidad Salesiana de Bolivia, por intermedio de su representante, formuló recurso de casación en el fondo, de fs. 486 a 492, argumentando que el Auto de Vista, vulneró y aplicó indebidamente el art. 133, 202 inc. a) y b) del Código Procesal del Trabajo (CPT), 154 y 167 del CPT, 1 del Decreto Supremo (DS) Nº 23570, 2 y 9 del DS Nº 28699 de 1º de mayo de 2006; 2 y 120 de la Ley General del Trabajo (LGT), argumentando que:

La sentencia contiene afirmaciones contradictorias, pues indicó en la parte considerativa que correspondía declarar probada en parte la excepción perentoria de pago, pero en la parte resolutiva la declaró improbada; que en dicho fallo se incurrió en errónea valoración de la prueba, porque se demostró que no existió relación laboral; que la parte actora no aportó prueba para acreditar sus pretensiones; empero el Tribunal de alzada, no emitió pronunciamiento sobre estos temas, más aún si el actor reconoció la existencia de los contratos civiles y que extendía factura por los servicios que prestaba de manera discontinua, habiéndose desconocido la jurisprudencia que ofreció como prueba, tanto respecto de la relación laboral, como de la desvinculación que fue por renuncia voluntaria, evidenciándose también que se vulneraron el debido proceso, la seguridad jurídica y el legítimo derecho a la defensa porque se declaró improbada la excepción de prescripción en mérito a criterios subjetivos y sin la debida fundamentación, respecto de la irretroactividad de la Constitución Policía del Estado y la no valoración de los pagos realizados a favor del demandante que se deben considerar definitivos y no pagos a cuenta.

Petitorio.

Interpuesto el recurso de casación, solicitó, se CASE el injusto fallo pronunciado y se declare IMPROBADA la demanda y probadas las excepciones de pago y prescripción, con costas.

Contestación al recurso, Auto de concesión y Auto Supremo de Admisión:

El recurso de casación fue respondido por escrito de fs. 494 a 496, alegando que el Auto de Vista ya concedió la nulidad impetrada y que el recurso es incoherente y contradictorio, no señala de manera precisa las normas vulneradas y constituye una copia del recurso de apelación, por lo que no se ajusta a la técnica procesal, por lo que solicita que se declare improcedente.

Habiendo sido concedido el recurso por Auto Nº 325/2017-SSA-III de 21 de noviembre (fs. 496 vta.), fue admitido por este Tribunal, mediante Auto Supremo de 08 de febrero de 2018 (fs. 458), por lo que se pasa a resolver.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Expuestos así los argumentos del recurso de casación, es necesario realizar las siguientes consideraciones:

Doctrina aplicable al caso:

La Ley Nº 719 de 6 de agosto de 2015, modificó la Disposición Transitoria Primera de la Ley N° 439 de 19 de noviembre de 2013, Código Procesal Civil (CPC-2013), con el siguiente texto: “PRIMERA. (VIGENCIA PLENA). El presente Código entrará en vigencia plena el 6 de febrero de 2016, y será aplicable a los procesos presentados a partir de la fecha de referencia, salvo lo previsto en las disposiciones siguientes”; ahora, la Disposición Transitoria Sexta de este cuerpo adjetivo civil, establece: “(PROCESOS EN SEGUNDA INSTANCIA Y CASACIÓN). Al momento de la vigencia plena del Código Procesal Civil, en los procesos en trámite en segunda instancia y casación, se aplicará lo dispuesto en el presente Código”; por consiguiente, a partir del 6 de febrero de 2016, corresponde aplicar en su integridad el CPC-2013 en los proceso en trámite del recurso de casación, incluidos los recursos de casación promovidos dentro de los procesos sociales en aplicación del art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

El art. 277-I del CPC-2013), respecto del trámite de consideración de los requisitos de admisibilidad de los recursos de casación, determina: “Recibidos los obrados, el Tribunal Supremo de Justicia, bajo responsabilidad, dentro de un plazo no mayor de diez días, examinará si se cumplieron los requisitos previstos por el Artículo 274 del presente Código, y de no ser así, dictará resolución declarando improcedente el recurso…”; en consecuencia debe examinarse si el recurso de casación interpuesto cumple con los requisitos exigidos por el art. 274 del CPC-2013.

Se debe tener presente además que el recurso de casación en la forma busca como finalidad la nulidad de la resolución recurrida o del proceso mismo cuando se hubieren violado las formas esenciales del proceso sancionadas con nulidad por ley y que conlleven afectación del debido proceso, por errores de procedimiento o denominados in procedendo; mientras que el recurso de casación en el fondo tiene por objetivo modificar el contenido de un auto definitivo, sentencia o auto de vista, al evidenciarse que los jueces o tribunales de instancia a tiempo de emitir sus resoluciones hubiesen incurrido en errores in judicando; estos aspectos imperativamente deberán ser exteriorizados a través del recurso de casación en la forma o en el fondo, por la parte recurrente, explicando en que consiste la violación, e identificando la normativa que considera fue omitida, infringida, vulnerada o aplicada erróneamente.

