TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 42

Sucre, 30 de enero de 2019

Expediente                  : 513/2017

Demandante                   : María Gloria Agreda Vedia

Demandado                    : Caja Nacional de Salud - regional Santa Cruz

Proceso                           : Reintegro de beneficios sociales y derechos laborales 

Distrito                         : Santa Cruz

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación en el fondo, de fs. 137 a 138, interpuesto por María Gloria Agreda Vedia, a través de Juan Carlos Palomo Rivero, su ratificación y ampliación de fs. 140 a 142 (efectuada dentro de plazo para interponer el recurso), contra el Auto de Vista N° 91 de 27 de julio de 2016, pronunciado por la Sala Social, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, de fs. 134 a 135; dentro del proceso de reintegro de beneficios sociales interpuesto por la recurrente contra la Caja Nacional de Salud (CNS) - regional Santa Cruz; el memorial de respuesta al recurso de fs. 150 a 155; el Auto Nº 157 de 4 de septiembre de 2017, que concedió el recurso (fs. 156); el Auto Supremo Nº 513-A de 3 de noviembre de 2017 (fs. 166), por el cual se declara admisible el recurso de casación interpuesto, los antecedentes procesales; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.

Planteada la demanda social de pago de reintegro de beneficios sociales por María Gloria Agreda Vedia, y tramitado el proceso, la Juez Cuarta del Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, pronunció la Sentencia Nº 15 de 22 de marzo de 2013, de fs. 95 a 100, declarando probada la excepción de pago documentado, e improbada la demanda laboral de reintegro de beneficios sociales interpuesta.

Auto de Vista.

En conocimiento de la Sentencia, la demandante María Gloria Agreda Vedia interpuso recurso de apelación, de fs. 104 a 108; que fue resuelto por el Auto de Vista N° 91 de 27 de julio de 2016, pronunciado por la Sala Social, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, de fs. 134 a 135, confirmando la Sentencia, con costas.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSOS DE CASACIÓN:

En conocimiento del señalado Auto de Vista, la actora, formuló recurso de casación en el fondo, de fs. 137 a 139, que fue ratificado y ampliado por memorial de fs. 140 a 142, señalando lo siguiente:

El Tribunal de azada, confirma en todas sus partes la Sentencia de primera instancia, convalidando la interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, sustentando su fallo únicamente en cita de los arts. 16 y 17 de la Ley del Órgano Judicial, sin considerar que los arts. 16 y 48 de la Constitución Política del Estado (CPE), precautelan los derechos laborales, aplicables en preferencia por la primacía de la norma suprema, establecida en su art. 410; en razón, a que para el Tribunal de segunda instancia, no “constituye” agravio alguno, el hecho de que la Juez de la causa, cite -en la sentencia emitida- “jurisprudencia futura”, la cual no existía al momento en que en que se dictó la Sentencia, que lleva como fecha el 22 de marzo de 2013, incurriendo la a quo en una falsedad material e ideológica, conculcando sus derechos de trabajadora inmersos en la Ley General del Trabajo y el D.S. Nº 28669 de 1 de mayo de 2006, aplicando indebidamente la ley; estos aspectos violentan el debido proceso consagrado en el art. 115-II de la CPE.

El Auto de Vista recurrido, solo afirma, que no se habría manifestado en forma clara y precisa, cual es el agravio o la norma vulnerada que causa la irregularidad procesal que se acusó en el recurso de apelación, cuando claramente se evidencia que la Juez de instancia violó el debido proceso y la verdad material, establecida en el art. 30 num. 11) de la Ley del Órgano Judicial, que debe caracterizar las actuaciones del juzgador, hecho que será motivo de una auditoria jurídica; por lo que, el Tribunal de alzada al no considerar dichas actuaciones como ilegales, contiene una violación e interpretación errónea de la ley, con relación a lo establecido en los arts. 46, 48, 50 y 410 de la CPE, y los arts. 3 inc. g) y 4 del Código Procesal del Trabajo (CPT), violentando la innumerable jurisprudencia que determina que las resoluciones judiciales, deben ser fundamentadas y debidamente motivadas.

En su ampliación al recurso, señala que: la cita de jurisprudencia dictada el 2 de octubre de 2013, en la Sentencia emitida el 22 de marzo de 2013, vulnera los arts. 30 numerales 1), 4), 5), 11), 12) y 13) de la Ley del Órgano Judicial, al convalidar las falsedades esgrimidas en esa resolución de primera instancia, que cita autos supremos que aún no existían en la fecha de su emisión, violando el debido proceso, y lo que correspondía ante esta falsedad, era la aplicación del art. 17 de la Ley del Órgano Judicial, por parte del Tribunal de apelación; empero, inexplicablemente y sin ninguna fundamentación y motivación alguna, se confirmó la Sentencia que fue apelada.

Por otro lado, se evidencia una incongruencia en el Auto de Vista recurrido, al señalar que la carga de la prueba en la materia, esta establecida en los arts. 66 y 150 de la CPE, cuando estos preceptos constitucionales no refieren sobre esta temática. 

Petitorio.

