TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Sentencia Nº 87

Sucre, 17 de agosto de 2018


Expediente                        : 076/2017-CA

Proceso                        : Contencioso Administrativo

Demandante        : Juan Carlos Prado

Demandado                : Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT)

Resolución Impugnada        : AGIT-RJ 1499/2016 de 28 de noviembre de 2016

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán


Pronunciada en el proceso Contencioso Administrativo seguido por Juan Carlos Prado, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1499/2016 de 28 de noviembre de 2016, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).

VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 27 a 37 vta., la respuesta de la entidad demandada de fs. 68 a 72 vta., la réplica de fs. 83 a 87 vta., el memorial de la Gerencia regional Santa Cruz de la Aduana Nacional, como entidad tercera interesada de fs. 95 a 98 vta., el decreto de Autos de fs. 89, los antecedentes, tanto jurisdiccionales como administrativos y;

I.- CONTENIDO DE LA DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA.

Juan Carlos Prado, se apersona a este Tribunal, demandando la revocatoria de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1499/2016 de 28 de noviembre, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, y se declaren prescritas las facultades de la Administración Aduanera de imponer sanciones sobre el hecho generador de la DUI C-1753, con los argumentos siguientes:

Argumenta que, los antecedentes muestran que la resolución sancionatoria, refiere a un hecho generador producido en la gestión 2009, cuando aún los arts. 59 y 60 de la ley 2492, no sufrieron las modificaciones establecidas en la Ley N° 291 y 317 de 22 de septiembre de 2012 y 11 de diciembre de 2012, respectivamente, en mérito a esta normativa, señala que en el presente caso de autos, la prescripción se computa a partir del Acta de Intervención Contravencional AN-UFIZR-AI 106/2010, que prescribió, el 31/12/2013, tomando en cuenta que el hecho generador comienza con la DUI C-1753 el 14/01/2009.

Manifiesta que dentro del proceso impugnatorio argumentó que en aplicación de la norma más benigna, art 59 y 60 del CTB, sin modificaciones, no corresponden en su aplicación retroactiva en el presente caso, considerando el principio de favorabilidad, que opera como excepción al principio de irretroactividad que rige en materia penal, aplicable también al ámbito punitivo administrativo y las leyes 291 y 317. Señala que argumentó que la facultad para imponer sanciones para la gestión 2009 (14/01/2009 DUI N° 2009/735(C-1753) prescribió en el marco del art. 59 del CTB, sin modificaciones, por lo que la resolución sancionatoria de autos en sus efectos, son ilegales por encontrarse prescritas.

Acusa vulneración del art. 59 del Código Tributario Boliviano (CTB), hace referencia al Auto Supremo Nº 39 de  13 de Mayo de 2016, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, que decide en base a la normativa de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, art. 5°, art. 11 de la Declaración de Derechos Humanos, señalando que "nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional", argumenta que la irretroactividad de las disposiciones legales en general es parte del principio de legalidad y no se puede pedir el cumplimiento de disposición legal alguna en tanto no se encuentre legalmente en vigencia en ese momento, conforme con la teoría de los hechos cumplidos que establece que cada norma jurídica debe aplicarse a los hechos que ocurran en su vigencia, materializando así el principio de seguridad jurídica.

De la misma forma, acusa vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de principio de legalidad y derecho a una resolución motivada, conforme a lo previsto por el art. 180 de la CPE, y lo señalado por el Tribunal Constitucional a través de las Sentencias Constitucionales  SC 0919/2006-R de 18 de septiembre, SC 0062/2002 de 31 de julio, SC 0275/2010 de 7 de junio, y art. 123 de la CPE que enseña que el intérprete está obligado a optar por aquel entendimiento interpretativo que desarrolle de mejor forma y con la mayor efectividad, los derechos, principios y valores que consagran el orden constitucional.

Hace también referencia a la vulneración de la seguridad jurídica como principio emergente y dentro de un estado de derecho, hace cita de la SC 0070/2010-R de 3 de mayo, referido a la aplicación del art. 178 de la CPE; acusa vulneración del principio de irretroactividad de la ley, prevista en el art. 116 parágrafo I de la CPE, que establece que no es posible aplicar normas que no existen en el momento de cometerse el acto, salvo que estas sean más benignas, acusa vulneración del principio de aplicación de la norma más benigna previsto en el art. 123 de la CPE, así como la vulneración de la jurisprudencia de la retroactividad de la ley, como una garantía a favor del ciudadano y no del Estado.

