TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 44

Sucre, 30 de enero de 2019

Expediente                  : 515/2017

Demandante                   : Gustavo Omar Falcón 

Demandado                    : Centro de Estética Giovanna Import - Export S.R.L.

Proceso                           : Pago de beneficios sociales y derechos laborales 

Distrito                         : Santa Cruz

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación en el fondo, de fs. 88 a 90, interpuesto por el Centro de Estética Giovanna Import - Export S.R.L., representada legalmente por Giovanna Moreno Alemán, contra el Auto de Vista N° 169 de 15 de noviembre de 2016, pronunciado por la Sala Social, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, de fs. 85 a 86; dentro del proceso de pago de beneficios sociales y derechos laborales interpuesto por Gustavo Omar Falcón contra la empresa de estética recurrente; el Auto Nº 159 de 12 de septiembre de 2017, que concedió el recurso (fs. 94); el Auto Supremo Nº 515-A de 3 de noviembre de 2017 (fs. 104), por el cual se declara admisible el recurso de casación interpuesto, los antecedentes procesales; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.

Planteada la demanda social de pago de beneficios sociales y derechos por Gustavo Omar Falcón, y tramitado el proceso, la Juez Cuarta del Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, pronunció la Sentencia Nº 3 de 16 de enero de 2014, de fs. 66 a 69, declarando probada en parte la demanda, y probada la excepción de prescripción opuesta contra el subsidio natal y de lactancia; disponiendo que la empresa de estética demandada cancele a favor del actor, la suma de Bs.38.490.- (treinta y ocho mil cuatrocientos noventa 00/100 bolivianos), por concepto de beneficios sociales y derechos laborales detallados en ese fallo; monto que deberá ser actualizado conforme a ley, así como la multa del 30% establecida en el art. 9 del D.S. 28699 de 1 de mayo de 2006.

Auto de Vista.

En conocimiento de la Sentencia, el Centro de Estética Giovanna Import - Export S.R.L., a través de su representante Giovanna Moreno Alemán, interpuso recurso de apelación, de fs. 73 a 74; que fue resuelto por el Auto de Vista N° 169 de 15 de noviembre de 2016, pronunciado por la Sala Social, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, de fs. 85 a 86, confirmando totalmente la Sentencia, con costas.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSOS DE CASACIÓN:

En conocimiento del señalado Auto de Vista, la empresa de estética demandada, formuló recurso de casación en el fondo, de fs. 88 a 90, señalando lo siguiente:

1.- A fs. 58 se presentó memorial de ofrecimiento de prueba de descargo, consistente en declaraciones testificales de tres personas, en virtud a que el periodo de prueba no estaba declarado clausurado, y al amparo de los arts. 4, 456 y 157 del código Procesal del Trabajo (CPT), se solicitó al a quo que en uso de sus atribuciones, disponga señalamiento de audiencia para recibir esta declaraciones; sin embargo, a fs. 59, a través de providencia de 24 de abril de 2013, se determinó sin ninguna motivación ni fundamentación, rechazar la proposición testifical de descargo señalada, indicando que el periodo de prueba de diez días, establecido en el art. 149 del CPT, ya estaba vencido, por lo cual el pedido era extemporáneo.

El art. 4 del CPT, establece que en materia de trabajo la autoridad judicial tiene una función activa de acuerdo con el principio inquisitivo y de dirección procesal, de tal suerte, que de oficio puede analizar su propia competencia, la capacidad de las partes, llamar nuevos testigos, provocar peritajes, conminar la presentación de pruebas a las partes, y adoptar las diligencias para mejor proveer lo que juzgare conveniente, por lo cual el, el ofrecimiento de prueba testifical efectuado en el memorial de fs. 58, se adecua a la normativa laboral vigente; al respecto, se adjuntó junto a la apelación, un auto de vista, pronunciado en un caso similar, en el cual confirma la determinación del juzgador de instancia de admitir y recibir atestaciones fuera del plazo de los diez días del periodo de prueba, en función a los art. 4 y 157 del CPT, que dan la facultad al Juez de la causa, de gestionar la producción de nuevos elementos probatorios, como también llamar a nuevos testigos, entre otras, aun vencido el termino probatorio y antes de dictar sentencia.  

