TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

                                                       

SENTENCIA Nº 76

I: DATOS DE LAS PARTES Y DEL PROCESO.

Expediente                : 72/2016- CA

Demandante        : Edgar Damian Leaños Arancibia

Demandado                : Director Ejecutivo de AASANA.

Tipo de Proceso                : Contencioso Administrativo.

Resolución Impugnada        : R.J. Nº 0015/2016 de 15 de enero.

Magistrada Relatora        : María Cristina Díaz Sosa

Lugar y Fecha                : Sucre, 2 de agosto 2018

II: VISTOS.

La demanda contenciosa administrativa de fs. 75 a 80, interpuesta por Edgar Damian Leaños Arancibia, que impugna la Resolución de Recurso Jerárquico Nº 0015/2016 de 15 de enero, pronunciada por el Director General Ejecutivo de AASANA, Gral. Fza. Ae. Tito R. Gandarillas Salazar, respuesta a la demanda de fs. 108 a 117; no cursa réplica, los antecedentes del proceso y de la emisión de la resolución impugnada.

III: ARGUMENTOS DE LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN.

1.- Demanda y petición.

El demandante manifiesta, que AASANA impulsó el Auto Inicial de Sumario proceso Administrativo Interno Nº 011/2015, por el delito de conducta antieconómica, sancionado en el art. 224 del CPP., en base a pruebas obtenidas de forma ilegal, porque no fueron solicitadas mediante orden judicial o requerimiento fiscal, al contrario fueron obtenidas mediante influencias. Proceso que debió iniciarse por doble percepción de remuneración señalado en el art. 10-II del DS. 0772.

Aduce que el Auto Inicial de Sumario Interno Nº 011/2015, carece de congruencia entre la parte considerativa y dispositiva, además de existir otros elementos de justificación del juez sumariante, que su persona no incurrió en la transgresión del Reglamento Interno de Personal de AASANA, Ley 1178 y que el sumariante transgredió el art. 61 del Reglamento, al no haberse conformado el comité de sanciones disciplinarias; así también aduce que existe prescripción de la acción, toda vez que trabaja más de 10 años como docente en el magisterio urbano, lo cual conforme al art. 16 del Reglamento por la Función Pública, al transcurrir más de dos años se encontraría prescrita la acción de iniciarle un proceso administrativo.

En el fondo, señala que la Resolución de Recurso Jerárquico Nº 0015/2016, alteró lo señalado en el artículo primero del Auto Inicial 011/2015, invocando hechos que no fueron señalados como parte de la investigación, como la doble percepción de remuneración, además de haberse incorporado otras disposiciones normativas como el art. 34 del DS. 1460, art. 6 del DS. 1134, art. 4 del DS. 2885 y art. 1 del DS. 05941, art. 6 del DS. 19963, que señala: “Los empleados públicos que prestan servicios en más de una repartición, en virtud de la resolución expresa de acúmulos de cargos, cobraran el aguinaldo en aquella que perciban la remuneración mayor”, siendo correcto el aguinaldo cobrado en AASANA, y que quien debió proseguir la devolución es el Magisterio Urbano como perjudicado.

Asimismo expresa, que AASANA, no era la llamada a perseguir la devolución de lo indebidamente pagado, sino la Contraloría General del Estado, conforme establece el DS 05941.

Aduce que su persona invocó el régimen de la prescripción previsto en el art. 16 del DS 23318-A, siendo que trabajaba por más de 10 años en el Magisterio Urbano y AASANA, y que ninguna institución hizo nada durante ese tiempo.

Indica que el art. 61 del Reglamento Interno de AASANA, sobre el Comité de Sanciones Disciplinarias, refiere que estará presidido por el Jefe de la Oficina Jurídica e integrada por el Jefe de Personal, el Jefe del Departamento u Oficina del afectado, un representante laboral de la Regional respectiva y un representante de la Federación, partes que no fueron citados para la realización de ningún acto dentro del vicioso proceso. Tampoco existió notificación al Sindicato de AASANA Regional S.C., y tampoco a la Federación AASANA FENTA, concluyendo que dentro del sumario, se violentaron sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la presunción de inocencia, lo que acarrea la nulidad del citado proceso, expresando los 115, 119 y 122 de la Constitución Política del Estado.

