TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Sentencia Nº 58

Sucre, 4 de junio de 2018


Expediente                        : 010/2017-CA

Proceso                        : Contencioso Administrativo

Demandante        : Importadora de Llantas Sudamericana Ltda.

Demandado                : Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT)

Resolución Impugnada        : AGIT-RJ 1130/2016 de 19 de septiembre de 2016        

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán


Pronunciada en el proceso Contencioso Administrativo seguido por Importadora de Llantas Sudamericana Ltda., impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1130/2016 de 19 de septiembre, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).

VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 47 a 62, la notificación a tercero interesado de fs. 82 vta., la respuesta de la entidad demandada de fs. 69 a 77, la réplica de fs. 135 a 139, la dúplica de fs. 142 a 145, el memorial de tercero interesado, el decreto de Autos de fs. 146, los antecedentes, tanto jurisdiccionales como administrativos y;

I.- CONTENIDO DE LA DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA.

Importadora de Llantas Sudamericana Ltda., representada por su apoderado Sebastiao Mario Braga Barriga, se apersona a este Tribunal, demandando la revocatoria de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1130/2016, 19 de septiembre, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, así como la revocatoria de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0350/2016, de 18 de julio y la Resolución Determinativa AN-CBBCI-RD-N° 03/2016 de 1 de marzo, emitida por la Aduana interior dependiente de la Gerencia Regional de Aduana Cochabamba, con los argumentos siguientes:

Argumenta que la Autoridad General de Impugnación Tributaria, por tercera vez consecutiva se ha limitado a anular los actos emitidos de manera infundada por la Aduana Interior Cochabamba para la DUI 2012 301 C-37586, observando que la Administración Aduanera no hizo una verificación del valor declarado conforme a la normativa del valor y no se valoró la documentación presentada por su empresa desde el 2012, mismas que desvirtúan las observaciones realizadas en su totalidad, emitiendo 3 resoluciones determinativas, las cuales no han sido debidamente fundamentadas en consideración que el análisis efectuado para establecer sus observaciones que fundan el rechazo del valor de transacción, incumplen de forma reiterativa la normativa para la valoración de las mercancías vigentes.

Formula su acusación argumentando que el Acta  Reconocimiento/Informe de Variación de Valor (12132148D0) 2015 aplica directa y arbitrariamente el sexto método del último recurso, es decir, señala, sin haber descartado con fundamento los métodos de valoración primero a quinto y razones por las que se descartó el primer método de valoración valor de transacción.

Alega que las observaciones para fundamentar el rechazo del valor de transacción realizadas por aduana son temerarias y no cumplen los principios de buena fe, eficiencia, eficacia, la verdad material, el debido proceso y el principio de legalidad además que ya fueron desvirtuadas con anterioridad en el 2012, 2014 y recientemente en el 2015 a lo largo de estos casi 5 años de incertidumbre, inseguridad jurídica, y negligencia, refiere que debe considerarse que en respuesta a las observaciones para la misma DUI notificada en el año 2012 se presentó los descargos y documentos originales en fecha 26 de octubre de 2012, las cuales luego fueron reiterados en fecha 11/04/2014, mediante memorial registrado con hoja de ruta Nº CDBCl2014-1569, de la Aduana Interior Cochabamba, señala que se ha presentado una certificación con cite Nº GR05412014 del Banco Económico en original, además de un Contrato de provisión y distribución de neumáticos de fecha 02 de julio de 2012, y la certificación de la empresa Import y Export Fortaleza LTDA, de fecha 22 de octubre  de 2012, así como la solicitud de Transferencia Bancaria del Banco Económico de fecha 26/09/2012, por $us. 33.141.- con debito a la Cuenta Corriente del Banco Económico, que consigna incluso el número de facturas a pagar 1079 y 1080, alega que se ha presentado el Swift Bancario de la operación realizada en fecha  26/09/2012 que consigna incluso el número de facturas a pagar 1079 y 1080 e incluso precios referenciales de mercancías inferiores a las asignadas por la aduana y según consta en la página 7 de la Resolución Determinativa AN-CBBCI-RD 015/2014 de 13/06/2014 para el mismo caso, pero no en los antecedentes de la resolución determinativa emitida en marzo de 2016.