Por consiguiente estos dos recursos son diferentes tanto en el contenido de la impugnación, como en el propósito que se busca en la resolución; pues el primero -como se indicóneas arriba-, busca la nulidad total o parcial del proceso; mientras que el segundo busca la casación o pronunciamiento en el fondo del asunto, por eso es que cuando se emite una resolución de vista, que determinó la nulidad de obrados, por haber verificado el Tribunal ad quem, la existencia de algún vicio procesal insubsanable, sólo corresponde impugnar ésta determinación, vía recurso de casación en la forma, y no así en el fondo, pues el Tribunal Supremo, no puede ingresar a analizar cuestiones de fondo del proceso, cuando el Tribunal de alzada no resolvió nada al respecto, correspondiendo únicamente verificar si la nulidad determinada es evidente o no o por el contrario si existen otros vicios procesales,  que permitan anular el expediente, hasta un actuado anterior al determinado en el Auto de Vista, no abriéndose la competencia del Tribunal supremo para resolver cuestiones de fondo, si el Tribunal de segunda instancia no realizó ese examen, no existiendo en Bolivia el per saltum, o figura jurídica similar que permita a un Tribunal de casacn, resolver en el fondo un asunto, sin antes haberse agotado la segunda instancia.

Este Tribunal en un caso similar determinó: Por la característica de demanda de puro derecho a la que se asemeja el recurso de casación, las violaciones que se acusan deben haber sido previamente reclamadas ante el Tribunal de Alzada, a objeto de que estos tomen aprehensión de los mismos y puedan ser resueltos conforme la doble instancia, o sea, el agravio debe ser denunciado oportunamente ante los Tribunales inferiores conforme cita el art. 254 núm. 4) del Código Adjetivo Civil, y de ningún modo realizarlo en el recurso extraordinario de casación, porque no es aceptable el "per saltum", que implica el salto de la o las instancias previas a la intervención del Tribunal de Casación, como es el caso. Toda vez que el Tribunal de Casación, apertura su competencia para juzgar la correcta o incorrecta aplicación o inaplicación de la norma contenida en el pronunciamiento de alzada, respecto precisamente, al o los agravios que oportunamente fueron apelados y sometidos a conocimiento del Ad quem”.1

Resolución del caso concreto:

Analizando el recurso de casación de fs. 486 a 492, se verifica que la entidad recurrente, además de reiterar los argumentos contenidos en el recurso de apelacn cursante de fs. 169 a 173, porque contiene los mismos argumentos ya resueltos en el Auto de Vista anulatorio, - ahora objeto de impugnación en casación-, interpone recurso de casación en el fondo, buscando que este Tribunal analice y resuelva el fondo de la controversia, pese a que el Tribunal de alzada, no emitió criterio alguno sobre el particular, porque al identificar contradicciones e incoherencias en la resolución de vista, ANULÓ obrados, para que se emita una nueva resolución de primera instancia, con la pertinencia del caso.

En el recurso, tampoco existe una diferenciación entre el recurso de casación en la forma y en el fondo, cuando el recurso cuestiona aspectos de forma y fondo del proceso; pese a que debió entender, que el recurso de casación en la forma busca como finalidad la nulidad de la resolución recurrida o del proceso mismo, por errores de procedimiento o denominados in procedendo; mientras que el recurso de casación en el fondo tiene por objetivo modificar el contenido de un auto definitivo, sentencia o auto de vista, al evidenciarse que los jueces o tribunales de instancia a tiempo de emitir sus resoluciones hubiesen incurrido en errores in judicando; estos aspectos imperativamente deberán ser exteriorizados a través del recurso de casación en la forma o en el fondo, por la parte recurrente, explicando en que consiste la violación, e identificando la normativa que considera fue omitida, infringida, vulnerada o aplicada erróneamente.

En ese marco, conforme a la doctrina aplicable al caso, se verifica que la entidad recurrente, pretende un per saltum, respecto de la resolución de alzada, pese a que conforme a los datos del proceso, se ha establecido, que este Tribunal no tiene competencia para resolver el fondo de la controversia, hasta mientras exista pronunciamiento en el fondo por parte del Tribunal de alzada, aspecto que evidencia la improcedencia del recurso, pero que al haber sido admitido este, por Auto Supremo de 08 de febrero de 2018, sin advertir que se incumplió con la técnica recursiva exigida por el art. 274 del CPC-2013, pues de manera alguna se puede admitir un recurso de casación en el fondo, cuando la resolución de vista es anulatorio, como aconteció en el caso presente, esta circunstancia debe ser enmendada de oficio por este Tribunal, en aplicación del art. 17-I de la Ley del Órgano Judicial (L0J).

Esta inobservancia, de ningún modo puede suplirse por este Tribunal, sin que esta decisión implique negación del derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y de otros derechos fundamentales, cuando estas conclusiones asumidas obedecen al propio desconocimiento y negligencia en que incurrió la parte recurrente a tiempo de formular el recurso de casación, omitiendo completamente la carga recursiva establecida por ley, al impugnar vía recurso de casación en el fondo, una resolución de vista Anulatoria, que por sus características sólo puede ser impugnada vía recurso de casación en la forma, circunstancia que fue omitida.

En mérito a lo expuesto y encontrándose infundados los motivos traídos en casación por la entidad demandada, corresponde dar aplicación a los arts. 17-I, de la LOJ, 105-II, 106-I del CPC-2013, aplicables en la materia por expresa determinación del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE, 17-I, 42-I-1 de la LOJ, 105-II, 106-I del CPC-2013 ANULA obrados hasta fs. 458 inclusive y cumpliendo las previsiones del art. 277-I del CPC-2013, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo de fs. 486 a 492, interpuesto por la Universidad Salesiana de Bolivia, representada por Juan José Illanes Villacorta, contra el Auto de Vista Nº 197/17 de 14 de agosto de 2017, pronunciado por la Sala Social y Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de fs. 482 a 483, declarando su ejecutoria, con costas.

Se regula el honorario profesional del abogado en Bs.1.000.- (Un mil 00/100 bolivianos), que manda a pagar el Juez de primera instancia.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-


1 A.S. Nº 154/2013 de fecha 08 de abril, Sala Civil, Tribunal Supremo de Justicia.