TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM PRIMERA

SENTENCIA N° 63

Sucre, 29 de junio de 2018

DATOS DE LAS PARTES Y DEL PROCESO

Expediente                : 177/2016

Demandante        : EMPRESA METALÚRGICA VINTO

Demandado        : Autoridad General de Impugnación Tributaria

Tercero Interesado        : Gerencia Distrital Oruro del Servicio de

  Impuestos Nacionales

Tipo de proceso                : Contencioso Administrativo

Resolución Impugnada: AGIT-RJ 0385/2016 de 18 de abril

Magistrada Relatora        : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS EN SALA

La demanda contenciosa administrativa de fs. 19 a 23, presentada por la EMPRESA METALÚRGICA VINTO (EMV) representada por Ramiro Félix Villavicencio Niño de Guzmán en su condición de Gerente General de la empresa demandante, contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), pretensión que impugna la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0385/2016 de 18 de abril de fs. 4 a 18; la contestación de fs. 46 a 52; intervención del tercero interesado de fs. 86 a 89 vta.; réplica de fs. 93; dúplica de fs. 103 a 106 vta.; decreto de Autos para Sentencia de fs. 107; los antecedentes del proceso y de sede administrativa; y,

I. ARGUMENTOS DE LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN

1. Demanda y petitorio

Mediante escrito de demanda de 20 de julio de 2016, el demandante Ramiro Félix Villavicencio Niño de Guzmán en su condición de Gerente General de la EMPRESA METALÚRGICA VINTO manifiesta que:

a) En cuanto a los medios fehacientes de pago, la empresa solicitó la devolución impositiva de Bs.15.950.299.- (quince millones, novecientos cincuenta mil, doscientos noventa y nueve 00/100 bolivianos); sin embargo, la AGIT estableció la suma de Bs.13.733.472.- (trece millones, setecientos treinta y tres mil, cuatrocientos setenta y dos 00/100 bolivianos), existiendo una diferencia de Bs.2.216.827.- (dos millones, doscientos dieciséis mil, ochocientos veintisiete 00/100 bolivianos).

b) El descuento por Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) de Bs.23.964.- (veintitrés mil novecientos sesenta y cuatro bolivianos), respecto a las Facturas 1120 por Bs.15.339.- (quince mil trescientos treinta y nueve bolivianos) de COMIBOL (Corporación Minera de Bolivia)-Huanuni y 179 por Bs.8.625.-(ocho mil seiscientos veinticinco bolivianos) de COMIBOL-Colquiri, que el Banco realiza el cargo a las cuentas de la empresa por las transacciones efectuadas con COMIBOL por compra de mineral, deducciones que no corresponden por ser transacciones pasadas, por lo que se demanda la devolución de los montos de ambas facturas.

c) En cuanto al descuento por diferencia de tipo de cambio de Bs.70.163.-, la Resolución Jerárquica revoca parcialmente la Resolución de Alzada manteniendo firme y subsistente  con relación a las facturas 175, 177, 168, 176, 178, 173, 172, 169, 170 y 174 de COMIBOL-Colquiri; por otra parte, en cuanto a las Facturas 1112, 1113, 1118, 1115, 1117, 1116, , 1114, 1119 y 1120 de COMIBOL-Huanuni, confirma la Resolución de Alzada al supuestamente advertir que al momento de la transferencia del pago, existió una diferencia por el tipo de cambio de venta de Bs.6,96.- y compra de Bs.6,86.- y que según la AGIT generó la diferencia de crédito fiscal; ello sin considerar que el cálculo realizado tanto en la contabilización y en la emisión de dichas facturas fue con el tipo de cambio VENTA pero los pagos realizados por la empresa y las transferencias que realiza el Banco Central de Bolivia  en su cuenta en dólares, son con tipo de cambio COMPRA existiendo una diferencia de 10 puntos por dólar, por lo que debe considerarse que la empresa puede optar por usar uno de ellos ya que ambas son oficiales, en consecuencia no corresponde ningún descuento por diferencia de tipo de cambio.

