TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

SENTENCIA Nº 90

I: DATOS DE LAS PARTES Y DEL PROCESO.

Expediente                        : 358/2015- CA

Demandante        : Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia

Demandado        : Autoridad General de Impugnación Tributaria.

Tipo de Proceso                : Contencioso Administrativo.

Resolución Impugnada: R.J. Nº 1501/2015 de 18 de agosto.

Magistrada Relatora        : María Cristina Díaz Sosa

Lugar y Fecha                : Sucre, 25 de septiembre de 2018


II: VISTOS.

La demanda contenciosa administrativa de fs. 17 a 21, interpuesta por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, representada por Wendy Marisol Reyes Mendoza, que impugna la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1501/2015 de 18 de agosto, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, Daney David Valdivia Coria, respuesta a la demanda de fs. 47 a 55; réplica de fs. 85 a 87, dúplica de fs. 91 a 92 vta., los antecedentes del proceso y de la emisión de la resolución impugnada.

III: ARGUMENTOS DE LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN.

1.- Demanda y petición.

Luego de realizar una transcripción de párrafos de la resolución jerárquica impugnada, manifiesta que la decisión tomada por la Autoridad de Impugnación Tributaria AGIT, es confusa y parcializada al sujeto pasivo, creando incertidumbre en la administración de Justicia, por lo que daña los intereses del Estado  boliviano. La AGIT si bien reconocería que se trata de una deuda tributaria, desconoce que el actuar de la ADA ÁRTICO S.R.L., genera daño económico al Estado, en este entendido el art. 324 de la CPE, establece que no prescribirán las deudas por daños económicos causados, en consecuencia la Administración Tributaria Aduanera se encuentra facultada para perseguir el cobro de los adeudos o exigir su pago, de ahí la disposición concebida por el legislador sobre la no prescripción de las deudas por daños económicos causados al Estado. Normativa relacionada con el art. 152 de la Ley 2492, que norma que los tributos omitidos y las sanciones emergentes del ilícito, constituyen parte principal del daño económico.

A continuación se refiere al art. 410 de la CPE, que no sólo reconocería el Principio de Supremacía Constitucional sino el de Primacía Constitucional, al ser aplicada sus preceptos ante cualquier otra disposición normativa.

La no percepción de tributos omitidos y las sanciones emergentes del ilícito y sus consecuencias repercuten negativamente en la tarea de recuperación de adeudos tributarios para el cumplimiento de los fines del Estado, en esa línea la Sentencia 211/2011 emitido por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia señalaría que la nueva CPE en vigencia, ya no reconoce la prescripción de las obligaciones tributarias ni económicas con el Estado.

Por otro lado la AGIT, no consideró el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ- Nº 631/2013, que puso en conocimiento del sujeto pasivo el inicio de la Ejecución Tributaria, PIET, notificado de forma personal el 7 de noviembre de 2013, ni tampoco consideró las medidas coactivas de ejecución tributaria que se realizaron dentro del proceso. Consiguientemente la Administración Tributaria de Aduana dentro del plazo para ejercer su facultad de ejecución tributaria realizó las actividades de cobranza, ejerciendo su derecho de cobro como sujeto activo, por ende los actos de la Administración de Aduanas no permitieron que se configure la prescripción, más aún cuando la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible de acuerdo al art. 59 de la Ley 2492, modificado por la Ley 291. Lo que torna de incongruente la resolución impugnada con otras dictadas por esa misma institución específicamente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1034/2015 de 16 de junio, que consideró la notificación del Proveído de Inició de Ejecución Tributaria como el inició del plazo de la prescripción, hecho que no fue considerado en el presente caso. Refiere a que otra incongruencia radica en el hecho de que la AGIT reconoce la aplicación de la Ley 291 pero no aplica la misma de forma correcta ya que ésta determina la imprescriptibilidad de la deuda. Que además no hubo inactividad en el cobro del adeudo tributario, estableciendo claramente la imprescriptibilidad del daño económico al Estado.

