TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Sentencia Nº 60

Sucre, 4 de junio de 2018

Expediente                        : 129/2016-CA

Proceso                        : Contencioso Administrativo

Demandante        : Almacenera Boliviana S.A. (ALBO S.A.)

Demandado                : Aduana Nacional de Bolivia

Resolución Impugnada        : RD 03-013-16 de 10 de marzo de 2016

Distrito                        : La Paz

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán


Pronunciada en el proceso Contencioso Administrativo seguido por Almacenera Boliviana S.A. (ALBO S.A.), impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico RD 03-013-16 de 10 de marzo de 2016, emitida por la Aduana Nacional de Bolivia (ANB).

VISTOS: La demanda Contencioso Administrativa de fs. 222 a 226 vta., interpuesta por Almacenera Boliviana S.A. (ALBO S.A.), legalmente representada por Fernando Ríos España, contra la Resolución RD 03-013-16 de 10 de marzo de 2016, emitida por la Aduana Nacional (fs. 210 a 221); la respuesta de la Aduana Nacional de fs. 235 a 242 vta.; el memorial de Réplica de fs. 262 a 265 y el de Dúplica de fs. 268 a 270; Decreto de Admisión (fs. 230); el Auto de Amparo Constitucional N° SCI-009/2017 de 31 de octubre de 2017, emitido por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, los antecedentes tanto jurisdiccionales como administrativos y;

CONTENIDO DE LA DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA.

Almacenera boliviana S.A. manifestó ser una empresa privada y que por contrato suscrito con la Aduana Nacional en fecha 29 de noviembre de 2002, tiene la concesión de la administración de depósitos aduaneros en los recintos aduaneros de algunas regiones del país. En el marco del Reglamento de Concesión, aprobado mediante Resolución de Directorio DR-01-006-12 y los procedimientos aduaneros establecidos por la propia Aduana Nacional, señala que se establecen dos elementos, objeto del recurso al haber servido de sustento para una sanción alejada de las tipificaciones establecidas en el Reglamento de Concesión, señala que el art. 83 del Reglamento de Concesión establece las acciones u omisiones que constituyen infracciones administrativas susceptibles de sanción contra el concesionario; entre las infracciones se tipifica en el numeral 16); también afirma que el art. 69 del Reglamento de Concesión en su inc. k) señala como una de las obligaciones del concesionario: “Mantener separadas, clasificadas y claramente identificadas a través del parte de Recepción las mercancías incautadas y abandonadas del resto de mercancías almacenadas y realizar un inventario específico de éstas. Dicha mercancía deberá ser de fácil ubicación mediante una adecuada señalética y/o zonificación de los almacenes, anexos o patios, información que deberá estar incluida en el parte de recepción.”

Manifestó que en base a los elementos descritos y los documentos que hacen plena prueba de lo manifestado, denuncia la aplicación de una sanción administrativa por un hecho que no se describiría como Infracción, en ningún lugar del reglamento de concesión, motivo por el cual denuncia la aplicación de una sanción sin tipificación, forzada y aplicada sobre analogías y subjetividades, cuando la sanción por analogía está expresamente prohibida en el art. 283 del Reglamento de la Ley General de Aduanas D.S. 25870.

Alegó que las autoridades de la administración aduanera que resolvieron los recursos, descargos y alegatos del concesionario no valoraron correctamente la verdad material de los hechos y mucho menos los requisitos esenciales para aplicar sanciones, emitiendo actos que no consideran los principios rectos del procedimiento administrativo como ser: la tipicidad previa, exacta y clara para sancionar, el principio de verdad material, el principio de buena fe sobre los actos del administrado y el principio de legalidad que obliga a la administración aduanera a regirse por las normas superiores, con imparcialidad y objetividad.

Así también denunció la ausencia de fundamentación legal pertinente y contundente que conecte sin lugar a dudas el error o hecho aislado con el alcance de la obligación que se imputa como infringida y que corresponda por ende a una infracción administrativa claramente sancionable.

