TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Auto Supremo Nº 71

Sucre, 18 de febrero de 2019

Expediente                        : 559/2017

Demandante                : Lucio Javier Miranda Zuazo

Demandado        : Gobierno Autónomo Departamental de Pando

Materia        : Beneficios Sociales

Distrito                        : Pando

Magistrada Relatora        : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS: El recurso de casación en el fondo interpuesto por el Gobierno Autónomo Departamental de Pando (GAD-PD) representado legalmente por Sandro Chambi Gomez, cursante de fs. 137 a 139 vta. de obrados, contra del Auto de Vista Nº 403/2017 de 14 de septiembre, de fs. 130 a 133, pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescente y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; el Auto Supremo Nº 559-A de 27 de noviembre de 2017 de fs. 151 y vta., que admite el recurso; lo obrado en el proceso, y;

I: ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia.-

Tramitado el proceso laboral seguido por Lucio Javier Miranda Zuazo contra el GAD-PD, que pretende el pago de Bs103.551.- (ciento tres mil, quinientos cincuenta y un bolivianos 00/100 bolivianos) por concepto de descuentos injustificados, subsidio de frontera, vacaciones y aguinaldo 2016, el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Cobija, emitió la Sentencia Nº 290 017 de 26 de junio de 2017 cursante de fs. 105 a 107, declarando probada la demanda e improbada la excepción de pago, sin costas, determinando el pago total de Bs30.692.- (treinta mil, seiscientos noventa y dos 00/100 bolivianos), dentro del tercer día de ejecutoriado dicho fallo de fondo, por concepto de subsidio frontera (2010-7 meses-Bs16.991.-, 2011-2 meses-Bs4.779.-, 2011-10 meses-Bs2.800.-, 2012-2 meses-Bs2.706.-, 2012-10 meses-Bs2.800.-, 2013-2 meses-Bs3.360.-, 2013-10 meses-Bs2.800.-, 2014-1 mes-Bs 3.112.-, 2014-5 meses-Bs3.200.-, 2014-6 meses-Bs3.735.-).

Auto de Vista.-

Interpuestos los recursos de apelación por el GAD-PD representado por Sandro Chambi Gomez (fs. 110 a 114) y por Lucio Javier Miranda Zuazo (fs. 119), la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescente y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, pronuncia el Auto de Vista Nº 403/2017 de 14 de septiembre, de fs. 130 a 133, que confirma la Sentencia Nº 290 017 de 14 de septiembre de 2017, “con el añadido indicado en la parte considerativa relativo al aguinaldo” (sic), por lo que la suma calculada por el Juez de Bs30.692, (treinta mil, seiscientos noventa y dos 00/100 bolivianos), más Bs794.- (setecientos noventa y cuatro 00/100 bolivianos), da un total de Bs31.486.- (treinta y un mil, cuatrocientos ochenta y seis 00/100 bolivianos) que deberá pagar el demandado en el plazo de tres días de ejecutoriada la Resolución.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN Y PETITORIO

Sandro Chambi Gomez, en representación legal del GAD-PD interpone recurso de casación en el fondo contra el Auto de Vista Nº 403/2017 de 14 de septiembre, bajo los siguientes argumentos:

1.- El art. 6 del Estatuto del Funcionario Público (EFP), prevé el tratamiento de las personas que prestan sus servicios para el Estado, contractualmente de forma eventual o para la prestación de servicios específicos o especializados, estando sus derechos y deberes regulados por el contrato suscrito entre partes y el ordenamiento legal aplicable; procedimiento, requisitos, condiciones y formas de contratación  que se regulan por las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NBSABS), concordante con el art. 60 del Decreto Supremo (DS) Nº 26115 de 16 de marzo de 2001 y con el art. 519 del Código Civil (CC); además, el GAD-PD se encuentra bajo la Ley Nº 031, Marco de Autonomía y Descentralización “Andrés Ibáñez” y al Estatuto Fundamental Autonómico del Departamento de Pando y con base en el principio de auto determinación  realiza sus contrataciones eventuales.

