TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

AUTO SUPREMO N° 35

Sucre, 29 de enero de 2019

Expediente:                505/2017-S

Demandante:                Edgar Víctor Heredia Pantoja.

Demandado:                Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.

Materia:                        Cobro de beneficios sociales y otros.

Distrito:                        Santa Cruz.

Magistrado Relator:        Dr. Esteban Miranda Terán.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 282 a 286, interpuesto por Juan Saucedo Velasco, en representación de la entidad demanda Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, en mérito al Testimonio de Poder Nº 475/2016 de 29 de septiembre, otorgado ante la Notaría Nº 70 de la ciudad de Santa Cruz a cargo de la abogada Teresa Jenny Flores de Báez que cursa a fs. 243 a 253 de obrados, contra el Auto de Vista Nº 88 de 03 de agosto de 2017, emitido por la Sala Social, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, cursante de fs. 278 a 279 vta., emitido dentro del proceso social por pago de beneficios sociales y otros derechos, seguido a demanda de Edgar Víctor Heredia Pantoja, contra la entidad que representa el recurrente, la contestación al recurso de fs. 289 a 292 vta., el Auto Nº 160 de 18 de septiembre de 2017, de fs. 293 que se concedió el recurso y el Auto Supremo Nº 505-A de 03 de noviembre de 2017, emitido por este Tribunal, que admitió el recurso, los antecedentes del proceso y,

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO

Sentencia:

Tramitado el proceso laboral, la Juez Cuarto de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, emitió la Sentencia de Nº 31 de 21 de abril de 2015 (fs. 236 a 239), por la que declaró PROBADA en parte la demanda, sin costas, ordenando a la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno, en la persona de su actual Rector, pague a tercero día de ejecutoriada la sentencia, a favor del actor la suma de Bs. 27.833,09, por concepto de desahucio, indemnización por seis años, dos meses y dos días, aguinaldo doble por un año y bono de antigüedad por 24 meses, con las actualizaciones y reajustes previstos por el art. 9 del Decreto Supremo (DS) Nº 28699.

Auto de Vista:

En mérito al recurso de apelación, promovido por ambas partes, mediante escritos de fs. 254 a 257 y 259 a 263 de obrados, la Sala Social, Administrativa, Contencioso y Contencioso Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista Nº 88 de 03 de agosto de 2017, cursante a fojas 278 a 279 vta., CONFIRMÓ la Sentencia apelada Nº 31 de 21 de abril de 2015, sin costas.

II.- RECURSO DE CASACIÓN, RESPUESTA Y ADMISIÓN:

Contra el referido Auto de Vista, el representante de la entidad demandada, Juan Saucedo Velasco, mediante escrito de fs. 282 a 286, interpuso recurso de casación en el fondo y en la forma, que luego de haber sido respondido por el demandante, por escrito de fs. 289 a 292 vta., fue concedido ante este Tribunal mediante Auto Nº 160 de 18 de septiembre de 2016, de fs. 293, quien admitió el recurso, por Auto Supremo Nº 505-A de 03 de noviembre de 2017, cursante a fs. 301 y vta., por lo que se pasa a desglosar y resolver estos antecedentes:

Argumentos del recurso de casación en el fondo y en la forma:

Luego de efectuar un análisis de los antecedentes del proceso, sustentó de manera reiterada en los fundamentos de hecho y de derecho que:

1 y 5.- El Tribunal de alzada, incurrió en error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas al confirmar la Sentencia y considerar que correspondía el pago del desahucio a favor del actor, pese a que no existió retiro contrario a la voluntad o despido intempestivo, sino que se produjo la ruptura del vínculo laboral, por cumplimiento del contrato a plazo fijo, implicando con ello que lo determinado no se ajusta a lo dispuesto por el art. 13 de la Ley General del Trabajo (LGT), evidenciando que se vulneraron las previsiones de los arts. 5, 6 de la LGT, 5, 6 y siguientes de su Decreto Reglamentario (DR).

2.- Argumento igualmente que se incurrió en otro error de hecho y de derecho al ordenar el pago de una indemnización, sin considerar que los periodos de trabajo realizados por el demandante, no menores a 90 días y por consiguiente, no correspondía el pago de este concepto, incurriéndose en violación del art. 2-II del Decreto Supremo (DS) Nº 110 de 01 de mayo de 2009.