Peticiona en ese sentido se emita resolución declarando la Revocatoria de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1501/2015 de 18 de agosto y se mantenga firme y subsistente la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA Nº 119/2014 de 3 de diciembre, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional.

2.- Contestación a la demanda y petición.

Señala que, no existe una decisión confusa y parcializada de la AGIT, al contrario, la mala aplicación de la ley se configura cuando la Administración Aduanera desconoce la norma legal aplicable al caso concreto y en un afán de confundir y desnaturalizar el ordenamiento jurídico aplicable, sólo hace afirmaciones fuera de lugar, los cuales no se constituyen en argumentos que recaen en asideros legales o argumentos que constituyan y expresen agravios propiamente dichos.

Con relación a que la Resolución  Jerárquica estaría violando los derechos del Estado, al impedir que se recaude tributos, señala que los objetivos de acuerdo a la elaboración del presupuesto general del Estado tiene distintas fuentes de financiamiento y que en todo caso la Administración Tributaria tendría que probar explícitamente que los recursos no percibidos por la decisión de Recurso Jerárquico estarían  afectando a la inversión en salud, educación, disminuyendo la efectividad de la inversión en estos sectores.

Sobre el cómputo de la prescripción señala que el 30 de diciembre de 2009, la Administración Aduanera notificó a Guillermo Saavedra Ramírez en representación de la ADA ÁRTICO SRL., con la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI Nº 214/2009, de 29 de diciembre, que declaró firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI Nº 109/2009,  de 23 de noviembre de 2009, por unificación procedimiento en cuanto a la omisión de pago y Contravención Aduanera en el monto de 1.496.472,83 UFV, en aplicación de los arts. 160, num. 3 y 165 de la Ley 2492, y la Resolución de Directorio RD Nº 01-007-04, de 12 de febrero de 2004; posteriormente el 14 de agosto de 2013, la Administración Aduanera notificó a la ADA ÁRTICO SRL., con el Auto de Firmeza y Ejecutoria AN-GRLPZ-LAPLI Nº 254/2013 de 9 de agosto, que declaró la firmeza de la citada Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento. Al efecto el 7 de noviembre de 2013, la Administración Aduanera notificó a la ADA ÁRTICO SRL., con el Proveído de Inició de Ejecución Tributaria Nº AN-GRLPZ- Nº 631/2013 de 7 de octubre, anunciando el inicio de la Ejecución Tributaria del título, al tercer día de su notificación, a partir del cual se realizarían las medidas coactivas correspondientes, elaborando para el efecto diferentes notas a la ASFI,  a efectos de ordenar la retención de fondos en Bancos y Entidades Financieras, así como información de bienes en la Cooperativa de Teléfonos COTEL y en TRANSITO.

El 24 de octubre de 2014, la ADA ÁRTICO SRL., solicitó la suspensión de las medidas coactivas, por el acaecimiento de la prescripción; en respuesta el 12 de febrero de 2015, la Administración Aduanera notificó al representante de La ADA, con la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 119/2014 de 3 de diciembre, que rechaza la solicitud de suspensión de medidas coactivas por prescripción, instruyendo a la Supervisión de Ejecución Tributaria de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, continúe las acciones de ejecución en aplicación de lo dispuesto por el art. 110 de la Ley 2492; el art. 60 parág. III  de esta ley, establece que el término de prescripción se computará desde el momento que el acto administrativo adquiera calidad de título de ejecución tributaria, siendo para el caso a partir del 20 de enero de 2010, toda vez que el sujeto pasivo no impugnó la resolución sancionatoria, correspondiendo en consecuencia el cálculo de cinco años, conforme el art. 59 de la Ley 2492, modificado por la Disposición Adicional Quinta  de la Ley 291, concluyendo en consecuencia con el computo el 20 de enero de 2015. En ese sentido si bien la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional realizó medidas coactivas para cobrar la deuda tributaria enviando diferentes oficios que en los hechos no constituyen una causal que suspenda y/o interrumpa el curso de la prescripción de la facultad de ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias, estableciendo que la facultad de la Administración Aduanera estaba prescrita al 12 de febrero de 2015, fecha en la que el Sujeto Activo notificó a Esteban Maric Palenque en representación de la ADA ÁRTICO SRL., con la Resolución Administrativa Nº 119/2014 de 3 de diciembre de 2014, rechazando la solicitud de suspensión de medidas coactivas por prescripción.