d) En cuanto al descuento de facturas iguales o mayores a 50.000.- UFVs, números 1112, 1113,  1118, 115, 117, 116, 114, 1119 y 1120, emitidas por COMIBOL-Huanuni y de las facturas 175, 177, 168, 176, 178, 173, 172, 169, 170 y 174 emitidas por COMIBOL-Colquiri, la Resolución Jerárquica confirma la depuración de Bs.2.999.507.- (dos millones, novecientos noventa y nueve mil, quinientos siete 00/100 bolivianos), sin considerar que los medios fehacientes de pago, son ellas mismas, porque constituyen el título ejecutivo de cumplimiento obligatorio; además los documentos presentados al SIN-Oruro, respaldan efectivamente la realización de la transacción y por ende, en aplicación del principio de neutralidad impositiva, corresponde la devolución en mérito al art. 125 de la Ley 2492, Código Tributario boliviano (CTb) y arts. 1 y 2 de la Ley 1963 de 23 de marzo de 1999, que modifica el art. 12 de la Ley 1489 de 16 de abril de 1993, por cuanto la EMV compra concentrados de mineral en el mercado interno para refinarlos y fundirlos con destino a operaciones de exportación, utilizando otros insumos a través de contratos de obras y prestación de servicios vinculados a la actividad; la administración tributaria no está reintegrando el IVA conforme al art. 11 de la Ley 843, art. 8 del Decreto Supremo (DS) 21530 y 3.3 y 24 del DS 25465 de 23 de julio de 1999, menos la devolución hasta un monto igual a la alícuota del IVA aplicada sobre el valor FOB de exportación.

e) VINTO es una empresa  recientemente revertida al Estado boliviano; el impuesto IVA metalúrgico fue creado para que tributen las empresas mineras, quienes a su vez, al momento de vender el concentrado al valor de la cotización internacional del mineral, incrementan el valor del 14.94% en su factura, precio en el que se compra el concentrado; entonces, al momento en que la empresa VINTO funde y luego exporta, únicamente cobra su costo de tratamiento en condiciones competitivas internacionales y vende a la cotización internacional porque no puede exportar impuestos; los Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIMs) recuperados son para devolver a los proveedores de concentrados, COMIBOL-Colquiri y COMIBOL-Huanuni y otros, motivo por el cual esta recuperación es de vital importancia para el futuro actuar de la empresa que como componente de la Bolivia Productiva genera empleo y excedentes para el país; actuar en contrario implica carecer de condiciones competitivas para captar concentrados y para exportar.

Solicita que se declare probada la demanda y se revoque la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0385/2016 de 18 de abril, en las partes especificadas.

2. Contestación y petitorio

Daney David Valdivia Coria en representación de la AGIT demandada, se apersona al proceso el 12 de octubre de 2016 y responde la demanda en forma negativa, con los siguientes argumentos:

a) La demanda carece de relevancia jurídica al omitir la fundamentación pertinente; es una transcripción de antecedentes y de normas legales; no expone los motivos técnico jurídicos necesarios para establecer la violación expresa de la ley por parte de la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT), omitiendo la fundamentación la supuesta interpretación errónea o aplicación indebida de la ley y no es suficiente argüir que la Resolución Jerárquica genera agravios y lesiona derechos.

b) Sobre los medios fehacientes de pago, de la revisión de antecedentes, principalmente el papel de trabajo “Verificación de Compras-Medios Fehacientes de Pago” (fs. 562 C.3), respecto a las facturas 175, 177, 168, 176, 178, 173, 172, 169, 170 y 174 de COMIBOL-Colquiri; por otra parte, en cuanto a las Facturas 1112, 1113, 1118, 1115, 1117, 1116, , 1114, 1119 y 1120 de COMIBOL-Huanuni, la instancia jerárquica evidenció que la administración tributaria observó dichas facturas, de manera correcta, porque las mismas carecen de respaldo de medios fehacientes de pago.