Petitorio.

Con los fundamentos descritos, solicitó “se disponga la revocatoria de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1499/2016 de 28 de noviembre de 2016, (..), se declare prescritas las facultades de la Administración Tributaria de imponer sanciones sobre el hecho generador , Declaración Única de Importación DUI-C 1753”.

RESPUESTA A LA DEMANDA.

Que admitida la demanda mediante decreto de 3 de marzo de 2017, cursante a fs. 41, es corrida en traslado a la autoridad demandada quien fue legamente citada, apersonándose por escrito de fs. 68 a 72 vta., el Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria respondiendo negativamente la demanda con los argumentos siguientes:

La Autoridad General de Impugnación Tributaria, ratifica todos los fundamentos técnico legales expresados en su Resolución AGIT-RJ 1499/2016 de 28 de noviembre, negando que se haya vulnerado algún derecho del sujeto activo, observando que los argumentos citados en la demanda no desvirtúan los fundamentos de la resolución impugnada, señalando que el fundamento de la demanda se limita a una infundada expresión de inconformidades, manifiesta que la AIT no es competente para realizar control de constitucionalidad de las normas vigentes, correspondiendo aplicar las mismas, hace énfasis en la falta de fundamento técnico jurídico y prueba que llevó al demandante a interponer su demanda, hace cita de precedentes administrativos emitidos por la propia AGIT y de las Sentencias Constitucionales N° 510/2013, de 27 de noviembre y 532/2014 de 10 de marzo, Sentencia N° 238/2013 de 5 de julio, emitida por Sala Plena, referido a que la parte demandante tiene la carga de demostrar lo señalado en su demanda.

Petitorio.

En mérito a lo expuesto solicitó “declarar improbada la demanda contenciosa administrativa, interpuesta por Juan Carlos Prado, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1499/2016 de 28 de noviembre de 2016.

Réplica y dúplica.

Por decreto de 3 de mayo de 2017, fs. 73 de obrados, se dispuso traslado, para que el demandante Juan Carlos Prado, haga uso de su derecho a réplica en el plazo de 10 días computables a partir de su notificación, misma que se hizo efectiva el 30 de mayo, fuera del plazo establecido, decretándose Autos para sentencia de fs. 89.

ANTECEDENTES DEL PROCESO:.

El 14 de enero de 2009, la Agencia  Despachante de Aduana Vallegrande, validó la Declaración Única de Importación (DUI) C-1753, para su comitente Juan Carlos Prado respecto a la importación de un vehículo con la descripción comercial FRV 090045947 y chasis: YV2A4DBCOYA517382, por un valor total FOB de $us 22.589.-, cuyas demás características se encuentran descritas en Formulario de Registro de Vehículos (FRV) 090045947, y que fue sorteada a canal amarillo:

El 30 de junio de 2010 la Administración Aduanera emitió el Informe AN-UFIZR- IN-Nº 997/2010, el cual en el punto conclusiones, refiere que el importador al introducir a territorio aduanero nacional dos vehículos (el presente proceso es referido al vehículo internado mediante DUI C-1753, procesándose por cuerda separada el segundo vehículo internado por el demandante, mediante DUI C-1751), cuya importación se encontraba prohibida desde el 3 de diciembre de 2008, infringió lo establecido en el Inciso f) incorporado mediante Decreto Supremo Nº 29836, art. 9 del Decreto Supremo Nº 28963 que  aprueba el Reglamento de la Ley Nº 3467, para la importación de vehículos automotores, situación por la cual presuntamente se habría cometido el ilícito de contrabando tipificado en los incisos b) y f) del art. 181 de la Ley Nº 2492 (CTB); por otro lado señala que corresponde aplicar una sanción de 500 UFV por cada DUI, de acuerdo a lo  establecido en el Punto 1 del Título  Declaración Jurada del Valor del Anexo 1 de la Resolución de Directorio Nº 0.1-012-07.

El 20 de octubre de 2010, la Administración Aduanera notificó por Secretaría a Juan Carlos Prado, con el Acta de  Intervención AN-UFIZR-Al 106/2010, de 12 de julio de 2010, estableciendo una valoración de la mercancía decomisada y liquidación previa de tributos, y presume la comisión de contrabando contravencional, incisos b) y f) del art.181 de la Ley Nº 2492.

