SENTENCIA Nº 80/2018


Expediente                                : 041/2016-CA

Demandante                        : Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional

Demandado                        : Autoridad General de Impugnación Tributaria

Tipo de proceso                        : Contencioso Administrativo

Resolución Impugnada        : AGIT-RJ Nº 1911/2015 de 16 de noviembre

Magistrado Relator                : Dr. Esteban Miranda Terán

Lugar y fecha                        : Sucre, 17 de agosto de 2018

____________________________________________________________

Pronunciada dentro del proceso contencioso administrativo seguido por Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (AN) contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).

VISTOS: La demanda contencioso administrativa de fs. 44 a 51 vta., presentada por María Sonia Rojas Zambrana, en representación legal de la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la AN, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ Nº 1911/2015 de 16 de noviembre, pronunciada por la AGIT; la providencia de admisión de fs. 52; la contestación de fs. 75 a 82 y su presentación vía fax de fs. 56 a 70; por renunciado el derecho a la réplica conforme proveído de fs. 104; notificación al tercero interesado a fs. 154; los antecedentes del proceso y de emisión de la Resolución impugnada.

I. CONTENIDO DE LA DEMANDA

I.1. Antecedentes Administrativos del Proceso.

I.1. Resolución Administrativa

La Aduana Interior Cochabamba de la AN emitió la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI Nº 0200/2015 de 17 de marzo, que declaró probado en parte el contrabando contravencional por la mercancía comisada según Acta de Intervención Contravencional Nº COARCBA-C-0018/2015, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita como no amparada, detallada en los ítems 3, 5, 6, 9, 11, 12 y 13; y la devolución de los ítems 1, 2, 4, 7, 8 y 10 por tratarse de mercancía nacional; asimismo, impuso la multa de 18.409,20 UFV, en sustitución del comiso del medio de transporte, monto que corresponde al 50 % de la mercancía considerada como contrabando, en aplicación del art. 181.III del Código Tributario Boliviano (CTB), conforme consta de fs. 170 a 183 del citado Anexo 1 de antecedentes administrativos.

I.2. Resolución Administrativa del Recurso de Alzada

Ante el recurso de alzada interpuesto por Wilson Limachi Salinas, en representación legal de la Empresa Compañía de Alimentos Ltda., resuelto por la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA Nº 0643/2015 de 03 de agosto de fs. 117 a 129 del Anexo 2 de antecedentes administrativos, que confirmó la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI Nº 0200/2015 de 17 de marzo emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la AN, en aplicación del art. 212.I.b) del CTB.

I.3. Resolución Administrativa del Recurso Jerárquico

Interpuesto el recurso jerárquico por el representante legal de la Empresa Compañía de Alimentos Ltda., la AGIT mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ Nº 1911/2015 de 16 de noviembre de fs. 178 a 187 del Anexo 2, revocó parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA Nº 0643/2015 de 03 de agosto; consecuentemente deja sin efecto el comiso de la mercancía descrita en los ítems 3, 5 y 6 de la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI Nº 0200/2015 de 17 de marzo, manteniendo firme y subsistente el comiso de la mercancía descrita en los ítems 9, 11, 12 y 13 de la citada Resolución Administrativa; todo de conformidad a lo previsto en el art. 212.I.a) del CTB.

II. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.

Señala que la AGIT admitió y valoró prueba extemporánea ingresada al proceso, que no cumplen con las formalidades y requisitos previstos por Ley para poder ser admitidas, más aún, cuando a pesar de habérseles otorgado la posibilidad de prestar el respectivo juramento de reciente obtención, señalando día y hora para el efecto, el sujeto pasivo no se hizo presente; es decir, que no ha presentado el juramento de reciente obtención, por lo que, no demostró que la documentación no fue por culpa suya y la presentación del correspondiente juramento de reciente obtención.

Continúa señalando que la Resolución Jerárquica adolece de falta de fundamentación y motivación legal porque estableció que no era necesario el juramento de reciente obtención, ni la justificación de su presentación en instancia recursiva, sin explicar o fundamentar jurídicamente los motivos por los cuales llega a esa conclusión excesiva de apartarse de lo dispuesto por la normativa tributaria y la jurisprudencia constitucional establecida, vulnerando la garantía del debido proceso, puesto que debía exigir el cumplimiento de los requisitos y formalidades mínimamente exigidas para permitir el ingreso de prueba extemporánea dentro del proceso.