c) Sobre el descuento por ITF, de las facturas 1120 y 179, la empresa VINTO, del total a pagar a COMIBOL-Colquiri y COMIBOL-Huanuni por la compra de estaño, descontó el importe que corresponde al ITF, es decir, en lugar de asumir el gasto por éste concepto, lo trasladó a los proveedores, siendo evidente además que los documentos presentados no constituyen de ninguna manera medios de pago, sino más bien evidencia de que la empresa demandante no realizó el gasto por ITF.

d) En cuanto a los descuentos por diferencias de cambio, la instancia jerárquica constató que el importe consignado en las facturas de compra 1112, 1113, 1118, 1115, 1117, 1116, 1114, 1119 y 1120 de COMIBOL-Huanuni, no cuentan con medios fehacientes de pago generando la diferencia de Bs905.833,56.- (novecientos cinco mil, ochocientos treinta y tres 56/100 bolivianos) que genera un crédito fiscal no valido de Bs406.882.- (cuatrocientos seis mil, ochocientos ochenta y dos 00/100 bolivianos).

e) Sobre el descuento de facturas iguales o mayores a 50.000.- UFVs, de las facturas 1112, 1113, 1118, 1115, 1117, 1116, 1114, 1119 y 1120 emitidas por COMIBOL-Huanuni, es evidente que el demandante no respaldó con medios fehacientes de pago la totalidad de las facturas detalladas.

Solicita declarar improbada la demanda, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0385/2016 de 18 de abril.

II. ANTECEDENTES PROCESALES EN SEDE ADMINISTRATIVA

1.- El 12 de agosto de 2015 se notificó al contribuyente con la Orden de Verificación Externa 15990200025 de 27 de enero de 2015, que alcanza la verificación previa del importe solicitado por el contribuyente EMV, correspondiente al IVA, ICE y Formalidades GA de manera individual o combinado dos o tres impuestos; IVA, Formulario 210-IVA Exportadores por el periodo fiscal abril de 2014, solicitando la documentación de descargo necesarias al contribuyente.

2.- Mediante el Informe CITE: SIN/GDOR/DF/VE/INF/287/2015 de 24 de septiembre de 2015, la administración tributaria concluye que como resultado de la verificación efectuada a la documentación que respalda la solicitud de extensión del CEDEIM en la DUDIE por Bs15.950.299.-(quince millones, novecientos cincuenta mil, doscientos noventa y nueve 00/100 bolivianos), se evidencia que las facturas de compras por más de 50.000.- UFVs, emitidas por COMIBOL no cuentan con los medios fehacientes de pago que demuestren el gasto en su integridad, y procedió a la depuración del crédito fiscal por Bs.2.216.827.- (dos millones, doscientos dieciséis mil, ochocientos veintisiete 00/100 bolivianos), concluyendo que el importe sujeto a devolución alcanza a Bs13.733.472.- (trece millones, setecientos treinta y tres mil, cuatrocientos setenta y dos 00/100 bolivianos) por el IVA del periodo fiscal abril de 2014 (fs. 904 a 908 Anexo 5).

3.- El 7 de octubre de 2015, se emite la Resolución Administrativa CEDEIM PREVIA No. 23-01310-15, que ratifica la devolución impositiva por el IVA de Bs13.733.472.- y se notifica al contribuyente el 13 de octubre de 2015 (fs. 913 a 919 vta. Anexo 5).

4.- La EMV formula recurso de alzada el 3 de noviembre de 2015 (fs. 13 a 15 Anexo 1); y, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT), mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0070/2016 de 25 de enero, revoca parcialmente la Resolución Administrativa CEDEIM PREVIA No. 23-01310-15, dejando sin efecto el importe observado de Bs.70.163.- por falta de medios fehacientes de pago y confirma el importe de Bs2.146.664.- (dos millones, ciento cuarenta y seis mil, seiscientos sesenta y cuatro 00/100 bolivianos) como no sujeto a devolución impositiva por depuración de crédito fiscal, por falta de medios fehacientes de pago, determinando el monto total a devolver con CEDEIM de Bs13.733.472.-, más el monto de Bs70.163.- (setenta mil, ciento sesenta y tres 00/100 bolivianos), sumando un total de Bs13.803.635.- (fs. 50 a 60 Anexo 1).