Esta documentación presentada en original a la aduana, conforme el art. 76 del CTB, desvirtúa las observaciones realizadas mediante el Acta de Reconocimiento /Informe de Variación de Valor Nº (1213214800) 2015, de 15 de septiembre de 2015, consecuentemente, manifiesta que es evidente que la misma no tiene un sustento técnico del estudio de valoración realizado, y si bien realizó un descarte de los Métodos del Valor en Aduana, éste resulta inviable e insuficiente, ya que previamente debió fundamentar y sustentar el descarte del Método de Transacción de la Mercancía en base a datos objetivos y cuantificables, que permitan conocer los motivos por los cuales se estaba rechazando el valor declarado en la DUI, en cuanto a las razones técnicas del rechazo para la aplicación del primer método, puesto que es el aspecto fundamental para ingresar a realizar el descarte sucesivo de los siguientes métodos para de esa forma llegar al último recurso; vale decir, que no se realizó el descarte sucesivo.

En relación a los factores de riesgo hace un detalle de las observaciones y argumenta porque no corresponden las observaciones de la administración respecto a los precios ostensiblemente bajos, mercancías provenientes de zona franca o zona aduanera especial, niveles anormales de descuento, rechazo del valor de transacción declarado aplicación directa y arbitraria de método de último recurso, concluye efectuando un análisis a las contradicciones inmersas en la Resolución Determinativa AN-CBBCI-RD-N° 03/2016.

Petitorio.

Con los fundamentos descritos precedentemente, solicitó se declare probada su demanda “y se revoque la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1130/2016, 19 de septiembre, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, así como la revocatoria de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0350/2016, de 18 de julio y la Resolución Determinativa AN-CBBCI-RD-N° 03/2016 de 1 de marzo, emitida por la Aduana interior dependiente de la Gerencia Regional de Aduana Cochabamba.” Se disponga la devolución de su garantía constituida desde el 2013 y el archivo de obrados.

RESPUESTA A LA DEMANDA.

Que admitida la demanda mediante decreto de 6 de enero de 2017, cursante a fs. 65, es corrida en traslado a la autoridad demandada quien fue legamente citado, apersonándose por escrito de fs. 69 a 77, el Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria respondiendo negativamente la demanda con los argumentos siguientes:

La Autoridad General de Impugnación Tributaria, ratifica todos fundamentos técnico legales expresados en su Resolución AGIT-RJ 1130/2016 de 19 de septiembre, negando que se haya vulnerado algún derecho del sujeto activo, observando la reiteración de los argumentos en las cuales incurre el demandante quien no cumpliría a su entender exigencias procesales exigidas para el planteamiento de una demanda, hace énfasis en la falta de fundamento técnico jurídico y prueba que llevó al demandante a interponer su demanda, haciendo cita de la Sentencia Constitucional 1748/2011-R de 7 de noviembre, considera que la parte demandante tiene la carga procesal de establecer la existencia de violación expresa de la ley por parte de AGIT, así como fundar la interpretación errónea o aplicación indebida de la ley para perseguir la aplicación correcta de la normativa legal, aspectos legales que señala, no fueron cumplidos por el demandante, quien se limita señalar y transcribir antecedentes administrativos y normativa aplicable, sin exponer los motivos técnico jurídicos que le llevaron a interponer su demanda contra la AGIT..

Petitorio.

En mérito a lo expuesto solicitó “declarar improbada la demanda contenciosa administrativa, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1130/2016 de 19 de septiembre.

Réplica y dúplica.

Importadora de Llantas Sudamericana Ltda., mediante memorial de fs. 135 a 139, formulo réplica, rechazando los argumentos de la Aduana Nacional en su respuesta y reiterando los términos de su demanda.

