TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

                                                               

SENTENCIA Nº 88

I: DATOS DE LAS PARTES Y DEL PROCESO.

Expediente                          : 178/2015

Demandante          : Gerencia Distrital La Paz I del SIN.   

Demandado                  : Autoridad General de Impugnación Tributaria.

Tipo de Proceso                  : Contencioso Administrativo.

Resolución Impugnada  : AGIT RJ 0523/2015 de 13 de abril.

Relatora                             : Magistrada María Cristina Díaz Sosa

Lugar y Fecha                   : Sucre, 25 de septiembre 2018


II: VISTOS.

La demanda contenciosa administrativa de fs. 37 a 43 vlta., interpuesta por Ernesto Rufo Mariño Borquez, en su calidad de Gerente Distrital La Paz I a.i. del SIN, que impugna la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ 0523/2015 de 13 de abril, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), respuesta a la demanda de fs. 49 a 55; notificación al tercero interesado de fs. 127, los antecedentes del proceso y de la emisión de la resolución impugnada, y

III: ARGUMENTOS DE LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN.

1.- Demanda y petición.

El demandante manifiesta que la Autoridad General de Impugnación Tributaria con la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0523/2015 de 13 de abril, lesiona los derechos de la Administración Tributaria por considerar de manera errada los datos del proceso, en consideración a los fundamentos de orden legal:

1.- QUE LA DETERMINACION DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA FUE LA CORRECTA:

La Administración Tributaria para la determinación del IUE, fue realizada en base a la documentación presentada por el propio contribuyente, y respecto a las exportaciones estas fueron corroboradas con la información de la Aduana Nacional de Bolivia y entidades Bancarias, así como información obtenida del Sistema Integrado de  Recaudo para la Administración Tributaria (SIRAT), que permitió verificar que el contribuyente no presentó la Declaración Jurada del IUE, Estados Financieros, Dictamen de Aduana Externa e Informe Tributario Complementario correspondiente a la gestión fiscal 2012. Lo que condujo al proceso de fiscalización a realizar un análisis sobre sus ingresos por exportación y sus costos y gastos, es decir que la AGIT no tomó en cuenta que para la determinación de la deuda tributaria del contribuyente no se efectuó sobre base presunta porque se tenía documentación e información obtenida del contribuyente, información de terceros y la obtenida por la Administración Tributaria, que les hubiera permitido determinar de manera cierta e indubitable el hecho generador, conforme prevé el art. 43 de la Ley 2492, referido a la determinación sobre base cierta, pues se estableció que el contribuyente omitió declarar sus ingresos por las exportaciones de mineral realizadas por el importe de Bs. 494.228.917.- que debió ser considerado en la determinación de los ingresos en los estados financieros del contribuyente.

También no se consideró que en el detalle de las facturas comerciales de exportación emitidas por el contribuyente describe que la mercancía exportada se ha identificado como desperdicios, sin embargo, el informe de ensayo otorgado por SGS Bolivia S.A. determina que el material exportado es Amalgama de Oro, aspecto reconocido y aceptado por la AGIT, pero sin embargo no fue tomada en cuenta al momento de emitir la resolución impugnada.

2.- LA CARGA DE LA PRUEBA Y LA APLICACIÓN DE LA TEORIA DE LOS ACTOS CONSENTIDOS:

La Resolución de Recurso Jerárquico impugnada justifica el actuar negligente del contribuyente, ya que se limita a indicar que al no haber presentado el sujeto pasivo la documentación solicitada no pueden determinarse los gastos deducibles, lo que demuestra que la AGIT reconoce que durante el proceso de fiscalización se solicitó documentación al contribuyente a fin de poder establecer la relación de los costos y gastos del sujeto pasivo, conforme establece el art. 42 de la Ley 843, sin embargo, el contribuyente al no haber presentado documentación que por norma se encontraba obligado a tener y que estos puedan evidenciar los costos y gastos de su actividad comercial, al amparo de la normativa señalada se determinó que no existe gastos ni costos, para la determinación de la unidad neta imponible, pese a que la Administración Tributaria realizó varios requerimientos de información, para efectuar una revisión de los costos y gastos en el que incurrió el contribuyente, aspecto que no fue considerado y pasado por alto por la AGIT en la Resolución de Recurso Jerárquico. 