Este aspecto no ha sido tomado en cuenta, por el Tribunal de alzada, que no ha analizado las facultades conferidas por ley, en los arts. 4, 155, 156 y 157 del CPT, del Juez a quo respecto de la recepción de la prueba ofrecida, provocando un daño y perjuicio económico a la parte demandada, privándole la oportunidad de proponer y producir pruebas de descargo, vulnerando el debido proceso.

2.- Durante la tramitación de la presente causa laboral, el actor no ha producido prueba suficiente, presentando solo documentación personal, como pasaporte DNI (de la república de Argentina), no presenta algún documento que acredite su ingreso y legal estadía en el país; la prueba testifical de cargo, de fs. 54, no aporta ninguna información valiosa que ayuden en el esclarecimiento de los hechos controvertidos, al desconocer el horario o jornada laboral supuestamente cumplida por el actor, menos el salario que percibía, no tan fe probatoria sobre los puntos de la demanda, no ameritando la aplicación del art. 169 del CPT, aspecto ignorado por el Tribunal ad quem, emitiendo un Auto de Vista, sin ninguna mención sobre este aspecto legal, generando una infracción al debido proceso,  no habiéndose promovido la averiguación de la verdad material, en franca vulneración del art. 180 del Constitución Política del Estado (CPE), el art. 30 num. 11) de la Ley del Órgano Judicial y el art. 134 del Código Procesal Civil (CPC-2013).

Petitorio.

Interpuesto el recurso de casación en el fondo, solicita se case el Auto de Vista recurrido, y deliberando en el fondo “revoque” la Sentencia, declarando improbada la demanda laboral, disponiéndose “no haber lugar a ningún pago de beneficio social”, con imposición de costas al demandante.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Expuestos así los argumentos del recurso de casación parcial en el fondo, se pasa a resolver el recurso, con las siguientes consideraciones:

1.- Debe tomarse en cuenta, que el recurso de casación es considerado como un medio impugnatorio vertical y extraordinario, procedente en supuestos estrictamente determinados por ley, y dirigido a lograr que el máximo Tribunal ordinario, revise, reforme o anule las resoluciones expedidas en apelación, que infringen las normas de derecho material, las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales; la legislación prevé en el art. 270-I del Código Procesal Civil (CPC-2013), que: “El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados en procesos ordinarios y en los casos expresamente señalados por Ley”, así también, el Código de Procedimiento Civil (CPC-1975) en su art. 255, disponía contra que resoluciones procedía el recurso de casación, refiriéndose en sus numerales a Autos de Vista, norma adjetiva aplicable a la materia de conformidad al art. 252 del CPT; en tal razón, conforme estas disposiciones se puede colegir que el recurso de casación tiene como finalidad la objeción de los fundamentos esgrimidos en el Auto de Vista, no así, reclamos sobre decisiones asumidas por el Juez a quo, para ello la normativa procesal prevé otro tipo de mecanismos; en ese entendido, corresponde al recurso de casación orientar sus argumentos a invalidar el Auto de Vista, cuestionado fundamentos expuestos por el Tribunal de alzada, respecto del agravio efectuado en apelación, y no enfocar los argumentos del recurso de casación, de manera directa sobre consideraciones o determinaciones asumidas por el Juez de primera instancia.

