TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Sentencia Nº 70

Sucre, 29 de junio de 2018


Expediente                        : 127/2017

Demandante        : Hernán Condori Calle

Demandado                : Autoridad General de Impugnación Tributaria

                                   (AGIT)

Tipo de Proceso                : Contencioso Administrativo

Resolución Impugnada: AGIT RJ 1542/2016 de 5 de diciembre de 2016

Magistrada Relatora        : María Cristina Díaz Sosa


VISTOS EN SALA: La demanda contenciosa administrativa de fs. 22 a 25 vlta, interpuesta por Hernán Condori Calle, que impugna la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ 1542/2016 de 5 de diciembre de 2016, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, respuesta a la demanda de fs. 63 a 73; réplica de fs. 76 a 77; apersonamiento del tercero interesado de fs. 58 a 58 vlta, los antecedentes del proceso y de la emisión de la resolución impugnada.

I: ARGUMENTOS DE LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN.

1.- Demanda y petición.

El demandante manifiesta:

1.- La Resolución Jerárquica AGIT RJ 1542/2016 vulneraría el debido proceso al sesgar la verdad material e interpretar erróneamente el art. 59 de la Ley 2492 respecto a la prescripción, ya que el hecho acaecido fue en la gestión 2011 y no se podía aplicar de manera retroactiva las modificaciones del art. 59 del Código Tributario, conforme dispone el art. 123 de la CPE.

2.- La AGIT vulneró el principio de favorabilidad establecido en el art. 116 de la CPE en concordancia al art. 150 de la Ley 2492 respecto a la retroactividad, lo que incumplió estas disposiciones establecidas en la constitución y las leyes.

3.- No se realizó una correcta apreciación de la prueba con las reglas de la sana crítica conforme al art. 81 del Código Tributario por la supuesta omisión del pago correspondiente a la gestión 2011 en consideración a la notificación con la Resolución Determinativa realizada por la Administración Tributaria que fue el 11 de abril de 2016 fecha en que se interrumpió el computo de la prescripción conforme al art. 61 de la Ley 2492, siendo que a la fecha de la notificación ya había operado la prescripción por haber transcurrido 4 años y 4 meses.

4.- Al respecto cita como jurisprudencia la Sentencia Nº 39 de 13 de mayo de 2016 y la Sentencia  Nº 47 de 16 de junio de 2016, que aplica correctamente la prescripción en vigencia de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012 y la Ley 317 de 11 de septiembre de 2012, jurisprudencia que la AGIT no hubiera tomado en cuenta.

5.- La AGIT también ha sesgado la verdad material establecida en el art. 180 de la CPE y el art. 4 inc d) de la Ley 2341 al aceptar la liquidación de la deuda tributaria sobre base presunta, ya que la Administración Tributaria no demostró de manera objetiva la exorbitante utilidad que supuestamente hubiera obtenido, lo que se demostró con prueba fehaciente que no fue valorada por la AGIT

6.- La AGIT ha convalidado un acto nulo, ya que la Resolución determinativa contiene una serie de contradicciones cuando la Vista de cargo señala que se notificó personalmente al contribuyente Hernán Condori Calle con NIT 4959930017 y demás datos, sin embargo, en la gestión 2011no contaba con registro de contribuyente, y la fecha de inscripción al padrón del SIN corresponde al 7 de enero de 2014, por lo que no puede ser que la fiscalización sea a un NIT de la gestión 2014    por una deuda del 2011, lo que genera una incongruencia y la nulidad conforme al art. 35 de la Ley 2341, en ese sentido la AGIT habría convalidado actos que son nulos de pleno derecho. 

Peticiona en ese sentido se declare probada la demanda contenciosa administrativa, y consecuentemente la revocatoria total de la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1542/2016 de 5 de diciembre.

2.- Contestación a la demanda y petición.