Que, la AGIT en el análisis de su resolución impugnada debió aplicar la Teoría de los Actos Consentidos puesto que el contribuyente en la etapa de descargos no desvirtuó la Determinación reflejada en la Vista de Cargo de 9 de junio de 2014, la que fue notificada de forma personal a la representante legal de la empresa; por tanto, al considerar el contribuyente que dicha determinación no afecta sus derechos, la doctrina atribuye a la dejación de un derecho, al respecto cita también la SC 0345/2004-R del 16 de marzo de 2004.

3.- QUE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA REALIZÓ UNA CORRECTA VALORACION DE LA PRUEBA:

La Administración Tributaria valoró todos los datos del proceso, pues de la documentación presentada por el contribuyente, se evidencia que no presentó documentos en original para poder analizar y verificar que los gastos efectuados están vinculadas con la actividad gravada, que es requisito indispensable de acuerdo a norma, para respaldar los gastos realizados por el contribuyente lo que demuestra el incumplimiento al art. 76 de la Ley 2492.

Resalta que el contribuyente presentó a la Administración Tributaria en su mayoría como descargos, simples fotocopias de la documentación requerida y no ha demostrado la legalidad de la documentación, por lo que no demostró los gastos y costos incurridos.

4.- QUE EXISTIÓ UNA CORRECTA DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (AA. IUE) ALICUOTA ADICIONAL:

La Determinación de la Alícuota Adicional Impuestos sobre las Utilidades de las Empresas (AA IUE), se realizó conforme lo establece el art. 102 de la Ley Nº 177 modificada mediante Ley Nº 3787 y arts. 31 y 32 del DS. Nº  29577 que establece una alícuota adicional del 12.5% al IUE (AA IUE) que grava las utilidades adicionales originadas por las condiciones favorables de precios de los minerales y metales, la que se aplica sobre la utilidad neta anual establecida en la Ley Nº 843 y sus Reglamentos para el cálculo de Liquidación del IUE. Como indica la normativa el AA IUE se aplica cuando las condiciones de los minerales y metales sean iguales o mayores a las establecidas en el art. 101 de la Ley 1777, modificada por la Ley 3787, en consideración a las cotizaciones del Oro, Plata y Cobre desde el 24/08/2012 hasta 31/12/2012, que han sido superiores a las cotizaciones establecidas en el art. 101 de la Ley Nº 3787, por lo que la Administración Tributaria efectuó una correcta determinación sobre el pago de la AA IUE por la gestión fiscal 2012, establecido en la Resolución Determinativa Nº 0444/2014 de 21 de agosto de 2014. 

5.- LA AGIT REALIZA UNA APLICACIÓN INDEBIDA  DE LA LEY, AL DISPONER LA ANULACION DE LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA:

Que el DS. Nº 27113 que Reglamenta la Ley 2341, aplicable supletoriamente en la materia, por expresa disposición del art. 74 de la Ley Nº 2492, que establece en su art. 55 que será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público, en el presente caso, no se produce la indefensión cuando una persona conoce el procedimiento que se sigue en su contra y actúa el mismo en igualdad de condiciones tal como lo señala la SC Nº 0287/2003-R de 11 de marzo, por lo que se debe considerar que por Orden de Fiscalización Nº 14990100101 Modalidad Fiscalización Parcial de 21 de marzo de 2014, se notificó personalmente a la representante legal de la empresa el 26 de marzo de 2014, aspecto que demuestra que no se provocó indefensión al contribuyente.

Que en virtud al art. 70 de la Ley Nº 2341, Ley de Procedimiento Administrativo, art. 778 y siguientes del C.P.C. y la SC. Nº 90/2006 de 17 de noviembre, presenta la demanda contenciosa administrativa, a objeto que se declare probada su demanda y revoque totalmente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 053/2015 de 13 de abril, emitida por la AGIT

2.- Contestación a la demanda y petición.

