TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Sentencia N° 79

Sucre, 17 de agosto de 2018

I: DATOS DE LAS PARTES Y DEL PROCESO.

Expediente                        : 384/2015- CA

Demandante        : Administración de Aduana Interior Cochabamba.

Demandado                : Autoridad General de Impugnación Tributaria.

Tipo de Proceso                : Contencioso Administrativo.

Resolución Impugnada        : R.J. Nº 1656/2015 de 15 de septiembre.

Relatora                            : Magistrada María Cristina Díaz Sosa


II: VISTOS EN SALA

La demanda contenciosa administrativa de fs. 16 a 25, interpuesta por la Administradora de Aduana Interior Cochabamba Licet Silvana Garcia Molina, que impugna la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1665/2015 de 15 de septiembre, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, Daney David Valdivia Coria, respuesta a la demanda de fs. 80 a 90 vta.; réplica de fs. 99 a 101; dúplica de fs. 125 a 128 vta., los antecedentes del proceso y de la emisión de la resolución impugnada.

III: ARGUMENTOS DE LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN.

1.- Demanda y petición.

Cuestión previa, respeto a la prueba extemporánea.

En el contenido medular de la resolución impugnada, existe el siguiente argumento erróneo: “ xiv. De la revisión del expediente, se tiene que dentro del término probatorio aperturado ante esta instancia, mediante Auto de 24 de julio de 2015, PROESA SA. Adjuntó en calidad de prueba de reciente obtención copia legalizada de la DUI C-31516, prestando el juramento correspondiente, conforme se desprende del Acta de 21 de agosto de 2015”.

Al respecto conforme al antecedente señalado, se habría valorado pruebas presentadas fuera de plazo (DUI C-31516 y su documentación soporte), puesto que en el momento procesal donde debían ser presentados, no lo hicieron, y en la instancia recursiva pretendió hacerlo; empero el sujeto pasivo no cumplió con el requisito sine qua non para ello, como es el de demostrar o probar que la falta de presentación de la prueba de descargo dentro del plazo otorgado por ley, no fue por causa propia, a cuya falta se entiende que opera el Principio de Preclusión de la etapa probatoria y a pesar de no haberse cumplido esta condición imperativa, la AGIT de forma errónea y arbitraría la admite dentro del proceso, correspondiendo rechazar la misma.

En cuanto a la prueba de reciente obtención que alegó el contribuyente, señala que el Código Tributario Boliviano en su art. 81 establece que las pruebas se deben apreciar de acuerdo a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las pruebas ofrecidas fuera de plazo y en este último caso, deberá probar que la omisión no fue por causa propia para presentarlas con juramento de reciente obtención, probando además que la omisión no fue por su causa, procedimiento que la AGIT habría saltado, pues directamente recibe la documentación sin que previamente se cumplan los presupuestos fácticos necesarios para su introducción.

En tal sentido, el sujeto pasivo no cumplió con lo previsto en los arts. 76 y 81 de la Ley 2492; toda vez que la prueba ofrecida no cumplió la condición de pertinencia, ni de oportunidad, por cuanto por negligencia propia no presentó la documentación de descargo dentro del plazo fatal otorgado por el art. 98 de la referida ley, además de incumplir los requisitos necesarios, establecidos en la normativa para la presentación de prueba documental, posterior a la emisión de la Resolución Administrativa. Al margen que los descargos ofrecidos ante la AGIT, fueron valorados incorrectamente estableciéndose que los mismos no amparan la mercancía comisada.

Análisis Técnico-Documental.

Manifiesta la importancia de establecer que durante el proceso Contravencional, es de absoluta relevancia que la documentación de importación presentada (DUI) guarde exacta correspondencia con la mercancía comisada. Asimismo recalca que toda Declaración Única de Importación debe describir a la mercancía por la cual se han pagado los tributos de forma completa, correcta y exacta, de acuerdo a lo establecido en el art. 101 del DS 25870 Reglamento a la Ley General de Aduanas modificada por el párrafo II de la Disposición Adicional Única del DS 708  de 24 de noviembre de 2010 y párrafo II del art. 1 del DS 784  de 02 de febrero de 2011. Asimismo hace referencia a la Carta Circular AN-GNNGC-DNPNC-CC-010/08 referido a la descripción comercial de la mercadería detallando sus características, marca, tipo, modelo y/o serie, dimensión, capacidad, talla y otros, que de acuerdo a su naturaleza, permitan su identificación de manera exacta.

