TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

                                                               

SENTENCIA Nº 69/2018

I: DATOS DE LAS PARTES Y DEL PROCESO.

Expediente                        : 196/2016- CA

Demandante        : Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.   

Demandado                : Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

Tipo de Proceso                : Contencioso Administrativo.

Resolución Impugnada        : R.M. Nº 355/16 de 14 de abril de 2016.

Relatora                            : Magistrada María Cristina Díaz Sosa

Lugar y Fecha                : Sucre, 29 de junio de 2018


II: VISTOS EN SALA.

La demanda contenciosa administrativa de fs. 169 a 177, interpuesta por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a través de sus representantes, Ernesto Valdimir Gutiérrez Ramírez, Edwin Castro Escobar y Aldo Rolando Ortiz Troche, que impugna la Resolución Ministerial Nº 355/16 de 14 de abril de 2016, pronunciada por el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social José Gonzalo Trigoso Agudo, respuesta a la demanda de fs. 225 a 229 vlta.; réplica de fs. 252 a 257; notificación del tercero interesado de fs. 260, los antecedentes del proceso y de la emisión de la resolución impugnada.

III: ARGUMENTOS DE LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN.

1.- Demanda y petición.

El demandante manifiesta:

Primero.- Existiría violación al derecho en cuanto a la norma aplicable del acto administrativo representado por la Resolución Ministerial Nº 355/16 de 14 de abril de 2016, ya que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz se encontraría bajo las competencias del Estatuto del Funcionario Público (Ley 2027) conforme lo establece el art. 3 parágrafos I y II, por lo que la Unidad Desconcentrada como es el Centro Municipal de Faeneo, se rige por lo instituido en la Ordenanza Municipal 100/2002, y en cuanto a las contrataciones en el art. 9º de la Ley 1178, en aplicación del Sistema de Bienes y Servicios.

Así también, se estaría cumpliendo con lo establecido en el art. 60 del DS 26115 en relación al personal de carácter eventual; como también se debe cumplir la normativa interna como es el Decreto Municipal Nº 007 de 17 de junio de 2013 que aprueba el Reglamento para la contratación de personal eventual en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, que establece también que todas aquellas personas o servidores públicos que hubieran ingresado antes de la promulgación de la Ley de Municipalidades se encontraban dentro el ámbito de competencia de la Ley General de Trabajo, empero los que ingresaren después de la promulgación de la Ley, se encontrarían fuera de los alcances de la Ley General de trabajo, adicionalmente, siempre se encontraron dentro del rango de competencia de la Ley General de Trabajo, los empleados públicos de las empresas municipales del nivel desconcentrado como es EMAS-VIAS y EMA-VERDE.    

A la promulgación de la Ley 482 de 9 de enero de 2014, Ley de Gobiernos Autónomos Municipales se determinó en la disposición abrogatoria “Abrogar la Ley 2028 de 28 de octubre de 1999, Ley de Municipalidades”, que dando quedando vigente como norma general la Ley 2027 de 27 de octubre de 1999 y en cuanto al ámbito de competencia al margen de aplicación de la Ley General de Trabajo lo dispuesto por la Ley 321 de 18 de diciembre de 2012. Por lo que el personal permanente que reingreso a los alcances de la Ley General del Trabajo son aquellos que ocuparon cargos de planta o ítem en trabajos manuales y técnico operativo, no así aquellos servidores públicos contratados de forma eventual o temporal por necesidad de servicio que están bajo los parámetros del art. 60del DS 26115 como eventuales, motivo por el cual no existe reformulaciones ni reinserciones del personal a contrato o personal a planta a partir de enero del 2013.