Daney David Valdivia Coria en representación de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, respondió negativamente a la demanda con los siguientes fundamentos:

1.- RESPECTO A QUE LA AGIT NO TOMÓ EN CUENTA QUE PARA LA DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA DEL CONTRIBUYENTE NO SE EFECTUO SOBRE BASE PRESUNTA, PORQUE SE TENIA DOCUMENTACION E INFORMACION OBTENIDA DEL CONTRIBUYENTE:

Sobre los métodos de determinación de la base imponible, la Administración Tributaria notificó al sujeto pasivo con la Orden de Fiscalización Nº 14990100101 con alcance al IUE y AA IUE de los periodos fiscales enero a diciembre de 2012, asímismo, mediante requerimiento, solicitó la presentación de la documentación pertinente, los que fueron presentadas según actas de recepción de 17 de abril de 2014; de igual manera mediante nuevo requerimiento y anexo adjunto se reiteró solicitud de documentación; empero, al no haberse presentado, la ADMINISTRACION Tributaria emitió el acta de inexistencia, como resultado del proceso de fiscalización la Administración Tributaria, emitió la Vista de Cargo en la cual establece la liquidación previa de la deuda tributaria sobre base cierta, señalando que para la determinación de ingresos por exportaciones cotejo los documentos presentados por el Contribuyente y la Información de la Aduana Nacional, Entidades Financieras e Información extraída del SIRAT 2, lo que permitió concluir que el sujeto pasivo percibió ingresos por exportación que no fueron declarados, en tanto que para los costos y gastos, citando los arts. 47 de la Ley Nº 843 y el 8 del DS. Nº 24051 y toda vez que el sujeto pasivo no presento la documentación, estableció que no existen gastos deducibles para la determinación de la utilidad imponible, por lo que sobre el total de ingresos por exportaciones aplicó la alícuota correspondiente al IUE para obtener el tributo omitido por este impuesto.

Por otra parte la Administración Tributaria considerando el alcance de la Orden de Fiscalización, efectuó el análisis de la obligación tributaria correspondiente a la AA-IUE, observando que si bien las facturas comerciales de exportación describen a la mercancía como desperdicios, el informe de ensayo de SGS Bolivia S.A. determina que la mercancía exportada es Amalgama de Oro, observando que el sujeto pasivo debió efectuar la determinación de los anticipos mediante formulario Nº 588  y que habría incumplido el art. 36 del DS. Nº 29577, al no haber efectuado la consolidación de los anticipos mensuales efectivamente pagados; bajo esos antecedentes y de conformidad a la solicitud de las partes, en revisión de la Vista de Cargo se advirtió que la misma realizo el cálculo preliminar de la deuda correspondiente al IUE sobre Base Cierta, en base a la documentación presentada por la Aduana Nacional y las Entidades Financieras.

La Administración Tributaria no consideró los gastos ni costos incurridos en la actividad gravada, limitándose a indicar que al no haber presentado el sujeto pasivo la documentación solicitada no pueden considerarse los gastos deducibles, limitando sus facultades de investigación, control y comprobación, señaladas en el art. 66 de la Ley Nº 2492, por lo que la Vista de Cargo no expone los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, toda vez que para la liquidación sobre base cierta del IUE soló considero unos de los elementos que deben tenerse en cuenta para la liquidación del impuesto, tomando soló los ingresos, omitiendo considerar los costos y gastos que hacen el costo de exportación y venta de minerales, situación que denota que no se fundamentó técnicamente la determinación sobre Base Cierta, toda vez que no logró obtener los datos necesarios, para determinar la base imponible del IUE, conforme exigen los arts. 47 de la ley 843, 7 y 8 del DS. 24051.

En la Determinación del AA-IUE, se presentó las mismas observaciones; pues conforme al art. 30 del DS. Nº 29577 la utilidad neta imponible constituye la base para la liquidación de este gravamen, toda vez que se evidenció la omisión de elementos que dan origen a la utilidad neta, se concluyó que la determinación del AA-IUE, también se encuentra afectada por la falta de fundamentación técnica que respalde la determinación.  