Finalmente en relación a la carga horaria, señala que, no existió incompatibilidad horaria, porque las mismas autoridades ejecutivas le acondicionaron el horario.

Peticiona en ese sentido se declare la Nulidad de la resolución recurrida, de todo el proceso y del Memorándum de Destitución Nº VR/YGYA/064/2016, consecuentemente se le restituya a su fuente laboral con el mismo salario y demás beneficios ganados hasta antes del presente sumario.

2.- Contestación a la demanda y petición.

En relación a que el proceso administrativo interno se inició por no haber prosperado la denuncia planteada en su contra ante la Fiscalía de Puerto Suarez por el delito de conducta anti económica, habiendo obteniendo al efecto pruebas en forma ilegal, menos solicitadas mediante orden judicial o requerimiento fiscal; al respecto señala, que el proceso administrativo se inicia a denuncia o de oficio y que el juez sumariante tiene la potestad de poder acumular y evaluar las pruebas de cargo y descargo sin que sea necesario la intervención del órgano judicial o ministerio público, conforme el art. 21 del DS 23318-A modificado por el DS 26237, por lo que no se tiene vulnerado ningún derecho, en fin cita la Sentencia Constitucional Nº 0287/2011-R de 29 de marzo.

En relación a que el responsable de los ilícitos administrativos por los que fue juzgado debería ser la Máxima Autoridad de la Entidad según lo establece los arts. 28 y 29 de la Ley 1178; que se realizó una incorrecta interpretación de la Ley 1178 y DS. 23318-A; y que debe necesariamente existir un informe de auditoría para el inicio de un proceso administrativo interno, conforme lo establece el DS. 23318-A modificado por el DS. 26237.

Al respecto señala que, el proceso administrativo es atribución del Sumariante de AASANA, que todo boliviano está sometido a lo previsto en el art. 108 de la Constitución Política del Estado, que el demandante tiene la obligación de conocer el DS. 19963 y DS. 2885 y DS. 5941, no pudiendo inculpar su observancia de las disposiciones legales a la MAE de AASANA, sabiendo que se encontraba prohibida la doble percepción salarial, por último refiere que para el inicio de un proceso administrativo interno, no es imprescindible el informe de auditoría, siendo este alternativo, a ese fin trascribe el art. 18 del DS. 23318-A.

Referente a la prescripción, aduce que en los procesos administrativos el sumariado tiene la obligación  de interponer la prescripción, que el juzgador no revuelve de oficio la supuesta prescripción, así lo dispone el art. 37 del DS. 23318-A y art. 40 de la Ley 1178, para lo cual cita la Sentencia Constitucional Plurinacional 0800/2015-S3, a ese fin concluye señalando, que al no haber el sumariado interpuesto la prescripción ante el juez, resulta extemporáneo formularlo en la presente demanda, además que los delitos que causan daño al Estado son imprescriptibles.

Respecto a la no aplicación del art. 61 del Reglamento Interno de AASANA, expresa que, la ley 1178 y el art. 29 del DS. 23318-A, modificado por el DS. 26237, tienen primacía en aplicación y cumplimiento en relación al Reglamento antes señalado, además de que el comité de sanciones disciplinarias no cuenta con un reglamento que resguarde el debido proceso, derecho a la defensa y seguridad jurídica, y que AASANA es un ente estatal que está sujeto a las disposiciones normativas antes descritas, así lo refrenda la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0049/2013 de 11 de enero.

En relación a que la Resolución del Proceso Administrativo Interno, no pudo desvirtuar los hechos por los cuales se le inicio el Proceso; señala que el administrado en ningún momento establece que pruebas literales, testificales, periciales hubieran desvirtuado los hechos sancionados, siendo su argumento totalmente subjetivo, además de que se debe considerar el principio de preclusión y convalidación, por no haber sido reclamado este hecho oportunamente en la sustanciación y resolución del sumario administrativo, para ello transcribe parte de la Sentencia Constitucional Nº 0372/2010-R de 22 de junio, SC. 0171/2012 de mayo 2012.