Finalmente refiere sobre el art. 324 de la CPE y 152 de la Ley 2492, que la imprescriptibilidad en materia tributaria, sólo está dispuesta respecto a la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada; sin embargo en el caso no es menos cierto que la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 que modificó el art. 59 de la Ley 2492, determina que el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco años, lo que ocurre en el caso, correspondiendo su aplicación.

En tal mérito pide se dicte sentencia declarando IMPROBADA  la demanda incoada de contrario.

IV. ANTECEDENTES PROCESALES EN SEDE ADMINISTRATIVA

1.- El 23 de noviembre de 2009, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI N° 1199/2009, el cual concluyó indicando que el despacho anticipado efectuado mediante la DUI C-1573, de 3 de febrero de 2005, está sin regularizar a la fecha del informe, por lo que recomendó la emisión de la Vista de Cargo en contra de la ADA ÁRTICO SRL., porque no regularizó dicho trámite dentro de plazo.

El 26 de noviembre de 2009, la Administración Aduanera notificó personalmente a Guillermo Saavedra Ramírez como representante de la ADA ÁRTICO SRL., con la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 109/2009, de 23 de noviembre de 2009, la cual indica que la referida ADA por cuenta de su comitente, presentó ante la Administración de Aduana Interior La Paz, el Despacho Anticipado de la DUI C-1573, validada el 3 de febrero de 2005, que de acuerdo con el reporte informático del sistema SIDUNEA, se encontraría pendiente de regularización; en ese sentido impuso la sanción de 300 UFV, por el incumplimiento de regularización de la citada DUI; además de calificar la conducta de la ADA y de su comitente como Contravención Aduanera por Omisión de Pago previsto en los Artículos 160, Numeral 3 y 165 de la Ley N° 2492 (CTB), liquidando por tributos omitidos 1.496.472,83 UFV, aperturando el plazo de treinta días, para formular descargos y presentar pruebas.

El 24 de diciembre de 2009, Guillermo Saavedra Ramírez en representación de la ADA ÁRTICO SRL., mediante memorial presentó descargos a la Vista de Cargo. El 29 de diciembre de 2009, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI N° 1590/2009, de 29 de diciembre de 2009, estableciendo que los argumentos de la ADA ÁRTICO SRL., no desvirtúan los cargos atribuidos en su contra, sugiriendo en consecuencia se emita la Resolución Sancionatoria correspondiente.

El 30 de diciembre de 2009, la Administración Aduanera notificó personalmente a Guillermo Saavedra Ramírez en representación de la ADA ÁRTICO SRL., con la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI N° 214/2009, de 29 de diciembre de 2009, que declaró firme la Vista de Cargo ANGRLPZ-LAPLI N° 109/2009, de 23 de noviembre de 2009, por Unificación de Procedimiento en cuanto a la omisión de pago y Contravención Aduanera en el monto de 1.496.472,83 UFV, en aplicación de los Artículos 160, Numeral 3 y 165 de la Ley N° 2492 y la Resolución de Directorio RD N° 01-007-04, de 12 febrero de 2004.

El 14 de agosto de 2013, la Administración Aduanera notificó a la ADA ÁRTICO SRL., con el Auto de Firmeza y Ejecutoria AN-GRLPZ-LAPLI N° 254/2013, de 9 de agosto de 2013, que declaró la firmeza de la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI N° 214/2009, de 29 de diciembre de 2009.