Segundo.- Desconocimiento de principios fundamentales que se han desconocidos en los actos administrativos emitidos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; al efecto cita el principio de especialidad, en referencia a la aplicación de la normativa vigente aplicable para contratos de trabajo sujetos a plazo fijo en cuanto se encuentra sometido a normas propias internas de regulación adoptadas como reglamentación del Sistema de Administración de Personal en cuanto al cumplimiento del Reglamento para la contratación de personal eventual aprobado por Decreto Municipal N°007 de 17 de junio de 2013; Principio de sometimiento a la Ley, que en el presente caso no se hubiera respetado lo preceptuado en el art. 410-II de la CPE en los actos administrativos que se aplicaron en la reclamación del señor Ventura Bogado Callau; Principio de competencia, el Inspector de Trabajo que atendió la reclamación como la Jefatura Departamental de Trabajo y en ultimo termino el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social carecieron de competencia para tratar el presente asunto toda vez que no se utilizó la vía o canal idóneo para su tramitación, siendo la vía competente para conocer la reclamación es la Dirección del Servicio Civil, que conforme a sus atribuciones tiene: a) Controlar y fiscalizar el régimen laboral y la carrera administrativa de las servidoras y servidores públicos; c) Proyectar disposiciones normativas referentes a la relación jurídica laboral entre el Estado y las servidoras y servidores públicos.

Por lo que el Inspector de Trabajo, el Jefe Departamental de Trabajo y el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, se han atribuido competencias no otorgadas por la Ley.

Tercero.- Incompetencia del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social en cuanto haber ejecutado el canal y conducto regular de tramitación del Reclamo del señor Ventura Bogado Callau; ya que al haber emitido la resolución Ministerial 355/16 de 14 de abril, ha conculcado la competencia especializada para el tratamiento del Servidor Público porque: a) existió error en la competencia del inspector de trabajo, la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; y b) no se han valorado los antecedentes del contrato de trabajo a plazo fijo suscrito con el señor Ventura Bogado Callau con el Centro Municipal de Faeneo como Unidad Organizacional desconcentrada del GAMLP, que por el derecho aplicable dispuesto en el art. 3º parágrafo I y II de la Ley 2027, art 9º de la Ley 1178, art. 60 del DS 26115, arts. 5, 7 y 10del Reglamento para la Contratación de Personal Eventual aprobado por el Decreto Municipal Nº 007 de 13 de junio de 2013 y el ámbito de competencia delimitado por el art. 1º de la Ley 321 de 18 de diciembre de 2012 en cuanto a la reincorporación al ámbito de competencia de la Ley General del Trabajo solamente al personal permanente de planta hasta administrativo, que habría motivado que se desconozca la competencia de la Dirección del servicio Civil quien tendría las facultades para pronunciarse sobre la presente controversia.

Por lo que la Dirección de Servicio Civil es quien debió interpretar, aplicar y resolver la reclamación del Contrato de Trabajo a Plazo Definido, suscrito por el señor Ventura Bogado Callau con el Centro Municipal de Faeneo Unidad Desconcentrada del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

Peticiona en ese sentido se declare que: 1) El Contrato de Trabajo a plazo fijo de 15 de diciembre de 2014, se sujete a los términos y alcances de la Ley 2027, art. 60 del DS 26115, Ley 1178, y Decreto Municipal 007 de 17 de junio de 2013; 2) Declarar la falta de competencia por haber emitido la Resolución Ministerial 355/16 de 14 de abril de 2016, y remitir antecedentes por ante la Dirección de Servicio Civil para que se pronuncie; y 3) Anular los actos administrativo a) Conminatoria J.D.T.L.P./D.S. Nº 0495/EVG/Nº 062/2015; b) Resolución Nº 567-15 de 8 de diciembre de 2015; y c) Resolución Ministerial 355/16 de 14 de abril de 2016.

2.- Contestación a la demanda y petición.