El 21 de abril de 2016, la Administración Aduanera notificó mediante cédula a Juan Carlos Prado con la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-ULEZR-RS Nº 99/2015, de 7 de julio de 2015, mediante la cual resolvió declarar probada la comisión de Contravención Tributaria Aduanera de Contrabando establecida en el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI 106/2010, de 12 de julio de 2010, contra Juan Carlos Prado y M&R Transforma SRL., representada por Martín Ugarte Vargas, por haber adecuado su accionar a lo previsto en los arts. 160, numeral 4 y 181, incisos b) y f) de la Ley Nº 2492, aplicando la sanción del 100% del valor de la misma en la suma 170.192, 18 UFV, monto que debía ser actualizado a la fecha de pago.

Recurso de Alzada.

Esta resolución fue objeto del recurso de alzada interpuesto por el sujeto pasivo, misma que mereció la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0401/2016 de 25 de agosto de 2016, que resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-ULEZR-RS Nº 99/2015, de 7 de julio de 2015.

Recurso Jerárquico.

En conocimiento de la resolución de alzada, Juan Carlos Prado, interpuso recurso jerárquico, mismo que fue resuelto con el pronunciamiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1499/2016 de 28 de noviembre de 2016, en la que la AGIT, confirmó la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0401 de 25 de agosto de 2016, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz.

III.-FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO.

Reconocida la competencia de esta Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa, del Tribunal Supremo de Justicia, en previsión de los arts. 778 a 781 del Código de Procedimiento Civil (CPC) y lo dispuesto por la Ley Nº 620 art. 2-2, tomando en cuenta que el proceso contencioso administrativo es un juicio de puro derecho dirigido a verificar la correcta aplicación de la ley en los actos y resoluciones de la administración, en el caso por la AGIT, corresponde ingresar a la resolución de la causa.

Problemática planteada.

De la revisión de la demanda, respuesta y antecedentes contenidos en el expediente, se advierte que la problemática traída a juicio de éste Tribunal se circunscribe a determinar, si en el pronunciamiento de la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1499/2016, se ha vulnerado la irretroactividad de la ley, prevista por el art. 123 de la CPE, y si ha prescrito la facultad de la Administración Tributaria Aduanera para imponer sanciones.

Análisis y fundamentos legales.

La Constitución Política del Estado, art. 9.II, garantiza, la seguridad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, del Estado Plurinacional de Bolivia; asimismo el principio de seguridad jurídica se encuentra plasmado en nuestra constitución en el art. 178, prescribiendo que, la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se sustenta entre otros en el principio de seguridad jurídica, concibiéndolo como el derecho que goza toda persona a efectos de evitar arbitrariedades de las autoridades públicas; en ese contexto, Sentencias Constitucionales como la 1278/2006-R, de 14 de diciembre, establecen que, dentro el marco normativo la prescripción tiene como propósito otorgar seguridad jurídica a los sujetos pasivos.

Por otra parte, el art. 116.II de la CPE, prescribe que: "Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible", garantía que debe ser interpretada en armonía con el art. 123 de la Norma Fundamental, que dispone que la ley es retroactiva cuando beneficie a la imputada o al imputado; asimismo dentro el marco normativo la prescripción tiene como propósito otorgar seguridad jurídica. En esa línea normativa, el art. 50 de la Ley N° 2492 establece: “(Prescripción) Prescribirán a los cuatro (4 ) años las acciones de la Administración Tributaria para:(…).3.Imponer sanciones administrativas.(…)” (sic). Asímismo, el art. 60 de la misma ley, respecto al cómputo de la prescripción señala que el término de la prescripción se computará desde el 1ro, de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo.

Las disposiciones de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, modifican la Ley N° 2492, estableciendo: “Artículo 59. (Prescripción). l. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años. IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible. Sexta. Se modifican los parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley No 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactados de la siguiente manera: Artículo 60. (Cómputo). l. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo 1, del artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del artículo anterior, el término se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria.”. (…).