5) El 20 de abril de 2016, la EMV presenta recurso jerárquico contra la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0070/2016, respecto a los descuentos por medios fehacientes de pago, descuentos por ITF, por diferencias de tipo cambio y por la depuración por medios fehacientes de pago de facturas iguales o mayores a 50.000 UFVs, vinculadas a las Facturas 172, 173, 174, 175, 177, 168, 176, 178, 173, 172, 169, 170 y 174 de COMIBOL-Colquiri; por otra parte, en cuanto a las Facturas 1112, 1113, 1118, 1115, 1117, 1116, , 1114, 1119 y 1120 de COMIBOL-Huanuni (fs. 109 a 111 vta. Anexo 1).

6) Mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0385/2016 de 18 de abril, la AGIT revoca parcialmente la Resolución de Alzada, en la parte referida a la observación por diferencia de cambio por facturas emitidas por COMIBOL-Colquiri por Bs70.163.- y declara firme y subsistente la Resolución Administrativa CEDEIM PREVIA 23-01310-15 que estableció el importe a devolver mediante CEDEIM la suma de Bs13.733.472.- y como monto no sujeto a devolución la suma de Bs2.216.827.- por el IVA de abril de 2014 (fs. 132  146 Anexo 1).

III. PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Del análisis del contenido de la demanda contenciosa administrativa, se evidencia que la misma impugna la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0385/2016 de 18 de abril, pronunciada por la AGIT, que revoca parcialmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0070/2016 de 25 de enero, que a su vez revoca parcialmente la Resolución Administrativa CEDEIM Previa Nº 23-01310-15 de 7 de octubre de 2015 y que la pretensión de la Empresa Metalúrgica VINTO, se circunscribe a determinar si la administración tributaria y la AGIT, obró de manera correcta al depurar el crédito fiscal a efectos de devolución impositiva IVA por medios fehacientes de pago, descuentos por ITF, diferencia de tipo de cambio y descuentos por falta de medios fehacientes de pago de facturas iguales o mayores a 50.000 UFVs.


IV. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL PERTINENTE

De acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto.

Sobre el debido proceso

Consagrado por el art. 115.II de la CPE, constituye una garantía constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos que rigen un proceso judicial, administrativo o corporativo, vinculados a todas las formas propias del mismo y a las leyes preexistentes, para materializar la justicia con base en la igualdad de condiciones de los sujetos intervinientes, de conformidad con el art. 119.I de la Ley Fundamental; el debido proceso tiene dos perspectivas; de un lado, se trata de un derecho en sí reconocido a todo ser humano; y de otro, es una garantía jurisdiccional a favor de toda persona para asegurar el ejercicio de sus derechos en las instancias administrativas, jurisdiccionales o jurisdicciones especiales.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: “En opinión de esta Corte, para que exista «debido proceso legal» es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal”.

En ese contexto, el resguardo del derecho al debido proceso no solamente es exigible dentro de los procesos judiciales, sino también abarcan a los procesos administrativos, en razón a que la Constitución Política del Estado lo consagra como un principio, un derecho y una garantía (triple dimensión), esto debido a la naturaleza y sus elementos constitutivos como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales que le faculta a todo ciudadano afectado, exigir del Estado un juzgamiento imparcial y justo, ante un juez responsable, competente e independiente, puesto que el Estado no sólo está obligado a proveer la prestación jurisdiccional, sino que está obligado a proveerla bajo determinadas garantías mínimas que le aseguren tal juzgamiento imparcial y justo.