1.- Indica que la demanda esgrime aspectos que no se apegan a los elementos dilucidados en la resolución jerárquica porque no se puede pretender con vanos argumentos cambiar lo acontecido y lo decidido por la Autoridad General de Impugnación Tributaria ya que se obro en el marco del debido proceso buscando en todos los casos la verdad material, conteniendo criterios muy subjetivos sin hacer una relación de causalidad entre el hecho que sirve de fundamento y la vulneración causada, por lo que no existe congruencia entre los fundamentos de hecho y derecho que expone la demanda relacionados con el petitorio, incumpliendo con la norma adjetiva ya que la petición debe ser expuesta en términos claros y positivos, lo que pide se tenga presente a momento de dictar resolución, en ese entendido transcribe como jurisprudencia el Auto Supremo 55/2014 de 7 de marzo.

2.- Sobre la actividad probatoria y la base presunta; la parte actora es imprecisa ya que no señala el medio probatorio que no se habría considerado o apreciado, a pesar de esta falencia indica que el sujeto pasivo no aporto ningún tipo de prueba que desvirtué los cargos hallados por la Administración Tributaria o que permita evidenciar el argumento referido a que la mercadería adquirida no se vendió a los precios que refiere la Administración Tributaria, por lo que el método utilizado para determinar la base imponible no significo en ningún momento la indefensión del sujeto pasivo ya que se recurrió a los medios señalados en el art. 45 de la Ley 2492, a tal efecto cita como jurisprudencia el Auto Supremo Nº 767 de 24 de diciembre de 2013, así también menciona la Sentencia Constitucional 752/2002-R y 1369/2001-R con referencia al derecho al debido proceso.  

3.- Sobre la prescripción, el debido proceso y la verdad material; refiere que el demandante no realiza un razonamiento lógico al respecto, porque no existe mayor razonamiento sobre la verdad formal existente y cual la verdad material , sin embargo, de todo el procedimiento llevado a cabo hasta la fecha se aplicó en todo momento la verdad material, resultando inexplicable inconsistente que se argumente el sesgo de aquel principio, a dicho efecto señala la Sentencia Nº 51/2017 emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

La Resolución ahora impugnada está debidamente motivada y también se aplicó el principio de legalidad dentro los parámetros jurídicos fijados por las normas de carácter especial en contra de las actuaciones abusivas y vulneradoras del orden jurídico nacional. La AGIT como autoridad que imparte justicia tributaria en aplicación del art. 197 de la Ley 2492, no es competente para realizar el control de constitucional de las normas vigentes, que por imperio del art. 5 de la Ley 027 se presume la constitucionalidad de toda la Ley, Decreto, Resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles.         

Menciona que los arts. 116 y 123 de la CPE y 150 de la ley 2492, frente a disposiciones legales publicadas y de cumplimiento obligatorio como lo son las Leyes 291 y 397, conforme dispone el art. 164 de la CPE, ese ente administrativo no puede determinar la inaplicabilidad de estas normas porque la facultad la tiene el Tribunal Constitucional Plurinacional, por lo que el término de la prescripción para la gestión 2016 es de 8 años conforme el art. 59 de la Ley 2492 modificada por las Leyes 291 y 317, en consideración a lo mencionado no se hubiera prescrito las facultades de la Administración Tributaria para determinar las obligaciones tributarias en controversia.     

4.- La determinación de tributos no prescribió aun aplicando la Ley 2492 sin modificaciones; la misma establece que: “El termino precedente se ampliara a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda”, conforme lo reconoce el sujeto pasivo  y de la consulta de padrón de contribuyente, los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2011Hernan Condori Calle, no se encontraba inscrito en los registros tributarios, por lo que el término de la prescripción se amplió a 7 años, por lo que el computo de la prescripción del periodo 2011 se computa a partir del 1 de enero de 2012 y para el periodo de 2012 el 1 de enero de 2013, lo que no estarían prescritas las facultades de la Administración Tributaria. Por lo cual, lo manifestado por la parte adversa en relación a la prescripción, no solo a la luz de la aplicación de la norma jurídica vigente, sino también de la derogada, es completamente errada porque la prescripción del adeudo determinado nunca se efectivizó.

