TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 83

Sucre, 20 de febrero de 2019

Expediente:                571/2017-S

Materia:                        Social - Reincorporación

Demandante                Juan Floduardo Ordoñez Rivera.

Demandado:                Universidad Pública de El Alto.

Distrito:                        La Paz.

Magistrado Relator:        Dr. Esteban Miranda Terán.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 223 a 224, interpuesto por el abogado Eduardo Bernal Días, en representación de la Universidad Pública de El Alto, en mérito al Testimonio de poder especial y bastante Nº 461/2017 de 14 de agosto, otorgado ante la Notaría Nº 021 de la ciudad de El Alto, a cargo del abogado César Roberto Colque Sánchez (fs. 220-222), contra el Auto de Vista Nº 191/2017 de 04 de septiembre de 2017, que cursa de fs. 217 a 218, emitido por la Sala Social y Administrativa, Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso social de reincorporación seguido a demanda de Juan Floduardo Ordoñez Rivera, contra la entidad que represente el recurrente, el Auto Nº 359/2017 SSA-I de 23 de octubre de fs. 230, que concedió el recurso de casación, el Auto Supremo Nº 571-A de 04 de diciembre de 2017, por el que se admitió el recurso (fs. 239 y vta.), y todo lo que ver convino y se tuvo presente; y:

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia:

Tramitado el proceso laboral de reincorporación, la Juez Tercero de Trabajo y Seguridad Social, de la ciudad de El Alto, emitió la Sentencia de Nº 201/2016 de 13 de septiembre de 2016 (fs. 192 a 196), declarando PROBADA la demanda de fs. 131 a 138, subsanada y ampliada a fs. 143 a 146 vta., disponiendo que la Universidad Pública de El Alto, por intermedio de su representante legal, proceda a reincorporar al actor Juan Floduardo Ordoñez Rivera, al puesto que ocupaba al momento de su ilegal destitución, anulando los actos del proceso administrativo, hasta la Resolución Nº 51/2011 de 31 de mayo, dejando sin efecto el Memorándum de destitución Nº 0616/2015 de 25 de agosto.

Auto de Vista:

En grado de Apelación, promovido por el representante de la entidad demandada, conforme evidencia el escrito de fs. 198 a 199, el Tribunal de alzada, conformado por la Sala Social y Administrativa, Primera, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 191/2017 de 4 de septiembre de 2017, cursante a fs. 217 a 218 vta., CONFIRMÓ la Sentencia apelada, con la aclaración que ejecutoriados los fallos, a tiempo de cancelar los sueldos devengados y otros derechos, se proceda al juramento de no haber percibido remuneración alguna durante el tiempo de cesantía, ya sea de entidad pública o privada, bajo responsabilidad para el caso de demostrarse lo contrario.

II.- RECURSO DE CASACIÓN, RESPUESTA Y ADMISIÓN:

Contra el referido Auto de Vista, el representante de la entidad demandada Eduardo Bernal Días, interpuso recurso de casación, conforme el escrito de fs. 223 a 224, recurso que fue respondido por el demandante, por escrito de fs. 227 a 228 y vta., habiéndose concedido el recurso por Auto Nº 359/2017 SSA-I de 23 de octubre de 2017, que luego de la remisión del expediente, ante este Tribunal; mediante Auto Supremo Nº 571-A de 04 de diciembre de 2017 (fs. 239 y vta.), se declaró admisible; por consiguiente, dicho recurso se pasa a considerar y resolver:

Argumentos del recurso de casación:

Luego de apersonarse y relacionar algunos antecedentes, específicamente respecto del contenido del recurso de apelación y del contenido de la Resolución del HCU Nº 04/2010, en cuyo artículo cuarto, se ordenó la remisión de antecedentes ante la Comisión Sumarial Universitaria, sobre las presuntas acciones cometidas por el Lic. Cimar Chacón Pinto y el funcionario administrativo Floduardo Ordoñez Rivera, que fueron investigadas y procesadas, sin que se hubiese incurrido en anticipación de criterio u opinión, ni prejuzgamiento; alega que se afirmó en el Auto de Vista, que los miembros del Honorable Consejo Universitario, que dispusieron  el inicio del proceso interno, sean también componentes y miembros del Tribunal Permanente de Apelaciones, vulnerando el derecho al debido proceso, violentándose las garantías de la presunción de inocencia, aspectos que no son evidentes, pues ésta se garantizó en todo momento, ejecutándose la destitución luego de haberse agotado las instancias, conforme el reglamento universitario.