En ese mismo perfil, mediante Ley Nº 317 de 11 de diciembre de 2012 y sus disposiciones derogatorias y abrogatorias, establecen la modificación de los Parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la Disposición Adicional Sexta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto: “Artículo 60. (Cómputo). I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria”. (sic)

La modificación al art. 59 de la Ley 2492, muestra que el fin del legislador es incrementar el plazo de prescripción de las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas respecto del contribuyente, de tal modo que la Administración Tributaria, en vez de 4 años, cuente ahora con 10 años para el ejercicio de tales cometidos a partir de la gestión 2018, estableciendo un incremento escalonado a partir de la gestión 2012. Así, para la gestión 2012 se establece un plazo de 4 años; 5 para la gestión 2013; 6 para gestión 2014; 7 para la gestión 2015; 8 para la gestión 2016; 9 para la gestión 2017 y 10 años a partir de la gestión 2018. Asimismo resulta pertinente aclarar la terminología del instituto en el nuevo contexto, para lo cual debe previamente convenirse que el término “gestión” contenido en la Disposición Quinta de la Ley N° 291 el párrafo que señala “Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013….”, para mejor comprensión refiere al  “periodo fiscal vigente”, periodo fiscal 2012, 2013, (…), etc.

En consecuencia, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por el demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por las instancias de impugnación así como de la administración tributaria, conforme lo dispone el art. 109.I de la CPE que señala que todos los derechos por ella reconocidos son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección; asimismo los arts. 115 y 117. I de la misma norma, garantiza el derecho al debido proceso que se constituye también en uno de los principios de la jurisdicción ordinaria conforme al mandato del art. 30.12 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).

En ese contexto, corresponde recordar que en el marco de las consideraciones señaladas; el principio de irretroactividad de la ley está fundado en la necesidad de fortificar uno de los pilares del sistema legal, la seguridad jurídica. Este régimen, fue asumido en nuestro ordenamiento jurídico Constitucional en su art. 123 que establece imperativamente que: "La ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo", estableciendo y limitando asimismo el efecto retroactivo de las leyes en tres casos específicos, en materia penal, laboral y de corrupción. En esa línea normativa, la Ley N° 2492 Código Tributario, en su artículo 150 prescribe que: "Las normas tributarias no tendrán efecto retroactivo", sin embargo salva excepciones y una de ellas es precisamente cuando de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o al tercero responsable. De todo ello se desprende que la irretroactividad de las disposiciones legales en general es parte del principio de legalidad, y es que no se puede exigir el cumplimiento de disposición legal alguna en tanto no se encuentre legalmente en vigencia, consideración que va relacionada con la teoría de los hechos cumplidos que establece que cada norma jurídica debe aplicarse a los hechos que ocurran durante su vigencia, materializándose se esa manera el principio de seguridad jurídica.

Ahora bien, se deberá convenir que, tanto la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012 como la Ley N°317 de 11 de diciembre de 2012, -cuya constitucionalidad no se encuentra en duda-, fueron aplicadas en sede impugnatoria administrativa, advirtiéndose, sin embargo; que esta Ley no constituye en los hechos, una disposición legal que beneficia al sujeto pasivo, que permita la aplicación del principio de favorabilidad, por lo que no corresponde su aplicación retroactiva.

A todo lo referido, por disposición del art. 123 de la Constitución Política del Estado y la norma específica, art. 150 de la Ley N° 2492 Código Tributario, la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012 como la Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012, son normas plenamente aplicables a partir de su fecha de promulgación, vale decir a partir de fecha de 22 de septiembre de 2012 para la Ley N° 291 y 11 de diciembre de 2012, para la Ley N° 317, tomándose esas fechas como fechas a partir de las cuales estas entran en vigencia plena a futuro; de lo cual se advierte que por disposición y cumplimiento inexcusable del art. 123 de la CPE. y art. 150 de la Ley N° 2492, estas normas no pueden tener vigencia retroactiva; es decir no son aplicables para periodos anteriores a esas fechas de puesta en vigencia, todo por mandato constitucional de cumplimiento inexcusable y obligatorio.

De revisión y compulsa de antecedentes, se observa que el periodo sujeto a fiscalización corresponde a hechos generadores acontecidos en la gestión 2009, (DUI C-1753 de fecha 14/01/2009), por lo que corresponde aplicar la norma sustantiva referida a la prescripción vigente en el momento en que se produjo, es decir el art. 59 del CTB sin las modificaciones establecidas precedentemente, al haber sido promulgada esta normativa en la gestión 2012; también se debe convenir que, la norma aplicable al caso, que deriva de una sanción por contrabando contravencional, corresponde la aplicación del plazo de prescripción y la forma de cómputo previsto en los arts. 59 y 60 .I de la Ley N° 2492; articulado vigente hasta la fecha de promulgación de la Ley N° 291, gestión 2009.

