TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Sentencia Nº 84

Sucre, 17 de agosto de 2018

Expediente                        : 204/2016-CA

Proceso                        : Contencioso Administrativo

Demandante        : Gerencia R egional Cochabamba Aduana Nacional

Demandado                : Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT)

Resolución Impugnada        : AGIT-RJ 670/2016 de 22 de junio de 2016        

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán


Pronunciada en el proceso Contencioso Administrativo seguido por la Gerencia Regional Cochabamba Aduana Nacional, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0670/2016 de 22 de junio de 2016, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).

VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 23 a 27, la respuesta de la entidad demandada de fs. 53 a 74, la réplica de fs. 123 a 124, la dúplica de fs. 127 a 130 vta., la notificación a tercero interesado de fs. 47, el apersonamiento y respuesta de tercero interesado de fs. 99 a 104, el decreto de Autos de fs. 131, los antecedentes, tanto jurisdiccionales como administrativos y;

I.- CONTENIDO DE LA DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA.

Gerencia Regional Cochabamba Aduana Nacional, representada por sus apoderados Jorge Fidel Romano Peredo y Luis Carlos Paz Rojas, apersonándose a este Tribunal, demandando la revocatoria de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0670/2016, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, y la confirmación y subsistencia de la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULECR-N° 042/2015, emitida por la Gerencia Regional Cochabamba Aduana Nacional, argumenta lo siguiente:

Acusa la existencia de una interpretación sesgada del art. 168 de la Ley 2492, porque esta norma no determina que se deba hacer conocer la sanción al sumariado para que este adecúe su defensa a tal hecho, el art. 168 concluye que la autoridad competente de la Administración Tributaria instruirá el sumario mediante cargo en el que deberá constar claramente el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención, manifiesta que la resolución cumple con la fundamentación de hecho y subsunción de derecho.

Manifiesta que, no es evidente la vulneración del art. 36 de la Ley 2341, porque en ningún momento la actuación administrativa de la Aduana Nacional ha prescindido de la normativa que le ampara y ha garantizado la defensa material de las partes involucradas y se ha realizado un debido proceso hasta llegar a la emisión de la resolución Sancionatoria.

Señala en forma repetitiva y redundante que, no es evidente la falta de tipicidad en el procedimiento sancionador, señala que, el art. 186 de la Ley 1990 contempla un conjunto de hechos considerados como contravenciones aduaneras especificados en los incisos de la a) a la g), incorporándose el inciso h), manifiesta que, luego de un procedimiento administrativo sancionatorio frente a un hecho totalmente verificado como fue la importación de mercancía prohibida por la operadora Nadhir Narda Cabero Peña, se inició el sumario a la ADA Acuario SRL., por su participación plena en tal acto y subsumiendo en la Ley, se evidenció que no observó el cumplimiento de las normas legales reglamentarias que regulan los regímenes aduaneros en los que intervengan, porque permitió que su comitente importara mercancía prohibida por el art. 117 inc. d) del D.S. 25870, además de no prestar asesoramiento en materia aduanera, sin cumplir con sus específicas funciones definidas por Ley, incumpliendo el art. 45 de la Ley 1990, sancionado por el art. 187, inc. b) de la Ley 1990, e infiere que la Aduana Nacional habría actuado con discrecionalidad, arbitrariedad y por analogía estaría definiendo contravenciones y aplicando sanciones.

Agrega que, la AGIT y la AIT Cochabamba consideran que la sanción de suspensión de actividades no se encuentra reglamentada y bajo su interpretación, esta norma estaría latente o en suspenso, mientras la Aduana Nacional no proceda con determinar la clasificación de las sanciones; sin embargo, señala que el art. 187 de la Ley 1990 sustituida por Disposición Final Octava de la Ley 2492,  establece la sanción a imponerse, fijando los parámetros mínimo (10 días) y máximo (90 días), y la suspensión de actividades no está fuera del marco legal, y la Administración Aduanera tiene toda la potestad de imponer la sanción a una conducta contraventora, y la falta de reglamentación no es obstáculo para poner en práctica una ley, señala que a mayor abundamiento, el art. 283 del D.S.  25870 brinda el amparo legal a la actuación de la Aduana, porque se ha verificado una infracción a la ley por parte de la ADA Acuario, al haber sido parte activa en la internación de mercancía prohibida de importación.