En relación a que el juez sumariante no podía determinar la destitución, señala que el argumento es falso, en razón al art. 29 de la Ley 1179 (quiso decir Ley 1178), siendo una facultad del sumariante.

Que los elementos por el que se inició el proceso administrativo interno y sobre el cual se sustancia el mismo,  no se modificaron en ningún momento. 

Finaliza señalando que en el presente caso, la demanda es entre un funcionario público y el Estado, por lo que no es aplicable el presente proceso, toda vez que el mismo ha concluido en todas sus instancias, conforme establece el art. 28 del DS. 26237 y art. 778 del Código de Procedimiento Civil.

IV. ANTECEDENTES PROCESALES EN SEDE ADMINISTRATIVA.

1.- Mediante Auto Inicial de Sumario Nº 11/2015, se inició proceso administrativo interno en contra de Edgar Damian Leaños Arancibia, por indicios de contravenciones e incumplimiento al art. 42-3), 7) con relación al Decreto Supremo 0772, art. 42-10 todos del Reglamento Interno de AASANA, así como el art. 28 y 29 de la Ley SAFCO y el art. 3 del Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública aprobado por el DS 23318-A, modificado por el DS 26237.

Emergente del indicado Auto Inicial se emitió la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo Interno Nº 7/2015 de 31 de julio de 2015, que en su parte resolutiva, establece la existencia de responsabilidad administrativa, por contravención del art. 42 num. 3) y 7) del Reglamento Interno de la Institución, esta última con relación al DS 1802 y DS 0772 y art. 42 num. 10) del Reglamento Interno de AASANA, art. 3 del Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública y art. 28 de la Ley 1178, estableciéndose como sanción la DESTITUCIÓN del sumariado de conformidad al art. 29 de la Ley 1178, por haberse demostrado doble percepción de salario realizado con Partida Presupuestaria y recursos que no corresponden.

2.- Ante esta resolución el funcionario destituido interpuso revocatoria que derivo en la emisión de la Resolución de Recurso de Revocatoria Nº JSA 04/1015, de 23 de septiembre de 2015, que RATIFICA la resolución impugnada.

3.- Contra la resolución de alzada se planteó recurso jerárquico, que fue resuelto mediante la Resolución de Recurso Jerárquico Nº 0015/2016 de 15 de enero de 2016 que en su artículo único CONFIRMA en todas sus partes la Resolución de Revocatoria impugnada.

V. PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Que, del análisis del contenido de la demanda y antecedentes, se establece que el punto de controversia radica en determinar: si la Resolución Jerárquica impugnada obró en legalidad al confirmar la resolución en cuanto a la destitución del funcionario por percepción doble de salario.

VI. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL JURISPRUDENCIAL.

El Procedimiento Contencioso Administrativo, constituye garantía formal que beneficia al sujeto administrado librándolo del abuso de poder de los detentadores del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos para lograr el restablecimiento de sus derechos lesionados con la interposición, precisamente del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa. En consecuencia, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por el demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por las instancias de impugnación. Conforme lo dispone el art. 109-I de la Constitución Política del Estado, que señala que todos los derechos por ella reconocidos son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección, de su parte los arts. 115 y 117-I de la misma norma, garantiza el derecho al debido proceso que se constituye también en uno de los principios de la jurisdicción ordinaria conforme al mandato del art. 30-12 de la Ley del Órgano Judicial que señala: “…impone que toda persona tenga derecho a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido en disposiciones jurídicas generales aplicables a los que se hallen en una situación similar”. En la que además se busque la averiguación de la verdad material, trascendente para que el proceso conduzca a decisiones justas, en un Estado Social Constitucional de Derecho, donde la solución de los conflictos, se basa en el establecimiento de la verdad como como única garantía de la armonía social.