2.- RESPECTO A LA APLICACIÓN DE LA TEORIA DE LOS ACTOS CONSENTIDOS:

Indica que se trata de un nuevo argumento señalado por el demandante que no fue observado ante la Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones (ATT), por lo que no se puede pretender subsanar errores o negligencias con la presente demanda, siendo que los arts. 139 inc. b), y 144 de la Ley Nº 2492, y el art. 198 inc. e), y 211 núm. I de la ley Nº 3092, establece que quien considera lesionado sus derechos con la Resolución de Alzada deberá interponer de manera fundamentada su agravio, fijando con claridad la razón de su impugnaciones indicando con precisión lo que se pide, para que la Autoridad de Impugnación Tributaria pueda conocer y resolver sobre la base de dichos fundamentos planteados en el Recurso jerárquico, en estricta observancia del principio de congruencia, convalidación, preclusión e igualdad de las partes. 

3.- QUE EXISTIO UNA CORRECTA DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (AA. IUE) ALICUOTA ADICIONAL:

La legislación nacional con relación a la Vista de cargo, los arts. 96 de la Ley Nº 2492 y 18 del DS. Nº 27310, establecen que la Vista de Cargo debe contener -entre otros- los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolucion Determinativa, procedentes de la Declaración del Sujeto Pasivo o Tercero Responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación, liquidación previa de la deuda tributaria; acto u omisión que se atribuye al presunto autor así como la calificación de la sanción, así como la calificación de la sanción en el caso de las contravenciones y requerimiento a la presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el parágrafo I, art. 98 de la Ley Nº 2492; asimismo, fijará la Base Imponible sobre Base Cierta o Base Presunta, u contendrá la liquidación previa del tributo adeudado, finalmente señala que la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de Nulidad la Vista de cargo, que en el presente caso, al haberse establecido que la Determinación de la Base Imponible expuesta en la Vista de cargo, no fue técnicamente fundamentada, y no se obtuvieron los datos necesarios para la determinación sobre base cierta, estos hechos afectan a los requisitos esenciales que deben contener la Vista de Cargo y por ende ocasionan indefensión al sujeto pasivo, que conforme la citada norma vician de nulidad el acto administrativo, aspectos que no pueden ser rebatidos con argumentos subjetivos del demandante. 

En tal mérito solicita se dicte sentencia declarando IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa interpuesta por la Gerencia Distrital La Paz I del SIN, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0523/2015 de 13 de abril.

IV. ANTECEDENTES PROCESALES EN SEDE ADMINISTRATIVA.

Notificada la empresa Quri Wasi S.R.L. con la Orden de Fiscalización Nº 14990100101 con alcance al impuesto IUE, Form. 500 y Alícuota Adicional del AA-IUE, Form. 585, correspondiente a los periodos fiscales enero a diciembre de 2012, mediante Requerimiento Nº 14200900020 solicitando documentación que respalden el cumplimiento de sus obligaciones impositivas del contribuyente; que después de una solicitud de ampliación de presentación la cual fue rechazada, a tal efecto la Administración Tributaria adjunto  las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 14994400199 y 14994400200, por incumplimiento al deber formal de la entrega de toda información y documentación requerida mediante Requerimientos y otros incumplimientos formales. Por lo que la Administración emitió la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/FVE-l/VC/0156/2014 de 9 de junio de 2014, en la que establece la liquidación preliminar de la deuda tributaria sobre Base Cierta, por el monto de 214.056.241 UFV, por concepto de tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago por el IUE correspondiente a la gestión 2012 y anticipo AA-IUE de los periodos fiscales de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2012, además de multas por incumplimiento a deberes formales.

