TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

SENTENCIA N° 83

Sucre, 17 de agosto de 2018

DATOS DE LAS PARTES Y DEL PROCESO

Expediente                : 255/2016

Demandante        : Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales

Demandado        : Autoridad General de Impugnación Tributaria

Tercera Interesada        : Comando General de la Policía Boliviana

Tipo de proceso                : Contencioso Administrativo

Resolución Impugnada: AGIT-RJ 0810/2016 de 19 de julio

Magistrada Relatora        : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS EN SALA

La demanda contenciosa administrativa de fs. 1 a 10, presentada por la Gerencia Distrital La Paz II (GDLP-II) del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) representada por Juana Maribel Sea Paz en su condición de  Gerente Distrital de dicha institución pública, contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT) representada por Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo General a.i., pretensión que impugna la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0810/2016 de 19 de julio; la contestación de fs. 80 a 87; citación al tercero interesado de fs. 203; decreto de Autos para Sentencia de fs. 154; los antecedentes del proceso y de sede administrativa; y,

I. ARGUMENTOS DE LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN

1. Demanda y petitorio

Mediante escrito de demanda presentado el 20 de octubre de 2016, cursante de fs. 1 a 10, Juana Maribel Sea Paz en su condición de GDLP-II del SIN, manifiesta que:

a.- La Resolución Jerárquica contiene errónea aplicación del art. 76 inc. d) de la Ley Nº 843; pese a verificar la configuración del hecho generador del Impuesto a las Transacciones (IT) por la prestación de servicios de seguridad física privada que efectuó la Policía Boliviana, la AGIT efectúa una fundamentación carente y sesgada, sin considerar la verdad material y realidad económica del contribuyente, confirma la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0374/2016 y deja sin efecto la deuda tributaria legalmente determinada por la administración tributaria, al haber verificado la actividad comercial que realiza la Policía Boliviana, que abusando del citado art. 76 inc. d) de la Ley 843, realizó actividades lucrativas sin considerar que corresponde el pago del IT por venta de servicios de seguridad física privada, sujeto a contraprestación monetaria traducida justamente en el servicio de seguridad que prestan los efectivos policiales a favor de terceras personas o entes privados, como una actividad comercial de forma habitual, sujeta a condiciones de mercado (libre oferta y demanda); por tanto, existe un hecho generador de tributo definido por el art. 36 de la Ley Nº 843, al constituir un ingreso o utilidad.

b) Conforme prevén los arts. 252 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), el SIN no desconoce el hecho de que la Policía Boliviana en su Unidad Batallón de Seguridad Física (privada), sea dependiente del Estado Nacional, por ello no pretende el pago del IT por servicios de patrulla de auxilio y cooperación ciudadana a cargo de la Policía de Ayuda Ciudadana (PAC), ni por el servicio de los policías en los módulos de las Estaciones Policiales Integrales (EPIs) o los servicios de control de tráfico y tránsito de vehículos y seguridad ciudadana, mismo que son cubiertos con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), con un presupuesto de funcionamiento y mantenimiento directo, vinculado a una aprobación y ejecución presupuestaria y programación de operaciones, por lo que dichas cuentas reflejan únicamente movimientos de ingreso de transferencias del Estado en el sistema SIGMA; mientras que los servicios de seguridad privada, es una venta de servicios de seguridad que por disposición expresa de la Resolución Suprema Nº 227336 de 21 de mayo de 2007, tiene una cuenta separada del presupuesto general, por lo que estos recursos no ingresan al TGN y no se tiene conocimiento de cómo es que se gestan y si efectivamente están destinados conforme establece las Resoluciones Supremas Nº 226320 de 13 de marzo de 2006 y la citada Nº 227336.