Primero.- Indica que cursa en antecedentes los contratos de trabajo G.A.M.L.P. UMD-MMLP-CPE/011/2014 de 2 de enero de 2014, para el cargo de Encargado de Faeneo del Matadero Municipal, con vigencia del 2 de enero de 2014 al 30 de abril de 2014; G.A.M.L.P. UMD-MMLP-CPE/046/2014 de 1 de mayo de 2014, para el cargo de Encargado de Faeneo del Matadero Municipal, con vigencia del 1 de mayo de 2014 al 31 de diciembre de 2014; y G.A.M.L.P. UMD-MMLP-CPE/011/2015 de 15 de diciembre de 2014, para el cargo de Encargado de Faeneo del Matadero Municipal, con vigencia del 2 de enero de 2015 al 30 de junio de 2015.

Manifiesta también que, La Resolución Ministerial Nº 283/62 de 13 de junio de 1962, en cuanto a la duración de los contratos a plazo fijo, vencido el termino estipulado, subsistente las actividades para las que el trabajador fue contratado, se opera la tacita reconducción del contrato por tiempo indefinido, por lo que de acuerdo a la Ley 321 se incorpora al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, a las Trabajadoras y Trabajadores asalariados permanentes que desempeñen funciones en servicios manuales y técnico operativo administrativo de los Gobiernos Autónomos Municipales de Capitales de Departamento y del Alto de La Paz, gozando de esta manera de los derechos y beneficios que la Ley General del Trabajos y sus normas complementarias confieren, toda vez que, de acuerdo a las funciones para la que fue contratado el señor Ventura Bogado Callau, existen al menos tres contratos suscritos y continuos en las funciones de “Encargado de Faeno”, cargo de naturaleza manual y técnico. A tal efecto hace referencia a la SCP Nº 2139/2013 de 21 de noviembre de 2013.

Segundo.- Señala que, esa Cartera de Estado actuó en ejercicio de sus atribuciones y en aplicación del principio de protección de las trabajadoras y trabajadores, enmarcándose su solicitud en lo establecido por el art. 48 de la CPE y art. Único del DS 495 de 1 de mayo de 2010, que establece que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio y se interpreta y aplican bajo los principios de protección de las trabajadoras y trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad, de primacía de la realidad laboral, conformidad y estabilidad laboral, discriminación e inversión de la prueba a favor de la o el trabajador, y los derechos y beneficios reconocidos a favor de la o los trabajadores que no pueden ser renunciados y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos. 

Tercero.- La Resolución Ministerial Nº 355/16 de 14 de abril de 2016, fue dictada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social en virtud del art. 85 del DS Nº 29894 que determina las funciones y atribuciones de ese Portafolio de Estado, el DS Nº 28699 y el art. 50 de la CPE, en consideración de los antecedentes del presente proceso, en consideración que cuando el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social bajo el procedimiento correspondiente.

En tal mérito pide se dicte sentencia declarando IMPROBADA  la demanda incoada por el representante del Alcalde Municipal de La Paz.

IV. ANTECEDENTES PROCESALES EN SEDE ADMINISTRATIVA.

1.- Que según consta en antecedentes de la documental adjunta al expediente: Mediante contratos de trabajo G.A.M.L.P. UMD-MMLP-CPE/007/2012, para el cargo de Faenador Capataz del Matadero Municipal, con vigencia del 2 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012; G.A.M.L.P. UMD-MMLP-CPE/010/2013 de 31 de diciembre de 2012, para el cargo de Responsable de Faeno del Matadero Municipal, con vigencia del 2 de enero de 2013 al 30 de junio de 2013; G.A.M.L.P. UMD-MMLP-CPE/044/2013 de 28 de junio de 2013, para el cargo de Responsable de Faeno del Matadero Municipal, con vigencia del 1 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2013; G.A.M.L.P. UMD-MMLP-CPE/011/2014 de 2 de enero de 2014, para el cargo de Encargado de Faeno del Matadero Municipal, con vigencia del 2 de enero de 2014 al 30 de abril de 2014; G.A.M.L.P. UMD-MMLP-CPE/046/2014 de 1 de mayo de 2014, para el cargo de Encargado de Faeno del Matadero Municipal, con vigencia del 1 de mayo de 2014 al 31 de diciembre de 2014; y G.A.M.L.P. UMD-MMLP-CPE/011/2015 de 15 de diciembre de 2014, para el cargo de Encargado de Faeno del Matadero Municipal, con vigencia del 2  de enero de 2015 al 30 de junio de 2015.

