TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 73

Sucre, 18 de febrero de 2019

Expediente                        : 551/2017

Demandante                : Erick Franz Barrón Ocaña.

Demandado        : Gobierno Autónomo Departamental de Pando.

Materia        : Social (Derechos Laborales)

Distrito                        : Pando

Magistrada Relatora        : Dra. María Cristina Díaz Sosa

VISTOS: El recurso de casación en el fondo interpuesto por el Gobierno Autónomo Departamental de Pando representado legalmente por Sandro Chambi Gómez cursante a fs. 123 a 125 vta. de obrados, en contra del Auto de Vista Nº 272/2017 de 22 de agosto, pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescencia y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; el Auto Supremo No 551-A de 22 de noviembre de 2017 a fs. 138 a 138 vta., que admitió el recurso; lo obrado en el proceso; y:

I: ANTECEDENTES PROCESALES.

Sentencia.-

Tramitado el proceso laboral por el pago de derechos laborales seguido por Erick Franz Barrón Ocaña en contra del Gobierno Autónomo Departamental de Pando; el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Pando, emitió la Sentencia Nº 294 017 de 27 de junio de 2017 de fs. 97 a 98 vta., declarando probada la demanda e improbada la excepción perentoria de pago, determinando que el Gobierno Autónomo Departamental de Pando cancele a favor del actor conforme al siguiente detalle: Subsidio de frontera en la suma total de Bs. 56.155 (Cincuenta y seis mil, ciento cincuenta y cinco 00/100 Bolivianos), monto que debería ser cancelado dentro el tercer día de ejecutoriado el fallo.

Auto de Vista.-

Interpuesto el recurso de apelación cursante a fs. 101 a 105, por el Gobierno Autónomo Departamental de Pando representado legalmente por Sandro Chambi Gómez, la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescencia y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; resuelve el mismo mediante Auto de Vista Nº 272/2017 de 22 de agosto de 2017, cursante a fs. 117 a 118, que confirma la sentencia apelada Nº 294 017 de 27 de junio de 2017.

Ante la determinación del Auto de Vista, el Gobierno Autónomo Departamental de Pando, representado legalmente por Sandro Chambi Gómez, interpone recurso de casación, sin la contestación de la parte contraria, el Tribunal de azada emite Auto Nº 329/2017 de 13 de octubre de 2017, concediendo el recurso.

II: ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.

Interpuesto el recurso de casación en el fondo, el recurrente establece que el Auto de Vista impugnado, contiene violación errónea interpretación del art. 5.II del D.S. Nº 27375 de 17 de febrero de 2004 y art. 12 del D.S. Nº 21137, bajo los siguientes argumentos:

Indica que el art. 5.II del D.S. Nº 27375 de 17 de febrero de 2004, establece que la partida 12100 “Personal Eventual”, no deberá generar pago de aguinaldo ni otra clase de beneficio adicional bajo cualquier denominación, así como el personal en línea con relación a sueldo que se halla inscrito en las partidas 11310 y 12100 de apoyo administrativo al tratarse de una institución descentralizada; bajo esta normativa el recurrente considera que no corresponde el pago de subsidió de frontera a favor del demandante, por cuanto al ser un contrato administrativo de prestación de servicios personales conforme al art. 6 de la Ley Nº 2027, su financiamiento proviene de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos.

De igual manera manifiesta que se debe considerar que de conformidad con el art. 519 del Código Civil, el contrato es ley entre partes, el cual no puede ser disuelto sino por consentimiento mutuo o por las causas autorizadas por ley; por tal motivo la demandante no puede reclamar subsidio de frontera, cuando dicho aspecto no estaba estipulado dentro los contratos que firmo; en tal sentido concluye que el Tribunal de alzada, interpretó erróneamente el art. 5.II del D.S. Nº 27375 de 17 de febrero de 2004, al señalar que los contratos que se suscribieron son para el desempeño de funciones administrativas, siendo en realidad que los recursos son para el apoyo administrativo de los proyectos para el desarrollo del Estado.

Por otro lado, de igual manera acusa la mala interpretación del art. 12 del D.S. Nº 21137, puesto que ha momento de emitir resolución, el Tribunal de alzada no tomó en cuenta la ubicación geográfica en medición con coordenadas exactas donde se desarrollaba el trabajo, en esa misma línea se tiene el A.S. Nº 373 de 08 de octubre de 2014, por lo cual incluso acusan la vulneración de dicho precedente.

Los demás argumentos expuestos en el recurso de casación hacen referencia al error de hecho y derecho en la apreciación de la prueba, el debido proceso y el derecho a la debida fundamentación y fundamentación de las sentencias; no contiene la correcta técnica recursiva, por cuanto dichos fundamentos solo se limitan a la transcripción de normativa, doctrina y jurisprudencia constitucional, sin que se acuse de manera precisa norma vulnerada o prueba erróneamente valorada, no existiendo exposición fáctica en relación a los fundamentos vertidos.

La parte demandante no contestó el recurso de casación interpuesto.

III: FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y JURISPRUDENCIALES DEL FALLO.