Concluye indicando que, los argumentos del demandante no son evidentes, de modo que la Resolución de recurso jerárquico, fue dictada en estricta sujeción a lo solicitado por las partes, los antecedentes del proceso y la normativa aplicable al caso, por lo que se ratifican en todos y cada uno de sus fundamentos de la Resolución impugnada, debiendo ser considerados, ya que la demanda contencioso administrativo carecería de sustento jurídico-tributario, al no existir agravio de derechos que se le hubiere causado al demandante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

En tal mérito pide se dicte sentencia declarando IMPROBADA  la demanda incoada por Hernán Condori Calle.

II. ANTECEDENTES PROCESALES EN SEDE ADMINISTRATIVA.

Que según consta en antecedentes de la documental adjunta al expediente: La administración Tributaria en 3 de julio de 2015 notifico a Hernán Condori Calle con la Orden de Fiscalización Nº 0014OFE00050 para la verificación del cumplimiento del IVA e IT de los periodos fiscales de enero a diciembre de 2011, requiriendo a su vez al contribuyente documentación de respaldo de los periodos fiscalizados y conforme a dicho requerimiento, Hernán Condori Calle presento notas fiscales de respaldo del crédito fiscal.

A tal efecto, el 21 de diciembre de 2015 la Administración Tributaria emitió el Informe 07 5965 15; CITE: SIN/GDEA/DF/FE/INF/10635/2015 determinando ventas no declaradas de compras no registradas de productos del proveedor PIL ANDINA S.A. presumiendo que fueron vendidas y no declaradas, sobre base presunta de Bs. 7.005.093,40 base para establecer el tributo omitido en el IVA de Bs. 910.681.- y IT de Bs. 210.154.

Mediante Vista de Cargo Nº 29 0598 15, notificado al contribuyente el 30 de diciembre de 2015, que establece sobre base presunta una deuda tributaria de 1.682.884 UFV equivalente a Bs. 3.528.797.- correspondiente al tributo omitido, interés y sanción preliminar por omisión de pago de los periodos fiscales enero a diciembre de 2011. Que ante dicha Vista de Cargo Hernán Condori Calle, solicitó la prescripción de las Facultades de la Administración Tributaria para exigir dicho pago ya que a la fecha del hecho generador no se encontraba vigente las modificaciones del art. 59 de la Ley 2492 por las Leyes Nº 291 y 317.

El 11 de abril de 2016, se notifica a Hernán Condori Calle con la Resolución Determinativa Nº 17-0368-16 de 29 de marzo de 2016, que establece que no opero la prescripción solicitada, además determina sobre base presunta la deuda tributaria correspondiente al IVA e IT de los periodos fiscales de enero a diciembre de 2011, que ascienden a 1.103.312 UFV equivalente a Bs. 2.331.130.- por el tributo omitido, intereses y sanción por omisión de pago.

Resolución Determinativa que fue impugnada por el contribuyente en recurso de alzada, mereciendo la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0560/2016 de 1 de agosto, que confirma la Resolución Determinativa Nº 17-0368-16 de 29 de marzo. Por lo que esta resolución fue recurrida en Recurso Jerárquico que por Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1542/2016 de 5 de diciembre, confirma el Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0560/2016 de 1 de agosto y por ende la Resolución Determinativa Nº 17-0368-16 de 29 de marzo.   

III. PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Que, del análisis del contenido de la demanda y antecedentes, se establece que el punto de controversia radica en determinar si:

1.- Se aplicó erróneamente la norma para la interrupción del cómputo de la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria del contribuyente Hernán Condori Calle correspondiente al IVA e IT de los periodos fiscales enero a diciembre de 2011; y

2.- La aplicación del método de determinación sobre base presunta y el principio de verdad material se adecuaron conforme al caso.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL JURISPRUDENCIAL.