Por su parte, en la dúplica de fs. 142 a 145, la Autoridad General de Impugnación Tributaria rechaza los argumentos de la empresa demandante y amplía su argumentación respecto al no cumplimiento de la Aduana Nacional de Bolivia a la resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0804/2015, ampliando asimismo su fundamentación en relación al fundamento de la administración aduanera basado en una norma que no se encontraba vigente en el momento del perfeccionamiento del hecho generador de importación.

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El 15 de septiembre de 2015, la Administración Aduanera Interior Cochabamba emitió el Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor (1213214800) 2015, dejando constancia que, del examen documental de las mercancías consignadas en la Declaración Única de Importación Nº 2012/301/C-37586, surgieron observaciones sobre el valor declarado, basados en los factores de riesgo, pues realizada la comparación de los precios declarados en la DUI, con los valores consignados en el sistema SIVA, se confirmó la declaración de precios ostensiblemente bajos, basada en el Factor de Riesgo, “Las mercancías provenientes de Zona Franca o Zona Aduanera Especial”, razón por la que observó las Facturas Nº 120844 y 120845 presentadas como documentos soporte. Asimismo, añadió como factores de riesgo adicionales: “El país de origen, país de origen o procedencia”  y “Niveles anormales de descuento”. Señaló que las facturas citadas presentan errores en la marca comercial, aspecto que las caracteriza como inexactas. Procedió a realizar el descarte de los Métodos de Valoración, aplicando el Método del Último Recurso, estableciendo un Valor de sustitución, derivando en el pago de Bs98.472, equivalente a UFV's47.453, 18. Al efecto, el operador consignó la no aceptación de las observaciones.

El 13 de octubre de 2015, Importadora de Llantas Sudamericana, presentó memorial ante la administración aduanera, exponiendo argumentos en respuesta a las observaciones plasmadas en el Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor descrito en el párrafo anterior; acompañó descargo documental consistente en respaldos bancarios, certificaciones del proveedor y contrato de provisión y distribución de neumáticos, solicitando en su petitorio, se declare la nulidad de la citada Acta de Reconocimiento y se establezca la inexistencia de deuda alguna.

El 26 de octubre de 2015, la Administración Aduanera, emitió Informé Técnico Nº AN- CBBCl:-V-01795/2015, estableciendo que, los valores referenciales de sustitución, fueron tomados en base al banco de datos de la Aduana Nacional de Bolivia, tomando en cuenta información del mercado internacional en un periodo determinado, cantidad, nivel comercial y tiempo aproximado a fin de garantizar su validez.

El 1 de marzo de 2016, la Administración Aduanera, emitió la Resolución Determinativa AN-CBBCI-RD-Nº 03/2016, que declaró la omisión de pago  por la comisión de Variación de Valor atribuida a la Importadora de Llantas Sudamericana, consignatario de la DUI 2012/301/C-37586 de 04/10/2012 y la Agencia Despachante de Aduana Transnacional SRL., en aplicación de lo establecido en el artículo 47 de la Ley Nº 1990 del Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), ratificando el contenido del Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor (1213214800) 2015 de 04/10/2012, determinando el valor FOB Valencia declarado en $us33.141, estableciendo un nuevo valor de sustitución de $us85.614,30 correspondiendo que el sujeto pasivo realice el pago de $us52.473,30 monto que será pagado por el concepto de ajuste de valor, importe que fue garantizado mediante Boleta de Garantía N° 0040759 emitida por el Banco de Crédito, válida hasta el 22/09/2016, siendo responsabilidad del declarante el mantenimiento de vigencia de la Boleta de Garantía. Acto notificado tácitamente (conforme al recurso) a la empresa recurrente, el 10 de marzo de 2016.