El 28 de agosto de 2015, el Administrador del Centro La Paz Municipal de Faeneo a.i. mediante nota GAMLP/UASPM/JMD/CMF/CITE Nº 042/2015 de 28 de agosto, que cuenta con sello Notarial, solicitan a Ventura Bogado desocupar los ambientes del Centro Municipal de Faeneo ya que el ya no cuenta ninguna dependencia con dicha entidad Municipal.

A tal efecto, Ventura Bogado Callau presenta denuncia escrita ante la Jefa Departamental de Trabajo La Paz, sobre su reincorporación a su fuente de trabajo, que por Resolución Nº 062/2015 de 12 de octubre, conmina a la reincorporación inmediata de Ventura Bogado Callau a su fuente laboral en el Centro Municipal de Faeneo Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, al mismo puesto que ocupaba a momento de su despido.

Resolución que fue impugnada en revocatorio por la Administración del Centro Municipal de Faeneo dependiente de la Dirección de Empresas y Servicios Públicos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, que por Resolución Administrativa Nº 567 15 de 8 de diciembre de 2015, la Jefa Departamental de Trabajo de La Paz confirma la conminatoria de la Resolución Nº 062/2015 de 12 de octubre; lo que motivo el recurso jerárquico contra dicha Resolución por parte del Ente Municipal, que por Resolución Ministerial Nº 355/16 de 14 de ABRIL DE 2016, PRONUNCIADA POR EL Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social,  confirma la Resolución Administrativa Nº 564 15 y consecuentemente la conminatoria de la Resolución Nº 062/2015 de 12 de octubre.

V. PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Que, del análisis del contenido de la demanda y antecedentes, se establece que el punto de controversia radica en determinar si:

1.- El Inspector de Trabajo de La Paz, la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social carecieron de competencia para tratar la reclamación de Ventura Bogado Callau y;

2.- Si procedía la determinación de reincorporación a su fuente laboral mediante conminatoria dispuesta por Resolución Nº 062/2015 de 12 de octubre, confirmada en etapa recursiva de revocatorio y jerárquico.

VI. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL JURISPRUDENCIAL.

El Procedimiento Contencioso Administrativo, constituye garantía formal que beneficia al sujeto administrado librándolo del abuso de poder de los detentadores del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos para lograr el restablecimiento de sus derechos lesionados con la interposición, precisamente del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa. En consecuencia, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por el demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por las instancias de impugnación. Conforme lo dispone el art. 109-I de la Constitución Política del Estado, que señala que todos los derechos por ella reconocidos son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección, de su parte los arts. 115 y 117-I de la misma norma, garantiza el derecho al debido proceso que se constituye también en uno de los principios de la jurisdicción ordinaria conforme al mandato del art. 30-12 de la Ley del Órgano Judicial que señala: “…impone que toda persona tenga derecho a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido en disposiciones jurídicas generales aplicables a los que se hallen en una situación similar”. En la que además se busque la averiguación de la verdad material, trascendente para que el proceso conduzca a decisiones justas, en un Estado Social Constitucional de Derecho, donde la solución de los conflictos, se basa en el establecimiento de la verdad como como única garantía de la armonía social.