El 27 de julio de 2014, el sujeto pasivo presenta una carta a la Administración Tributaria y admite documentación de descargo en fotocopias simples y cuestiona la determinación de la Vista de Cargo, a tal efecto se emite el Informe de Conclusiones CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/INF-C/00122/2014, que indica que los descargos presentados por el sujeto pasivo no desvirtúan la Determinación reflejada en la Vista de Cargo, por lo que ratifica los conceptos e importes determinados, recomendando la emisión de la respectiva Resolución Determinativa.

El 21 de agosto de 2014 la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa Nº 00444/2014, de 21 de VIII, que establece la deuda tributaria por el monto de 214.268.238 UFV equivalentes a Bs. 423.775.432.- correspondientes a impuestos omitidos e intereses más sanción por omisión de pago, por concepto de IUE de la gestión 2012 y AA-IUE de los periodos fiscales junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2012, así como multa por incumplimiento a deberes formales.

Resolución Determinativa, que fue impugnada en Recurso de Alzada por el Sujeto Pasivo, lo cual fue resuelto por Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0027/2015 de 12 de enero, que anula la Resolución Determinativa Nº 00444/2014, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/FVE-l/VC/0156/2014 de 9 de junio de 2014, inclusive, debiendo la Administración Tributaria emitir una nueva Vista de Cargo estableciendo con precisión el método de determinación de la Base Imponible.

Resolución de Recurso de Alzada que fue impugnada en Recurso Jerárquico por la Administración Tributaria, que mereció la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0523/2015 de 13 de abril, que confirma la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0027/2015 de 12 de enero. Resolución Jerárquica que ahora es impugnada por la Gerencia Distrital La Paz I del SIN, en demanda contenciosa administrativa que se analiza.

V. PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Que, del análisis del contenido de la demanda y la contestación a la misma, se establece que el punto de controversia radica en determinar si:

La Autoridad General de Impugnación Tributaria al emitir la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0523/2015 de 13 de abril, que confirma la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0027/2015 de 12 de enero, obró correctamente en resguardo del debido proceso.

VI. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL JURISPRUDENCIAL.

El Procedimiento Contencioso Administrativo, constituye garantía formal que beneficia al sujeto administrado, por que a través del derecho de impugnación se observa mediante este proceso los actos de la administración que le sean gravosos y lograr el restablecimiento de sus derechos lesionados.

En este proceso contencioso administrativo, la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.

En consecuencia, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por el demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por las instancias de impugnación,  conforme dispone el art. 109-I de la Constitución Política del Estado, que señala que todos los derechos reconocido por ella son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección, los arts. 115 y 117-I de la misma norma, garantizan también el derecho al debido proceso que constituye uno de los principios de la jurisdicción ordinaria conforme al mandato del art. 30-12 de la Ley del Órgano Judicial que señala: “…impone que toda persona tenga derecho a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido en disposiciones jurídicas generales aplicables a los que se hallen en una situación similar”.

En la que además se busque la averiguación de la verdad material, trascendente para que el proceso conduzca a decisiones justas, en un Estado Social Constitucional de Derecho, donde la solución de los conflictos, se basa en el establecimiento de la verdad como como única garantía de la armonía social.

VII. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

Reconocida la competencia de esta Sala especializada del Tribunal Supremo de Justicia, y establecida la controversia que emana de la demanda contenciosa administrativa, para ingresar al control de legalidad sobre los extremos denunciados por la entidad actora que presuntamente habría incurrido la AGIT en la resolución impugnada, conforme a los hechos expuestos por las partes, en base a los antecedentes del caso se establece:

La base imponible constituye uno de los elementos estructurales del tributo, se define como la valoración cuantitativa del elemento objetivo del hecho imponible y cumple dos funciones: de una parte, es la medida del hecho imponible, por lo que, si ha sido correctamente establecida debe ser congruente con el hecho imponible; y de otra, sirve como plataforma para aplicar sobre ella el tipo de gravamen y calcular la cuota del tributo. Los métodos para la determinación de la base imponible pueden ser directos o indiciarios; los primeros toman para su cálculo datos reales y actuales; los segundos atienden indicios y presunciones.