Por su parte, la SC 0281/2010-R de 7 de junio, establece que: “Como se puede advertir la jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece claramente que el derecho al debido proceso no solamente es exigible dentro de los procesos judiciales, sino que también abarcan a los procesos administrativos, jurisprudencia que no contradice los principios constitucionales; y que por lo tanto, es compatible con la Constitución vigente…”, razonamiento reiterado en la SCP 0169/2012 de 14 de mayo, entre otras.

Ahora bien, se entiende por medio fehaciente de pago, según lo desarrollado por la doctrina tributaria, y acudiendo al Diccionario de la Lengua Española (Espasa-Calpe 2005), es posible establecer que: “medio fehaciente de pago, es el instrumento fidedigno empleado en una transacción, en virtud del cual se da testimonio de la certeza de la cancelación o pago en la compra de bienes o contratación de servicios, herramienta comúnmente aceptada entre particulares, en un mercado, comercio, institución y la administración pública, comenzando por el dinero en efectivo, tarjetas bancarias (débito o crédito), transferencias entre entidades financieras (pagarés, letras de cambio, pólizas, etc.), hasta los medios de pago online vía internet (compra electrónica, comercio electrónico, etc.)”.

Así definido el medio fehaciente de Pago, resulta claro que, tanto el sujeto pasivo o tercero responsable, para poder beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal IVA, producto de las transacciones que declara, debe cumplir y demostrar los siguientes tres presupuestos legales necesarios, esenciales y concurrentes, a saber: 1) La existencia de la factura, nota fiscal o documento equivalente por el cual se perfecciona el hecho imponible del IVA conforme establece el art. 4 inc. a), concordante con el art. 8 inc. a) ambos de la Ley 843. Este documento mercantil emitido por quien transfiere el dominio con la entrega del bien o acto equivalente, deberá ser presentado en original; 2) Que la compra o adquisición tenga vinculación con la actividad gravada, de acuerdo a lo establecido en el citado art. 8 inc. a); y, 3) La realización efectiva de la transacción; es decir, que se perfeccione con el pago de la alícuota establecida en el art. 15 de la Ley 843, concordante con el art. 8 del DS 21530.

El art. 12.III del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004 que modifica el art. 37 del DS 27310, Reglamento del CTb, dispone que cuando se solicite devolución impositiva, las compras iguales o mayores a 50.000.- UFVs, deben ser respaldadas por medios fehacientes de pago para que la administración tributaria reconozca el crédito correspondiente.

Por su parte, el art. 70 num. 4 y 5 del CTb establecen la obligación del sujeto de pasivo de respaldar sus actividades, demostrando procedencia y cuantía de los créditos.

En ese contexto, a efectos de devolución impositiva, existen documentos que sirven de respaldo como medios fehacientes de pago total o parcial de la transacción contenida en una factura y otros documentos que demuestran como medio fehaciente la transacción en sí.

Al respecto, del latín transactio, transacción es un término definido por el diccionario de la Real Academia Española (RAE) como la acción y efecto de transigir o acordar voluntariamente con otra parte algún punto litigioso para compartir la diferencia de la disputa, consentir a fin de terminar con una diferencia; para la economía, las finanzas o el comercio, una transacción es una operación de compra y venta que implica que alguien vende un producto a un comprador y el vendedor acuerda entregar el producto al comprador aceptando el monto de dinero convenido a modo de compensación por la transacción.

V. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

Con base en el análisis jurídico legal y jurisprudencial contenido precedentemente y establecida la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por la demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico, corresponde realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la administración tributaria y la AGIT, y analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por la parte demandante para disponer los descuentos ante la solicitud de Certificado de Devolución Impositiva IVA.

Con carácter previo, en mérito a la contestación de la autoridad demandada en sentido que la demanda carece de relevancia jurídica por omitir la fundamentación pertinente, se deja establecido que ello no es evidente; conforme consta en el punto I. Argumentos de la Demanda consignados en la presente Sentencia, el escrito contiene la expresión de agravios pertinente, la relación de hechos y el nexo de causalidad necesario con el derecho o normativa que se considera aplicada erróneamente, por lo que se ingresa al análisis de la problemática respectiva.