Refiere que, según la AGIT, incumplir con las funciones estipuladas en el art. 45 de la Ley 1990 constituye una infracción al ordenamiento jurídico aduanero; señala que el problema surge cuando se determina la contravención aduanera en contra de la ADA Acuario Srl., por su participación en la tramitación y validación de la DUI que ampara mercancía prohibida, señala que, esta conducta es la contraventora, porque como auxiliar de la función pública debió asesorar a su comitente.

Petitorio

Con los fundamentos descritos precedentemente, solicitó se dicte sentencia y se declare probada la demanda “y en consecuencia se revoque la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0670/2016, y se confirme la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULECR-Nº 042/2015.”

RESPUESTA A LA DEMANDA

Que admitida la demanda mediante decreto de 22 de agosto de 2016, cursante a fs. 31, es corrida en traslado a la autoridad demandada quien fue legamente citado, apersonándose por escrito de fs. 35 a 39, el Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria respondiendo negativamente la demanda con los argumentos siguientes:

La Autoridad General de Impugnación Tributaria, ratifica todos fundamentos técnico legales expresados en su Resolución AGIT-RJ 0670/2016 de 22 de junio, negando que se haya vulnerado algún derecho del sujeto activo, haciendo énfasis en que de la revisión prolija del repetitivo memorial de demanda, es evidente que la argumentación expuesta por el sujeto activo solo expresa repetidamente argumentos por demás generales, lo que se traduce en un desconocimiento de los requisitos indispensables para la interposición del proceso, exigencias procesales no contempladas en la demanda; más aun considerando que la parte demandante tiene la carga procesal de establecer la existencia de violación expresa de la ley por parte de la AIT, así como fundar la supuesta interpretación errónea o aplicación indebida de la ley para perseguir la correcta aplicación de la norma legal, aspectos legales que no han sido cumplidos por el demandante, quien se limita a señalar y transcribir antecedentes administrativos y citas textuales normativas, sin exponer el motivo técnico jurídico o la prueba que le llevó a interponer su demanda contra la AGIT, no siendo suficiente argüir que la Resolución Jerárquica impugnada no se realizó un exhaustivo análisis; es por ello que la demanda planteada se constituye en un  recurso insuficiente, impreciso, carente de relevancia jurídica.

Haciendo cita de la Sentencia Constitucional 1748/2011-R de 7 de noviembre, que a tiempo de examinar el cumplimiento de las condiciones requeridas para la revisión de las decisiones judiciales que estableció: "...el sólo hecho de la discrepancia manifiesta de la accionante respecto a lo decidido por las autoridades de la jurisdicción ordinaria, no se traduce en vulneración a sus derechos invocados ni configura el fundamento suficiente..."

Señala que, se ha cumplido con los requisitos intrínsecos de la congruencia toda vez que la misma se ajusta al contenido de las vinculantes Sentencias Constitucionales que refiere sobre los elementos de construcción de una resolución ya sea judicial o ya sea en el orden administrativo como es el caso ocupa, consecuentemente, señala que es evidente que la Resolución Jerárquica está debidamente fundamentada, porque expone los hechos, realiza la fundamentación legal y cita de las normas que sustentan la parte dispositiva:

Petitorio.

En mérito a lo expuesto solicitó “(…) declarar improbada la demanda contenciosa administrativa y se mantenga firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0670/2016 de 22 de junio.”

Réplica y dúplica

La Gerencia Regional Cochabamba Aduana Nacional, con memorial de fs. 123 a 124, formulo réplica, reiterando los términos de su demanda.

Por su parte, en la dúplica de fs. 127 a 130 vta., la AGIT amplía sus argumentos respecto al debido proceso y el derecho a defensa  y la tutela efectiva de los derechos de las partes.



II.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El 4 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Acta de Intervención Contravencional CBBCI-C-0133/2014, estableciendo que el 25 de noviembre de 2014, la Agencia Despachante de Aduana Acuario SRL, por cuenta de su comitente Nadhir Narda Cabero Peña, presentó la DUI 2014/301/C-65319, canal rojo que ampara la importación de 12 bultos conteniendo edredones nuevos, ropa nueva, herramientas, televisor, ollas, platos, vasos, cafeteras, cubiertos, etc., añadió que durante el aforo físico identificó mercancía prohibida de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 del Decreto Supremo Nº 27340, consistente en 2 bultos conteniendo ropa y zapatos usados con un total de 48 kilos, asimismo identificó a las personas presuntamente responsables como Cabero Peña Nadhir Narda y Agencia Despachante de Aduana Acuario SRL., además calificó la presunta comisión de contrabando, art. 181 inciso b) y f) Ley 2492