VII. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

Ante la denuncia de posibles nulidades, es necesario realizar el estudio sobre nulidades y anulabilidades atribuibles al presente caso, sobre el particular el Tribunal Supremo de Justicia ha desarrollado una línea jurisprudencial, con relación a la nulidad y anulabilidad establecida en los arts. 35 Parág. II y 36 Parág. IV de la Ley del Procedimiento Administrativo, al señalar que las nulidades y anulabilidades de los actos administrativos, solo podrán ser invocados mediante la interposición de los recursos administrativos previstos por Ley. La excepción a esta regla de invocación, se encuentra en el artículo 55 del DS 27113 (Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo) que establece que se revocará el acto anulable cuando el vicio ocasione la indefensión o lesione el interés público. Entendiendo por indefensión el no tener conocimiento del proceso en cuestión como señala la Sentencia Constitucional 1357/2003-R de 18 de septiembre, al indicar: "(...) queda establecido de manera inobjetable que la indefensión en proceso, sólo puede ser denunciada y dada por cierta cuando se establece que la parte procesada no ha tenido conocimiento alguno del proceso seguido en su contra, de modo que no podrá alegarse aquélla cuando tuvo conocimiento material de la existencia del proceso e incluso intervino en él presentando memoriales y formulando peticiones inherentes a su defensa", y se entiende por orden público las libertades, derechos y garantías fundamentales y que estos tienen un límite en la Ley (principio de reserva legal), así se deduce de las Sentencias Constitucionales Nº 779/2005-R de 8 de julio y 0083/2005 de 25 de octubre”.

En concordancia con la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia, se tiene la SC Nº 0249/2012 de 29 de mayo, dispone lo siguiente: “(…) En ambos casos, por mandato expreso de dicha norma (arts. 35. II y 36.I V de la LPA), tanto la nulidad como la anulabilidad pueden invocarse únicamente mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la misma ley y dentro de los plazos establecidos en ella; lo que significa que los actos administrativos definitivos son impugnables vía administrativa, mediante las vías recursivas establecidas en las normas legales lo que involucra la posibilidad de demandar la nulidad y anulabilidad de los actos administrativos, empleando similares mecanismos intraprocesales”. En ese mismo sentido en la SC Nº 1464/2004-R de 13 de septiembre,  señaló que: “...en virtud a los principios de legalidad, presunción de legitimidad y buena fe, no es posible que fuera de los recursos y del término previsto por ley se anulen los actos administrativos, aun cuando se aleguen errores de procedimiento, cometidos por la propia administración, pues la ley, en defensa del particular, ha establecido expresamente los mecanismos que se debe utilizar para corregir la equivocación; por ende, fuera del procedimiento previsto y los recursos señalados por la ley, un mismo órgano no podrá anular su propio acto administrativo (conocido en la doctrina como acto propio) por cuanto una vez definida una controversia y emitida la Resolución, esta ingresa al tráfico jurídico y por lo tanto ya no está bajo la competencia de la autoridad que la dictó, sino a la comunidad…” Entonces quien demande nulidad o anulabilidad y dentro de la anulabilidad los vicios procesales, debe tomar en cuenta que la nulidad y la anulabilidad deben ser impugnados por los recursos administrativos correspondientes en este caso el recurso de alzada y jerárquico y que en el caso de vicios procesales (que se encuentran dentro de la anulabilidad),  deben  haber causado un verdadero estado de indefensión y  dicho vicio procesal debió ser argüido oportunamente en la etapa procesal correspondiente. La inconcurrencia de estas condiciones deben ser explicadas por el impetrante en forma clara, concreta y precisa, lo contrario dará lugar al rechazo del pedido de nulidad. Debe demostrarse además que los medios de defensa de los que ha sido privado de oponer o las que no ha podido ejercitar con la amplitud debida, en razón a que la sanción de nulidad debe tener un fin práctico y no meramente teórico, pues no basta la invocación genérica de lesión al derecho a la defensa o debido proceso, habida cuenta que las normas procesales sirven de base para asegurar la defensa en juicio y no para dilatar o entorpecer la resolución. En tal sentido no concurrió ninguna de las causales dispuestas en los art. 36 de la Ley 2341 y 55 de su Decreto Reglamentario, menos se le privó en ningún momento del derecho a su defensa conforme al art. 117 de la CPE.