En ese entendido el art. 42 del CTB, establece que: "La base imponible o gravable es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar".

Existen dos métodos de determinación de dicha base imponible, de conformidad al art. 43 del CTB, que señala: La base imponible podrá determinarse por los siguientes métodos: a) Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo; consiguientemente, la determinación sobre base cierta parte del principio de la información, datos y prueba que la Administración Tributaria pueda obtener sobre los hechos generadores, de tal forma que le permita establecer y demostrar efectivamente los resultados de una determinación, información que puede ser obtenida a través del contribuyente y también de terceras personas o agentes de información establecidos por ley, inclusive de su propia labor investigativa con el fin de obtener pruebas sobre los hechos imponibles ocurridos, que demuestren de manera fehaciente y sin ninguna duda la realización de los hechos generadores de la base imponible y permitan establecer su cuantía, sin que la eficacia de su potestad fiscalizadora se halle limitada o condicionada al asentimiento previo del contribuyente; y, b) Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación, estableciendo el art. 44 de dicho Código, que la Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre Base Presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para su determinación sobre Base Cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, en especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes circunstancias relativas a éste último: 1) Que no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes; 2) Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos especiales previsto por este Código; 3) Que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o desarrollo de sus facultades de fiscalización; 4) Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones normativas; 5) Otras circunstancias previstas; 6) Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación sobre base cierta.

El art. 62 del CTB, (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: Numeral 7, A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución.

Po su parte el art. 76 del CTB, señala que la carga de la prueba, en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos.

De lo inferido, se colige que en forma general en la etapa de la determinación tributaria, la Administración Tributaria debe intentar llegar a la verdad de los hechos, procurando obtener todos los datos y la información necesaria para llegar a una precisa, clara y circunstanciada atribución de la deuda tributaria, con la debida fundamentación establecida por la AIT.

Para el caso presente, de la compulsa de los antecedentes administrativos, la Administración Tributaria, en aplicación del art. 104.IV del CTB, emitió la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/FVE-l/VC/0156/2014 de 9 de junio de 2014, en la que se exponen el alcance de la Orden de Fiscalización, el trabajo desarrollado y los resultados del proceso del examen, que la verificación se efectuó sobre Base Cierta, detallando los conceptos que fueron objeto de fiscalización, estableciendo como la liquidación preliminar de la deuda tributaria, por el monto de 214.056.241 UFV, por concepto de tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago por el IUE correspondiente a la gestión 2012 y anticipo AA-IUE de los periodos fiscales de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2012, además de multas por incumplimiento a deberes formales.

Asimismo, el contribuyente en la nota de 17 de julio de 2014, presentó descargos a la Vista de Cargo y observa que: no corresponde el adeudo tributario al impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE) Form. 500 de la gestión 2012, por haberse realizado una incorrecta determinación sobre datos incorrectos y haberse realizado una incorrecta apreciación de los hechos, como los ingresos no declarados, falta de presentación de los estados financieros y la determinación de los gastos y costos no pueden ser deducibles, porque el contribuyente no presentó la documentación correspondiente, no se ha considerado los gastos realizados y de manera totalmente equivoca se ha considerado como utilidad la totalidad de los ingresos, no se ha considerado la existencia de perdidas, no se ha considerado adecuadamente que para la liquidación del IUE, a efecto de productos exportados, se debe considerar el valor FOB consignado en la DUI y el que puede ser ajustado para obtener el valor final de la venta, no se ha ajustado los montos efectivamente cancelados por lo compradores en virtud a que el bien comercializado es ajustado conforme a la cotización del mismo en el mercado internacional (Bolsa de Valores), al momento efectivo de la transacción y que equivocadamente señala que se habría verificado la presentación de la Regalía Minera Formularia 3007 del periodo junio 2012 por Bs. 13.681.- cuando en realidad corresponde a la de junio de 2013, pues no existió ningún pago a la Regalía Minera durante la gestión 2012. Los montos de ingresos se hallan equivocadamente cuantificados, toda vez que no se ha considerado la compra de oro marginal, como los gastos propios de la actividad exportadora por la compra de pasajes aéreos, gastos de inspección y laboratorio y otros gastos que se hallan debidamente acreditados; a ese efecto presenta documentación para respaldar sus descargos.