Respecto de la vulneración del art. 202 del Código Procesal del Trabajo (CPT), por falta de fundamentación se determinó en el Auto de Vista, que la a quo, efectuó una compulsa adecuada y ajustada a los antecedentes del caso.

Por ello, es que argumentó en sentido de que se incurrió en vulneración del debido proceso, inobservando los principios de la seguridad jurídica, eficacia jurídica de los fallos ejecutoriados y la cosa juzgada de la entidad; falta de motivación y congruencia en el fallo, porque se reiteraron los argumentos de la juez a quo, omitiéndose sobre los agravios expresados en la apelación vulnerando el art. 236 del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975)



Petitorio:

Indicó que interpone recurso de casación contra el Auto de Vista Nº 191/2017-SSA-I de 04 de septiembre de fs. 217 a 218 y solicita se pronuncie resolución CASANDO el Auto de Vista recurrido.

Contestación al recurso:

El demandante contestó el recurso, por escrito de fs. 227 a 229, argumentando que la Comisión Sumarial y el Tribunal de procesos, que la entidad recurrente alega que constituyen el Juez Natural, fueron nombradas por el H.C.U. y son dependientes de éste y por consiguiente, subordinados del Rector y otros autoridades que tenían juego de intereses; por tanto, actuaron de juez y parte, pues se afirma que solo por el transcurso del tiempo, se garantizó la presunción de inocencia, aspecto que no es evidente, ahora se reclama un debido proceso, fundamentación y congruencia, cuando a él no se le brindo esas garantías, por ello es que en éste ámbito se está dilucidando esa controversia.

Por otra parte, argumentó que el recurso no cumple con la técnica recursiva y que no se puede suplir la inactividad procesal de las partes con los recursos que la ley concede, pues se promovió recuso de casación en el fondo y en la forma sin cumplir las recomendaciones señaladas en el Auto Supremo Nº 203/2016 de 11 de marzo; además, considera que el Auto de Vista, adecuó su fallo a lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente sin incurrir en las infracciones alegadas en el recurso, por lo que solicitó que se declare infundado el recurso, con costas.

III.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación de fs. 80-83 para su resolución corresponde realizar las siguientes consideraciones previas:

Doctrina aplicable al caso:

1.- El principio protector constituye uno de los principios más importantes del Derecho Laboral, puesto que la diferencia con el Derecho Civil, es que en éste impera el derecho de igualdad y la no discriminación; mientras que en el Derecho laboral, se debe proteger a la parte más vulnerable que en este caso, es el trabajador.

Este principio, conforme reconoce la doctrina y las previsiones del DS Nº 28699, se rige por tres reglas: la Regla más favorable, la Regla de la condición más beneficiosa y la Regla in dubio pro operario.

La regla de la condición más beneficiosa, que supone la existencia de una situación más beneficiosa anterior, concreta y determinada, que debe ser respetada en la medida que sea más favorable, no pudiendo empeorarse las condiciones que tiene un trabajador.

La regla de la norma más favorable, se aplica, cuando concurren varias normas, se debe aplicar aquella que es más favorable para el trabajador.

Finalmente la regla in dubio pro operario, se da cuando hubiera alguna duda sobre la interpretación y aplicación de alguna norma, se deberá seleccionar aquella interpretación, que sea más favorezca al trabajador.

2.- Respecto del despido injustificado y solicitudes de reincorporación o pago de beneficios sociales, el DS Nº 28699, en su art. 10-I determina que: cuando el trabajador sea despedido por causas no contempladas en el art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT), podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación”.

El párrafo III de esta misma norma, precisa que: “…en caso de que el trabajador opte por su reincorporación, podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, donde una vez probado el despido injustificado, se dispondrá la inmediata reincorporación al mismo puesto que ocupaba al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales actualizados a la fecha de pago. En caso de negativa del empleador, el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social impondrá multa por infracción a leyes sociales, pudiendo el trabajador iniciar la demanda de Reincorporación ante el Juez del Trabajo y Seguridad Social con la prueba del despido injustificado expedida por el Ministerio de Trabajo”. (El resaltado fue añadido).