El 7 de noviembre de 2013, la Administración Aduanera notificó a la ADA ÁRTICO SRL., con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ- N° 631/2013, de 7 de octubre de 2013, anunciando el inicio de la Ejecución Tributaria del título, al tercer día de su legal notificación con el citado proveído, a partir del cual se realizarían las medidas coactivas correspondientes, elaborando diferentes notas al efectos dirigidas a la ASFI, Entidades Financieras, Cooperativa de Teléfonos COTEL, TRANSITO.

El 24 de octubre de 2014, por memorial presentado a la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, la ADA ÁRTICO SRL., solicitó la suspensión de las medidas coactivas en virtud al acaecimiento de la prescripción.

El 12 de febrero de 2015, la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), notificó personalmente a Esteban Maric Palenque en representación de la ADA ÁRTICO SRL., con la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 119/2014, de 3 de diciembre, que rechazó la solicitud de suspensión de medidas coactivas en virtud al acaecimiento de la prescripción, para que la Administración Aduanera, ejerza su facultad de ejecución tributaria, exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos; consecuentemente, instruyó a la Supervisoría de Ejecución Tributaria de la Gerencia Regional La Paz, continuar con las acciones de ejecución en aplicación de lo dispuesto por el Artículo 110 de la Ley N° 2492.

2.- Posteriormente, ante aquello, el contribuyente interpuesto Recurso de Revocatoria, emitiéndose la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0480/2015 de 29 de mayo, que en su parte resolutiva revoca parcialmente la resolución impugnada consecuentemente declara prescrita la facultad de ejecución tributaria de la sanción por omisión de pago establecida en la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI Nº 214/2009 de 29 de septiembre y mantiene firme y subsistente la facultad de cobro de la Administración Tributaria respecto al tributo omitido e intereses.

3.- Contra la resolución de alzada, interpuso la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional recurso jerárquico, que fue resuelto mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1501/2015 de 18 de agosto, que confirma la resolución de alzada.

V. PROBLEMÁTICA PLANTEADA

En autos, la entidad demandante controvierte la decisión de la Autoridad de Impugnación Tributaria de declarar prescrita la acción para el cobro de la multa por omisión de pago, y al efecto señala que no existió inactividad de su parte, pues realizó acciones coactivas en la etapa de cobro coactivo.

VI. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL JURISPRUDENCIAL.

El Procedimiento Contencioso Administrativo, constituye garantía formal que beneficia al sujeto administrado librándolo del abuso de poder de los detentadores del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos para lograr el restablecimiento de sus derechos lesionados con la interposición, precisamente del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa. En consecuencia, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por el demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por las instancias de impugnación. Conforme lo dispone el art. 109-I de la Constitución Política del Estado, que señala que todos los derechos por ella reconocidos son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección, de su parte los arts. 115 y 117-I de la misma norma, garantiza el derecho al debido proceso que se constituye también en uno de los principios de la jurisdicción ordinaria conforme al mandato del art. 30-12 de la Ley del Órgano Judicial que señala: “…impone que toda persona tenga derecho a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido en disposiciones jurídicas generales aplicables a los que se hallen en una situación similar”. En la que además se busque la averiguación de la verdad material, trascendente para que el proceso conduzca a decisiones justas, en un Estado Social Constitucional de Derecho, donde la solución de los conflictos, se basa en el establecimiento de la verdad como como única garantía de la armonía social.

VII. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

Conforme a la problemática planteada, corresponde la resolución de la causa sintetizando en un solo punto, lo demandado en tal sentido se tiene:

De modo general, la prescripción extintiva es el modo de extinguir los  derechos y las acciones “por el mero hecho de no dar ellos adecuadas señales de vida durante el plazo fijado por la ley (DE CASTRO). Así se pone de relieve cómo junto con el transcurso del tiempo lo característico de la prescripción extintiva es la inacción del titular del derecho durante toda la extensión de aquél; es lo que se ha denominado con acierto como «el silencio de la relación jurídica» (ALAS, DE BUEN Y RAMOS)”.