c) Vulneración al debido proceso y defensa previstos en el art. 115.II de la CPE; la resolución de la AGIT carece de fundamentación al no considerar en su totalidad los datos y los elementos probatorios del proceso, por cuanto refiere que “la litis está vinculada a los servicios que presta la institución Estatal y no a la realidad económica de la institución” (sic) y que “el Batallón de Seguridad Física estaría compitiendo injustamente en el mercado con el sector privado (…) no es de índole tributaria ni corresponde ingresar al análisis de la misión que tiene dicha institución; no siendo estas situaciones competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria conforme al art. 197 del Código Tributario” (sic); por cuanto consta en antecedentes que la Policía Boliviana desempeña actividades comerciales de forma habitual y que en estricta valoración de la realidad económica y verdad material, la actividad económica por la prestación de servicios de seguridad física, debió ser analizada y considerada conforme al art. 8.II inc. b) del Código Tributario boliviano (CTb) y el art. 72 de la Ley Nº 843 que determina que el ejercicio o servicio de cualquier otra actividad lucrativa o no cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, estará alcanzado por el IT y que el hecho imponible se perfeccionará, en caso de prestación de servicios u otras prestaciones de cualquier naturaleza, en el momento que se facture, se termine total o parcialmente la prestación convenida o se perciba total o parcialmente el precio convenido, lo que ocurra primero.

Además, el parágrafo Tercero de la Resolución Suprema Nº 226320 de 13 de marzo de 2006, prevé que los recurso propios generados por los Batallones de Seguridad Física (privada), por el servicio que prestan a instituciones de  carácter privado, será depositados en la cuenta de TGN y estarán destinados al pago de haberes, beneficios, dotación y otros.

d) Inobservancia del principio de igualdad como principio rector en materia tributaria; por cuanto la AGIT libera a la Policía Nacional del cumplimiento material del pago del IT de manera incoherente a la verdadera realidad económica del contribuyente, frente a todos los contribuyentes, incurriendo en beneficio indebido e incumplimiento de la normativa tributaria aplicable.

Solicita que se declare probada la demanda y en consecuencia, revocar totalmente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0810/2016 de 19 de julio, manteniendo firme y subsistente la Resolución Determinativa 17-0001-16, CITE: SIN/GDLP-II/DF/VI/2331/2015 de 30 de diciembre.

2. Contestación y petitorio

Daney David Valdivia Coria en representación de la AGIT demandada, se apersona al proceso el 14 de febrero de 2017, mediante escrito de fs. 80 a 87 y responde la demanda en forma negativa, con los siguientes argumentos:

a) Se dejó sin efecto la deuda tributaria de Bs1.311.- (mil, trescientos once 00/100 bolivianos), equivalentes a 626 UFV que incluye tributo omitido, intereses y sanción por omisión de pago, correspondiente al IT por los periodos fiscales octubre y noviembre de 2010, establecido mediante Resolución Determinativa 17-0001-16 con CITE: SIN/GDLP-II/DF/VI/2331/2015 de 30 de diciembre, fundamentando el hecho que debido a la naturaleza del sujeto pasivo, prevista en los arts. 252 de la CPE, 4 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (LOPN) y el Artículo Único del Decreto Presidencial Nº 2225, que respaldan la exención debido a que el Comando General de la Policía Boliviana, es una instancia dependiente del Estado que efectúa servicios de seguridad regulados por las Resoluciones Suprema Nº 226320 de 13 de marzo de 2006 y Nº 227336 de 21 de mayo de 2007 y conforme al art. 76 inc. d) de la Ley Nº 843, sus servicios se encuentran exentos de la obligación del IT.

b) Pese a que la Policía Boliviana emitió las facturas 8597 y 8808 de octubre y noviembre de 2010, por servicios de seguridad prestados a BOLIVIANA BIENES RAICES BBR S.A., actividad que constituye operación comerciales a través del Batallón de Seguridad Privada, no es menos cierto que en materia de exenciones, la realización del hecho imponible ya no se traduce en el mandato de pago que la norma tributaria originalmente ha previsto y ante la dispensa contenida en el art. 76 inc. d) de la Ley Nº 843, el sujeto pasivo queda liberado del cumplimiento material del tributo, es decir, del pago del mismo.