Esta resolución fue objeto del recurso de alzada interpuesto por el sujeto pasivo, misma que mereció la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0386/2016 de 4 de julio de 2015, que resolvió anular la Resolución Determinativa AN-CBBCI-RD Nº 03/16 de 1 de marzo de 2016 emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional; instruyendo a la Administración Aduanera emitir un nuevo acto, fundamentando adecuadamente su contenido de derecho y realizando una valoración individual de los descargos presentados por la empresa recurrente.

En conocimiento de la resolución de alzada, Importadora de Llantas Sudamericana, interpuso recurso jerárquico, misma que fue resuelta con el pronunciamiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1130/2016 de 19 de septiembre de 2016, en la que la AGIT, anuló la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0368/2016, de 4 de julio de 2016, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor (1213214800) 2015 debiendo la administración aduanera dar cumplimiento efectivo a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ  0804/2015, de 11 de mayo de 2015.

III.-FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO.

Reconocida la competencia de esta Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa, del Tribunal Supremo de Justicia, en previsión de los arts. 778 a 781 del Código de Procedimiento Civil (CPC) y lo dispuesto por la Ley Nº 620 art. 2-2, tomando en cuenta que el proceso contencioso administrativo es un juicio de puro derecho dirigido a verificar la correcta aplicación de la ley en los actos y resoluciones de la administración, en el caso por la AGIT, corresponde ingresar a la resolución de la causa.

Problemática planteada.

De la revisión de la demanda, respuesta y antecedentes contenidos en el expediente, se advierte que la problemática traída a juicio de éste Tribunal se circunscribe a determinar, si en el pronunciamiento de la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1130/2016, se vulnera el derecho al debido proceso en su elemento derecho a defensa al no haber valorado la instancia jerárquica las pruebas presentadas en la sustanciación del proceso por la empresa demandante, valoración de la cual pende la resolución del fondo de la causa.

Análisis y fundamentos legales.

Cuestión previa.

Considerando que en el caso de análisis, la administración aduanera ha emitido tres resoluciones determinativas consecutivas por concepto de observaciones al valor de las mercancías declaradas, basado en los factores de riesgo; resulta imperioso recapitular los antecedentes del proceso a efecto de contar con una visión certera del modo como llevó adelante la administración el señalado proceso, en ese objetivo se advierte que el presente caso emerge del procedimiento de control efectuado por la Administración de Aduana Interior Cochabamba a la importación de neumáticos ADDO INDIA, tramitada mediante la DUI C-37586, el 4 de octubre de 2012, por la Agencia Despachante de Aduanas Transnacional SRL. (ADA Transnacional SRL.), por cuenta de su comitente Importadora de Llantas Sudamericana Ltda.

El 13 de noviembre de 2012, la administración aduanera, emitió la Resolución Determinativa AN-CBBCI-RD 024/2012, que en fase de impugnación, dio lugar a la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1880/2013, de 14 de octubre de 2013, que anuló la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0319/2013, de 8 de julio de 2013, hasta el Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor (1213189800), de 11 de octubre de 2012, con el objeto de que la administración aduanera dé a conocer las observaciones al valor, su sustentación y efectuar el correspondiente descarte de métodos de valoración para determinar el valor en aduana, en caso de corresponder, así como completar el llenado del detalle de mercancías en el aforo físico.

Posteriormente se advierte que, en el procesamiento que siguió a dicha determinación, la administración aduanera emitió la Resolución Determinativa AN-CBBCI-RD 015/2014, de 13 de junio, de cuya impugnación emergió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0804/2015, de 11 de mayo, que resolvió confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0022/2015, de 19 de enero, dictada por la ARIT Cochabamba, anulando nuevamente obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor (1213214800), de 24 de marzo de 2014, disponiendo que se emita una nueva Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor, y de corresponder, se fundamente el descarte de los métodos de valoración, conforme a lo dispuesto por el Acuerdo de Valoración, Normativa de la Comunidad Andina.