VII. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

1.- Respecto a la falta de competencia; El Título II de la CPE, establece los derechos fundamentales y garantías de las que goza y debe gozar toda persona en el Estado Boliviano, derechos que, de inicio, la norma fundamental los cataloga como universales, inviolables, interdependientes, indivisibles y progresivos, otorgando así un mandato al Estado, sobre el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos, garantizando a toda persona, el libre y eficaz ejercicio de los mismos, todo conforme lo anotado en los arts. 13 y 14 de la misma Constitución. Con mayor precisión, se atribuye al Capítulo quinto del Título II del texto constitucional, la regulación de los derechos sociales y económicos de las personas, entre ellos, el derecho al trabajo y al empleo, conforme se tiene regulado en la Sección III del referido capítulo, en cuyo contenido se exponen una serie de mandatos y consideraciones referidas a los trabajadores, los derechos de los mismos, la obligación del Estado de proteger el ejercicio del trabajo en todas sus formas, principios de interpretación y aplicación de las normas sociales, el refuerzo de los derechos y beneficios sociales bajo las características de inembargabilidad, irrenunciabilidad e imprescriptibilidad.

Conforme lo expuesto, es evidente que el Estado juega un rol preponderante para promover y proteger los derechos de las y los trabajadores, de modo que éstos no sean simples enunciados, sino por el contrario, adquieran y tengan vigencia y aplicación plena en el seno social; ahora bien, es cierto que no todos los que trabajan o prestan un servicio por cuenta ajena, lo hacen bajo el manto de la Ley General del Trabajo (LGT) y sus disposiciones complementarias o conexas; pues, es claro que también existen otro tipo de trabajadores, como los servidores públicos, que de igual manera prestan servicios para el Estado, los que innegablemente también cuentan con derechos laborales que deben ser protegidos si aquello corresponde, en el marco de la norma respectiva que los cobija, sea bajo un procedimiento administrativo que puede ser instado por el servidor público, conforme a la RM Nº 014/10 de 18 de enero de 2010, así como puede hacerlo también ante la judicatura laboral ordinaria de manera directa, pues nada impide que aquello pueda ser así, por cuanto es claro que el art. 73 de la Ley Nº 025 de 24 de junio de 2010, otorga a los jueces en materia de trabajo y seguridad social, la competencia para 4). Conocer y decidir acciones individuales o colectivas, tanto por derechos como por beneficios sociales, y en general, conflictos que se susciten como emergencia de la aplicación de las leyes sociales, entre otros; similar contenido se tenía ya establecido en el art. 152.2 de la Ley de Organización Judicial Nº 1455 de 18 de febrero de 1993. Recalcamos, los derechos laborales también son aplicables a los servidores públicos en el marco de la norma específica que les atañe, de modo que, no necesariamente ha de entenderse como el derecho social, aquello que se encuentra regulado en la LGT o sus disposiciones complementarias o conexas, sino también aquellas que correspondan al ámbito del servicio público, en cuanto a los derechos laborales se refiere.

En ese ámbito, el D.S. 495 de 1 de mayo de 2010, que modifica el art. 10 del D.S. 28699 de 1 de mayo de 2016, señala en su art. Único: “III.  En caso de que el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo.

En coherencia con lo referido precedentemente, el 20 de diciembre de 2012 se promulga la Ley 321, que decreta: art. 1.- I. “Se incorpora al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, a las Trabajadoras y los Trabajadores asalariados permanentes que desempeñen funciones en servicios manuales y técnico operativo administrativos de los Gobiernos Autónomos Municipales de capitales de Departamento y de El Alto de La Paz, quienes gozaran de los derechos y beneficios que la Ley General del Trabajo y sus normas complementarias confieren, a partir de la promulgación de la presente Ley, sin carácter retroactivo”.

En el presente caso, conforme a los contratos de trabajo a plazo fijo (fs. 75 al 86 del anexo I) suscritos entre Ventura Bogado Callau y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, para el trabajo de encargado de Faeneo por la naturaleza del mismo, este se adecua a los preceptos establecidos en la Ley 321 precedentemente transcrita, estando inmerso dentro de la Ley General del Trabajo, por lo que conforme a la normativa precedentemente glosada y transcrita, y principalmente la inmersa en el D.S. 495 de 1 de mayo de 2010, que modifica el art. 10 del D.S. 28699 de 1 de mayo de 2016, que establece: “En caso de que el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social” (las negrillas son nuestras), el afectado acudió de manera correcta a reclamar su reincorporación ante el Inspector de Trabajo de La Paz dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, entidad Estatal que es competente para conocer la reincorporación extrañada conforme a lo explicado, por lo que no existe vulneración alguna de la norma.