En cuanto a la prescripción tributaria; es decir, la aplicación al ámbito fiscal de la categoría general de la prescripción extintiva, César García Novoa en su participación en las Terceras Jornadas Tributarias, afirmó: “…aunque es difícil sintetizar la esencia del Derecho Tributario, podemos decir que el fundamento de las normas fiscales radica en articular una transferencia de riqueza “de los particulares hacia el Estado”. Ello les imprime una estructura peculiar, en la medida en que impone que las normas tributarias que disciplinen esa transferencia de riqueza tengan que ser, necesariamente, normas de “imposición de conductas”, disposiciones imperativas e irrenunciables, que se aplican en cualquier caso, y, por tanto, incluso por encima de la voluntad de los particulares… Los efectos de la prescripción no afectarán de modo mediato, a través de la pérdida de los instrumentos procesales, a la existencia material de los derechos y demás situaciones prescritas sino que incidirán de modo directo en dicha existencia. En suma, la existencia de un componente de interés público, objetiviza la eficacia de la prescripción, convirtiéndola en una causa de extinción de una obligación de Derecho Público como la obligación tributaria…”

Se concluye entonces, que en materia tributaria el instituto de la prescripción es plenamente aplicable tanto para la acción o facultad de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria como para imponer sanciones administrativas y tiene como efecto extinguir la obligación tributaria, conforme ha sido regulado por los arts. 59 a 62 y 159 a 154 del CTB.  Nótese que no existe regulación expresa respecto a la posibilidad de que sea declarada de oficio. A su vez el art. 61 de la norma tributaria, prevé que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa y por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable o por la solicitud de facilidades de pago, únicos supuestos señalados por la ley.

El art. 154-IV del CTB, prevé también, que la acción administrativa para ejecutar sanciones se extingue por prescripción que opera a los dos años. A su vez el art. 59 parág. III, refiere que el plazo para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos años, cómputos que difieren de la acción de la administración para ejercer la facultad de ejecución tributaria que es de cuatro años de acuerdo a lo previsto por el art. 59-4) del Código Tributario, aunque sean determinadas en unificación de procedimiento.

En el caso el art. 60 Parágrafo III de la Ley N° 2492 (CTB), que establece que el término de la prescripción se computará desde el momento que el acto administrativo adquiera calidad de título de ejecución tributaria; en ese sentido la Administración Aduanera el 30 de diciembre de 2009, notificó personalmente a Guillermo Saavedra Ramírez en representación de la ADA ÁRTICO SRL., con la Resolución Sancionatoria Tributaria Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI N° 214/2009, dando inicio al término de veinte (20) días para activar la etapa recursiva correspondiente conforme prevé el Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), que comenzó el 31 de diciembre de 2009 y concluyó el 19 de enero de 2010, constituyéndose en Título de Ejecución Tributaria el 20 de enero de 2010, conforme el Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que el Sujeto Pasivo no impugnó el referido acto administrativo; en ese entendido, siendo que la referida Resolución Sancionatoria adquirió calidad de Título de Ejecución Tributaria desde el 20 de enero de 2010, fecha en la cual comenzó a correr el plazo de la prescripción, feneciendo a los dos (2) años, de acuerdo al Artículo 59, parág. III  de la mencionada Ley, por cuanto emerge de una sanción por contravención tributaria, específicamente omisión de pago, no siendo aplicable la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012; por cuanto la normativa aplicable al caso de autos, es la Ley Nº 2492 Código Tributario Boliviano en su art. 59, 60 y 62; así como por el principio de favorabilidad pro homine, aplicable en razón a que es más beneficiosa al contribuyente, conforme lo determina el art. 150 del Código tributario, Ley Nº 2492.