Denunció la aplicación de una multa arbitraria sobre un procedimiento viciado de nulidad, al no haber considerado el procedimiento y principios establecidos en la Ley 2341, contraviniendo las garantías constitucionales, conforme señala el art. 35 de la citada Ley.

Acusó la inaplicación del principio de imparcialidad descrita en el art. 4 f) de la Ley 2341, por un error en el acta de entrega de inventario elaborado por funcionarios de aduana, mediante el cual se pretende generar forzadamente una sanción administrativa contra el concesionario sin que tal conducta se ajuste a ninguna de las tipificaciones de infracción establecidas en el Reglamento de Concesión, cargando toda la responsabilidad de ese error que (no figura como infracción) al concesionario, sin que exista ningún proceso contra los funcionarios adscritos a la Aduana como ser el técnico de la Aduana, ni el funcionario COA cuyos datos ni siquiera figuran correctamente en las actas.

Petitorio.

Concluyó solicitando “la admisión de la demanda y se declare probada la misma, dejando sin efecto la Resolución RD-013-16 DE 10 de marzo de 2016, junto a todos los actos administrativos excedidos, ilegales y transgresores de los principios denunciados, así como la sanción impuesta ilegalmente contra el concesionario”.

RESPUESTA A LA DEMANDA.

En representación de la Aduana Nacional, y de su Presidente Ejecutiva a.i. se apersona su apoderado Mauricio Felix Segales Bothelo a objeto de responder negativamente la demanda Contenciosa Administrativa interpuesta por la empresa Almacenera Boliviana S.A. (ALBO S.A.).

Ampliando los argumentos de su resolución, hace cita de la sentencia Constitucional plurinacional 0693/2012 de 2 de agosto de 2012, manifiesta que la empresa demandante se limitó a hacer apreciaciones subjetivas carentes de sustento legal, realizando una transcripción inextensa de la norma y una sucinta relación de hechos, empero jamás realizó una relación causal entre el elemento fáctico y normativo del petitorio sin establecer con claridad de qué manera los hechos alegados vulneración o lesionarían derecho alguno.

Haciendo referencia a las normas aplicadas por la Aduana Nacional cita el art. 32 de la Ley 1990 de 28 de julio de 1999; art. 160 del Decreto Supremo 25870 de 11 de agosto de 2000 (Reglamento General de Aduanas), Reglamento para la Concesión de Recinto Aduaneros, aprobado mediante Resolución de Directorio Nº RD 01-006-12 de 20 de julio de 2012, haciendo cita de los artículos 1; 12; 17; 56; 58; 59 inc. a), d) y f); 69 inc. k); 83 núm. 16); 85 inc b); Nuevo Manual para el Procesamiento de contrabando Contravencional, aprobado por Resolución de Directorio Nº RD 01-005-13 de 28 de febrero de 2013, acápite de “Aspectos Técnico y Operativos”.1. Decomiso de Mercancías; 2. Verificación Previa de Mercancía; 3. Acta de Inventario y entrega de mercancía y medios de transporte comisados al concesionario de depósito aduanero o de zona Franca a) mercancía decomisada

Sobre los argumentos de la demanda Contenciosa Administrativa interpuesta por la empresa “Almacenera Boliviana S.A.”, desvirtúa los mismos efectuando una relación de los elementos que deben concurrir para evidenciar la existencia de una infracción administrativa; argumenta con relación a los fundamentos expuestos por la empresa Almacenera Boliviana S.A. que supuestamente desvirtuarían la infracción administrativa por la que fue sancionada; concluye argumentando sobre la supuesta vulneración de principios por parte de la Administración Aduanera.

Petitorio.

Concluye solicitando a este Tribunal “dictar sentencia declarando improbada en todas sus partes la demanda contenciosa Administrativa de contrario, manteniendo firme y subsistente la RD 03-013-16 de 10 de marzo de 2016 y las determinaciones dispuestas en la misma, sea con costas.”