En el caso, además de cuestionar aspectos procesales de primera instancia, acusando directamente el actuar del Juez de la causa, y no así los fundamentos expuestos por el Tribunal de alzada, al momento de resolver su recurso de apelación; no se reclamó en su oportunidad la determinación que se cuestiona, asumida por el juzgador; ya que, la providencia de fecha 24 de abril de 2013 (fs.59), en la cual se estableció no dar lugar a la prueba testifical propuesta, por resultar extemporánea, debió ser reclamada en su oportunidad, mediante el recurso de reposición, previsto en el art. 253-I del CPC-2013, que señala: “El recurso de reposición procede contra las providencias y autos interlocutorios con objeto de que la autoridad judicial, advertida de su error, los modifique, deje sin efecto o anule,  como también, estaba dispuesto en el art. 215 del CPC-1975: “El recurso de reposición procederá contra las providencias y los autos interlocutorios, con el fin de que el juez o tribunal que los hubiere dictado, advertido de su error pudiere modificarlos o dejarlos sin efecto

En consecuencia si acaso no estaba de acuerdo el centro de estética recurrente, con la determinación asumida en la providencia -que ahora cuestiona en esta instancia-, debió acudir al mecanismo procesal correspondiente establecido por ley en forma oportuna, como lo es, el recurso de reposición; no esperar a la apelación para efectuar este reclamo, y peor aún cuestionar directamente en el recurso de casación la posición asumida por el Juez de la causa, sin dirigirse contra los fundamentos vertido por el Tribunal de alzada; consecuentemente, se activa la preclusión procesal prevista en los arts. 3 inc. e) y 57 del CPT; al ser un reclamo sobre una determinación del Juez de la causa (una providencia), que tiene un recurso propio para su rectificación o su confirmación, principio procesal que rige el proceso laboral, y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud de que queda extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, o reclamarlo si se considera le causa un agravio; por lo que en esta instancia no corresponde su revisión, imposibilitando ingresar a un análisis, sobre la infracción acusada, que además, está dirigida a los actuados del juez a quo y no así a los del Tribunal ad quem.

2.- Debe entenderse que, en la relación obrero-patronal, a tiempo de tener acceso a la prueba idónea para acreditar o desvirtuar determinados asuntos laborales, es el empleador quien tiene ventaja en relación al trabajador, por esto la legislación laboral, con el ánimo de compensar esta situación, ha previsto que en los procesos laborales la carga de la prueba es obligatoria para la parte patronal y facultativa para el trabajador, a diferencia de otras materias, en las que, el que demanda debe respaldar su pretensión; en ese entendido, rige el principio de inversión de la prueba en la tramitación de los procesos laborales, correspondiendo al empleador desvirtuar los hechos afirmados por el trabajador, o en su caso, demostrar con suficiencia los argumentos aducidos en su defensa, siendo simplemente una facultad del actor trabajador la de ofrecer prueba, más no una obligación; este principio, busca una equidad procesal, por lo que, debe ser el empleador demandado, quien debe desvirtuar la pretensión del trabajador demandante, y si, como en el caso presente, la empresa de estítica demandada, considera que los derechos reclamados por el actor, no son ciertos, quien tiene la obligación de desacreditar esto con la prueba que considere conveniente es el empleador, precisamente en función al principio de inversión de la prueba, y ante la ausencia de prueba que desvirtúe este aspecto, debe aplicarse la presunción favorable, que la materia y la propia Constitución establece en favor del trabajador, ante una falta de prueba idónea presentada por el empleador, que desacrediten la solicitud de derechos y beneficios que el trabajador alega le corresponden; claro está que, la pretensión debe ser razonable, lógica y dentro del margen de lo posible, este principio está establecido por el art. 66 del CPT, determina que: “En todo juicio social incoado por el trabajador, la carga de la prueba corresponde al empleador, sin perjuicio de que aquel pueda ofrecer las pruebas que estime conveniente, asimismo el art. 150 de este norma adjetiva, prevé que: “En esta materia corresponde al empleador demandado desvirtuar los fundamentos de la acción, sin perjuicio de que el actor aporte las pruebas que crea conveniente; normativa que claramente señala, que la carga de probanza de los aspectos que se dilucidan en un proceso laboral incoado por el trabajador, recae en el demandado empleador, en concordancia con el art. 3 inc. h) del CPT, que señala: “Todos los procedimientos y trámites se basarán en los siguientes principios: h) Inversión de la prueba, por el que la carga de la prueba corresponde al empleador; por lo cual,  el argumento de que el actor no ha producido prueba suficiente que acredite su pretensión, por lo precedentemente señalado, es infundado.