c) Aunque el sujeto pasivo presentó el Formulario 400 con Orden Nº 13166308 por el periodo fiscal noviembre de 2010 y otros de gestiones anteriores, conforme al art. 78 del CTb, las Declaraciones Juradas son reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes la suscriben, éste aspecto queda sin efecto porque la exención está dada por Ley; sumado a ello, de la revisión a la Consulta de Padrón, se advierte que el Comando General de la Policía Boliviana se encuentra inscrito desde 1 de enero de 1985, con Número de Identificación Tributaria (NIT) 121989025, con actividad principal de “Administración Pública y Defensa, Planes de Seguridad Social y Afiliación Obligatoria”, teniendo como obligaciones tributarias, únicamente el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Régimen Complementario al IVA (RC-IVA).

Solicita declarar improbada la demanda, manteniendo firme la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0810/2016 de 19 de julio.

II. ANTECEDENTES PROCESALES EN SEDE ADMINISTRATIVA

1.- El 22 de septiembre de 2015 la administración tributaria notificó la Orden de Verificación Nº 2515OVI00046 a la Policía Boliviana, respecto al débito fiscal IVA y su efecto en el IT, por los periodos fiscales octubre y noviembre de 2010 (fs. 4 a 9 Anexo 1).

2.- El Detalle de Compras y Ventas de los Batallones de Seguridad Física, por los periodos fiscales octubre y noviembre de 2010, contiene la información del IVA a pagar, de octubre Bs1.712.456,44.- (un millón, setecientos doce mil, cuatrocientos cincuenta y seis 44/100 bolivianos) y de noviembre Bs1.231.613,24.- (un millón, doscientos treinta y un mil, seiscientos trece 24/100 bolivianos) (fs. 73 y 74 Anexo 1). 

3.- En  la Consulta de Padrón del SIN, la Policía Boliviana, inscrita desde el 22 de julio de 1996, tiene como actividad principal “Administración Pública y Defensa, Planes de Seguridad Social y Afiliación Obligatoria” y como obligaciones tributarias el IUE, IVA y RC-IVA (fs. 10 a 13 Anexo 1).

4.- Mediante Informe CITE: SIN/GDLPZ-II/DF/VI/INF/6396/2015 de 20 de noviembre, la administración tributaria señala que de la verificación realizada sobe base cierta, conforme el art. 43.I del CTb, en base a la información del SIRAT-2, reportes del sistema GAUSS contrastados con la documental presentada por el sujeto pasivo, se determinó la existencia de ingresos no declarados por Facturas de Ventas emitidas y no declaradas por IT (fs. 195 a 199 Anexo 1).

5.- El 20 de noviembre de 2015 se emite la Vista de Cargo 29-0418-15 con CITE: SIN/GDLPZ-II/DF/VI/VC/460/2015, que establece una deuda tributaria por concepto de IT, sobre base cierta de 620 UFV equivalentes a Bs1.294.- (mil, doscientos noventa y cuatro bolivianos) que incluye tributo omitido actualizado, intereses, sanción y omisión de pago; dicho acto administrativo hace referencia al art. 156 del CTb, sobre la reducción en el pago, 80% antes de la notificación de la Resolución Determinativa o Sancionatoria, 60% después de notificada las mismas y antes de la presentación del recurso ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) y 40% después de notificada la Resolución de la ARIT y antes de la presentación del recurso a la AGIT; además del plazo de 30 días calendario para presentar documentos de descargo en caso de objeción a las observaciones de la Vista de Cargo (fs. 200 a 205 Anexo 1 y 2).

6.- El Informe Complementario CITE: SIN/GDLPZ-II/DF/VI/INF/ 8142/2015 de 30 de diciembre, informa que el contribuyente no presentó descargo alguno ni pagó la deuda contenida en la Vista de Cargo y recomienda la emisión de la Resolución Determinativa (fs. 213 Anexo 2).