Réplica y dúplica

Almacenera Boliviana S.A. (ALBO S.A.), con memorial de fs. 262 a 265, formulo réplica, sobre la supuesta aceptación de infracción mencionada en la respuesta de la Aduana a la demanda contencioso administrativa, señalando que no es evidente que acepten la comisión de la infracción imputada, toda vez que basados en la verdad material de los hechos, manifiestan haber cumplido con las actividades y acciones que le competen; señalan que no es competencia de dicha entidad verificar el contenido de la mercancía, sino la emisión del parte de recepción sobre los datos contenidos en el acta de inventario que a su vez sirve de documento formal de entrega al concesionario, donde claramente se describe la mercancía comisada como zapatos usados, aspecto reflejado por el concesionario en la parte de recepción que debe tener coincidencia con el acta de entrega inventariado. Hechos que se ajustarían al procedimiento y que no representan como refiere la aduana admitir haber incurrido en una infracción al señalar textualmente “no desconoce y tampoco desvirtúa la infracción en la cual incurrió”, concluyendo reiterando los términos de su demanda.

Por su parte, en la dúplica de fs. 268 a 270, la ANB advierte la supuesta inexistencia de infracción administrativa alegada por la empresa ALBO S.A., pues reconoce de manera expresa que la Aduana Nacional determinó con claridad que ALBO S.A. incumplió la obligación establecida en el art. 69 inc. k) del Reglamento para la Concesión de Recinto aduaneros, aprobado por la Resolución de Directorio Nº RD 01-006-12 de 20 de julio de 2012, aspecto que constituye una infracción de conformidad al art. 83 núm. 16 del citado cuerpo legal. Argumenta haberse evidenciado que concurre el elemento de tipicidad, toda vez que el procedimiento sancionatorio fue originado en razón de una infracción administrativa, establecida anticipadamente.

Señala por otra parte que, la concesionaria debió efectuar la verificación correspondiente para evidenciar que se trataba de mercadería nueva y no usada, debido a que con la suscripción del Acta de Entrega e Inventario de la Mercancía Decomisada, señaló su conformidad y aceptación en la verificación efectuada, más aun considerando que de manera posterior se emitió el Parte de Recepción 701 2011 314721, el cual fue además validado por el Jefe de Almacenes de Almacenera Bolivia S.A.

Manifiesta también que si bien la mercancía en cuestión se encontraba separada y clasificada, no se encontraba debidamente identificada en el Parte de Recepción, evidenciando el incumplimiento de la obligación establecida en el art. 69 inc. k) del Reglamento para la Concesión de Recintos Aduaneros, y en consecuencia la comisión de la infracción instituida en el art. 83 núm. 16) del citado cuerpo legal.

Sentencia N° 18/2017 de 24 de marzo de 2017.

Mediante Sentencia N° 18/2017 de 24 de marzo de 2017, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Primera, declaró probada la demanda interpuesta por Almacenera Boliviana ALBO S.A., instruyendo a la Aduana Nacional emitir nueva Resolución que sancione de manera específica y clara a los funcionarios que incurrieron en el error de clasificar la mercadería que tuvo un tratamiento especial en la entidad Concesionaria.

Auto de Amparo Constitucional N° SCI-009/2017.

En conocimiento de la Sentencia N° 18/2017 de 24 de marzo, la ANB, interpuso acción de Amparo Constitucional en contra de las autoridad suscriptoras de la citada Sentencia, misma que fue de conocimiento de la Sala Civil Comercial Primera de Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, Tribunal que mediante Auto de Amparo Constitucional N° SCI-009/2017 de 31 de octubre de 2017, concedió la Acción de Amparo Constitucional, interpuesta por Marlene Ardaya Vásquez en su condición de Presidenta Ejecutiva a.i., de la Aduana Nacional, disponiendo dejar sin efecto la Sentencia Nº 18, de 24 marzo de 2017, y se emita una nueva sentencia salvando las observaciones efectuadas.