Petitorio.

Concluye solicitando, se revoque lo indebidamente resuelto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ Nº 1911/2015 de 16 de noviembre; y en consecuencia mantener firme y subsistente la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI Nº 0200/2015 de 17 de marzo, emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la AN.

III. ARGUMENTOS DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

Que admitida la demanda mediante providencia de 24 de febrero de 2016, es corrida en traslado a la autoridad demandada y al tercer interesado, quienes fueron legamente citados, apersonándose Daney David Valdivia Coria, en representación legal de la AGIT, para responder negativamente a la acción incoada en su contra, manifestando que:

Previa transcripción de los antecedentes administrativos, señala que en cuanto a la oportunidad de las pruebas presentadas en instancia administrativa, corresponde señalar que de la relación de hechos, se advierte que durante el Operativo, según consta en el Acta de Comiso Nº 1435, se presentó fotocopias legalizadas de las DUIs C-20533 y C-25564; una vez notificada con el Acta de Intervención Contravencional Nº COARCBA-C-0018/2015, el 11 de febrero de 2015, en los tres días hábiles posteriores a la notificación, es decir, el 18 de febrero de 2015, según lo dispuesto por el art. 98 del CTB, presentó descargos adjuntando las DUIs Nos. C-8828, C-32356, C-28501 y las facturas de consumo interno Nos. 279, 276, 13648, 13649, 13408, 1675, 18278 y 196, por lo que se desvirtúa el argumento del sujeto pasivo sobre alguna imprecisión de la Resolución de Alzada relacionada con el plazo de la presentación de dichos documentos ante la Administración Aduanera, al ser evidente que dichas facturas fueron presentadas de forma posterior a la notificación con el Acta de Intervención.

Continúa indicando que, si bien la documentación presentada por el sujeto pasivo fue obtenida el 18 de junio de 2015, la misma responde a la observación de la Administración Aduanera consignada en la Resolución Administrativa, que afirma que no se pudo encontrar relación alguna entre industria de envases Florida SA e industrias Ravi SA, por lo que no le fue posible determinar si los productos que contienen la etiqueta que hace mención a industria de envases Florida SA, son de producción nacional o extranjera, por lo que se establece que dicha prueba cumple con los arts. 81 del CTB, no siendo necesario el juramento de reciente obtención, ni la justificación de su presentación en instancia recursiva, y no así en instancia administrativa, pues en el acto administrativo impugnado en instancia de Alzada, se puso en conocimiento del sujeto pasivo que dicha prueba permitiría desvirtuar la observación; asimismo, al ser documentación presentada en original y copia legalizada, conforme el art. 217.a) del citado Código, corresponde su valoración respectiva.

Respecto a la transgresión al debido proceso alegado por la parte demandante; previa transcripción de la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0347/2012 de 22 de junio, señala que, la fundamentación y motivación de toda Resolución Administrativa o Judicial no requiere de ampulosos considerandos, tal como señala también la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 532/2014 de 10 de marzo y conforme las Sentencias citadas, se puede verificar que los argumentos del demandante no son evidentes, de modo que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ Nº 1911/2015 de 16 de noviembre fue dictada en estricta sujeción a lo solicitado por las partes, los antecedentes del proceso y la normativa aplicable al caso, por lo que se ratifican en todos y cada uno de los fundamentos de la Resolución Jerárquica impugnada; concluyendo que la demanda contencioso administrativa incoada, carece de sustento jurídico-tributario, siendo evidente que no existe agravio ni lesión de derechos que se le hubieron causado con la emisión de la Resolución ahora impugnada.

Finaliza citando, como doctrina tributaria del sistema SIDOT V.3 de la Administración Tributaria, entre otras Resoluciones Jerárquicas, la siguiente: STG-RJ Nº 0288/2007 y como jurisprudencia la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 532/2014 de 10 de marzo.