El art. 11-I del mismo DS Nº 28699, establece que: “…se reconoce la estabilidad laboral a favor de todos los trabajadores asalariados de acuerdo a la naturaleza de la relación laboral, en los marcos señalados por la Ley General del Trabajo y sus disposiciones reglamentarias”. (El resaltado fue añadido).

Fundamentación del caso concreto:

En el caso presente, si bien el demandante, no acudió ante la representación del Ministerio de Trabajo para solicitar su reincorporación, conforme establece el DS Nº 28699; lo hizo de manera directa ante la Judicatura Laboral; por consiguiente, el objeto del presente proceso, es determinar si fue correcta o no la desvinculación laboral, asumida por la entidad ahora demandada; en ese co ntexto, de manera lógica, corresponde emitir criterio respecto de los mecanismos asumidos por la entidad demandada, para establecer si el despido del demandante, es correcto o por el contrario, debe dejarse sin efecto como emergencia de este proceso.

Revisando el expediente y contrastando los argumentos del recurso de casación objeto de análisis, se establece que en el curso del proceso, la entidad demandada, no desvirtuó los argumentos de la demanda; pues si bien demostró junto a toda la prueba presentada por el actor, que éste fue sometido a un proceso sumario administrativo, por presuntas faltas disciplinarias; empero, el proceso se organizó, en mérito a una instrucción específica emanada del Honorable Consejo Universitario, en la que si bien se argumenta la existencia de “presuntas” faltas disciplinarias; empero en su texto, se sugiere ya de manera indirecta cual la futura sanción a imponerse, evidenciando un claro desconocimiento del principio de presunción de inocencia y lógicamente del debido proceso, porque luego, las recusaciones formuladas oportunamente por el demandante Floduardo Ordoñez Rivera, fueron desestimadas sin fundamento alguno, pese a que se encontraban probadas, conforme la normativa interna de la misma Universidad demandada y el hecho de haberse permitido al denunciado asumir defensa, no implica que se hubiese resguardado esos derechos, si conforme se tiene señalado, ya existía una situación predeterminada para imponer su sanción.

Por ello es que se concluye que no es evidente que el Auto de Vista, hubiese incurrido en la infracciones alegadas en el recurso de casación, pues realizó un análisis detallado de los argumentos del recurso de apelación, que fueron reiterados en el recurso de casación objeto de análisis, habiendo sido resueltos conforme establece el art. 265-I del CPC-2013, aplicable al caso presente, por la permisión contenida en el art. 252 del CPT.

Por otra parte, respecto a la -reiterada- vulneración del debido proceso, inobservancia de los principios de seguridad jurídica, eficacia jurídica de los fallos ejecutoriados y al cosa juzgada de la entidad, falta de  motivación y congruencia en el fallo, el recurrente, no ha explicado ni argumentado de manera clara respecto de qué punto del fallo de segunda instancia, argumenta estas vulneraciones, habiéndose explicado precedentemente, que el objeto del proceso de reincorporación, no es realizar una revisión de las determinaciones administrativas asumidas en el sumario administrativo contravencional que se tramitó contra el ahora demandante; sino, si esta determinación, se enmarca a la norma y resguarda los derechos constitucionales del trabajador.

En ese entendido, se identificó que lamentablemente, en el trámite del proceso sumario organizado contra el actor, no se resguardo el debido proceso ni la presunción de inocencia, no pudiendo emitir criterio este Tribunal sobre las causas o motivos del proceso organizado en su contra y si esas presuntas faltas, se adecuan o no a las sanciones impuestas.

Consiguientemente, al haberse advertido que no son evidentes las infracciones legales acusadas en el recurso, corresponde aplicar el art. 220-II del CPC-2013, por la permisión contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184 núm. 1 de la CPE y 42-I-1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 223 a 224, interpuesto por el abogado Eduardo Bernal Días, en representación de la Universidad Pública de El Alto, contra el Auto de Vista Nº 191/2017 de 04 de septiembre de 2017, que cursa de fs. 217 a 218, emitido por la Sala Social y Administrativa, Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1179 y 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

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