En ese contexto, Lucio Javier Miranda Zuazo, fue contratado mediante un Contrato Administrativo de acuerdo al art. 6 del EFP, por lo tanto es un trabajador eventual y no le corresponde el pago del subsidio frontera; no se cumplieron las condiciones básicas que impone el art. 12 del DS Nº 21137 de 30 de noviembre de 1985; y, además, de conformidad al art 5.II del DS Nº 27375 de 17 de febrero de 2004, la Partida 12100 de “Personal Eventual”, no deberá generar pago de aguinaldo ni otra clase de beneficio adicional bajo cualquier denominación.

2.- El Auto de Vista carece de motivación y fundamentación, ambas  necesarias para su validez en cumplimiento al debido proceso previsto por el art. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE) y en el bloque de constitucionalidad.

Petitorio.- La institución pública demandada solicita que se “case el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo y forma y sea con condenación de costas conforme prevé la ley” (sic).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y DOCTRINALES DEL FALLO.

En consideración de los argumentos expuestos por la institución  recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal.

Principio de inversión de la prueba en materia laboral

La Constitución Política del Estado, establece fundamentos laborales y de protección al trabajador; en ese sentido el art. 48.I señala: “Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio”, en su parágrafo II establece “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”.

El principio de inversión de la prueba, contenido en la norma constitucional citada, establece que la carga de la prueba le corresponde al empleador. Este principio en materia laboral, es contrario a la regla general de principio de aportación de prueba, que establece “quien afirma un hecho debe probarlo”; en el proceso laboral se traslada esa responsabilidad al empleador.

Conforme al principio laboral constitucional, el art. 66 del Código Procesal del Trabajo (CPT) establece, que en todo juicio social, incoado por el trabajador, la carga de la prueba corresponde al empleador, sin perjuicio de que aquel pueda ofrecer las pruebas que estime convenientes. A su vez el art. 150 de la misma Ley procesal laboral, establece que en esta materia corresponde al empleador demandado desvirtuar los fundamentos de la acción, sin perjuicio de que el actor aporte las pruebas que crea conveniente.

Consiguientemente, le corresponde al empleador la obligación de proporcionar al proceso los elementos de prueba necesarios a fin de desvirtuar lo señalado por el trabajador y que además le permita al juez adquirir una convicción positiva o negativa de la pretensión, basada en el principio de verdad material.

La inversión de la prueba en materia laboral goza de una presunción de veracidad respecto a la demanda del trabajador, presunción “juris tantum”, que debe ser destruida por el empleador con las pruebas que éste aportara en su defensa.

Subsidio Frontera

El art. 12 del DS 21137 de 30 de noviembre de 1985, señala: “Se sustituye los bonos de frontera, zona o región con un subsidio de frontera, cuyo monto será el veinte por ciento (20%) del salario mensual. Se beneficiarán con este subsidio, solamente los funcionarios y trabajadores del Sector Público cuyo lugar de trabajo se encuentra dentro de los cincuenta kilómetros lineales de las fronteras internacionales. Esta disposición regirá también para las empresas privadas”.

Dicha norma transcrita, no hace diferencia entre servidores públicos eventuales o permanentes, incluye a todos los funcionarios y trabajadores el sector público y privado cuyo lugar de trabajo esté dentro de los 50km lineales de las fronteras internacionales; para ello, las instituciones deben consignar en las papeletas, boletas, o comprobantes de pago de sueldos, el monto cancelado por concepto de dicho subsidio, correspondiente al 20% del salario mensual percibido por el trabajador.

Por su parte, el art. 5.II del DS Nº 27375 de 17 de febrero de 2004, determina que la Partida 12100 denominada “personal eventual”, no deberá generar pago de aguinaldo ni otra clase de beneficio adicional.