En cumplimiento a dicha decisión -Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0804/2015-, mediante auto AN-CBBCI-AA-070/2015, la administración aduanera emitió el Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor (1213214800) 2015, de 15 de septiembre de 2015; posteriormente la administración, notificó al ahora demandante con la Resolución Determinativa AN-CBBCI-RD-Nº 03/16, al sujeto pasivo, ratificando el contenido del Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor (1213214800) 2015.

Importadora de Llantas Sudamericana Ltda., interpuso recurso de alzada contra la Resolución Determinativa AN-CBBCI-RD-Nº 03/2016, la cual mereció la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0368/2016, contra la cual interpuso recurso jerárquico mismo que fue resuelto mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1130/2016 de 19 de septiembre de 2016, advirtiendo vicios de nulidad en los que incurrió la administración aduanera, resolvió por tercera vez anular obrados con reposición hasta el Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor (1213214800); inclusive, instruyendo a la citada Administración Aduanera emitir una nueva Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor y Resolución Determinativa, si corresponde, fundamentando el descarte de los Métodos de Valoración, mostrando se esta forma la insustancialidad e intrascendencia en la cual se llevó adelante el presente proceso.

Del caso concreto.

Del análisis y compulsa de los datos del procedimiento administrativo, el procedimiento impugnatorio en sede administrativa y datos de la demanda, se advierte que Importadora de Llantas Sudamericana accionó su defensa en los tres procedimientos determinativos consecutivos, en base a la plataforma probatoria ofrecida, consistente en certificación con cite Nº GR05412014 del Banco Económico en original, Contrato de provisión y distribución de neumáticos de fecha 02 de julio de 2012, y la certificación de la empresa Import y Export Fortaleza LTDA, de fecha 22 de octubre de 2012, así como la solicitud de Transferencia Bancaria del Banco Económico de fecha 26/09/2012, por $us. 33.141.- con debito a la Cuenta Corriente del Banco Económico, que consigna el número de las facturas 1079 y 1080 pagadas, el Swift Bancario de la operación realizada en fecha 26/09/2012 que consigna el número de facturas a pagar 1079 y 1080, precios referenciales de mercancías inferiores a las asignadas por la aduana en la página 7 de la Resolución Determinativa AN-CBBCI-RD 015/2014 de 13/06/2014 para el mismo caso, pruebas que ha decir de la empresa demandante no fueron valoradas en base a la sana crítica y la verdad material omitiendo la aplicación de la normativa para valoración en aduana.

Ahora bien, Conforme al num. 1, del art. 74 de la Ley N° 2492, los procedimientos tributarios administrativos se sujetaran a los principios del Derecho Administrativo y se sustanciaran y resolverán con arreglo a las normas contenidas en ese código, de tal forma que a los procedimientos tributarios, son aplicables los principios del derecho administrativo inmersos en la Ley del Procedimiento Administrativo, que entre otros principios prevé en su art. 4 los principios de verdad material y de jerarquía normativa. El primero entendido como la obligación de la administración de investigar la verdad material en oposición a la verdad formal y el segundo entendido como; la actividad y actuación administrativa y en particular las facultades reglamentarias atribuidas por Ley de observar la jerarquía normativa establecida por la Constitución Política del Estado y las leyes. De tal modo que al caso de autos, en ejecución del principio de jerarquía normativa, se debía y debe aplicar los arts. 115 .I .II; 116 .I; 117 .I; 119 .I.II y 120 .I de la CPE, en cuanto que el derecho al debido procedimiento administrativo, el derecho inviolable a la defensa, a ser oído y juzgado previamente en un debido proceso y a gozar de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que la ley asiste, todo ello en el marco del art. 178 de la CPE.