El Procedimiento Contencioso Administrativo, constituye garantía formal que beneficia al sujeto administrado librándolo del abuso de poder de los detentadores del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos para lograr el restablecimiento de sus derechos lesionados con la interposición, precisamente del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa. En consecuencia, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por el demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por las instancias de impugnación. Conforme lo dispone el art. 109-I de la Constitución Política del Estado, que señala que todos los derechos por ella reconocidos son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección, de su parte los arts. 115 y 117-I de la misma norma, garantiza el derecho al debido proceso que se constituye también en uno de los principios de la jurisdicción ordinaria conforme al mandato del art. 30-12 de la Ley del Órgano Judicial que señala: “…impone que toda persona tenga derecho a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido en disposiciones jurídicas generales aplicables a los que se hallen en una situación similar”. En la que además se busque la averiguación de la verdad material, trascendente para que el proceso conduzca a decisiones justas, en un Estado Social Constitucional de Derecho, donde la solución de los conflictos, se basa en el establecimiento de la verdad como como única garantía de la armonía social.

V. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

1.- Respecto a la prescripción: el contribuyente cuestiona la validez del acto administrativo contenido en la Resolución Determinativa Nº 17-0368-16 de 29 de marzo, confirmada en recurso de alzada y jerárquico, porque se hubiera aplicado retroactivamente el nuevo término de la prescripción establecidos por las Leyes Nº 291 y 317 del año 2012, a los hechos generadores acontecidos en la gestión 2011, contraviniendo el art. 60 del CTB, vulnerando también principios constitucionales, resultando contradictoria la interpretación realizada del art. 59 del CTB al concluir que la gestión 2011 prescribe en ocho años. Por su parte, la autoridad demandada negó dichas acusaciones y afirmó que no resultaría aplicable la prescripción al amparo de los arts. 59 y 60 del CTB modificados por leyes Nº 291 y 317, en merito a lo determinado por el art. 5 de la Ley Nº 027 que presume la constitucionalidad de toda ley.

En consecuencia, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por el demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por las instancias de impugnación así como de la administración tributaria. Conforme lo dispone el art. 109.I de la CPE que señala que todos los derechos por ella reconocidos son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección, de su parte los arts. 115 y 117. I de la misma norma, garantiza el derecho al debido proceso que se constituye también en uno de los principios de la jurisdicción ordinaria conforme al mandato del art. 30.12 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) que señala: “…impone que toda persona tenga derecho a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido en disposiciones jurídicas generales aplicables a los que se hallen en una situación similar.”.


En ese contexto normativo, la certidumbre de los criterios vertidos en el ámbito constitucional resultan plenamente ajustables al proceso contencioso administrativo, cuyo fin vislumbra que las personas o entidades a quienes va dirigida la norma, conozcan el rango y los límites de protección jurídica de sus actos, por lo que en el caso de autos, conforme a las atribuciones de control de legalidad de éste Tribunal, en mérito a la demanda planteada y los datos del proceso debe partirse del análisis del principio de favorabilidad que rige en materia penal, aplicable también al ámbito punitivo administrativo. Recordar que su aplicación opera como una excepción al principio de la irretroactividad de la Ley señalado en el art. 123 de la CPE, que como se sabe, no se limita sólo a los supuestos en los que la nueva normativa descriminaliza la conducta típica o disminuye el quantum de su pena, sino también, cuando la nueva Ley (sea material, procesal o de ejecución) beneficia al sujeto sobre el que deba ser aplicada, ya como procesado o condenado. También debe recordarse que el principio nace de la idea de que la Ley penal expresa la política de defensa social que adopta el Estado en un determinado momento histórico, en su lucha contra la delincuencia, y que toda modificación de las normas penales expresa un cambio en la valoración ético-social de la conducta delictiva, en el cómo y la forma en que ha de ejecutarse la acción represora del Estado frente a la realización del hecho delictivo y en las reglas de ejecución de la consecuencia jurídica del delito, esto es, la sanción penal, que para el caso sería la sanción administrativa emitida por la Administración Tributaria.