De acuerdo con lo manifestado, la inexistencia de todos los datos, hechos, elementos, antecedentes y valoraciones puestos a conocimiento de la Administración Tributaria, por parte del sujeto pasivo durante el proceso de fiscalización, tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa conlleva el incumplimiento de los requisitos esenciales establecidos en el art. 96.I del CTB que señala: “La Vista de Cargo, los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponde, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado”. III.- “La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o Acta de Intervención, según corresponda”. 

Considerando que La Resolución Determinativa debe emitirse sobre la base de la Vista de Cargo, el acto administrativo también se ve afectada en su fundamentación, conforme el art. 99.II del citado cuerpo legal, lo que ocasionó que el adeudo tributario por el IUE y AA-IUE determinada por la Administración Tributaria expuesta en primera instancia en la Vista de Cargo y confirmada en la Resolución Determinativa, no refleja la situación real de los hechos económicos respecto a los ingresos y egresos del contribuyente, puesto que la inexistencia de una base imponible objetiva, medible y verificable, no sustenta la fiscalización efectuada, constituyendo por tanto una inobservancia a los requisitos esenciales de la Vista de Cargo, que son los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que la sustenten, así como la base imponible sobre base cierta aplicada en el presente caso; omisión que vicia de nulidad dicha actuación, conforme disponen los arts. 96.I. y III y 99.II del CTB, toda vez que ocasiona un estado de indefensión en el sujeto pasivo conforme dispone el art. 36 de la LPA de 23 de abril de 2002 y art. 35 del DS Nº 27113, y vulnerado su derecho a un debido proceso, conforme establecen los numerales 6 y 10 del art. 68 del CTB.

Corresponde señalar que ese acto procesal viciado le ocasiona un grave perjuicio personal y directo; además coloca en un verdadero estado de indefensión al sujeto pasivo, vicio procesal que conllevó a que se declare la nulidad dispuesta en sede administrativa mediante la Resolución emitida por la ARIT y conformada por la AGIT, conforme los arts. 96.III del CTB y el art. 36.II de la LPA, aplicable en materia tributaria en sujeción al art. 201 de la Ley Nº 3092, que dispone que para que ocurra la anulabilidad de un acto por la infracción de una norma señalada en la ley, debe ocurrir que los actos administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados.

Por su parte el art. 55 del DS Nº 27113, establece que, será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione al interés público.

Consecuentemente la nulidad dispuesta en sede administrativa, hasta la emisión de una nueva Vista de Cargo, fue acertada, puesto que la determinación y la aplicación del método Sobre Base Cierta para el Proceso de Determinación, debió contener todos los hechos, datos, elementos y valoraciones proporcionados por el contribuyente, lo que en el presente caso no se dio, aspectos que inciden en la fundamentación de hecho y derecho que debe contener la Vista de Cargo a fin de respaldar la emisión de la Resolución Determinativa.

Del análisis precedente, esta Sala concluye que, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0523/2015 de 13 de abril, fue emitida en cumplimiento de la normativa legal citada, no habiéndose encontrado infracción, aplicación inadecuada de la norma legal administrativa y contradictoria que vulnera derechos, actos administrativos sobre los que la autoridad jurisdiccional ejerció el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa, en consecuencia, conforme a los fundamentos expuesto corresponde confirmar la Resolución de Recurso Jerárquico desestimando la demanda contenciosa administrativa.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución contenida en los arts. 2-2) y 4 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014 en relación a la Disposición Final Tercera de la Ley Nº 439, declara: IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa de fs. 37 a 44, interpuesta por la Gerencia Distrital La Paz I del SIN; en consecuencia se mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ 0523/2015 de 13 de abril, por lo que se confirmó la nulidad de obrados hasta que se emita una nueva Vista de Cargo.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada, con nota de atención.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.