7.- El 30 de diciembre de 2015, la Administración Tributaria emite la Resolución Determinativa 17-0001-16, contenida en el CITE: SIN/ GDLPZ-II/DF/VI/RD/2331/2015, que resuelve determinar de oficio sobre base cierta las obligaciones del contribuyente Policía Boliviana con NIT 121989025, por 383 UFV, equivalentes a Bs800.- (ochocientos 00/100 bolivianos), correspondientes al IT por los periodos octubre y noviembre de 2010; y, declara no pagada la sanción del tributo omitido al IT de dichos periodos fiscales, por Bs511.- (quinientos once 00/100 bolivianos) y la sanción al 100% por la omisión de pago, ascendiendo el total de la deuda tributaria a 626 UFV, equivalentes a Bs1.311.- (mil, trescientos once 00/100 bolivianos) (fs. 217 a 222 Anexo 2).

8.- Formulado el recurso de alzada por el contribuyente contra la  Resolución Determinativa 17-0001-16 (fs. 119 a 123 vta. Anexo 3), la ARIT pronuncia la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0374/2016 de 29 de abril, que revoca totalmente la Resolución Determinativa y deja sin efecto el tributo omitido, más intereses y multa por omisión de pago correspondientes al IT de octubre y noviembre de 2010 de la Policía Boliviana, de conformidad con el art. 76 inc. d) de la Ley Nº 843 (fs. 172 a 184 vta. Anexo 3).

9.- Formulado el recurso jerárquico por la Gerencia Distrital La Paz II del SIN (fs. 190 a 196 vta. Anexo 3), la AGIT emite la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0810/2016 de 19 de julio, que confirma la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0374/2016 de 29 de abril, dejando sin efecto la deuda tributaria establecida en la Resolución Determinativa 17-0001-16 de 30 de diciembre de 2015, contenida en el CITE: SIN/GDLPZ-II/DF/VI/RD/ 2331/2015 (fs. 225 a 142 Anexo 3).

III. PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Del análisis del contenido de la demanda contenciosa administrativa de la Administración Tributaria, se evidencia que la misma impugna la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0810/2016 de 19 de junio, pronunciada por la AGIT, que confirma la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0374/2016 de 29 de abril, que revoca totalmente  la Resolución Determinativa 17-0001-16 de 30 de diciembre de 2015, pronunciada por la Gerencia Distrital La Paz II del SIN, dejando sin efecto el tributo omitido, más intereses y multa por omisión de pago de los periodos fiscales octubre y noviembre de 2010, verificados al contribuyente Policía Boliviana con NIT 121989025; y, que la pretensión de la Administración Tributaria en el presente proceso contencioso administrativo, se circunscribe a determinar si la Policía Boliviana por  los servicios que prestan los Batallones de Seguridad Física se encuentra o no exenta de pagar el IT; y, en consecuencia, establecer si la AGIT, aplicó correctamente la normativa contenida en los arts. 115.II, 251 y 252 de la CPE, 72 y 76 inc. d) de la Ley Nº 843, 2 inc. d) del DS Nº 21532 (Reglamento al IT) y Resolución Suprema Nº         227336, al confirmar la decisión de Alzada de dejar sin efecto el tributo omitido, intereses y multa por omisión de pago.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL PERTINENTE

De acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto.

Sobre los principios de verdad material y debido proceso

La presente Sentencia, aplica el principio de verdad material previsto en el art. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE), desarrollado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, entre otras, como: “…aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que, todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos a dar aplicación, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal”; en ese sentido, dicho principio forma parte del bloque de constitucionalidad imperante y debe estar implícito en todos los ámbitos de la vida jurídica.

En cuanto al derecho al debido proceso, consagrado por el art. 115.II de la CPE, constituye una garantía constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos que rigen un proceso judicial, administrativo o corporativo, vinculados a todas las formas propias del mismo y a las leyes preexistentes, para materializar la justicia con base en la igualdad de condiciones de los sujetos intervinientes, de conformidad con el art. 119.I de la Ley Fundamental; el debido proceso tiene dos perspectivas; de un lado, se trata de un derecho en sí reconocido a todo ser humano; y de otro, es una garantía jurisdiccional a favor de toda persona para asegurar el ejercicio de sus derechos en las instancias administrativas, jurisdiccionales o jurisdicciones especiales.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: “En opinión de esta Corte, para que exista «debido proceso legal» es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal”.