2.- En relación a la conminatoria de reincorporación; Primeramente debemos referirnos a la finalidad de los contratos indefinidos o a plazo fijo, el art. 12 de la Ley General del Trabajo, establece que el contrato de trabajo puede pactarse por tiempo indefinido, cierto tiempo o realización de obra o servicio. Por su parte el  DL Nº 16187, de 16 de febrero de 1979, sobre los contratos a plazo fijo e indefinidos ha establecido en su artículo 1 que: “El contrato de trabajo puede celebrarse en forma oral o escrita, por tiempo indefinido, a plazo fijo, por temporada, por realización de obra o servicio, condicional o eventual. A falta de estipulación escrita, se presume que el contrato es por tiempo indefinido salvo prueba en contrario”.

Por su parte, si bien  la  RM Nº 193/72 de 15 de mayo, establecía que los contratos de trabajo pactados sucesivamente por un lapso menor al término de prueba o por plazos fijos que sean renovados periódicamente, adquirirán la calidad de contratos a plazo indefinido a partir de la segunda contratación y siempre que se trate de realización de labores propias del giro de la empresa, el contenido de esta RM ha sido superado por el art. 2 del DL Nº 16187 de 16 de febrero de 1979, que establece que no está permitido más de dos contratos sucesivos a plazo fijo, como tampoco están permitidos contratos a plazo fijo en tareas propias y permanentes de la empresa, en caso de evidenciarse la infracción de estas disposiciones por parte del empleador, se dispondrá que el contrato se convierta en uno por tiempo indefinido. Cabe advertir, que prevalece lo dispuesto por el DL Nº 16187 - que prohíbe más de dos contrataciones a plazo fijo - al tratarse de una norma de superior jerarquía que la RM Nº 193/72, que determinaba que desde la segunda contratación los contratos a plazo fijo adquieren la calidad de indefinidos; empero, subsiste la última parte de dicha Resolución Ministerial, referida a que en todo caso debe tratarse de la realización de labores propias y permanentes del giro de la empresa.

Ahora bien, los términos “labores propias y permanentes de la empresa”, han sido regulados por el art. 2 de la Resolución Administrativa (RA) Nº 650/07 de 27 de abril, emitida por el Ministerio de Trabajo, el que indicó: “(…) Las tareas propias y permanentes - son aquellas vinculadas al giro habitual o principal actividad económica de la empresa, aquellas sin las cuales no tendría objeto la existencia de la unidad económica; en cambio las - tareas propias y no permanentes - , son aquellas que siendo vinculadas al giro habitual o principal actividad económica de la empresa, se caracterizan por ser extraordinariamente temporales, como las tareas de suplencia por licencia, bajas médicas, descansos pre y post natales, declaratorias en comisión, las tareas por cierto tiempo por necesidades de temporada, las tareas por cierto tiempo en organizaciones o entidades, cuya fecha de cierre o conclusión de actividades se encuentre predeterminada”.

En el caso de autos, Ventura Bogado Callau fue contratado como Encargado de Faeneo del Matadero Municipal de La Paz y, siendo así, no ingresa en la definición de la RA 650/07 supra citada, por lo que no corresponde considerárselo personal eventual.