El 2 de enero de 2015, la Administración de Aduana emitió la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 008/2015, que declaró probado el Contrabando Contravencional atribuido a Nadhir Narda Cabero Peña, por la mercancía comisada según Acta de Intervención Contravencional N° CBBCI-C-0133/2014 de 28 de noviembre de 2014, en consecuencia dispuso el comiso definitivo de la mercancía para su destrucción, asimismo señaló que habiendo consignado en la DUI 2014/301 /C-65319 de 25 de noviembre de 2014, por la Agencia Despachante de Aduanas Acuario SRL., mercancía prohibida de importación de acuerdo a la normativa vigente, por incumplimiento del artículo 45  inciso a) y f) de la Ley General de Aduanas.

El 22 de mayo de 2015, la Gerencia Regional de Aduana Cochabamba, emitió el Auto  Inicial de Sumario Contravencional AN-GRCGR-ULECR N° 014/2015, iniciando el Sumario Contravencional contra la Agencia Despachante de Aduanas Acuario Srl., por haber incurrido dentro de la prohibición contenida en el art. 186 inciso h) de la Ley 1990 (LGA), con relación al art. 117 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), al haber presentado la DUI 2014/301/C-65319 (IM4) de 7 de noviembre de 2014, con mercancía considerada prohibida de importación, incumpliendo el art. 45 incisos a) y f) del mismo cuerpo legal.

El 15 de septiembre de 2015, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULECR Nº 042/2015, que declaró probada la comisión de contravención aduanera de la Agencia Despachante de Aduanas Acuario Srl., por encontrarse su acción tipificada en el inciso h) del artículo 186 de la Ley Nº 1990, con relación al artículo 117 del Decreto Supremo Nº 25870 y al haber incurrido en las previsiones de los incisos a) y f) del art. 45 de la Ley Nº 1990, al haber presentado la DUI 2014/301/C-65319 (IM4) de 7 de noviembre de 2014, con mercancía considerada prohibida de importación, además de sancionar con la suspensión temporal de actividades por el lapso de 10 días, desde su notificación.

Esta resolución fue objeto del recurso de alzada interpuesto por el representante legal de ADA Acuario Srl., que mereció la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0161/2016 de 30 de marzo, que resolvió anular la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULECR Nº 042/2015 de 15 de septiembre, instruyendo a la administración aduanera emitir un nuevo acto, fundamentado y una valoración individual de los descargos presentados por la ADA Acuario Srl.

En conocimiento de la resolución de alzada, tanto la ADA Acuario Srl. Como la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional, interpusieron recurso jerárquico, recursos que fueron resueltos con el pronunciamiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0670/2016 de 22 de junio de 2016 (fs. 4 a 22, 1er. Cuerpo), en la que la AGIT confirmó la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0161/2016 de 30 de marzo de 2016.

III.-FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Reconocida la competencia de esta Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa, del Tribunal Supremo de Justicia, en previsión de los arts. 778 a 781 del Código de Procedimiento Civil (CPC) y lo dispuesto por la Ley Nº 620 art. 2-2, tomando en cuenta que el proceso contencioso administrativo es un juicio de puro derecho dirigido a verificar la correcta aplicación de la ley en los actos y resoluciones de la administración, en el caso por la AGIT, corresponde ingresar a la resolución de la causa.

Problemática planteada.

De la revisión de la demanda, respuesta y antecedentes contenidos en el expediente, se advierte que la problemática traída a juicio de éste Tribunal se circunscribe a determinar, si en el pronunciamiento de la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 670/2016, existe una errónea interpretación del art. 168 de la Ley 2492, si la ANB no vulneró el art. 36 de la Ley 2341, si se efectuó una correcta tipificación de los hechos subsumidos en el art. 186 inc. h) de la Ley 1990 y si corresponde la sanción prevista en el art. 187 de la Ley 1990 sustituida por Disposición Final Octava de la Ley 2492, y el incumplimiento y sanción de las funciones estipuladas en el art. 45 de la Ley 1990.

Análisis y fundamentos legales aplicables al caso en concreto.

En el marco del derecho administrativo sancionador, rigen entre otros los principios de legalidad y tipicidad, de donde la legalidad recoge el aforismo jurídico "nullum pena sine lege" y el de tipicidad que se expresa en la necesidad de que una conducta punible haya sido debidamente descrita en una norma legal, por lo cual es preciso considerar que la tipificación, no es un mero enunciado ni una formalidad de la cual pueda o no prescindirse, toda vez que una correcta tipificación garantiza la efectivización de los derechos y garantías fundamentales que se encuentran vigentes en el ordenamiento jurídico.