Las observaciones de fondo del citado Auto de Amparo Constitucional establecen: “Hecho el contraste entre la pretensión de las partes y la respuesta de las autoridades accionadas traducida en la Sentencia Nº 18, se advierte que está ausente la motivación y fundamentación con relación la obligación contenida en el art. 69, inciso K), realizar inventario específico de la mercadería puesta a su custodia, que al ser una obligación es imperativa que se cumpla con el inventario exigido, entendiéndose como específico un detalle preciso, esta ausencia de motivación y fundamentación y fundamentación sobre este punto atenta el debido proceso en dicha vertiente.

Al mismo tiempo, este Tribunal considera que existe incongruencia entre la parte considerativa y resolutiva de la sentencia impugnada, por cuanto no se considera sobre los funcionarios que intervienen en la elaboración de actas de inventario y acta de entrega de la mercadería decomisada, pero al declarar probada la demanda, ordena a la Aduana Nacional, sancionar a los funcionarios que intervinieron en la clasificación de la mercadería con error, cuando en realidad la Aduana ha dispuesto instaurar el proceso administrativo contra los funcionarios de su dependencia (Aduana Nacional y COA), mas no así contra el funcionario de la Empresa Almacenera Boliviana S.A., por no ser de su dependencia.”

En consecuencia, el presente fallo deberá ajustar su decisión en base a los antecedentes del proceso en el marco de las observaciones efectuadas por el Auto de Amparo Constitucional N° SCI-009/2017.

ANTECEDENTES DEL PROCESO.

La Administración de la Aduana Regional Santa Cruz, emite la Resolución Administrativa AN-ULEZR.RA-132/2015 de 2 de octubre de 2015, mediante la cual Resuelve declarar probada la infracción administrativa cometida por Almacenera Boliviana ALBO S.A. que adecúa su conducta al numeral 16 del art. 83 y el inciso k) del art. 69 del Reglamento para la Concesión de Recintos Aduaneros aprobado con la Resolución de Directorio Nº RD 01-006-12 de 20 de julio de 2012 según el cual debe “mantener separadas, clasificadas y claramente identificadas a través del Parte de Recepción las mercancías incautadas y abandonadas del resto de la mercancía almacenada y realizar un inventario específico de estas”. En consecuencia sanciona conforme el art. 85 inc. b) del Reglamento para la Concesión de Recinto Aduaneros aprobado con la Resolución de Directorio Nº RD 01-006-12 de 20 de julio de 2012, con la suma de 7.879,45 UFVs.

Recurso de revocatoria.

La Concesionaria Almacenera Boliviana ALBO S.A. interpone Recurso de Revocatoria que es resuelta mediante Resolución Administrativa AN-ULEZR-RA-149/2015 de 18 de noviembre de 2015, denegando el Recurso de Revocatoria y confirmando en todas sus partes la Resolución Administrativa AN-ULEZR.RA.132/2015 de 02 de octubre de 2015.

Recurso jerárquico.

Ante la determinación asumida por la Aduana Distrital Santa Cruz, interpone Recurso Jerárquico contra la Resolución de Recurso de Revocatoria, el cual fue resuelto mediante Resolución RD 03-013-16 de 10 de marzo de 2016 que rechazó totalmente el Recurso Jerárquico interpuesto en fecha 17 de noviembre de 2015 y ratificado el 10 de diciembre de 2015, por el representante de Almacenera Boliviana S.A. ALBO S.A. contra la Resolución Administrativa AN-ULEZR-RA-149/2015 de 18 de noviembre de 2015 emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional; confirmando en todas sus partes la citada resolución por haberse evidenciado la comisión de la infracción administrativa establecida en el numeral 16 del artículo 83, concordante con el art. 69 del Reglamento para la Concesión de Recintos Aduaneros aprobado mediante RD Nº 01-006-12 de 20 de julio de 2012; ratificando la aplicación de la multa al Concesionario ALBO S.A. por la suma equivalente a 7.879,45 UFVs, en observancia a los señalado en el inciso b) del art. 85 de la precitada normativa.