Petitorio

Concluye solicitando se dicte sentencia declarando improbada la demanda planteada; manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ Nº 1911/2015 de 16 de noviembre emitida por la AGIT.

Réplica y Dúplica

De acuerdo al proveído de 8 de noviembre de 2016 cursante a fs. 104 de obrados, se advierte que la parte demandante no hizo uso a su derecho a la réplica, por lo que se dio por renunciado ese derecho y mediante proveído de 26 de mayo de 2017 de fs. 157 de obrados, al no existir nada más que tramitar, se decretó Autos para sentencia.

IV. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO.

Problemática Planteada.

En el caso de autos, el objeto de la presente controversia radica en determinar si la prueba admitida y valorada por la AGIT cumplió con las formalidades y requisitos establecidos por ley, respecto a la mercadería descrita en los ítems 3, 5 y 6 de la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI Nº 0200/2015 de 17 de marzo emitida por la Administración Aduanera, para ser considerada por la autoridad demandada o en su defecto debió ser rechazada.

Análisis y fundamentos legales aplicables al caso en concreto.

Previamente corresponde recordar que el art. 181 del CTB, establece que: “Comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: b) realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales; y en el inciso g) la tenencia o comercialización de mercancías extranjera sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita”.

Continuando con el CTB, el art. 81 establece: “Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes:

  1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.
  2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa.
  3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con juramento de reciente obtención” (sic), asimismo es preciso señalar que, el art. 217 del citado CTB, señala: Se admitirá como prueba documental: a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente.

Finalmente, corresponde indicar que, el DS Nº 708 de 24 de noviembre de 2010 en su art. 2.- “Traslado interno de Mercancías”, señala que:

“El traslado interno, interprovincial e interdepartamental de mercancías nacionalizadas dentro del territorio aduanero nacional por el importador, después de la autorización del levante, deberá ser respaldado por la declaración de mercancías de importación.

Las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la respectiva factura de compra verificable con la información del Servicio de Impuestos Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto de decomiso por parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero”.

Resolución del caso concreto.

Bajo la normativa precedentemente expuesta y los antecedentes administrativos, se advierte que el 8 de enero de 2015, efectivos del COA, emitieron el Acta de Comiso Nº 01435 por el decomiso preventivo de 20 turriles de esencia concentrada (saborizantes) y 14 bolsas de 50 libras de VITEX de procedencia extranjera, que transportaba un camión furgón conducido por Ramiro Gutiérrez Usnayo; sin embargo, de acuerdo a dicha Acta de Comiso, se presentó fotocopias legalizadas de las DUIs Nos. C-20533 y C-25564; posteriormente fue notificada con el Acta de Intervención Contravencional Nº COARCBA-C-0018/2015, el 11 de febrero de 2015, por lo que presentó sus descargos a los tres días hábiles posteriores a su notificación; es decir, conforme el plazo establecido en el art. 98 del CTB, adjuntando las DUIs Nos. C-8828 de fecha 4 de abril de 2014, C-32356 de 26 de noviembre de 2014, C-28501 de 21 de octubre de 2014 y las facturas de consumo interno Nos. 279, 276, 13648, 13649, 13408, 1675, 18278 y 196 (ver fs. 39 a 49, 54 a 55 del Anexo 1), por lo que no resulta evidente que la presentación de dichos documentos ante la Administración Aduanera hayan sido presentados en forma extemporánea, puesto que, de acuerdo al memorial de fecha 18 de febrero de 2015, la presentación de los descargos citados fue como ya se señaló, dentro del plazo establecido por el art. 98 del CTB (ver sello de recepción a fs. 28 del Anexo 1).