Ahora en lo que respecta a la doble percepción, el DS 1460 de 10 de enero de 2013 en su art. 34 indica que, independientemente de la fuente de financiamiento, tipo de contrato y modalidad de pago, se prohíbe la doble percepción de remuneraciones por concepto de ingresos como servidor público o consultor en línea y simultáneamente percibir renta como titular del Sistema de Reparto, dietas, honorarios por servicios de consultoría de línea o producto, u otros pagos por prestación de servicios con cargo a recursos públicos.

El DS 1134 de 8 de febrero de 2012, sobre el mismo particular señala que, independientemente de la fuente de financiamiento, tipo de contrato y modalidad de pago, se prohíbe la doble percepción de remuneraciones por concepto de ingresos como servidor público o consultor en línea y simultáneamente percibir renta como titular del Sistema de Reparto, dietas, honorarios por servicios de consultoría de línea o producto, u otros pagos por prestación de servicios con cargo a recursos públicos.

En esa línea el DS 0772, en su art. 10 señala que independientemente de la fuente de financiamiento, tipo de contrato y modalidad de pago, se prohíbe la doble percepción de remuneraciones por concepto de ingresos como servidor público o consultor de línea y simultáneamente percibir renta como titular del sistema de reparto, dietas, honorarios por servicios de consultoría de línea o producto, u otros pagos por prestación de servicios con cargo a recursos públicos. Las entidades públicas a fin de evitar la doble percepción con recursos públicos, deberán contar con una Declaración Jurada de sus servidores y consultores de línea, que certifique la no percepción de otras remuneraciones con recursos públicos, con excepción de los permitidos por Ley. En caso de que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas identifique doble percepción y notifique a las entidades, las mismas deberán tomar acciones para evitar la doble percepción. 

A su vez el DS 2885 de 11 de diciembre de 1951 en su art. 4, norma que, los funcionarios o empleados de la administración pública, departamental, municipal, entidades autárquicas, Ejercito Nacional y Universidades que perciben dos sueldos o más, sólo recibirán este beneficio sobre la base del sueldo mayor. Concordante con el DS05941 de 13 de diciembre de 1961 que su inc. d) indica que, tratándose de un beneficio personal, a nadie se le pagará más de un aguinaldo. Las personas que prestan servicios en más de una repartición serán acreedores al aguinaldo sólo en aquellas en que ganan el sueldo o salario mayor. En casos de contravención, la Contraloría General de la República girará las respectivas Notas de Cargo para la recuperación de las sumas indebidamente pagadas.

Bajo este contexto se inició proceso administrativo interno a cargo del Sumariante de AASANA, por doble percepción de salarios, incluido la del aguinaldo, conforme se evidencia de la parte resolutiva del Auto Inicial de Sumario Interno, así después de ser tramitado el mismo, se dictó la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo Interno Nº 7/2015 de 31 de julio de 2015, que en su parte resolutiva, establece la existencia de responsabilidad administrativa, por contravención del art. 42 num. 3) y 7) del Reglamento Interno de la Institución, esta última con relación al DS 1802 y DS 0772, es decir sobre la percepción doble de salario.

En tal sentido, no fue iniciado el proceso sumario interno, por conducta antieconómica como lo afirma el demandante, sino centralmente por la doble percepción de salarios, entre ellas la del aguinaldo, recibida por éste funcionario, quien además no negó nunca este extremo, al señalar en su declaración de 3 de junio de 2015 cursante a fs. 98, que: “siempre he cobrado aguinaldo en ambas instituciones”. Aseverado asimismo por el reconocimiento que hace en la presente demanda, que debiese ser el Magisterio quien como pagador del otro aguinaldo exija la devolución del otro aguinaldo.