Interpuesto el recurso de casación, solicita se case el Auto de Vista recurrido, y se declare probada en todas sus partes la demanda laboral interpuesta. 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Expuestos así los argumentos del recurso de casación y su ampliación, se pasa a resolver el recurso, con las siguientes consideraciones:

Se debe tener en cuenta primero, que el recurso de casación es considerado como un medio impugnatorio vertical y extraordinario, procedente en supuestos estrictamente determinados por ley, y dirigido a lograr que el máximo Tribunal ordinario, revise, reforme o anule las resoluciones expedidas en apelación, que infringen las normas de derecho material, las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales; la legislación prevé en el art. 270-I del Código Procesal Civil (CPC-2013), que: “El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados en procesos ordinarios y en los casos expresamente señalados por Ley”, así también, el Código de Procedimiento Civil (CPC-1975) en su art. 255, disponía contra que resoluciones procedía el recurso de casación, refiriéndose en sus numerales a Autos de Vista, norma adjetiva aplicable a la materia de conformidad al art. 252 del CPT; en tal razón, conforme estas disposiciones se puede colegir que el recurso de casación tiene como finalidad la objeción de los fundamentos esgrimidos en el Auto de Vista, en ese entendido, corresponde al recurso de casación orientar sus argumentos a invalidar el Auto de Vista, cuestionado fundamentos expuestos por el Tribunal de alzada; no así, la supuesta comisión de delitos, por parte de los juzgadores de instancia, en la emisión de sus resoluciones, como en el caso de autos, que la recurrente, afirma que la Juez de la causa al dictar la Sentencia, incurrió en una falsedad material e ideológica, este aspecto no puede ser resuelto por este Tribunal, y si a su consideración de la actora, existen indicios para ello, deberá acudir a las instancias correspondientes.

Por otro lado, debe considerarse que, el recurso de casación puede ser formulado en el fondo y en la forma, teniendo el primero por objetivo, modificar el contenido de un auto definitivo, sentencia o auto de vista, al evidenciarse que los jueces o tribunales de instancia a tiempo de emitir sus resoluciones hubiesen incurrido en errores in judicando, y tienden a buscar una modificación del Auto de Vista que se recurre, ante una errónea aplicación, mala interpretación, vulneración o violación de la normativa sustantiva; por otro lado, el  recurso de casación en la forma, buscará como finalidad la nulidad de la resolución recurrida o del proceso mismo, cuando se hubieren violado las formas esenciales del proceso, sancionadas con nulidad por ley y que conlleven afectación del debido proceso, por errores de procedimiento o denominados in procedendo; en autos, omite la recurrente que tanto el recurso en la forma o en el fondo, tienen sus propias características que generan efectos diferentes, por lo que, en la interposición del recurso está obligado quien recurre a precisar tanto fáctica como jurídicamente los fundamentos que hacen a la interposición de su recurso de casación de fondo por una parte y los argumentos respecto al recurso de casación de forma; diferencias que tienen incidencia en la forma de resolución y los efectos que producen; siendo así, al señalar que existiría vulneración al debido proceso en la emisión de la Sentencia, y debió aplicarse por parte del Tribunal de alzada el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial, se está buscando una nulidad de obrados, siendo las infracciones vertidas en su recurso cuestionamientos en la forma, y no así en el fondo; sin embargo, solicita en su petitorio se case el Auto de Vista recurrido, y se declare probada la demanda que interpuso; por lo cual se concluye que, la recurrente incumplió con la carga recursiva necesaria para el análisis de la infracción, al pretender una modificación del Auto de Vista en el fondo (solicitando se case la resolución recurrida), cuando los argumentos de su recurso tienden a buscar la nulidad procesal, inclusive hasta la Sentencia, y al ser el petitorio una parte integrante del contenido sustancial de la pretensión, que expresa la voluntad del impetrante, que delimita el deber de congruencia del juzgador o tribunal colegiado que analiza la intención del administrado, es un aspecto que no puede ser suplido por este Tribunal.

Además, a todo lo considerado precedentemente, en autos tampoco se argumenta como se violó, aplico erróneamente, la norma aludida, especificando en qué consiste la vulneración que acusa, al no ser suficiente la simple enunciación de la norma que se considera vulnerada, sin demostrar en términos claros y razonables, en qué consiste la infracción; alegando solo como fundamento la recurrente, una vulneración al debido procesal, verdad material y derechos laborales, enumerando los preceptos constitucionales en los cuales se establecen estos derechos y principios, así como los numerales del art. 30 de la Ley del Órgano Judicial, sin señalar o argumentar, de qué forma se hubiesen violado estos preceptos, y al no exponerse la razón o su hipótesis de su afirmación, se omite especificar en qué consiste la violación de la norma que se alude, no pudiendo solo señalarla de vulnerada; inobservancia que de ningún modo puede suplirse por este Tribunal, sin que esta decisión implique negación del derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y de otros derechos fundamentales, cuando estas conclusiones asumidas obedecen a la deficiencia de la parte que recurre a tiempo de formular el recurso de casación.

Ahora, respecto a la incongruencia referida, en razón a que en el primer considerando del Auto de Vista, se señala que la carga de la prueba en la materia, esta establecía en los arts. 66 y 150 de la CPE; debe tomarse en cuenta dos cosas: primero, este texto la resolución recurrida, forma parte de los antecedentes, es el resumen de lo determinado en la Sentencia, no siendo parte de los fundamentos que llevaron a la decisión asumida por el Tribunal de alzada, error que no incide en determinación de confirmar la Sentencia que fue apelada; segundo, este error mecanográfico (al ser los números de artículos, correctos, pero del CPT y no así de la CPE), si le causaba confusión a la recurrente, pudo ser enmendado, mediante una solicitud de explicación, complementación y enmienda, al no incidir en el fondo del Auto de Vista, por ser solo parte del resumen de la Sentencia.

En mérito a lo expuesto y no encontrándose fundados los motivos traídos en casación por la parte demandada, corresponde dar aplicación al art. 220-II del CPC-2013, aplicable en la materia por expresa determinación del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por María Gloria Agreda Vedia, cursante de fs. 137 a 138, y su ampliación de fs. 140 a 142; en consecuencia se mantiene firme y subsistente el Auto de Vista N° 91 de 27 de julio de 2016.

Sin costas en todo el proceso, en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992, al ser la contra parte una entidad estatal.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-