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

De la protección del derecho laboral:

Los derechos laborales propugnan garantías hacia los trabajadores, en contraposición a los excesos que se dan en los procesos de contratación obrero-patronales, expuestos a infringir  sus derechos, y evitar la elaboración de contratos que encubran la relación laboral verdadera y de esta manera puedan evitar el cumplimiento de obligaciones laborales, tales como los contratos civiles encubiertos, los contratos a plazo fijo, o, como en el presente caso, los denominados contratos eventuales.

Este Tribunal Supremo de Justicia ha emitido jurisprudencia sobre este hecho, de donde podemos mencionar el Auto Supremo Nº 61 de 01 de marzo  de 2013 que textualmente indica: “…En este sentido se debe señalar que, el Derecho laboral no forma parte del Derecho privado, sino del denominado Derecho Social que se caracteriza por la facultad que tiene el Estado de vigilar y asegurar que los derechos de los trabajadores no sean vulnerados por el desequilibrio de fuerzas económicas entre el empleador y el trabajador, ni siquiera por renuncia voluntaria y expresa del trabajador, toda vez que los derechos laborales son irrenunciables conforme establecen los artículos 48. III de la Constitución Política del Estado y 4 de la Ley General del Trabajo.

El Derecho Social tiene como característica especial su predominio o aplicación preferente respecto a la legislación civil o comercial; por ello, independiente si el contrato se lo celebra o es denominado por las partes como contrato civil o comercial o contrato de consultoría en línea, si en la prestación del servicio se observan características propias de la relación laboral, entonces, el contrato será obligatoriamente regulado por la Ley General del Trabajo.

Del subsidio de frontera.

De acuerdo al artículo 2 del Decreto Supremo No. 28741 de fecha 7 de junio de 2006, se efectúa una reasignación presupuestaria para el pago del subsidio de frontera. En ese entendido debemos señalar que, el subsidio de frontera, en el marco del artículo 12 del Decreto Supremo Nº 21137 de 30 de noviembre de 1985, (Subsidio de frontera); señala: “Se sustituye los bonos de frontera, zona o región con un subsidio de frontera, cuyo monto será el veinte por ciento (20%) del salario mensual. Se beneficiarán con este subsidio, solamente los funcionarios y trabajadores del Sector Público cuyo lugar de trabajo se encuentra dentro de los cincuenta kilómetros lineales de las fronteras internacionales. Esta disposición regirá también para las empresas privadas”.

Con meridiana claridad se puede evidenciar que este precepto establece que el trabajador, para beneficiarse del subsidio de frontera debe desempeñar sus funciones dentro de un área comprendida en los cincuenta kilómetros linéales con las fronteras internacionales, sin hacer mención o distinción sobre la naturaleza de los trabajos a realizarse o los tipos de contratos.      

IV: ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO.

En el análisis del caso, corresponde establecer si efectivamente existió una aplicación indebida e errónea interpretación del art. 5.II del D.S. Nº 27375 de 17 de febrero de 2004 y art. 12 del D.S. Nº 21137 de 30 de noviembre de 1985; en mérito a ello, se tiene lo siguiente:

En relación al subsidio de frontera y su aplicabilidad; el D.S. Nº 21137 30 de noviembre de 1985, representa una garantía de la aplicación objetiva de la Ley, de tal modo que los ciudadanos conocen en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los empleadores pueda causarles perjuicio; por cuanto las entidades del sector público, como las empresas privadas que desarrollen actividades dentro de los cincuenta kilómetros de las fronteras del país, conocen que tienen la obligación de cancelar a favor de sus empleados y trabajadores, el 20% adicional al salario mensual, por concepto de subsidio de frontera, justamente por encontrarse alejados de las ciudades y centros poblados.

En mérito a ello, se puede evidenciar que el Decreto Supremo señalado, establece que el trabajador o trabajadora, independientemente del sector en el que desempeña su labor o la modalidad de su contratación, para beneficiarse de este subsidio, basta que desarrolle sus funciones dentro de un área comprendida en los cincuenta kilómetros linéales con las fronteras internacionales, sin hacer mención o distinción sobre la naturaleza de los trabajos a realizarse o los tipos de contratos suscritos para la prestación de sus servicios; este fundamento expuesto, constituye una interpretación progresiva de la norma, que permite de mejor manera el desarrollo del derecho social, invocado por el demandante.

A más de lo fundamentado, es importante destacar que la pretensión del actor en la demanda interpuesta, es hacer efectivo el cobro del subsidio de frontera, el cual conforme a las boletas de pago emitidas por el Gobierno Autónomo Departamental de Pando cursante a fs. 54 a 14 de obrados, fue reconocido por la entidad demandada a favor del actor en las gestiones 2015 y 2016; por lo cual se concluye que el Tribunal de alzada, obró de manera correcta.

Bajo estos parámetros se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación en el fondo, al carecer de sustento legal; ajustándose el Auto de Vista recurrido a las leyes en vigencia, corresponde resolver en el marco de las disposición legal contenida en el art. 220.II del CPC, aplicable por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT, en observancia a la Disposición Transitoria Sexta de la Ley Nº 439.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el Art. 184.1 de la CPE y el Art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo, interpuesto por el Gobierno Autónomo Departamental de Pando representado legalmente por Sandro Chambi Gómez, contra el Auto de Vista Nº 272/2017 de 22 de agosto, pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescencia y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, manteniendo firme el Auto de Vista impugnado.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 (SAFCO) y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.