3.- También afirma que se incurrió en error de hecho y de derecho al establecer que la relación laboral fue desde el 08 de agosto de 1999 hasta el 12 de octubre de 2005, ignorándose los documentos de fs. 7, 27 a 30 y siguientes por los que se acredita que casi todos los contratos con el demandante tuvieron una duración menor al término de prueba y de manera discontinua y por consiguiente no pueden generar derechos al trabajador, violándose el principio de primacía de la realidad, previsto por el art. 4-I inc. d) del DS Nº 28699 de 01 de mayo de 2006, en relación al art. 6 de la LGT, respecto a que los contratos de trabajo constituyen ley de las partes.

4.- También se ha incurrido en error de hecho y de derecho en la confesión espontanea contenida en la demanda, cuando afirma el demandante, que estuvo sujeto a contratos eventuales a plazo fijo, evidenciando que se vulneró lo dispuesto por el art. 404-II del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975).


Petitorio:

Indica que interpone recurso de casación en la forma y en el fondo y solicita que se emita Auto Supremo, casando el Auto de Vista recurrido.

Contestación:

El demandante por escrito de fs. 289 a 292 vta., respondió al recurso, alegando que la entidad demandada pretende desconocer sus derechos, pese a que demostró la relación laboral por varios años, en mérito a contratos escritos o verbales consecutivos y por consiguiente, estos sus derechos se encuentran constitucionalmente reconocidos y por consiguiente aplicables de manera directa para su protección, conforme prevén los arts. 14-III, 46, 48, 50, 109-I, 115-I y II, 120 de la CPE, Decreto Ley (DL) Nº 16187 de 16 de febrero de 1979, 4 de la LGT, 59 del CPT y las previsiones de los DS Nos. 28699 y 110., solicitando al momento de “adherirse” al recurso, que este Tribunal, CASE el auto de vista, respecto de los derechos que se omitieron conceder.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación, identificando que la problemática traída a colación, se refiere a identificar si se incurrió o no, en error de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas producidas en el curso del proceso, al momento de reconocer y ordenar el pago de los derechos laborales demandados.

Doctrina aplicable al caso:

En primer lugar, corresponde advertir que los funcionarios Universitarios, se encuentran amparados por las previsiones de la Ley General del Trabajo y normas conexas, en cumplimiento del DS Nº 08162 de 28 de noviembre de 1967, por consiguiente, no existe duda de la competencia de la judicatura laboral para resolver la controversia traída a colación en el presente proceso.

Es importante también considerar respecto del reconocimiento de los derechos de los trabajadores, que se debe aplicar el principio proteccionista relacionado con otros principios como son: el principio pro operario, expresada en la regla de aplicación de la norma más favorable y la regla de la condición más beneficiosa; el principio de la irrenunciabilidad de los derechos; el principio de la primacía de la realidad; el principio de la razonabilidad; el de buena fe, entre otros, los que fueron acogidos por nuestra legislación tanto en el Código Procesal del Trabajo (art. 3), el DS Nº 28699 (art. 4), como ahora último por la CPE, en el art. 48 cuando establece: I. Que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio; II. Que las normas laborales se interpretan y aplican bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; III. Que los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y trabajadores no pueden renunciarse y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos, finalmente; los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados, tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles.

Por otra parte, respecto de los contratos de trabajo pactados sucesivamente por un lapso menor al término de prueba o por plazos fijos que sean renovados periódicamente, en aplicación de los arts. 1 y 3 de la RM Nº 193/72 de 15 de mayo de 1972, adquieren la calidad de contratos a plazo indefinido a partir de la segunda contratación y siempre que se trata de realización de labores propias del giro de la empresa; el término máximo de cesantía que debe existir entre estos contratos para que sean considerados de plazo indefinido es de tres meses. Esta disposición legal se encuentra reiterada en el art. 2 del DL Nº 16187 de 16 de febrero de 1979.

Fundamentación del caso concreto:

El escrito de recurso de casación, refiere que se interpone recurso de casación en la forma y en el fondo; empero en ningún momento argumentó el recurrente, causales de nulidad o errores in iudicando, que ameriten determinar la nulidad o reposición de obrados y tan solo fundamenta la existencia de error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, respecto del pago de la indemnización y el desahucio, porque en el caso presente, existirían contratos sucesivos menores al término de prueba y que no podrían generar derechos al trabajador, quien además de manera voluntaria habría reconocido estos hechos en la demanda.