En el señalado contexto, el artículo 73 de la Ley N° 2341 Ley de Procedimiento Administrativo; establece que, son infracciones administrativas las acciones u omisiones expresamente definidas en las leyes y disposiciones reglamentarias, debiendo advertirse que el tipo que define una infracción no se produce mediante cualquier acto o comportamiento, sino sólo, cuando éste se ha consumado en la forma que la norma infraccional expresamente lo determino, aspectos que deben ser adecuadamente analizados por este Tribunal.

Expuestos los argumentos de la entidad demandante, que acusa la existencia de una interpretación sesgada del art. 168 de la Ley 2492, por parte de la instancia jerárquica, considerando la ANB, que esa norma no establece que se deba hacer conocer la sanción al sumariado para que este adecúe su defensa a tal hecho, en cuyo marco se advierte que, el parágrafo I del art. 168 de la Ley N° 2492, establece que; siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria, mediante cargo en el que deberá constar claramente el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención; señalando asimismo, que el cargo será notificado al presunto responsable de la contravención.

Debemos convenir que, la Aduana Nacional, en el marco del respeto al debido proceso, emitió la Resolución de Directorio N° RD-01-011-04 que aprueba el Manual para el Procesamiento de Contravenciones Aduaneras, norma administrativa que en su punto F.2. (Inicio de Sumario Contravencional), establece que en el plazo de dos días de recibido el informe técnico o la denuncia, la autoridad competente dictará el Auto Inicial de Sumario Contravencional, acto administrativo que contendrá una relación de los hechos, la individualización del presunto responsable, la contravención que se le atribuye y la sanción que le correspondería, fijando el plazo de 20 días para que formule por escrito sus descargos y ofrezca pruebas, norma administrativa plenamente concordante con el art. 168 de la Ley 2492, que pregona el respeto al derecho al debido proceso en su elemento derecho a defensa, que es observado en forma errada y sin mayor fundamento por la Administración Aduanera, toda vez que es la propia norma la que prevé la exigencia de poner en conocimiento del sumariado la sanción que se le imputa, a efecto de que éste hago uso de su derecho a defensa, aspecto normativo que rechaza per se la acusación de la ANB.

De revisión de antecedentes administrativos, específicamente el Auto Inicial de Sumario Contravencional AN-GRCGR-ULECR N° 014/2015 de 22 de mayo de 2015, (fojas 45-48 anexo 1 antecedentes administrativos), se advierte que dicho acto, incluye en su contenido, la relación de los hechos, transcripción de normativa legal, identificación de la ADA Acuario Srl., como presunto contraventor; y dispone el inicio del sumario contravencional, por haber incurrido dentro la prohibición contenida en el inciso h) del art. 186 de la Ley N° 1990, con relación al art. 117 del Decreto Supremo Nº 25870; resulta evidente que el señalado Auto de Sumario Contravencional, (fojas 45-48 anexo 1 antecedentes administrativos), omitió aplicar y subsumir la norma legal concreta al hecho acusado, debido a que en la parte resolutiva hizo mención al inciso h) del artículo 186 de la Ley Nº 1990, que se constituye en una norma abierta necesitada de complemento a aquellos preceptos principales que contienen la sanción, pero no consignan íntegramente los elementos específicos del supuesto de hecho, aspecto que se traduce en una tipificación general, toda vez que mencionado articulado 186 inc. h) señala:“ h) Los que contravengan a la presente Ley y sus reglamentos y que no constituyan delitos.”, norma que exige la aplicación de otra normativa legal aduanera que establezca tipos contravencionales y sanciones; misma que no es identificada en el acto administrativo; debiendo traslucirse y redundar que la tipificación que define una infracción no se produce mediante cualquier mención general, o acto, o comportamiento, sino sólo, cuando éste se ha consumado en la forma que la norma infraccional expresamente lo determinó, aspecto no evidenciado en el caso de análisis, evidenciándose a contrario la cita errada del art. 117 del Decreto Supremo N° 25870, referido a las prohibiciones de ingreso a territorio nacional de mercancías; de prendería usada, regulada por los Decretos Supremos Nº 27340 y 28761; aspecto que muestra la desacertada apreciación de la Administración Aduanera contrario al principio de verdad material.