Así también, como el principio de la inversión de la prueba, existen otros que enmarcan la tramitación de todos los procesos sociales, y que no solo están establecidos en la norma procesal ateniente a la materia, sino que fueron elevados a rango constitucional a partir de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, con la finalidad de  proteger al trabajador como el sujeto más débil de la relación empleador-trabajador, estos principios son: el principio protector con sus reglas del in dubio pro operario y de la condición más beneficiosa; de continuidad o estabilidad de la relación laboral; de primacía de la realidad; de no discriminación, y el ya referido principio de inversión de prueba, están establecidos en el art. 48 - II) de la CPE, debiendo aceptarse que el Estado a través de los administradores de justicia, no busca una paridad jurídica como en otras materias, sino una preferencia a favor del trabajador bajo estos principios constitucionales que buscan la favorabilidad del trabajador, ante la desventaja que tiene respecto del empleador, al ser aquel el sujeto débil de la relación laboral; conceptualizando los principios informadores del derecho del trabajo la SC 0032/2011-R de 7 de febrero, que señala en cuanto al principio de proteccionismo, que: “a) Principio de protección y tutela.- Llamado así porque la razón del derecho laboral es esencialmente de protección , de ahí que si se emiten normas laborales, éstas tienen que estar orientadas al resguardo del trabajador; dicho de otro modo no se busca la paridad jurídica sino la de establecer un amparo preferentemente a favor del trabajador; conceptualizados también, en el art. 4 del el D.S. 28699 de 1 de mayo de 2006, principios establecidos al ser manifiesta la desigualdad existente entre el trabajador y el empleador.

No existiendo una desigualdad procesal en la valoración probatoria, como afirma el recurrente, ya que en la aplicación del principio de inversión de la prueba, establecido constitucionalmente, existe una presunción favorable para el trabajador ante ausencia de prueba que desacredite la pretensión de la demanda laboral; constituye una obligación para el empleador la carga de probanza, como precedentemente se desarrolló, de conformidad a los principios que rigen la materia y conforme refiere la jurisprudencia constitucional en la SC 0049/2003 de 21 de mayo, al señalar -incluso antes de la nueva CPE, que protege aún más al trabajador- que: “las normas contenidas en los art. 3- h), 66 y 150 CPT no son contrarias al principio de igualdad que consagra el art. 6 CPE, sino que son el reflejo del carácter protector y de tutela que tiene el Derecho Laboral, que surgió ante la necesidad de proteger en forma especial a los trabajadores, situados en desventaja frente a los empleadores, aspecto que no es menos evidente en materia procesal, por cuanto en la realidad del país, en un gran número de relaciones laborales el contrato de trabajo se celebra en forma verbal, y los escasos documentos que podrían acreditar la existencia de esa relación, su duración, remuneración, desarrollo, conclusión y otros extremos, quedan en manos del empleador, sin que el trabajador pueda tener acceso a ellos, de lo que se infiere que, ante la inexistencia de una disposición que establezca la inversión de la prueba, los atropellos y el desconocimiento de los derechos laborales sería constante porque los interesados no tendrían posibilidad de acreditar sus reclamos para que se dé lugar a sus pretensiones en instancia judicial”, cuyo fundamento ha sido reiterado por las SSCC 0032/2011-R de 7 de febrero y 0718/2012 de 13 de agosto, entre otras.

En mérito a lo expuesto y no encontrándose fundados los motivos traídos en casación por la parte demandada, corresponde dar aplicación al art. 220-II del CPC-2013, aplicable en la materia por expresa determinación del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo interpuesto por el Centro de Estética Giovanna Import - Export S.R.L., representada legalmente por Giovanna Moreno Alemán, de fs. 88 a 90; en consecuencia se mantiene firme y subsistente el Auto de Vista N° 169 de 15 de noviembre de 2016. Con costas.

No se regula el honorario profesional, al no haberse respondido el recurso.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-