Asimismo, respecto a los ítems 3, 5 y 6, la Empresa de Compañía de Alimentos Ltda., como ya se explicó ut supra, presentó las facturas Nos. 279, 276, 1675 y 196, cursantes a fs. 39, 40, 44 y 46 del Anexo 1; respectivamente las cuales si bien fueron observadas por la entidad ahora demandante porque estableció que en dicha mercancía no se consigna la industria y tales productos fueron elaborados por la Industria de Envases Florida SA para su cliente Delizia pero las referidas facturas fueron emitidas por Industrias RAVI SA, sin encontrar algún grado de vinculación entre la Empresa Industrias Ravi SA y la Industria de Envases Florida SA, por lo que no se pudo determinar si los productos que contienen la etiqueta que menciona a Industria Envases Florida SA sean de producción nacional o extranjera; empero, el sujeto pasivo durante la tramitación del recurso de alzada, presentó en calidad de pruebas de reciente obtención la nota CITE S.P./339/15 de Industrias RAVI SA, en la que comunica la fusión por absorción de las Sociedades Industrias RAVI SA, que incorpora a Industria de Envases Florida SA, fotocopia legalizada del Testimonio de Fusión Nº 3071/2006 y el muestrario fotográfico de las etiquetas de Industria de Envases Florida SA y de los productos, conforme se evidencia de fs. 76 a 96 del Anexo 2, por lo que ameritó el proveído de 24 de junio de 2015, que estableció audiencia de juramento de prueba de reciente obtención en dependencias de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Cochabamba, conforme consta a fs. 99 del citado Anexo 2 de antecedentes administrativos; sin embargo, al no haberse presentado el representante legal de la Compañía de Alimentos Ltda., se la declaró desierta la referida audiencia y no consideró dichas pruebas la ARIT regional Cochabamba.

De lo anteriormente expuesto, es menester considerar que, si bien incumplió con el formalismo de juramento de reciente obtención; sin embargo, se debe considerar que, el art. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE) expresamente establece entre sus principios que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, el principio de verdad material, y dicho principio es concordante con los arts. 4.d) de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) que señala: “La administración pública investigará la verdad material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil” y 30.11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) que indica, entre los principios que se sustenta la jurisdicción ordinaria, se encuentra el principio de verdad material que: “Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa solo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, en estricto cumplimiento de las garantías procesales” (las negrillas son añadidas).

Así referidas las normas y los principios inmersos en la labor interpretativa, debe entenderse por verdad material aquel acontecimiento, conjunto de acontecimientos o situaciones fácticas que condicen con la realidad de los hechos, entendiéndose que en el nuevo marco constitucional la búsqueda y el logro de la verdad material se constituye en principio y objetivo primordial del procedimiento que culmina en una decisión justa y adecuada.

En ese contexto normativo, la certidumbre de los criterios vertidos en el ámbito constitucional resulta plenamente ajustables al proceso contencioso administrativo, cuyo fin vislumbra que las personas o entidades a quienes va dirigida la norma, conozcan el rango y los límites de protección jurídica de sus actos, por lo que en el caso de autos se se reclama que no correspondía la valoración de la prueba porque la documentación presentada por el sujeto pasivo no cumplió con el requisito de juramento de prueba de reciente obtención; sin embargo, en aplicación al principio constitucional de verdad material, ampliamente descrito ut supra, corresponde dar al sujeto pasivo una respuesta justa, de acuerdo a la búsqueda y el logro de la verdad material sobre la formal; es decir, como ocurrieron en verdad los hechos del presente caso; es por tal motivo, que de acuerdo a la correcta valoración que realizó la AGIT respecto a la prueba descrita líneas arriba, es que se advirtió que la documentación presentada por la Empresa Compañía de Alimentos Ltda., fue obtenida recién en fecha 18 de junio de 2015; es decir, fecha posterior a la que se emitió la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI Nº 0200/2015 de 17 de marzo, por lo que de acuerdo a la referida fecha de obtención de la prueba, se advierte que cumplió con el requisito de oportunidad para la correspondiente aceptación y apreciación de la misma, además que dicha prueba fue presentada en original, por lo que fue correctamente valorada conforme el art. 217 del CTB, y dicha prueba (nota CITE S.P./339/15 de Industrias RAVI SA, en la que comunica la fusión por absorción de las Sociedades Industrias RAVI SA, que incorpora a Industria de Envases Florida SA, fotocopia legalizada del Testimonio de Fusión Nº 3071/2006 y el muestrario fotográfico de las etiquetas de Industria de Envases Florida SA y de los productos, de fs. 76 a 96 del Anexo 2) demuestra fehacientemente la fusión por absorción entre la Industria de Envases Florida SA e Industrias RAVI SA (ver fs. 76 a 96 del Anexo 2), por lo que se desvirtúa completamente la observación de la Administración Aduanera de Cochabamba de la AN, respecto a que no se podía encontrar relación alguna o grado de vinculación entre una empresa y la otra, por lo que, la AGIT al revocar en este punto lo resuelto por la ARIT, actuó correctamente porque justamente fue la propia Administración Aduanera la que estableció como condición para establecer el origen nacional de la mercancía, la relación entre ambas empresas, lo cual como ya se explicó, quedó claramente demostrado conforme la prueba presentada por el sujeto pasivo, dando estricto cumplimiento al requisito de pertinencia para la aceptación y valoración de la prueba citada conforme a su sana crítica, por lo que valoró acertadamente la AGIT las pruebas de fs. 76 a 96 del Anexo 2, no siendo evidente el reclamo de la parte demandante en este punto.