Dispone además el inicio de proceso administrativo contra los funcionarios de la Aduana Nacional y funcionarios del COA que intervinieron en la emisión del Acta de Inventario, el Acta de Entrega de la Mercancía Decomisada.

III.-FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Reconocida la competencia de esta Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa, del Tribunal Supremo de Justicia, en previsión de los arts. 778 a 781 del Código de Procedimiento Civil (CPC) y lo dispuesto por la Ley Nº 620 art. 2-2, tomando en cuenta que el proceso contencioso administrativo es un juicio de puro derecho dirigido a verificar la correcta aplicación de la ley en los actos y resoluciones de la administración, en el caso por la ANB, corresponde ingresar a la resolución de la causa.

Problemática planteada.

De la revisión de la demanda, respuesta y antecedentes contenidos en el expediente, el Auto de Amparo Constitucional N° SCI-009/2017 de 31 de octubre de 2017, emitido por la Sala Civil Comercial Primera de Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que realizó observaciones a la Sentencia Nº 18/2017; se advierte que la problemática traída a juicio de éste Tribunal se circunscribe a determinar:

  1. Si existe ausencia de motivación y fundamentación con relación a la obligación contenida en el art. 69, inciso K), del Reglamento para la Concesión de Recintos Aduaneros, que exige el cumplimiento de ALBO S.A. a la elaboración de un inventario específico, en la recepción e ingreso de la mercancía al depósito aduanero y si el incumplimiento a dicha normativa es sujeta a sanción administrativa.
  2. Si existe incongruencia al declarar probada la demanda, y ordenar a la Aduana Nacional, sancionar a los funcionarios que intervinieron en la clasificación de la mercadería con error, cuando en realidad la Aduana ha dispuesto instaurar el proceso administrativo contra los funcionarios de su dependencia (Aduana Nacional y COA), mas no así contra el funcionario de la Empresa Almacenera Boliviana S.A., por no ser de su dependencia.

ANÁLISIS Y FUNDAMENTACION LEGAL.

Cuestión previa

Previo a considerar el fondo del caso en análisis, y toda vez de la confusión en la que incurre el demandante al considerar que la sanción impuesta no corresponde al haber incurrido los funcionarios de la Aduana Nacional y del COA en actos que debieron ser sancionados por la responsabilidad pública, al haber sido ellos quienes cometieron el error en las actas materia de cuestionamiento, correspondiendo subsiguientemente elucidar que, la Resolución impugnada RD 03-013-16 de 10 de marzo de 2016, (fs. 210 a 221 2do. cuerpo), en su parte resolutiva segunda dispuso inicio de proceso administrativo en contra de los funcionarios de la Aduana Nacional y del COA, que intervinieron en la emisión del acta de inventario y el acta de mercancía decomisada, aspecto que ha sido advertido por el Auto de Amparo Constitucional N° SCI-009/2017 de 31 de octubre de 2017, emitido por la Sala Civil Comercial Primera de Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, Tribunal que concedió la Acción de Amparo Constitucional en favor de la Aduana Nacional.

En consecuencia de lo reseñado, el proceso sancionatorio administrativo llevado adelante por la Aduana Nacional, en contra de Almacenera Boliviana S.A. (ALBO S.A.), emerge del proceso de relacionamiento en contra de la citada empresa por el presunto incumplimiento de obligación previsto en el Reglamento para la Concesión de Recintos Aduaneros, que culminó con la emisión de la Resolución Administrativa Sancionatoria AN-ULEZR-RA-132/2015 de 2 de octubre (fs. 179 a 187 primer cuerpo), que declaró probada la infracción administrativa en la que incurrió ALBO S.A., como emergencia de su incumplimiento, a las obligaciones a las cuales se hallaba sujeta -art. 83 num.16) y art. 69 .k) del Reglamento para la concesión de Recintos Aduaneros- como concesionaria de un recinto aduanero de almacenaje, sancionándola con la suma de 7.879, 45 UFVʹs, conforme a la sanción de multa prevista por el art. 85 .b) del citado reglamento, no siendo como consecuencia evidente la improcedencia de un procedimiento sancionatorio en su contra como lo afirmó ALBO S.A.