Evidentemente, la irretroactividad como principio jurídico se funda en la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica, uno de cuyos tres componentes es el de la certeza, en sentido de que las reglas del juego ciudadanas no sean alteradas para atrás; empero, la doctrina al respecto sostiene que las leyes tributarias pueden tener eficacia retroactiva siempre que estén establecidas expresamente en éstas y no contravengan principios constitucionales como la seguridad jurídica o la capacidad contributiva y de esa manera es que se asume en el art. 123 constitucional que establece la garantía jurisdiccional de la irretroactividad de la ley, indicando que: “La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución”, de la lectura de la disposición se tiene que se establece en que consiste la irretroactividad y también las excepciones a la misma las cuales son en cuatro casos, los cuales son en materia laboral, en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado, en corrupción y la cuarta que es abierta puesto que indica aquellas establecidas en la Constitución Política del Estado. La Ley Nº 2492 CTB, en su art. 150 dispone que las normas tributarias no tendrán efecto retroactivo, sin embargo, salvo excepciones y una de ellas es precisamente cuando establezcan sanciones y cómputos más benignas.


Ahora bien, el objeto de la controversia reclamada en la demanda contencioso administrativa, versa sobre la actuación de la AGIT al pretender aplicar las modificaciones realizadas en el art. 59 del CTB en la Disposición Quinta de la Ley Nº 291 de 22 de septiembre de 2012 y la Disposición Derogatoria Primera de la Ley Nº 317 de 11 de diciembre de 2012, como también las modificaciones del art. 60 del CTB por la disposición Adicional Sexta de la Ley Nº 291, y la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley Nº 317, que establecen respecto de la prescripción, que en la gestión 2011 las acciones de la AT prescriben a los 8 años y que la facultad para ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible.


En tal mérito, por lo expuesto precedentemente, se evidencia que la Ley Nº 291 de 22 de septiembre de 2012 y la Ley Nº 317 de 11 de diciembre de 2012, fueron aplicables al caso de autos, contemporáneo al momento de la resolución en sede administrativa. En consecuencia, esta Ley no constituye en los hechos, una disposición legal más benigna para el ahora demandante, que permita aplicar el principio de favorabilidad, por lo que no corresponde su aplicación retroactiva, siendo necesario señalar que no se encuentra en duda la constitucionalidad de la Ley Nº 291 y 317. Por lo que corresponde aplicar la norma sustantiva referida a la prescripción vigente en el momento en que se produjo, es decir el art. 59 del CTB sin las modificaciones establecidas precedentemente al haber sido promulgadas en la gestión 2012


Sin embargo, cabe resaltar que de los antecedentes administrativos así como de la propia afirmación del recurrente en su fundamento de la demanda, al momento de la fiscalización del contribuyente que corresponde del periodo fiscal enero a diciembre de 2011, el mismo no se encontraba inscrito en los registros tributarios, hecho que motiva la aplicación del art. 59 parágrafo II de la Ley 2492, que conforme al cómputo de plazo para que opere la prescripción en 7 años, empieza desde enero de 2012 hasta diciembre de 2018, en consideración que la notificación con la Resolución Determinativa fue el 11 de abril de 2016, por lo que las facultades de la Administración Tributaria conforme al art. 59 parágrafo I de la mencionada Ley, no prescribieron.


2.- Con relación a la determinación del método sobre base presunta y la aplicación del principio de verdad material; inicialmente es necesario hacer referencia a la siguiente normativa legal aplicable al caso:


El art. 42 de la Ley Nº 2492, establece que: “Base imponible o gravable es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar”.

Existiendo dos métodos de determinación de dicha base imponible, de conformidad al art. 43 de la citada Ley Nº 2492, que señala: “La base imponible podrá determinarse por los siguientes métodos: I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo; y II. Sobre base presunta en mérito a los hechos y circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación”.