El art. 74 del CTb establece: “los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del Derecho Administrativo y se sustanciaran y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el presente Código…”, de tal forma que a los procedimientos tributarios administrativos (conjunto de formalidades de orden jurídico que se establecen para poder emitir una resolución o acto administrativo tributario por parte de la autoridad administrativa tributaria), son aplicables los principios que se encuentran en la Ley del Procedimiento Administrativo (LPA), entre otros el contenido en el 4 inc. d), el de “verdad material”, entendido como la obligación de la administración de investigar la verdad material en oposición a la verdad formal, en virtud del cual la decisión de la administración debe ceñirse a los hechos y no limitarse únicamente al contenido literal del expediente, incluso más allá de lo estrictamente aportado por las partes, siendo obligación de la administración la averiguación total de los hechos, sin restringir su actuar a simples actuaciones de carácter administrativo formal que no son suficientes para asumir decisiones.

Sobre el Impuesto a las Transacciones y las actividades de la Policía Boliviana a través de los Batallones de Seguridad Física

El IT constituye un impuesto a las actividades económicas (comercio, industria, profesión u oficio, alquiler, etc.) y se aplica a cualquier tipo de persona natural o jurídica que tiene ingresos; grava el 3% de todo ingreso bruto; es decir, el ingreso sin ningún descuento; dicho porcentaje que debe ser pagado, no es susceptible de compensación con las facturas de compra como es el caso del IVA; sólo puede ser compensado con el Impuesto anual a las Utilidades de las Empresas (IUE).

Conforme el art. 16 del CTb, referido al hecho generador que se traduce en aquella actividad que da razón a la actividad económica o hecho que da origen a la obligación tributaria, para el caso del IT, dicho hecho generador es precisamente la transacción o incremento patrimonial; además, se entiende por transacción cualquier operación de compra o venta de un bien o servicio realizado en territorio boliviano, de ello se infiere que las personas que pagan el IT, son todas aquellas que  realicen las actividades económicas señaladas como empresas públicas y privadas, sociedades con o sin personería jurídica y unipersonales.

Por su parte, el art. 72 de la Ley Nº 843, establece que el ejercicio en el territorio nacional, del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad - lucrativa o no - cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, estará alcanzado con el IT; el art. 73 del citado Texto Ordenado, determina que son contribuyentes del impuesto las personas naturales y jurídicas, empresas públicas y privadas y sociedades con o sin personalidad jurídica, incluidas las empresas unipersonales; y, el art. 76 inc. d) del mismo texto legal, en cuanto los que están exentos del pago de este gravamen, prevé: a) El trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, con remuneración fija o variable; b) El desempeño de cargos públicos; (…) d) Los servicios prestados por el Estado Nacional, los departamentos y las municipalidades, sus dependencias, reparticiones descentralizadas y desconcentradas, con excepción de las empresas públicas; (…)”.

La Policía Boliviana depende del Estado Boliviano, así determina el art. 252 de la CPE que señala: “Las Fuerzas de la Policía Boliviana Dependen de la Presidencia o del Presidente del Estado por intermedio de la Ministra o Ministro de Gobierno”; por su parte el art. 4 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Ley 734 de abril de 1985, prevé: “La Policía Nacional depende del Presidente de la Republica, quien ejerce autoridad por intermedio del Ministerio del Interior, Migración y Justicia”, mientras que el Decreto Presidencial 2225 de 19 de diciembre de 2014, en su Único Considerando y en concordancia con el art. 251 de la CPE, en su párrafo primero determina: “Que al Párrafo I del Artículo 251 de la CPE, dispone que la Policía Boliviana como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano, ejerciendo la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad con la ley Orgánica de la Policía Nacional y las demás leyes del Estado”.