IV. ANALISIS DEL CASO CONCRETO

En el análisis del caso, corresponde establecer si efectivamente existió una aplicación indebida o errónea de los arts. 108 y 119 de la Constitución Policita del Estado y una indebida e incorrecta aplicación de la Ley 321 y el DS 110, además del subsidio frontera; en merito a ello, se tiene lo siguiente:

Con carácter previo, se deja claramente establecido que de la revisión y análisis del Auto de Vista impugnado a través del recurso de casación, se evidencia que el mismo contiene la motivación y fundamentación necesarias para su validez y debido respeto del derecho al debido proceso en sus elementos motivación y fundamentación, respecto a la expresión de agravios expresada por el GAD-PD sobre la naturaleza eventual de la contratación del demandante y la improcedencia del pago del subsidio frontera.

Ahora bien, con base en el análisis jurídico legal precedente, el pago del subsidio de frontera ordenado en Sentencia y confirmado por el Auto de Vista Nº 403/17 de 14 de septiembre de 2017, está reconocido como derecho adquirido por el funcionario o servidor público, o trabajador privado, que desempeña sus funciones dentro de los 50km lineales de las fronteras internacionales, ello de conformidad con el art. 12 del DS 21137, correspondiente al 20% del salario mensual. En merito a ello, se puede evidenciar que éste precepto establece que para beneficiarse de este subsidio, el trabajador o trabajadora independientemente del sector en el que desempeña su labor o la modalidad de su contratación, basta que desarrolle sus funciones dentro de un área comprendida en los 50km linéales con las fronteras internacionales, sin hacer mención o distinción sobre la naturaleza de los trabajos a realizarse o los tipos de contratos suscritos para la prestación de sus servicios, realizando una interpretación progresiva de la norma.

En ese contexto, no existe posibilidad de incurrir en diferencias entre servidores públicos eventuales o permanentes a momento de contratar o designar personal para el desarrollo de las actividades de la institución pública demandada, en este caso del GAD-PD y establecer montos diferenciados de los sueldos de personal contratado o designado con el de personal eventual a efectos del pago del subsidio de frontera respectivo previsto en la Ley.

La entidad demandada desconoce éste derecho adquirido del demandante; no consigna de manera desglosada y en todas las boletas o constancia de pago de sueldo, el concepto específico de subsidio de frontera, conforme consta en las boletas de pago de fs. 1 a 74 y en las certificaciones de fs. 94 a 97; y, conforme al principio de inversión de la prueba, correspondía a la institución pública demanda demostrar que en el salario que percibía el demandante se encontraba el subsidio de frontera al cual tenía derecho, y con ello proporcionar al proceso los elementos de prueba necesarios a fin de desvirtuar lo señalado por la trabajadora, y que además le permita al juez adquirir una convicción positiva o negativa de la pretensión, basada en el principio de verdad material, situación que en el presente caso, no aconteció.

Finalmente, en cuanto al argumento expuesto en sentido de que en cumplimiento al art. 5 del DS Nº 27375, no se debe generar ningún otro pago o beneficio a trabajadores eventuales en la Planilla 12100, implica que el empleador prevea de forma adecuada el monto de salario mensual, detallando expresamente el cálculo del 20% que le corresponde al trabajador como derecho adquirido por imperio de la ley, sin que ninguna situación administrativa o contable pueda evitar o perjudique su pago conforme a Ley; en consecuencia, dicho pago únicamente es demostrable a través del documento que así lo establezca.

Bajo estos parámetros se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación en el fondo, carece de sustento legal y corresponde resolver en el marco de las disposición legal contenida en el art. 220.II del CPC, aplicable por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT, en observancia a la disposición Transitoria Sexta de la Ley Nº 439.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo, interpuesto por el Gobierno Autónomo Departamental de Pando representado por Sandro Chambi Gomez, cursante de fs. 137 a 139 vta., contra el Auto de Vista Nº 403/17 de 14 de septiembre de 2017, de fs. 130 a 133, pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescencia y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, manteniendo firme el Auto de Vista impugnado.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.