La prohibición expresa de la doble percepción se da cuando los pagos provienen de dos instituciones que pagan con fondos públicos, para el caso recibió del Magisterio y AASANA que es responsable de la planificación y administración de los aeropuertos del país, así como de la gestión del tráfico aéreo y los servicios de aeronavegación, siendo ambas instituciones de carácter público.

Sobre la exigencia del demandante que debiera haber un informe de auditoría para el inicio de este sumario, aquello no es imprescindible, siendo alternativo, conforme al art. 18 del DS. 23318-A., es decir a denuncia, de oficio o emergente de un dictamen, siendo AASANA al ser la entidad empleadora competente para la sustanciación del proceso administrativo interno.

En lo referente a que AASANA no era la llamada a perseguir la devolución de lo indebidamente pagado, sino la Contraloría General del Estado, conforme establece el DS 05941; a la prescripción prevista en el art. 16 del DS 23318-A; y a que no se conformó el Comité de Sanciones conforme al art. 61 del Reglamento Interno de AASANA.

Al respecto revisados los antecedentes, se constata que estos argumentos son nuevos porque no fueron parte del reclamo planteado por el ahora demandante a tiempo de formular su Recurso Jerárquico, por ende no cursa argumentación alguna al respecto en la Resolución Jerárquica impugnada aspecto que imposibilita su pronunciamiento. Nótese que a través de este proceso se realiza un control de legalidad de los actos administrativos realizados en sede administrativa especialmente a la Resolución Jerárquica que abre la competencia a través del proceso Contencioso Administrativo de esta máximo Tribunal.

El demandante pretende impugnar nuevos argumentos que no fueron observado ante AASANA, por ende se los tiene como actos consentidos libre y expresamente al haber el demandante renunciado al ejercicio de impugnar en su tiempo a los mismos, de ahí que la jurisprudencia establecida al efecto contenida entre otras,  en las Sentencias 228/2013 de 2 de julio, 229/2014 de 15 de septiembre de este Tribunal Supremo sostienen la permisión de revisar sólo los aspectos impugnados anteriormente.

En lo concerniente a la incompatibilidad por la carga horaria, revisado el recurso jerárquico impugnado, se evidencia que la sanción que emergió del proceso incoado no fue el choque de horarios o incompatibilidad en horarios, sino de la doble percepción recibida, específicamente del aguinaldo doble recibido, de dos instituciones que reciben fondos públicos, aspecto que no fue enervado ni contradicho por el demandante, quién más bien afirma que siempre cobró aguinaldo de las dos instituciones, aspecto que releva de prueba alguna. 

Asimismo, la CPE en el art. 180.I fundamenta el principio de la verdad material en la jurisdicción ordinaria que, constituye un avance de la justicia y del derecho en nuestro país, por cuya consecuencia los tribunales ordinarios ejercen una jurisdicción “plena”, toda vez que, no se encuentran limitados al mero examen del derecho cuya interpretación se controvierte, sino que, su conocimiento, comprende al análisis de los hechos alegados y la probanza que se postule, máxime si la doctrina tributaria nacional ha establecido que: en los procedimientos administrativos, la verdad material constituye una característica fundamental por la que el juzgador en ejercicio de la razón, lógica, experiencia y especialización, puede realizar una aplicación e interpretación objetiva de la Ley, lo cual ocurrió en el caso de autos que está comprobado los hechos que generaron la destitución del demandante, más allá de los argumentos redundantes, inatinentes e incongruentes vertidos por éste.

En ese sentido, no se evidencia violación al debido proceso por parte de la instancia jerárquica, ahora demandada, al confirmar la resolución de alzada, por cuanto emitió una resolución motivada y fundada en derecho.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución contenida en los arts. 2-2) y 4 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014 en relación a la Disposición Final Tercera de la Ley Nº 439, declara: IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Edgar Damian Leaños Arancibia, en consecuencia mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico Nº 0015/2016 de 15 de enero, pronunciada por el Director General Ejecutivo de AASANA.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada, con nota de atención.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.