Además, la parte resolutiva tercera de la Resolución Suprema Nº  226320 de 13 de marzo de 2006, establece que: “A partir de la presente resolución Suprema, todos los recursos propios generados por los Batallones de Seguridad Física (privada) por el servicio que prestan a instituciones  de carácter privado, serán depositados en la Cuenta del Tesoro General de la nación “Cuenta TGN 111 (Otros)” de la Policía Nacional, que será manejada como cuenta separada del presupuesto General de la Policía Nacional, cuyo destino exclusivo será el pago de haberes, beneficios, dotación y otros que correspondan al funcionamiento de los indicados batallones” ; y, la Resolución Suprema 227336 de 21 de mayo de 2007, dispone: “Que los recursos generados por los batallones de Seguridad Física (Privada), del país, provienen de ingresos propios financiados con fuente 111 “TGN  Otros Ingresos”, los mismos que deben cubrir todos los gastos que demanda en los indicados Batallones, para cuyo propósito se cuenta con una categoría programática especifica dentro del presupuesto de la Policía Nacional”.

De ello se infiere que los Batallones de Seguridad Física Policial, según la Ley  Orgánica de la Policía Nacional, pertenecen a una Unidad de Orden y Seguridad dependiente del Comando General de la Policía, pero que por su naturaleza prestan Servicios de Seguridad Física a la Sociedad Civil, es decir, a las Cooperativas, Bancos, diferentes eventos sociales, privados o públicos, etc.), como actividad económica que se traduce en la prestación de un servicio de seguridad física a terceros, ya sean privados o públicos, que genera un ingreso y por tanto un incremento para la institución, además de la presupuestada por el nivel central del Estado, situación que se traduce en la existencia del hecho generador previsto por el art. 2 inc. d) del DS Nº 21532 de 27 de febrero de 1987, Reglamento al IT.

Inclusive, con relación al IUE, el DS 24051, prevé: b) sujetos no obligados a presentar registros contables: Las entidades exentas de Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas IUE, de conformidad a lo dispuesto por Ley, siempre y cuando no realicen actividades comerciales; por su parte, el art. 49 de la Ley 843, establece la dispensa legal del IUE, encontrándose exentas de este impuesto: a) Las actividades del Estado Nacional, las Prefecturas Departamentales, los Municipios, las Universidades Públicas y las entidades o instituciones pertenecientes a las mismas, salvo aquellas actividades comprendidas dentro el Código de Comercio; y, la Sala Plena de éste Tribunal Supremo de Justicia, respecto al IUE de un Batallón de Seguridad Física, en la Sentencia 179/2015 de 19 de mayo estableció: “…servicios por los cuales al ser una unidad desconcentrada del Comando General de la Policía, según lo establece el art. 10 de la Ley Nº 734, realiza cobros de dinero por la prestación de los mencionados servicios a terceros, generando utilidades a dicha entidad y encontrándose por ende cumplido el presupuesto establecido por el art. 37 de la Ley Nº 843 para ser considerado como sujeto pasivo del Impuesto a las Utilidades de las Empresas, puesto que el pago como contraprestación del servicio prestado por el Batallón de Seguridad Física del Beni o de cualquier otra entidad, empresa o institución ya sea pública o privada, constituye una utilidad para la misma, y en consecuencia un hecho generador del tributo definido por el art. 36 de la Ley Nº 843…”.

Ahora bien, éste Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia 077/2017 de 3 de abril, estableció: “…En base a los antecedentes y la normativa descrita precedentemente, se tiene la certidumbre el Comando General de la policial Boliviana, es una entidad que forma parte del Estado Boliviano y que sus ingresos o recursos generados por los Batallones de Seguridad Física Privada, no son en beneficio de particulares sino de la Policía Boliviana, por lo que de acuerdo a lo estatuido por el art. 76. d) de la Ley N° 843 (TO), los servicios que presta se encuentran exentos del pago del Impuesto a las Transacciones (IT), como acertadamente se determinó el sede administrativa, no siendo por tanto evidente lo alegado sobre este punto por la institución demandante”.

V. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

Con base en el análisis jurídico legal y jurisprudencial contenido precedentemente y la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico, corresponde realizar el control judicial de legalidad sobre la Resolución Jerárquica de la AGIT, y analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos en la demanda.

De la revisión de antecedentes, se evidencia que la Administración Tributaria, emitió la Resolución Determinativa 17-0001-16, contenida en el CITE: SIN/GDLPZ-II/DF/VI/RD/2331/2015, que determina sobre base cierta la obligación de la Policía Boliviana, con NIT 121989025, por 383 UFV, equivalentes a Bs800.- (ochocientos 00/100 bolivianos), correspondientes al IT por los periodos octubre y noviembre de 2010; y, declara no pagada la sanción del tributo omitido al IT de dichos periodos fiscales, por Bs511.- (quinientos once bolivianos) y la sanción al 100% por la omisión de pago, ascendiendo el total de la deuda tributaria a 626 UFV, equivalentes a Bs1.311.- (mil, trescientos once 00/100 bolivianos).

De ello se infiere que en observancia del principio de verdad material y resguardo de los derechos al debido proceso, los Batallones de Seguridad Física que prestan servicios en cada departamento a través de los Comandos Departamentales de Policía, realizan una actividad económica al prestar los servicios de seguridad física.

Respecto al art. 76. d) de la Ley Nº 843 referente a la exención del pago del IT, corresponde dejar claramente establecido que de la interpretación literal de  las exenciones en materia tributaria, conforme el art. 8 del CTb, resulta necesario considerar la naturaleza del sujeto pasivo, y en ese entendido, de conformidad con los arts. 252 de la CPE, 4 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional y el artículo único del Decreto Presidencial 2225, que establecen que Comando General de la Policía Boliviana, es una instancia dependiente del Estado que efectúa servicios de seguridad que se encuentran regulados par las Resoluciones Supremas Nº 226320 y Nº 227336, por lo que de acuerdo a lo previsto en el citado art. 76. d) de la Ley Nº 843, los servicios que presta se encuentran exentos de la obligación del IT; por cuanto no se puede interpretar de manera extensiva a la norma que prevé una exención y pese a que la verificación de la Administración Tributaria, determinó la existencia de ingresos y emisión de facturas por servicios de seguridad prestados al BOLIVIANA BIENES RAICES BBR S.A., como actividad comercial a través del Batallón de Seguridad Privada, conforme establece el art. 72 de la Ley Nº 843, estaría alcanzado por el IT, empero, no es menos cierto que en tema de exenciones, la realización del hecho imponible y la configuración del hecho generador del IT, no pueden desconocer la dispensa otorgada en el citado art. 76 inc. d) de la Ley Nº 843, de tal forma que el sujeto pasivo, dada su naturaleza, queda liberado o exento del cumplimiento material del tributo.

En ese contexto, se concluye que los Batallones de Seguridad Física que dependientes de la Policía Boliviana y que prestan servicios en cada departamento a través de los Comandos Departamentales de Policía, realizan una actividad económica al prestar los servicios de seguridad física; empero, en aplicación de las normas citadas están exentos de pagar el IT correspondiente.

Por lo expuesto, se establece que la AGIT, al pronunciar la Resolución impugnada confirmando la Resolución de Alzada y dejando sin efecto el tributo omitido determinado por la Administración Tributaria mediante Resolución Determinativa 17-0001-16 de 30 de diciembre de 2015, contra la Policía Boliviana por los servicios que prestan los Batallones de Seguridad Física, realizó una correcta interpretación de la normativa aplicable al caso concreto.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contencioso Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en los arts. 2.2 y 4 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, en virtud de los fundamentos expuestos, en única instancia, declara IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa de fs. 1 a 10, presentada por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales; en consecuencia, mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0810/2016 de 19 de julio, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.  

Por Secretaría de Sala, procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a éste Tribunal y sea con nota de atención.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.