Del caso concreto.

La Resolución impugnada RD 03-013-16 de 10 de marzo de 2016, los antecedentes del proceso administrativo traído en proceso contencioso administrativo y el Auto de Amparo Constitucional N° SCI-009/2017 de 31 de octubre de 2017, que concedió la Acción de Amparo Constitucional, interpuesta por la Aduana Nacional, que dispuso dejar sin efecto la Sentencia Nº 18, de 24 marzo de 2017, advierten que el concesionario Almacenera Boliviana S.A. (ALBO S.A.), habría incumplido en identificar claramente a través de las actas de recepción las mercancías incautadas y almacenadas, y así incumplir con realizar un inventario específico de éstas, aspecto que configuraría la infracción establecida en el numeral 16 del art. 83; relacionado al incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del concesionario establecidas en el artículo 69 .k), que no estén específicamente detalladas en dicho artículo, incumplimiento que derivó en la aplicación de una sanción por la suma de 7.879,45 UFVʹs, por considerar probada la infracción al numeral 16) art. 83 e inciso k) del art. 69 del Reglamento de Concesión de Recintos Aduaneros.

En ese marco, el argumento de ALBO S.A. se concentra en denunciar la aplicación de una sanción administrativa por un hecho que no se describiría como infracción, en ningún lugar del reglamento de concesión, motivo por el cual denuncia la aplicación de una sanción sin tipificación, forzada y aplicada sobre analogías y subjetividades, hechos que habrían derivado en una sanción forzada sin que la conducta del concesionario se ajuste a ninguna de las tipificaciones de infracción establecidas en el Reglamento de Concesión, aspecto que derivó en la no valoración de la verdad material de los hechos y el principio de legalidad y los requisitos esenciales para aplicar sanciones; asimismo , considera el procedimiento sancionatorio incoado en su contra como un procedimiento errado toda vez que quien elaboró el parte de recepción serían los funcionarios aduaneros quienes elaboraron en forma errada el parte de recepción, error que pretende ser trasladado al concesionario.

El principio de legalidad previsto en el art. 283 del Reglamento a la Ley General de Aduanas D.S. 25870, establece:.” (Principio de legalidad) Para que un acto, hecho u omisión sea calificado como contravención aduanera, deberá existir infracción de la Ley, del presente reglamento o demás disposiciones administrativas, que no constituyan delitos aduaneros. No habrá contravención por interpretación extensiva o analógica de la norma.(…)” (sic)

En el contexto, El artículo 86 núm. 16 del Reglamento para la Concesión de Recintos Aduaneros señala: “Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Concesionario establecidas en el artículo 69 que no estén específicamente detalladas en el presente artículo”, a su vez el art. 69 está referido a “Otras Obligaciones del Concesionario”  y el inc. k) señala textualmente: “Mantener separadas, clasificadas y claramente identificadas a través del Parte de recepción las mercancías incautadas y abandonadas del resto de mercancías almacenadas y realizar un inventario específico de éstas. Dicha mercadería deberá ser de fácil ubicación mediante una adecuada señalética y/o zonificación de los almacenes, anexos o patios, información que deberá estar incluida en el Parte de Recepción”.