En el contexto analizado, de aplicación y cómputo previsto en los arts. 59 y 60.I de la Ley N° 2492, se tiene que para los hechos generadores del IVA e ICE, de la DUI C-1753, acontecida en la gestión 2009, ante cuyo hecho el cómputo de la prescripción debe realizarse tomando en cuenta el nacimiento y perfeccionamiento del hecho generador, que en el caso aduanero se da en el momento de la aceptación de la DUI; consecuentemente, de conformidad con el parágrafo I del art. 60 de la Ley Nº 2492, el cómputo de cuatro (4) años para la determinación de la deuda tributaria comenzó a partir del 1 de enero del año siguiente a la ocurrencia del hecho generador -año 2010-; sin embargo, de conformidad con los arts. 61 y 62 de la citada Ley Nº 2492, en el transcurso de dicho cómputo pueden ocurrir causales de suspensión y de interrupción para que la facultad de la Administración Aduanera para determinar que la deuda tributaria no prescriba, no advirtiéndose ningún acto tendente a ese fin. Estos datos evidencian que el plazo de cuatro (4) años para la prescripción de la señalada DUI, empezó a correr a partir del 1 de enero de 2010 y concluyó el 31 de diciembre de 2013, toda vez que hasta la fecha de notificación por cédula efectuada al demandante -21 de abril de 2016-; con la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-ULEZR-RS N° 99/2015, girada, por la contravención de contrabando contravencional; advirtiéndose que a fecha de notificación, con señalada determinación tal contravención se encontraban ya prescrita por disposición taxativa de los arts. 59 y 60 .I de la Ley N° 2492.

Consecuentemente, la AGIT, a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1499/2016 de 28 de noviembre de 2016, ha desarrollado sus fundamentos y determinación enmarcada en una incorrecta valoración y entendimiento normativo, que violenta el principio de seguridad jurídica, legalidad, e irretroactividad, por lo que corresponde determinar que la prescripción alegada por el demandante ha operado.

En ese entendimiento, conforme los fundamentos desarrollados supra, en aplicación del principio de legalidad, seguridad jurídica, irretroactividad y, siendo atribución de este Tribunal el ejercer la jurisdicción y competencia que la ley le otorga, en virtud de los fundamentos constitucionales citados, asumiendo su rol controlador de garantías constitucionales conforme lo establece el art. 115.I y 410 de la CPE, concordante con el art. 15.I de la LOJ, siendo que desde un punto de vista procesal, la instancia de contención tiene por objeto fundamental, no tanto analizar las pretensiones de las partes, como comprobar el proceder de las autoridades administrativas de instancia; en la aplicación de la ley sustantiva y de la ley procesal, correspondiendo verificar si se aplicaron las normas del momento, bajo las circunstancias correspondientes y toda vez que verificada la incorrecta aplicación de la norma, se concluye que la Autoridad General de Impugnación Tributaria, al pronunciar la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1499/2016 de 28 de noviembre de 2016, la que resolvió confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0401/2016 de 25 de agosto de 2016, manteniendo firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-ULEZR-RS N° 99/2015, lo hizo interpretando y aplicando incorrectamente las normas legales citadas.

En este entendido, no debemos pasar por alto que los actos de la Administración Pública deben estar sometidos exclusivamente a la norma, en el presente caso los actos de la AGIT, debieron someterse plenamente a normativa vigente a momento de producirse el hecho generador. En consecuencia, conforme a los fundamentos expuestos corresponde declarar prescrita la facultad para aplicar contravenciones tributarias de la gestión 2009, respecto a la DUI C-1753, cuyo hecho generador se consolidó en la gestión 2009.

Por lo razonado, se concluye que la demanda Contenciosa Administrativa formulada por el sujeto pasivo, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1499/2016 de 28 de noviembre de 2016, deviene en probada.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en el arts. 778 y 780 del CPC, art. 2-2 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, administrando justicia en única instancia, a nombre de la ley y en virtud a la jurisdicción que por ella ejerce, falla declarando PROBADA la demanda Contenciosa Administrativa de fs. 27 a 37 vta., presentada por Juan Carlos Prado, demandando la revocatoria de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1499/2016 de 28 de noviembre de 2016, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria; consiguientemente se DEJA SIN EFECTO la resolución impugnada AGIT-RJ 1499/2016 de 28 de noviembre de 2016, debiendo la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitir nueva resolución, conforme los fundamentos precedentemente expuestos.

Procédase a la devolución a la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de los antecedentes administrativos remitidos a éste Tribunal.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.