En cuanto a los medios fehacientes de pago, con base en la normativa descrita precedentemente, consta las observaciones realizadas a las facturas 172, 173, 174, 175, 177, 168, 176, 178, 173, 172, 169, 170 y 174 de COMIBOL-Colquiri, cursantes a fs. 675, 682, 689, 696, 703, 710, 730, 757, 764, 772 y 779 Anexo 4; por otra parte, en cuanto a las Facturas 1112, 1113, 1118, 1115, 1117, 1116, 1114, 1119 y 1120 de COMIBOL-Huanuni, cursantes a fs. 571, 588, 603, 617, 632, 646, 660, 716 y 737 Anexo 4, en el Papel de Trabajo “Verificación de Compras-Medios Fehacientes de Pago”; la administración tributaria verificó que las mismas no fueron respaldadas en su totalidad y pese a que la normativa aplicable no reconoce el respaldo parcial de una factura, la administración, de manera correcta observó parcialmente el monto consignado en la factura y en cumplimiento al art. 63.II de la Ley 2341, referido a que en ningún caso puede agravarse la situación inicial del recurrente, las decisiones de instancia alzada y jerárquicas únicamente se pronunciaron por los agravios expresados por el recurrente; sin embargo, corresponde el descuento por depuración a efectos de devolución impositiva IVA de los montos de las facturas que carecen de respaldo, de conformidad con el art. 12.III del DS 27874, modificado por el art. 37 del DS 27310 y numerales 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492. 

En cuanto al descuento por ITF, de las facturas 1120 y 179, la empresa VINTO del total a pagar a COMIBOL-Colquiri y COMIBOL-Huanuni por la compra de estaño, la EMV demandante descontó el  ITF trasladando éste gasto a sus proveedores, contraviniendo el art. 4 de la Ley 3446 que prevé que el sujeto pasivo del impuesto es el titular de la cuenta bancaria, siendo evidente que corresponde la depuración de Bs23.964.-

Sobre los descuentos por diferencias de cambio, respecto a las Facturas 172, 173, 174, 175, 177, 168, 176, 178, 173, 172, 169, 170 y 174 de COMIBOL-Colquiri; por otra parte, en cuanto a las Facturas 1112, 1113, 1118, 1115, 1117, 1116, 1114, 1119 y 1120 de COMIBOL-Huanuni), se evidencia que las mismas contienen el monto en bolivianos, al tipo de cambio de Venta de Bs6,96.- por cada $us1.-; además, la EMV solicitó a su departamento de contabilidad se efectúe la cancelación de la compra de concentrado de estaño con el tipo de cambio de compra Bs6.86.-, situación que provoca la diferencia y que naturalmente deja en evidencia la falta de medios fehacientes de pago por el importe total de las facturas comerciales emitidas por el proveedor COMIBOL que genera un crédito fiscal no valido.

Sobre el descuento de facturas iguales o mayores a 50.000.- UFVs, de las facturas emitidas por COMIBOL-Colquiri y COMIBOL-Huanuni, la administración tributaria evidenció que la EMV demandante no respaldó con medios fehacientes de pago la totalidad de las facturas observadas, así consta en los documentos contables de la empresa (Anexos), que respaldan de manera parcial el pago de las facturas.

Por lo expuesto, éste Tribunal concluye que la autoridad demandada, actuó correctamente al revocar parcialmente la Resolución de Alzada y determinar que el crédito fiscal válido para devolución impositiva del periodo fiscal abril de 2014.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contencioso Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en los arts. 2.2 y 4 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, en virtud de los fundamentos expuestos, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa de fs. 19 a 23, presentada por la EMPRESA METALÚRGICA VINTO representada por Ramiro Félix Villavicencio Niño de Guzmán en su condición de Gerente General de la empresa; y, en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0385/2016 de 18 de abril, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a éste Tribunal y sea con nota de atención.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.