Queda en evidencia que la obligación prevista en el inc. k) del art. 69 del señalado reglamento se divide en dos párrafos, de los cuales, es el primer párrafo materia de cuestionamiento, mismo que dispone en su primera parte que el concesionario, deberá mantener separadas, clasificadas y claramente identificadas a través del parte de recepción las mercancías incautadas y abandonadas del resto de mercancías almacenadas, correspondiendo en dicho tenor, evidenciar si esta exigencia fue cumplida o incumplida por parte de ALBO S.A.; y si su conducta se subsume en la tipología descrita en el art. 69 .k) del Reglamento para la Concesión de Recintos Aduaneros, advirtiéndose de revisión de antecedentes administrativos la inexistencia de cuestionamiento por las partes del proceso, como tampoco por el Auto de Amparo Constitucional N° SCI-009/2017.

Ahora bien, respecto a la exigencia normativa de la segunda parte del párrafo primero del señalado art. 69 .k) del Reglamento para la Concesión de Recintos Aduaneros, referido a la elaboración de un inventario específico, aspecto cuestionado específicamente por el Auto de Amparo Constitucional N° SCI-009/2017, se advierte que el señalado Acta de Inventario de la Mercancía Decomisada y el Parte de Recepción de Recinto Aduanero Interior Santa Cruz 701 2011 314721, de la empresa Almacenera Boliviana S.A. (ALBO S.A.), al margen de limitarse a describir la mercancía como “Zapatos usados variados en una cantidad de 9 bolsas de yute con un peso de 333,00, y con detalle según acta de entrega del COA”, no detalla en el inventario mayores especificaciones, detalles y especificidades inherentes a la mercancía comisada e ingresada a recinto aduanero de almacenaje, como ser: cantidad del producto (número de zapatos), ser estos calzados de varón, dama, niño o niña y en que cantidades, tipo de calzados, de calle o zapatos deportivos y su cantidad, color de los calzados y su cantidad, marca de los calzados y su cantidad; en suma se advierte que el inventario específico señalado por la norma, exigía que la mercancía sea detallada de la manera más específica, exigiendo el reconocimiento real de mercancías y la verificación de su naturaleza, como obligación a ser cumplida por el concesionario, conforme a la exigencia prevista por el numeral 16) art. 83 e inciso k) art. 69 del Reglamento de Concesión de Recintos Aduaneros; empero de ello, se evidencia que, ALBO S.A. se remite al detalle del acta de entrega del COA, eximiéndose de su deber de elaborar el inventario específico exigido por la citada norma; es decir no efectúa el relevamiento de información exigida por ésta, limitándose a reproducir lo señalado en dicha acta, sin dar cumplimiento estricto a la obligación impuesta en el reglamento, como concesionario de un recinto aduanero de almacenaje sujeto a concesión, conforme lo exige el art. 160 del D.S. 25870 de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley General de Aduanas; y arts. 1, 12, 17, 56, 58, 19, 69 y 83 del Reglamento para la Concesión de Recintos Aduaneros, aprobado por la Resolución de Directorio N° RD 01-006-12 de 20 de julio de 2012, sancionado por el art. 85 del señalado reglamento.

Debe concebirse que la exigencia de un inventario especifico de la mercancía ingresada a recintos aduaneros (Almacenes Aduaneros), prevista por la norma tiene una variedad de objetivos, entre otros; el de contar con información útil, confiable y oportuna que muestre que la mercancía ingresada no sea mercancía perecedera, mercancía sujeta a competencia de la Ley de Sustancias Controladas, mercancía sujeta a otros regímenes aduaneros, mercancía prohibida de importación o mercancía de manejo de las Fuerzas Armadas o Policía Boliviana en resguardo del régimen interior o exterior del Estado y otros, o como en el caso presente mercancía nueva “Zapatos nuevos”, que tienen un tratamiento diferente al de mercancía “Zapatos usados variados”, señalado en mencionada acta, mercancía que puede estar sujeta al simple almacenaje; aspectos que debieron ser inexcusablemente y necesariamente cumplidos por el concesionario, en cumplimiento al contrato suscrito con una entidad del Estado Plurinacional de Bolivia.