Por otra parte, se advierte que el Auto Inicial de Sumario Contravencional, no hace cita de normativa alguna, como sustento legal para aplicar la sanción por la acusada contravención aduanera, que incide en la suspensión temporal de ejercicio a las Agencias Despachantes de Aduana; tal como lo exige el art. 67 del Decreto Supremo Nº 25870 y 45 de la Ley 1990, no evidenciándose como consecuencia la existencia de la sanción que correspondería en caso de probarse la comisión del hecho, aspecto esencial que vulnera el art. 168 de la Ley Nº 2492 y el inciso F.2 de la Resolución de Directorio N° RD-01-011-04, normativa que exige la constancia de la contravención que se atribuye y la sanción que correspondería conforme a normativa, aspecto de trascendental importancia que importa al derecho al debido proceso en su elemento al derecho a defensa, omisión por la que el acto administrativo no puede cumplir su fin de informar al sujeto pasivo la sanción que tendría en caso de probarse su culpabilidad, ausencia que imposibilita una correcta defensa; del administrado, aspecto esencial que vulnera derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa establecidos en los artículos 115 parágrafo II, 119 parágrafo II de la Constitución Política del Estado y numeral 6 del artículo 68 de la Ley Nº 2492, omisiones que definitivamente inciden en la vulneración del principio de tipicidad y régimen sancionatorio, establecido en los arts. 71 y 73 de la Ley Nº 2341, contrario a la acusación de la entidad demandante; aspecto adecuadamente identificado por la autoridad jerárquica, quien procedió correctamente al anular hasta el Auto Inicial de Sumario Contravencional AN-GRCGR-ULECR N° 014/2015 de 22 de mayo de 2015 y como consecuencia la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULECR-N° 042/2015, emitida por la Gerencia Regional Cochabamba Aduana Nacional, todo en aplicación del art. 36 de la Ley 2341.

Respecto al argumento de la entidad demandada, en sentido de que el art. 187 de la Ley N° 1990, modificada por la Disposición Final Octava de la Ley No. 2492 Código Tributario boliviano, establece la sanción para la contravención aduanera a Agentes Despachantes de Aduana, fijando un parámetro mínimo de 10 días y máximo de 90 días de sanción, habiéndose aplicado en ese rango la sanción a la ADA Acuario Srl., dicho argumento no encuentra sustento, toda vez que conforme lo señalado supra, al no haberse tipificado adecuadamente la conducta contraventora y haberse aplicado una norma de carácter general, la consecuencia es la ausencia de sanción, no debiendo perderse de vista los principios de legalidad y tipicidad, que se subsumen en el aforismo jurídico "nullum pena sine lege", más aún si dicho articulado no fue parte de la resolución impugnada en fase administrativa.

Conforme lo examinado, se advierte que la autoridad jerárquica aplicó adecuadamente, la normativa inmersa en el proceso, aspecto que fue correctamente verificado por la autoridad jerárquica en su resolución impugnada, resolviendo confirmar la anulación de obrados dispuesta por el Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0161/2016, por vulneración del debido proceso, art. 115, parágrafo II, de la Constitución Política del Estado, en su elemento derecho a defensa, no denotándose como consecuencia las vulneraciones acusadas por la entidad demandante, aspecto que demuestra a contrario el correcto proceder de la entidad demandada, al confirmar el fallo de alzada.

Por lo razonado, se concluye que la demanda Contenciosa Administrativa formulada por la Gerencia Regional Cochabamba Aduana Nacional, representada por sus apoderados representada por sus apoderados Jorge Fidel Romano Peredo y Luis Carlos Paz Rojas, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0670/2016, de 22 de junio, deviene en improbada, al no haberse demostrado que la resolución impugnada contenga las vulneraciones acusadas.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en el arts. 778 y 780 del CPC, art. 2-2 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, administrando justicia en única instancia, a nombre de la ley y en virtud a la jurisdicción que por ella ejerce, falla declarando IMPROBADA la demanda Contenciosa Administrativa de fs. 23 a 27 vta., presentada por la Gerencia Regional Cochabamba Aduana Nacional, representada por sus apoderados Jorge Fidel Romano Peredo y Luis Carlos Paz Rojas, demandando la revocatoria de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0670/2016, de 22 de junio, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria; conforme los fundamentos precedentemente expuestos.

Procédase a la devolución a la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de los antecedentes administrativos remitidos a éste Tribunal.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.