Respecto a la falta de fundamentación y motivación legal en la Resolución Jerárquica ahora impugnada; cabe señalar que, se debe tener presente que la motivación de las resoluciones judiciales o administrativas se constituye en un deber jurídico que hace al debido proceso, implicando que todo administrador de justicia al resolver una causa, debe inexcusablemente exponer los hechos, efectuar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Estas connotaciones encuentran también respaldo en la jurisprudencia de la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0092/2012 de 19 de abril, cuyo Fundamento Jurídico III.2. expresa que: "La motivación de las resoluciones es un requisito elemental del derecho al debido proceso, conforme se encuentra establecido en la SC 1057/2011-R de 1 de julio, refiere que:...las resoluciones que emiten las autoridades judiciales, deben exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de esas resoluciones, exigencia que se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación o casación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades inferiores...".

Asimismo la Sentencia Constitucional Nº 2023/2010-R de 9 de noviembre, resume en forma precisa los razonamientos doctrinales asumidos sobre el particular, señalando: "La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.(...); por consiguiente, se evidencia claramente que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas" (las negrillas son añadidas).

Por lo anotado y en el marco legal descrito, se evidencia que la AGIT dio una respuesta clara y concisa en su Resolución Jerárquica AGIT-RJ Nº 1911/2015 de 16 de noviembre respecto del porque valoró la prueba de reciente obtención presentada en la tramitación del recurso de alzada del sujeto pasivo, asimismo, se debe hacer notar además a la parte demandante que, este agravio ya fue reclamado y resuelto por este Tribunal líneas arriba, por lo que, no amerita mayor pronunciamiento al respecto, pues sería reiterativo e innecesario, debiendo remitirse la parte recurrente al acápite “Resolución del caso concreto” (sic) de la presente Resolución.

V. Conclusiones.

En el marco de la fundamentación jurídica precedente, de las pretensiones deducidas en la demanda y la contestación, se advierte lo siguiente:

Del análisis precedente, éste Tribunal de Justicia concluye que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ N° 1911/2015, fue emitida en cumplimiento de la normativa legal citada, puesto que la AGIT efectuó una correcta y precisa aplicación de las normas tributarias desarrolladas, aplicables al presente caso conforme a los argumentos expuestos, por lo que no existe razón legal alguna que motive dejar sin efecto la Resolución Jerárquica.

Por lo argumentado, se concluye que la AGIT obró correctamente al dictar la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ N° 1911/2015 de 16 de noviembre, correspondiendo desestimar la pretensión contenida en la demanda en virtud de los hechos y fundamentos expuestos en el presente fallo, manteniendo firme y subsistente la Resolución Jerárquica impugnada.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en el arts. 778 y 780 del CPC-1975, 2.2 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, administrando justicia en única instancia, a nombre de la Ley y en virtud a la jurisdicción que por ella ejerce, falla declarando IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa de fs. 44 a 51 vta., presentada por María Sonia Rojas Zambrana, en representación legal de la Administración de Aduana Interior de Cochabamba de la AN; en consecuencia mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ Nº 1911/2015 de 16 de noviembre, emitida por la AGIT.

Devuélvanse los antecedentes administrativos remitidos a éste Tribunal por la autoridad demandada, sea cumpliendo el procedimiento que corresponda.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.