A continuación refiere que el Acta de Intervención Nº COA/RCBA-C 0483/2014, del operativo denominado “Suticollo 238”, fue procesada conforme señala el Manual para Procesamiento por Contrabando Contravencional aprobado mediante Resolución de Directorio Nº RD 01-005-13 de 28 de febrero de 2013. En ese contexto la Declaración Única de Importación 2014 201 C-27960, de 16 octubre de 2014, tramitada por la Agencia Despachante de Aduana ILLAMPU LTDA., a nombre de la Promotora de Eventos S.A. PROESA, asignada con canal verde por el Sistema Informático SIDUNEA ++ de la Aduana Nacional, presentada como descargo, fue compulsada conjuntamente la DAV Nº 14155976  de 16 de octubre de 2014 y Autorización de Despacho UNIMED Nº 013582, resultado que las mismas NO AMPARAN la legal importación de 113 bolsas de 22 de octubre de 2014. En consecuencia la Aduana valoró y compulsó toda la prueba presentada de acuerdo a lo previsto en la CPE y demás disposiciones de carácter sustantivo y procedimental, estableciendo la comisión del ilícito de contrabando contravencional.

Peticiona en ese sentido se Revoque la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1656/2015, y en consecuencia mantener firme y subsistente la Resolución Administrativa AN-GRCG-CBBCI 114/2015 de 13 de febrero.

2.- Contestación a la demanda y petición.

Primeramente, aclara que la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional no presentó ningún recurso jerárquico, es decir que la AGIT no conoció, ni revisó posición alguna expresada por la Administración Aduanera, en el entendido que la actuación del Ente Fiscal Aduanero concluyó con la presentación de la respuesta al Recurso de Alzada, aun cuando ni siquiera presentó alegatos ante el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sujeto Pasivo, razón por la cual en cumplimiento del art. 778 del Código de Procedimiento Civil la presente demanda debe ser declara improcedente.

A continuación interpone excepción de litispendencia, ya que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1656/2015 de 15 de septiembre de 2015, también fue impugnada mediante otro proceso contencioso administrativo interpuesto por la empresa Promotora de Eventos SA. (PROESA SA.), radicado en la misma Sala con el Nº de Expediente 382-CA/2015, por lo que debe acumularse con el Nº 384-CA/2015, en un solo proceso, solicitando en definitiva sea declarara probada la excepción y proceda a la acumulación impetrada.

Sobre la demanda, indica que el art. 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado mediante Decreto Supremo Nº 25870, que fue modificado por el Parágrafo II, art. 2, del DS 784, dispone que una vez aceptada la declaración de mercancías por la Administración Aduanera, el Declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados en ella. La declaración de mercancías debe ser completa, correcta y exacta y así como se le exige aquello, la Administración Tributaria debe demostrar el incumplimiento del citado art. 101 del DS 25870.

Bajo ese contexto el art. 181 de la Ley 2492 establece que comete contrabando el que incurra entre otras en las conductas como: b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales; g) la tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita, cuya sanción, conforme al num. 5, art. 161 de la citada ley, consiste en el comiso de las mercancías a favor del Estado; asimismo, el 9 de agosto de 2010, entró en vigencia el DS 572 que modificó el art. 119 del Reglamento a la Ley General de Aduanas.

A continuación después de una relación de hechos, indican que el sujeto pasivo presentó prueba de reciente obtención, así como se elaboró el Acta de 21 de agosto de 2015, donde la Aduana no objetó la prueba presentada, es decir, que pese a conocer la presentación de la prueba de reciente obtención la Administración Aduanera no la objeta, ni siquiera en la etapa de alegatos no presentó algún memorial o escrito que denote su desacuerdo respecto a la decisión asumida por la Instancia Jerárquica, razón por la cual con su propio actuar negligente, dejó que sus derechos y objeción a la prueba precluyan. En ese entendido  el Principio de Convalidación, procede cuando la parte interesada consintió expresa o tácitamente el acto defectuoso, atribuyéndose esto al carácter de relativo que revestirían todas las nulidades procesales, que para el caso no es otra situación que el demandante en conocimiento del supuesto acto vulneratorio de derechos (prueba de reciente obtención), no lo observó y por el contrario consintió su consideración y valoración en la Resolución Jerárquica.

Por otra parte lo que pretende impugnar el demandante, se constituye en nuevos argumentos que no fueron observados ante la AGIT, por lo que el demandante no puede pretender subsanar errores o negligencias con la presente demanda, siendo que los arts. 139-b), 144 de la Ley 2492;  art. 198-e) y 211 num. I de la Ley 3092, establecen que quién consideré lesionados sus derechos con la Resolución de Alzada deberá interponer de manera fundamentada su agravio y sobre la base del agravio sufrido la AGIT, resuelva el recurso bajo el Principio de Congruencia, convalidación y preclusión.