La aplicación de la normativa constitucional descrita se patentiza con mayor énfasis, en situaciones como en el caso de análisis, donde se aplica al sujeto pasivo sanciones punitivas por supuesta contravención de omisión de pago, en ese sentido la SC 625/2015 de 15 de junio, expresó: “…el derecho al debido proceso, conforme a lo anotado supra, no sólo es exigible dentro de los procesos judiciales, sino que también abarca a su similares; al respecto, la Corte Constitucional de Colombia, expresó: “El artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso debe observarse en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, es decir que obliga no solamente a los jueces sino también a los organismos y dependencias de la administración pública. El debido proceso administrativo consiste en que los actos y actuaciones de las autoridades administrativas deben ajustarse no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales. Se pretende garantizar el correcto ejercicio de la administración pública a través de la expedición de actos administrativos que no resulten arbitrarios y, contrarios a los principios del Estado de derecho. Ello en virtud de que toda autoridad tiene sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad, a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas, realizadas por fuera de los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes”. De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio. Sobre el debido proceso administrativo este Tribunal ha manifestado en reiteradas oportunidades y ha precisado que su cobertura se extiende a todo el ejercicio que debe desarrollar la administración pública en la realización de sus objetivos y fines estatales, lo que implica que cobija todas las manifestaciones en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones que presenten los particulares y a los procesos que lleva adelante la administración, con el fin de garantizar la defensa de los ciudadanos…” (sic); asimismo, la doctrina reconoce que al igual que la defensa en juicio, que ha sido consagrada constitucionalmente, este derecho es también aplicable al procedimiento administrativo, comprendiendo los derechos: a) a ser oído; b) a ofrecer y producir prueba; c) a una decisión fundada; y d) a impugnar la decisión; razonamiento coincidente con el expresado por la jurisprudencia constitucional referida.

En ese contexto, y de imperiosa revisión de antecedentes, se evidencia que a la inicial Resolución Determinativa AN-CBBCI-RD 024/2012 -que inicio un hasta ahora no terminado proceso-, mereció la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1880/2013, que anuló obrados hasta el Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor (1213189800), de 11 de octubre de 2012, con el objeto de que la administración aduanera dé a conocer las observaciones al valor, su sustentación y efectuar el correspondiente descarte de métodos de valoración para determinar el valor en aduana, asimismo se advierte que, en el procesamiento que siguió a dicha decisión, la administración aduanera emitió una segunda Resolución Determinativa AN-CBBCI-RD 015/2014, de 13 de junio, de cuya impugnación emergió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0804/2015, que resolvió anular nuevamente obrados hasta el Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor (1213214800), de 24 de marzo de 2014, disponiendo que se emita una nueva Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor, y se fundamente el descarte de los métodos de valoración. Posteriormente mediante una tercera Resolución Determinativa AN-CBBCI-RD-Nº 03/16, la administración aduanera ratifica el contenido del Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor (1213214800) 2015, resolución que fue resuelta en impugnación mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1130/2016 de 19 de septiembre de 2016, que por tercera vez, anuló obrados con reposición hasta el Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor (1213214800); instruyendo a la Administración Aduanera emitir una nueva (tercera) Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor y Resolución Determinativa, si corresponde, y fundamentar el descarte de los Métodos de Valoración.

Como puede evidenciarse, la Autoridad General de Impugnación Tributaria en sus respectivas resoluciones jerárquicas anuló obrados en las tres resoluciones determinativas consecutivas que emitió la ANB en el presente caso, instruyendo la emisión de nueva Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor y resolución determinativa, y fundamentar el descarte de los Métodos de Valoración, fundamentando su decisión en la omisión de valoración de los descargos presentados por el sujeto pasivo (R. J. AGIT-RJ 1130/2016, punto xxix) consistentes en: Nota de 8 de octubre de 2015, emitida por lmport Export Fortaleza Ltda.; certificación G.R. 054/2014, de 10 de abril de 2014, emitida por el Banco Económico S.A.; solicitud de transferencia de fondos internacional emitida por el Banco Económico S.A.; certificado Nº 4-473-63052, emitido por el Banco Económico S.A.; Swift bancario Nº  CBBA48447; certificación de 22 de octubre de 2012, emitida por lmport Export Fortaleza Ltda.; Contrato de Provisión y Distribución de neumáticos y lista de precios (anexo1) de 2 de julio de 2012; mencionando citada resolución, que la administración aduanera solamente citó de manera enunciativa dichas pruebas, no efectuando una evaluación como tal; señalada observación que muestra y evidencia que la instancia jerárquica individualizó específicamente la omisión de valoración de las pruebas en las que incurrió la administración aduanera en la emisión del Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor y posterior Resolución Determinativa AN-CBBCI-RD-Nº 03/16, emitido por la Administración Aduanera.