A su vez, el art. 44 del CTB, establece los casos en que la Administración Tributaria podrá determinar base imponible usando el método sobre base presunta, al disponer: "La Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, ..." , señalando también, dicho artículo las circunstancias en que se podrá usar dicho método, entre ellas las de los incisos a) y c) del numeral 5 referidas a la "a) omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración del precio y costo" y a la "omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los inventarios o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo". Siendo por lo tanto aplicable la determinación sobre base presunta, previa adecuación de los hechos a las circunstancias señaladas.

A su vez, el art. 45 del CTB, dispone que cuando proceda la Determinación Sobre Base Presunta, la Administración Tributaria, podrá practicarla utilizando diferentes medios, entre ellos los señalados por el numeral 1 del parágrafo I que establece como medios para realizar la determinación sobre base presunta: "1. aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la existencia de los hechos imponibles en su real magnitud" y "2. utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de bienes y rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que sean normales en el respectivo sector económico, considerando las características de las unidades económicas que deban compararse en términos tributarios".

En el caso de autos, para la determinación sobre base presunta, de antecedentes se evidencia que la Administración Tributaria en uso de sus facultades establecidas en los arts. 93, 100 y 104 de la Ley 2492, a efectos de realizar el control y verificación de las obligaciones impositivas del contribuyente Hernán Condori Calle, relacionados al IVA e IT de los periodos fiscales enero a diciembre de 2011 , notifico personalmente al contribuyente con la Orden de Fiscalización Nº 0014OFE00050 F-7504 y Requerimiento Nº 00103798 Form. 4003, en el que se le solicita presente en el plazo de 5 días a partir de su legal notificación, documentación que respalde al débito fiscal IVA e IT y notas fiscales de respaldo al crédito fiscal de los periodos fiscales observados, requerimiento que fue cumplido de forma parcial por el contribuyente ya que solo presento facturas de compras, en consecuencia la Administración Tributaria se hallaba facultada a determinar la base imponible a través del método de determinación sobre base presunta, previamente a la identificación y verificación de alguna de las causales establecidas por el art. 44 del CTB. Método de base presunta que va ligado obligatoriamente a la aplicación del art. 4 inc. d) de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) que establece la obligatoriedad de buscar la verdad material, al señalar: "la Administración Pública investigará la verdad material en oposición a la verdad formal, que rige en materia civil", norma concordante con lo dispuesto por el art. 3 del DS 26462 de Reglamento de la Ley 2166 del SIN, que respecto al principio rector de verdad objetiva o material señala que "Los actos de la Institución estarán regidos por los principios básicos que establece el Derecho Administrativo; legalidad, impulsión e instrucción de oficio, economía, celeridad, sencillez y eficacia, publicidad, buena fe, transparencia, debido proceso y búsqueda de la verdad objetiva o material", disposiciones legales aplicadas por la Administración Tributaria, lo que coadyuvaron indudablemente a identificar las compras y ventas no declaradas del proveedor PIL ANDINA S.A. por lo que el método de determinación sobre base presunta utilizada por la Administración Tributaria fue la correcta, y respecto a la denuncia de la supuesta vulneración del principio de verdad material conforme a lo anotado precedentemente esta denuncia no es evidente.

Finalmente, conforme a la argumentación del presenta fallo que responden a las controversias suscitadas en la demanda, se concluye que la Resolución Jerárquica impugnada no presenta vulneración alguna a la norma legal aplicable al caso, por lo que la Autoridad General de Impugnación Tributaria al dictar la Resolución jerárquica actuó conforme a derecho.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución contenida en los arts. 2-2) y 4 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014 en relación a la Disposición Final Tercera de la Ley Nº 439, declara: IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa de fs. 22 a 25 vlta., interpuesta por Hernán Condori C alle, en consecuencia se mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1542/2016 de 5 de diciembre.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada, con nota de atención.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.