Sobre el contrabando en relación a las 113 bolsas de pañales descritas en el ITEM 2 del Acta de Intervención Contravencional, se evidencia que la DUI C-31516, presentada como descargo en instancia administrativa y recursiva, demuestra su legal importación en el marco de las previsiones contenidas en los arts. 88 y 90 de la Ley 1990, toda vez que consigna la descripción, marca, origen, modelo y la fecha de vencimiento deducida en el aforo físico, considerando los 2 años posteriores a la fecha de fabricación, según Certificado de Autorización para Despacho Aduanero Nº 0115052 emitido por UNIMED, cumpliendo lo establecido por el art. 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por el DS 784.

Finalmente indica que el sujeto pasivo es parte integral del pueblo boliviano entonces forma parte estado; siendo que la mala aplicación de la normativa por la Administración Tributaria, estaría causando indefensión al Estado por no aplicar de manera correcta la normativa que atinge a los procedimientos emitidos por la propia administración.

En tal mérito pide se declare IMPROBADA  la demanda incoada de contrario.


IV. ANTECEDENTES PROCESALES EN SEDE ADMINISTRATIVA.

1.- El 11 de diciembre de 2014, efectivos de Control Operativo Aduanero (COA), elaboraron el acta de Comiso N° 01365, por el comiso preventivo de 1.095 paquetes de pañales, transportados en el vehículo Camión con Acople, con Placa de Control 571-YUY, y DUI C-24281, C-21533 y C-5896, no respaldadas, presumiéndose la comisión del delito de contrabando contravencional conforme el inc. b) del art. 181 de la Ley N° 2492 (CTB); determinando por tributos omitidos 43.441,27 UFV, otorgando el plazo de 3 días para la presentación de descargos, computables a partir de su legal notificación.

El 21 de enero de 2015, la Promotora de Eventos PROESA S.A., presentó descargos a la Administración Aduanera, argumentando que la mercancía fue nacionalizada cumpliendo con todas las formalidades de ley, que por imprudencia del chofer del medio de transporte se tomaron las DUI incorrectas, adjuntando las DUI C-27782. C-27783, C-27805, C-27960 Y C-28669, solicitando la inmediata devolución de la mercancía.

Posteriormente el 4 de febrero de 2015, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico N° AN-CBBCI-SPCC-0072/2015, concluyendo que en base al análisis técnico, Aforo Físico y Consideraciones Legales, la documentación presentada como descargo no ampara la legal importación de 104 bolsas de pañales de 23 de septiembre de 2014 y 113 bolsas de pañales de 22 de octubre de 2014, correspondientes al Ítem 2, porque los datos documentales no corresponden en fechas.

El 25 de febrero de 2015, la Administración Aduanera, notificó en Secretaría a la representante de PROESA S.A., con la Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI 114/2015 de 13 de febrero, que declaró probada en parte el contrabando contravencional atribuido a la citada Empresa, por la mercancía comisada según Acta de Intervención Contravencional N° COARCBA-C-0530/2014, consecuentemente dispuso el comiso definitivo de 104 bolsas de 23 de septiembre de 2014 y 113 bolsas de 22 de octubre de 2014, correspondientes al Ítem 2, del Acta de Inventario de la Mercancía Comisada, para su destrucción; así como la devolución de los Ítems 1,2 y 3 descritos en el Acta, imponiendo la multa de 16.090,99 UFVs, en sustitución del medio de transporte, monto correspondiente al 50% del valor de la mercancía considerada contrabando en aplicación del art. 181 parág. III de la Ley N° 2492 (CTB).

2.- El 16 de marzo de 2015, la Promotora de Eventos PROESA S.A., interpuso Recurso de Alzada impugnando la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI 114/2015 de 13 de febrero, mereciendo la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0537/2015 de 29 de junio pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba (ARIT), por la que se confirma la resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI 114/2015 de 13 de febrero, en aplicación del inc. b) parág. I del art. 212 de la Ley N° 2492 (CTB).

3.- Contra esta resolución el 17 de julio de 2015, la Promotora de Eventos PROESA S.A., interpuso Recurso Jerárquico, impugnando la resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0537/2015 de 29 de junio, recurso que mereció el pronunciamiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1656/2016 de 15 de septiembre por la que la Autoridad de Impugnación Tributaria (AGIT) revoca parcialmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0537/2015 de 29 de junio pronunciada por la ARIT, en consecuencia deja sin efecto el comiso de 113 bolsas de pañales desechables correspondiente al Ítem 2, del Acta de Intervención Contravencional; manteniendo firme y subsistente el comiso definitivo de las 104 bolsas de pañales correspondiente al Ítem 2 de la referida Acta, conforme dispuso la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI 114/2015 de 13 de febrero.

V. PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Que, del análisis del contenido de la demanda y antecedentes, se establece que el punto de controversia radica en determinar: si la Resolución Jerárquica impugnada obró en legalidad al valorar prueba presentada fuera de término y  en consecuencia revocar parcialmente la resolución de alzada, dejando sin efecto el comiso de 113 bolsas de pañales desechables.

VI. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL JURISPRUDENCIAL.

El Procedimiento Contencioso Administrativo, constituye garantía formal que beneficia al sujeto administrado librándolo del abuso de poder de los detentadores del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos para lograr el restablecimiento de sus derechos lesionados con la interposición, precisamente del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa. En consecuencia, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por el demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por las instancias de impugnación. Conforme lo dispone el art. 109-I de la Constitución Política del Estado, que señala que todos los derechos por ella reconocidos son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección, de su parte los arts. 115 y 117-I de la misma norma, garantiza el derecho al debido proceso que se constituye también en uno de los principios de la jurisdicción ordinaria conforme al mandato del art. 30-12 de la Ley del Órgano Judicial que señala: “…impone que toda persona tenga derecho a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido en disposiciones jurídicas generales aplicables a los que se hallen en una situación similar”. En la que además se busque la averiguación de la verdad material, trascendente para que el proceso conduzca a decisiones justas, en un Estado Social Constitucional de Derecho, donde la solución de los conflictos, se basa en el establecimiento de la verdad como como única garantía de la armonía social.

VII. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

En mérito a que la resolución jerárquica impugnada, a efectos de proteger el debido proceso y el derecho a la defensa en contraste con lo demandado sintetizando los puntos reclamados, se tiene:

La Ley Nº 1990 Ley General de Aduana (LGA),  tiene por objeto regular el ejercicio de la potestad aduanera y las relaciones jurídicas que se establecen entre la Aduana Nacional y las personas naturales o jurídicas que intervienen en el ingreso y salida de mercancías del territorio aduanero nacional; vigilando y fiscalizando el paso de las mismas por las fronteras, puertos y aeropuertos del país; por lo que la potestad aduanera se encuentra sometida al debido proceso proclamado por los art. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado, a las leyes, así como, a los principios del derecho administrativo sancionador, de legalidad y reserva de ley descritos en el art. 6 de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano (CTB), por el cual  solo la ley puede tipificar las acciones que van a considerarse delitos o infracciones así como las sanciones que les corresponde.

En ese contexto, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1656/2015 de 15 de septiembre revocó parcialmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0537/2015 de 29 de junio, dejando sin efecto el comiso de 113 bolsas de pañales desechables correspondientes al ítem 2, del Acta de Intervención Contravencional; manteniendo firme y subsistente el comiso definitivo de las 104 bolsas de pañales desechables correspondiente al ítem 2 de la referida Acta de Intervención Contravencional.


En ese entendido y conforme se aprecia de los fundamentos de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1656/2015 de 15 de septiembre, la observación de la Administración Aduanera, radica en que la documentación presentada como descargo por el sujeto pasivo (PROESA S.A.), extemporáneamente sin cumplir los requisitos probatorios, no ampara para el caso de autos, la legal importación de 113 bolsas de pañales de 22 de octubre de 2014.


Si bien es cierto que entre la documentación de descargo presentado por el sujeto pasivo, ante la notificación con el Acta de Intervención Contravencional ya referida,  no incluyó la documentación de soporte de la DUI C-31516, sin embargo posteriormente en el recurso de alzada de éste, hizo notar que por una omisión involuntaria no adjunto la DUI 2014201 C-31516 de 18 de noviembre de 2014 y adjuntó en el recurso fotocopias legalizadas de la indicada DUI, con su documentación soporte, aspecto que demostró la legal importación de las 113 bolsas de pañales, en el marco de las previsiones contenidas en los arts. 88 y 90 de la Ley 1990, en vista que consigna la descripción, marca, origen, modelo y fecha de vencimiento deducida en el aforo físico, considerando los 2 años posteriores a la fecha de fabricación, según Certificado de Autorización para Despacho Aduanero N° 015052 emitido por UNIMED, cumpliendo en  consecuencia lo establecido por el art. 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por el DS 784; circunstancia diferente a las otras 104 bolsas de pañales descritas, ya que consignan descripción, marca, origen y modelo, fecha de vencimiento verificada en el aforo físico y muestrario fotográfico, pero no se encuentra descrito en el Certificado de Autorización para Despacho Aduanero N° 013582 emitido por UNIMED.