En la doctrina aplicable al caso, en aplicación de la RM Nº 193/72 de 15 de mayo de 1972 y DL Nº 16187 de 16 de febrero de 1979, citados líneas arriba, se ha establecido de manera clara, que todas las contrataciones que sean menores al término de prueba o que se pacten a plazo fijo, si se refieren a actividades propias de la empresa, se consideran contrataciones indefinidas a partir de la segunda contratación. Y por tanto los trabajadores que fueron sometidos a esta formalidad irregular de contratación son acreedores al pago de beneficios sociales, desahucio y otros derechos emergentes de la relación laboral, sin exclusión alguna.

En el caso presente se ha demostrado que el demandante, trabajó mediante contratos sucesivos de trabajo, algunos a plazo fijo y otros menores al término de prueba, pero de manera sucesiva, ejerció las funciones de chofer de la Universidad demandada.

Se ha fundamentado en la demanda, que en el intervalo de estos contratos, el actor continuó ejerciendo sus funciones, sin interrupción alguna, aspecto que conforme refiere la Sentencia, no fue desvirtuado por la entidad demandada.

Por consiguiente, respecto del pago del desahucio, se ordenó el pago de manera adecuada, porque se rescindió el contrato de trabajo de manera intempestiva, argumentando la Universidad demandada, que el último contrato a plazo fijo había concluido, sin advertir que en mérito a la normativa citada, esa relación laboral, ya era considerada indefinida, tanto porque se suscitaron varios contratos sucesivos, como porque se trata de tareas propias de la entidad demandada el tener un chofer para diferentes actividades la misma, sin que se hubiese vulnerado las previsiones de los arts. 5, 6 y 13, de la LGT y 5 y 6 de su DR, referidos a los contratos y pago de ese beneficio por despido intempestivo.

Similar razonamiento corresponde establecer respecto del pago de la indemnización, que se ordenó su cancelación considerando la primera contratación acreditada, pues desde la segunda, al tratarse de contrataciones sucesivas y de tareas propias de la entidad, la relación laboral, se convirtió en relación indefinida, sin que se hubiese incurrido de manera alguna en violación del art. 2-II del DS. Nº 110, al tratarse de una relación laboral de plazo indefinido desde 08 de agosto de 1999 al 12 de octubre de 2005.

Es evidente que en aplicación de los arts. 5 y 6 de la LGT y 5 y 6 de su DR, los contratos tienen la calidad de ley entre partes; empero, los acuerdos que se determinen en estos documentos, de ninguna manera pueden vulnerar o negar los derechos laborales de los trabajadores, conforme establecen tanto el art. 4 de la misma LGT, como las previsiones del art. 48-III de la CPE., que establece que.. “Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadores y los trabajadores no pueden renunciarse y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos”.

En ese contexto, el hecho de haberse suscrito sucesivos contratos a plazo fijo, pese a la determinación legal que determina que a partir de la segunda contratación se convirtieron en contratos a plazo indefinido, no implica que a título de ley entre partes, la Universidad demandada, pretenda desconocer un derecho constitucionalmente reconocido a favor del ahora demandante, buscan de manera indebida la aplicación del art. 4-I inc. d) del DS Nº 28699, respecto de la primacía de la realidad, cuando ésta, conforme se tiene demostrado, acreditó la calidad de trabajador indefinido respecto del demandante, en aplicación de la norma citada y especialmente del art. 180-I de la CPE.

La supuesta confesión espontanea contenida en la demanda, no produce efecto alguno si esta relación de hechos, evidencia justamente la calidad de trabajador a plazo indefinido que tenía el demandante, luego de su despido; resultando por consiguiente, impertinente la pretendida confesión espontanea amparada en el art. 404-II del CPC-1975, si esa relación de contratos sucesivos, fue acreditada en el curso del proceso y considerada como una verdad material en mérito a las previsiones del citado art. 180-I de la CPE.

En el marco legal descrito, se advierte que el Tribunal de Alzada, no incurrió en ninguna de las infracciones acusadas y menos en error de hecho o de derecho, respecto de la apreciación de las pruebas, en consecuencia, corresponde aplicar el artículo 220-II del Cód. Proc. Civ., con la facultad remisiva del artículo 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en el numeral 1 del art. 184 de la CPE y del numeral 1 del parágrafo I del art. 42 de la Ley del Órgano Judicial, N° 25 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de en el fondo y en la forma de fs. 282 a 286, interpuesto por Juan Saucedo Velasco, en representación de la entidad demanda Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, contra el Auto de Vista Nº 88 de 03 de agosto de 2017, emitido por la Sala Social, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

Sin costas en aplicación de los arts. 39 de la Ley Nº 1178 y 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

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