En el contexto de los antecedentes del caso de análisis, se evidencia que pese a ser advertida reiteradamente por las instancias impugnatorias administrativas la vulneración del derecho al debido proceso y defensa del sujeto pasivo, por no valoración de la prueba presentada por el recurrente tanto en instancia administrativa como en fase impugnatoria administrativa -alzada y jerárquica- estas instancias impugnatorias administrativas lejos de evidenciar y valorar conforme a derecho los hechos vertidos y repetidos por el demandante, se alejan del imperativo previsto en el art. 211 .I de la Ley N° 2492; norma imperativa que exige que las resoluciones emitidas por las instancias impugnatorias administrativas sean emitidas en decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas por los recurrentes, y más, a contrario sensu éstas instancias optan por el intrascendente argumento de negar el acceso a la justicia del justiciable, anulando repetidamente y consecutivamente obrados sin mayor sustanciación y utilidad procesal, pese a tener conocimiento de la omisión de valoración de la prueba por parte de la administración aduanera, omitiendo ex profeso, entrar a dilucidar el fondo de la controversia y resolverla conforme a derecho, negando de esta manera su propia competencia y la tutela administrativa efectiva de los derechos del sujeto pasivo, que se traduce en vana dilatación de aplicar justicia relativa a los derechos del “ius litigatoris”; que requiere por encima de cualquier decisión de forma, que no se prive a nadie arbitrariamente de la adecuada y oportuna tutela de los derechos que pudieren eventualmente asistirle, sino por medio de un proceso -o procedimiento- conducido en legal forma y concluya con el dictado de un fallo o decisión fundada, todo ello, en cumplimiento del derecho al debido proceso en su elemento derecho a defensa.

Conforme lo examinado, se evidencia que la autoridad jerárquica al estar advertida del reiterativo, insustancial y renuente actuar de la administración aduanera, estaba compelida por efectos del imperativo previsto por el art. 211 .I, de la Ley N° 2492, a emitir a través de fallo de instancia una decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas por el recurrente, consistentes en la valoración de las pruebas señaladas otorgando un fallo conforme a derecho, hecho que no aconteció, aspecto que demuestra el incorrecto proceder de la entidad jerárquica demandada; siendo como consecuencia evidente la omisión de valoración de las pruebas ofrecidas por el sujeto pasivo, en las que incurrió la instancia jerárquica a lo largo del insustancial y reacio procedimiento administrativo llevado adelante por la administración aduanera.

Por lo razonado, se concluye que la demanda Contenciosa Administrativa formulada por Importadora de Llantas Sudamericana Ltda., impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1130/2016, de 19 de septiembre, deviene en probada, al haberse demostrado que la resolución impugnada omitió en despropósito la valoración de los descargos del sujeto pasivo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en el arts. 778 y 780 del CPC, art. 2-2 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, administrando justicia en única instancia, a nombre de la ley y en virtud a la jurisdicción que por ella ejerce, falla declarando PROBADA la demanda Contenciosa Administrativa de fs. 47 a 62, presentada por Importadora de Llantas Sudamericana Ltda., representada por su apoderado Sebastiao Mario Braga Barriga, demandando la revocatoria de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1130/2016, de 19 de septiembre, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria; consiguientemente se DEJA SIN EFECTO la resolución impugnada AGIT-RJ 1130/2016 de 19 de septiembre, debiendo la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitir nueva resolución, conforme los fundamentos precedentemente expuestos.

Procédase a la devolución a la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de los antecedentes administrativos remitidos a éste Tribunal.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.