El principio de legalidad, conforme lo establece el artículo 72 de LPA, de modo que las sanciones sólo pueden ser impuestas cuando hayan sido previstas en norma expresa, otro es el principio de tipicidad, el cual exige una descripción clara, concreta y exhaustiva de la conducta y la determinación de la sanción a imponer; en ese contexto el artículo 73 de la LPA señala que son infracciones administrativas las acciones u omisiones expresamente definidas en las leyes y disposiciones reglamentarias y sólo pueden imponerse aquellas sanciones administrativas expresamente establecidas en las leyes y disposiciones reglamentarias, asimismo debemos tomar en cuenta el principio de presunción de inocencia que permite que la sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en pronunciamiento excluyente de infracción o responsabilidad sancionable, artículo 74 LPA.

La legislación nacional con el objetivo de resguardar la igualdad de las partes en los procesos administrativos respecto a la valoración de las pruebas, señala en el artículo 77 de la Ley 2492 (CTB), que se pueden invocar todos los medios  de prueba admitidos en Derecho, asimismo, el artículo 47 de la Ley 2341 (LPA), aplicable en mérito del artículo 74 de la Ley 2492 (CTB), ordena que los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho, el plazo y la forma de producción de la prueba será determinada por la autoridad administrativa, mediante providencia expresa fijando el procedimiento para la producción de las mismas.

Así también debemos mencionar que el artículo 180 parágrafo I de nuestra Constitución Política del Estado indica que: “La jurisdicción ordinaria se funda en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”, de lo transcrito desarrollamos que en el ámbito jurídico la verdad no se agota en la fría letra de la ley y en un solo caso, sino que debe adaptarse permanentemente a través de su inteligente interpretación; ese es el sentido que se debe comprender de la aplicación del principio de verdad material inserto también en el inciso d) del artículo 4 de la Ley Nº 2341.


En el caso de autos, como se dijo anteriormente, el sujeto pasivo dentro el proceso administrativo presentó documentación de soporte que respaldó la internación de los 113 bolas de pañales, específicamente el Certificado de Autorización para Despacho Aduanero N° 015052, emitido por UNIMED que desvirtúa la presunta Comisión de Contrabando Contravencional, certificado que, ante la no presentación en primera instancia de la fase administrativa fue valorada en Resolución de Alzada y de acuerdo a la sana crítica y el prudente criterio mereció su consideración que determinó que el ítem 2 de las mercancías supuestamente de contrabando son legales en apoyo del principio de la verdad material, principio constitucional entre otros que coadyuvan al esclarecimiento de la verdad ante el formalismo e interpretación rígida de la ley que  coarta el acceso a la justicia y a un debido proceso del cual goza el justiciado.

Bajo este enfoque, cualquier sanción debe determinarse tomando en cuenta los resultados de la acción u omisión, no siendo correcto que el proceso sancionador sólo se limite a establecer responsabilidades, sin antes comprobar de forma integral y razonada si existe o no infracción atribuible al sujeto pasivo; en el caso de análisis, el accionante en ejercicio de su derecho a la defensa, denunció que en la instancia administrativa se prescindió de la prueba de descargo que considera decisiva para demostrar que no existió ninguna contravención.

Establecidos así los hechos y la verdad material, en cuanto a la calificación de la conducta del demandante en  el art 181 inc. b) del Código Tributario Boliviano (CTB) como Contrabando Contravencional, por todo lo relacionado, queda establecido que, el demandante, al margen de desarrollar afirmaciones literales respecto a que no se probó que la falta de presentación de prueba dentro del plazo no fue por causa propia del contribuyente precluyendo su derecho, no ha presentado prueba que demuestren fehacientemente su pretensión y no ha enervado los alcances de resolución impugnada.

El art. 115 Parág. II de la Constitución Política del Estado, refiere que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, a su vez el art. 68 de la Ley 2492, acerca de los derechos del sujeto pasivo en su inc. 6) reconoce al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se formulen.

En ese sentido, no se evidencia violación al debido proceso por parte de la instancia jerárquica, ahora demandada, al confirmar la resolución de alzada, por cuanto emitió una resolución motivada y fundada en derecho

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución contenida en los arts. 2-2) y 4 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014 en relación a la Disposición Final Tercera de la Ley Nº 439, declara: IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa fs. 16 a 25, interpuesta por la Administradora de Aduana Interior Cochabamba Licet Silvana Garcia Molina, en consecuencia mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1656/2015 de 15 de septiembre. Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada, con nota de atención.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.