Conforme dicho entendimiento, se evidencia que al momento de la elaboración del Acta de Inventario de la Mercancía Decomisada y del Parte de Recepción de Recinto Aduanero Interior Santa Cruz, labrado por la empresa Almacenera Boliviana S.A. (ALBO S.A.), el concesionario no dio cumplimiento cabal al art. 69 .k) del citado reglamento, referido a la elaboración de un inventario específico, subsumiendo su conducta en la tipificación infraccional prevista por el señalado art. 69 .k) del Reglamento para la Concesión de Recintos Aduaneros, sancionado por el inc. b) del art. 85 del citado reglamento, conforme fue advertido adecuadamente por la Resolución Administrativa Sancionatoria AN-ULEZR-RA-132/2015 de 2 de octubre, por la Resolución RD 03-013-16 de 10 de marzo de 2016, impugnada y el Auto de Amparo Constitucional N° SCI-009/2017.

En consecuencia, la Aduana Nacional rechazó adecuadamente el Recurso Jerárquico interpuesto por Almacenera Boliviana S.A. disponiendo el inicio de proceso administrativo contra los funcionarios de la Aduana Nacional y funcionarios del COA, que intervinieron en la emisión del Acta de Entrega de la mercancía Decomisada, Resolución RD 03-013-16 de 10 de marzo de 2016, subsumiendo conforme a derecho la tipificación de la conducta del concesionario, pues al elaborar ALBO S.A. el inventario exigido por la norma sin cumplir con las especificaciones que prevé ésta, incurrió en incumplimiento del art. 69 .k) del Reglamento para la Concesión de Recintos Aduaneros.

Por otra parte, la disposición administrativa prevista en el acápite segundo de la resolución impugnada, que dispone el inicio de proceso administrativo contra los funcionarios de la Aduana Nacional y funcionarios del COA que intervinieron en la emisión de las actas, se ajusta a derecho, aspecto que como se analizó en la parte de cuestión previa del presente fallo no inhibe de responsabilidad a la empresa demandante.

Por lo razonado, se concluye que la demanda Contenciosa Administrativa formulada por Almacenera Boliviana S.A., impugnando la Resolución RD 03-013-16 de 10 de marzo, deviene en improbada, al evidenciarse el incumplimiento de ALBO S.A. a la obligación impuesta por el art. 86 núm. 16 y art. 69 .k) del Reglamento para la Concesión de Recintos Aduaneros, ajustándose a derecho el procedimiento de relacionamiento que concluyó con la imposición de una sanción en contra de señalada empresa, no evidenciándose que la resolución impugnada contenga la aplicación de una sanción forzada sin tipificación y aplicada sobre analogía y subjetividad, no habiéndose asimismo, evidenciado errónea valoración de la verdad material de los hechos y de los requisitos esenciales para aplicar sanciones, no evidenciándose la aplicación de una multa arbitraria, contrario a ello este Tribunal evidenció el cumplimiento adecuado de los principios establecidos en la Ley 2341, no evidenciando ausencia de fundamentación legal en la resolución impugnada, mas a contrario una adecuada aplicación de la sanción.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en el arts. 778 y 780 del CPC, art. 2-2 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, administrando justicia en única instancia, a nombre de la ley y en virtud a la jurisdicción que por ella ejerce, falla declarando IMPROBADA la demanda Contenciosa Administrativa de fs. 222 a 226 vta., interpuesta por Almacenera Boliviana S.A. (ALBO S.A.), legalmente representada por Fernando Ríos España, demandando dejar sin efecto la Resolución RD 03-013-16 de 10 de marzo, emitida por la Aduana nacional de Bolivia; consiguientemente se mantiene firme y subsistente la resolución impugnada, conforme los fundamentos precedentemente expuestos.

Procédase a la devolución de antecedentes administrativos remitidos a éste Tribunal por la Aduana Nacional de Bolivia.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.