Si bien la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), realizó medidas coactivas para cobrar la deuda tributaria enviando oficios ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Cooperativa de Teléfonos COTEL, Organismo Operativo de Tránsito consiguiendo la retención de Bs239.976,61 de la cuenta 4010022341, en el Banco Mercantil Santa Cruz SA., perteneciente a la ADA ÁRTICO SRL., esta situación no constituye una causal que suspenda y/o interrumpa el curso de la prescripción de la facultad de ejecutar las sanciones por Contravenciones Tributarias, conforme determinan los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que esas acciones no pueden ser consideradas como suspensivas del término de la prescripción ello en razón a que las causas de interrupción son reguladas taxativamente por la ley porque son medidas que afectan negativamente a la seguridad jurídica y por ello su aplicación es tasada y su interpretación debe ser estricta, motivo por el cual, no resulta admisible el argumento de la entidad demandante, por lo que se establece que la referida facultad de la Administración Aduanera estaba prescrita desde el 21 de enero de 2012, con anterioridad a la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA, 119-2014, de 3 de diciembre de 2014, que rechazó la solicitud de suspensión de medidas coactivas por prescripción.

Respecto a la aplicación del art. 324 de la Constitución Política del Estado al que se refiere la Administración Aduanera, la referida norma, si bien establece la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos causados al Estado; se entiende que dicho precepto constitucional se halla relacionado con deudas que emergen de la responsabilidad por la función pública; es decir, por actos cometidos por funcionarios públicos que causen menoscabo patrimonial al Estado o por particulares que se beneficiaren indebidamente con recursos públicos o fueran causantes del daño patrimonial en el marco legal señalado por la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990, Ley de Administración y Control Gubernamentales; es así que concordante con dicho precepto, el art. 152 del Código Tributario, dispone que si del resultado del ilícito tributario emerge daño económico en perjuicio del Estado, los servidores públicos y quienes hubieran participado en el mismo, así como los que se beneficien con su resultado, serán responsables solidarios e indivisibles para resarcir al Estado el daño ocasionado; es decir, que dicha norma es aplicable al ejercicio de la función pública a los funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales y a los particulares que puedan ser sujetos de responsabilidad civil, siempre y cuando su conducta ocasione daño patrimonial al Estado; en nuestra legislación se encuentra contemplado el daño económico, considerado como aquel perjuicio, daño que puede ser evaluable en dinero conforme lo dispone el art. 31 de la Ley Nº 1178, para el que se establece un mecanismo expreso en su determinación o calificación, toda vez que para cuantificar ese daño, se sujeta a un procedimiento de auditoría interna que merecerá un informe preliminar y complementario que identifique hallazgos de responsabilidad civil con daño económico que a su vez pasa a la Contraloría General del Estado Plurinacional que emite un dictamen de responsabilidad civil determinando el daño económico causado al Estado, la que a su vez, conforme lo establecido en el art. 34 de la Ley en análisis, establece también la responsabilidad penal cuando la acción u omisión del servidor público y de los particulares se encuentra tipificada como delito, aspectos normativos que aplicados al caso concreto, no corresponden.

Finalmente y conforme el principio de coordinación que ha previsto la Constitución Política del Estado en el art. 12.I, teniendo presente los fines y funciones esenciales que tiene el Estado para con su pueblo, es obligación de los diferentes Órganos que lo conforman, coadyuvar con la materialización de los mismos, consiguientemente, ante la situación fáctica que este Tribunal  ha llegado a conocer, mediante la resolución de la presente contingencia jurídica, se exhorta a la Aduana Nacional de Bolivia, a generar mecanismos intra institucionales eficientes, eficaces y transparentes, mediante los cuales se garantice el estricto y oportuno cumplimiento de la normativa legal aduanera, en el control de los términos de prescripción precautelando de esta manera los intereses económicos del Estado.

Por lo precedentemente fundamentado, se concluye que el demandante no justificó ni demostró su pretensión, por cuanto la AGIT confirmó de forma correcta la resolución de alzada, aunque con otros fundamentos diferentes a los contenidos en la presente resolución, ajustándose la misma a derecho.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución contenida en los arts. 2-2) y 4 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014 en relación a la Disposición Final Tercera de la Ley Nº 439, declara: IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa de fs. 17 a 21, interpuesta por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, representada por Wendy Marisol Reyes Mendoza, en consecuencia mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1501/2015 de 18 de agosto.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demand ada, con nota de atención.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.