Ahora bien, tratándose de contratos a plazo fijo como en el presente caso, operará la tácita reconducción a contrato a tiempo indefinido, si al vencimiento del término correspondiente persisten las actividades para las que el trabajador fue contratado (RM Nº 283/62 de 13/06/1962) o la conversión si éste fue contratado en más de dos oportunidades sucesivas (art. 2 del DL Nº 16187), siempre que se trate de la realización de labores propias al giro de la empresa, por lo que el cumplimiento del término pactado no constituye ipso facto la culminación de la relación laboral, sino la desvinculación material. Conforme lo referido, el contrato a plazo fijo, es aquel caracterizado por una duración determinada o el establecimiento de un tiempo determinado de duración de la relación laboral. Por ello, de las normas aludidas, se puede concluir que: a) Los contratos a plazo fijo deben pactarse por escrito; b) En el mismo se consiente un determinado tiempo de duración de la relación laboral; c) Se prohíbe más de dos contratos a plazo fijo; y, d) Se prohíbe la celebración de contratos para trabajos propios y permanentes de una empresa. En función a lo manifestado, aplicando las normas legales, a la luz de la CPE, y en aplicación de los principios constitucionales y laborales establecidos en el art. 48.II de la norma fundamental referida, en este entendido, se advierte que el Inspector de la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz al Conminar por Resolución J.D.T.L.P./D.S. Nº 0495/EVG/;º 062/2015 de 12 de octubre, a la reincorporación inmediata de Ventura Bogado Callau a su fuente laboral, Resolución que fue confirmada en recursos de revocatoria y jerárquico, advirtió que las labores que cumplía el demandante, están relacionadas a las tareas propia de la actividad principal de la entidad, labor que no fue ocasional y no recurrente, por cuanto se advierte que ante la existencia de más de dos contratos a plazo fijo, se estableció como sanción la reconducción de los contratos a plazo fijo por uno de tiempo indefinido, determinando la existencia de una relación laboral con todos los requisitos establecidos por el art. 1 del DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993 y ratificados en la actualidad por el art. 2 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, de ahí que se concluyó que el trabajador ingresa bajo la protección de la LGT,  conforme lo dispone el art. 1.I de la Ley Nº 321 y estando fuera de las excepciones establecidas en el art. 1.II de la misma Ley.

En esa línea, de la revisión de la Resolución Ministerial Nº 355/16 de 14 de abril de 2016 se advierte, que uno de los fundamentos que llevó para confirmar dicha resolución en fase recursiva, y concluir la existencia de una relación laboral continua y permanente bajo el amparo de la Ley General del Trabajo, fue la valoración de los contratos de trabajo a plazo fijo suscritos entre Ventura Bogado Callau y la entidad Municipal insertos en el expediente, por lo cual se acredita y se evidencia que el trabajador contaba con más de dos contratos sucesivos a plazo fijo de tracto sucesivo suscritos entre el actor y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz GAMLP, a partir del año 2012 al 2014 (fs. 75 al 86 del anexo I), recontrataciones que avalan y consolidan una continuidad de la relación laboral, razón y motivo que determinó en aplicación del art. 2 del D.S. 16187, que esos contratos de plazo fijo se convirtieron en contratos a tiempo indefinido, es decir que la relación laboral con el GAMLP mudó a una relación laboral permanente e indeterminada en tiempo, por lo que opero la tacita reconducción del contrato, correspondiendo indudablemente la reincorporación inmediata a su fuente laboral de Ventura Bogado Callau.


Bajo esos parámetros se concluye que, al no ser evidentes las infracciones denunciadas por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, conforme lo refiere en la demanda contenciosa administrativa, y al carecer de sustento legal las acusaciones planteadas, corresponde confirmar la Resolución Ministerial Nº 355/16 de 14 de abril de 2016 impugnada.

 

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución contenida en los arts. 2-2) y 4 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014 en relación a la Disposición Final Tercera de la Ley Nº 439, declara: IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa de fs. 169 a 177, interpuesta por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, representado por Ernesto Valdimir Gutiérrez Ramírez, Edwin Castro Escobar y Aldo Rolando Ortiz Troche, en consecuencia se mantiene firme y subsistente la Resolución Ministerial Nº 355/16 de 14 de abril de 2016.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada, con nota de atención.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.