TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Sentencia N° 55

Sucre, 4 junio de 2018


Expediente                : 173/2016

Demandante        : CEMENTO SOLIDARIO S.A.

Demandado        : Ministerio de Minería y Metalurgia

Tercero Interesado        : Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera

Tipo de proceso                : Contencioso Administrativo

Resolución Impugnada: RJ 081/2016 de 14 de abril

Magistrado Relator        : Magistrada María Cristina Díaz Sosa


VISTOS EN SALA: La demanda contenciosa administrativa de fs. 43 a 49, presentada por la empresa CEMENTO SOLIDARIO S.A. representada por Luis Carlos Antonio Mark Guzmán en su condición de Vicepresidente del Directorio de la sociedad demandante, contra el Ministerio de Minería y Metalurgia representado por el Ministro Cesar Navarro Miranda, pretensión que impugna la Resolución de Recurso Jerárquico Nº 081/2016 de 14 de abril; la contestación de fs. 166 a 170; intervención del tercero interesado de fs. 155 a 160 vta.; réplica de fs. 173 a 175 vta.; dúplica de fs. 183 a 184; decreto de Autos para Sentencia de fs. 185; los antecedentes del proceso y de sede administrativa; y,

I. ARGUMENTOS DE LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN.

1. Demanda y petitorio.

Mediante escrito de demanda de 15 de julio de 2016, el demandante Luis Carlos Antonio Mark Guzmán, en su condición de Vicepresidente de la empresa CEMENTO SOLIDARIO S.A., manifiesta que:

a) El recurso jerárquico omitió considerar los argumentos de defensa, respecto a que la Resolución de Revocatoria AJAM/DJU/AL/RRR/10/2016 de 2 de febrero, no aplicaron correctamente el art. 3.III de la Ley 403 de 18 de septiembre de 2013, denominada Ley de Reversión de Derechos Mineros, que expresamente dispone que “la reversión o resolución no proceden cuando la inexistencia de actividades mineras se hubiera producido como consecuencia de avasallamiento o como resultado de una disposición de autoridad competente…”, por cuanto la autoridad ambiental competente para autorizar el inicio de los trabajos de exploración y explotación, a la fecha de la reversión no había emitido aun la referida autorización a favor del derecho minero que asiste a la Autorización Transitoria Especial (ATE) denominada “LA ESMERALDA” con una extensión superficial de 500 hectáreas sobre yacimientos de piedra caliza, ubicadas en el Cantón Huata de la provincia Oropeza del departamento de Chuquisaca, cuyo titular es la empresa CEMENTO SOLIDARIO S.A., conforme consta en la escritura pública Nº 617/2006 de 22 de noviembre, de transferencia como aporte a favor de la empresa demandante.

El trámite para la obtención de dicha autorización de inicio de trabajos se encontraba en pleno desarrollo, bastando para el efecto la demostración que CEMENTO SOLIDARIO S.A. cuente con la categorización correspondiente; en consecuencia, se configuraba la excepción prevista en el citado art. 3.III de la Ley 403, aspecto que no fue analizado ni valorado por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) a tiempo de pronunciar la Resolución de Reversión de Derecho Minero AJAM/DJU/AL/RRDM/ 148/2015 de 14 de diciembre y la Resolución de Recurso de Revocatoria AJAM/DJU/AL/RRR/10/2016.

b) Los procedimientos técnico operativos previstos en el Decreto Supremo (DS) 1801 de 20 de noviembre de 2013, prevén como única causal de reversión de derechos mineros la inexistencia de actividades mineras de prospección, exploración y explotación minera y que para desarrollar cualquiera de esas actividades, se requiere contar previamente con la categorización y ficha ambiental, conforme determina la Ley 1333 de 27 de abril de 1992 denominada Ley del Medio Ambiente  y sus Reglamentos.

c) Ratifica en su integridad todos y cada uno de los argumentos que expresó en su recurso de revocatoria, extrañando que el Recurso Jerárquico impugnado soslaye cumplir con lo dispuesto en el art. 108.1 de la Constitución Política del Estado (CPE), así como el art. 65 de la Ley 1777 de 17 de marzo de 1997, que establecía como única causal de caducidad de una concesión minera, la falta de pago oportuno de la patente anual, la Ley 1333 y el art. 51 del Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA), que expresamente disponen que para desarrollar cualquier actividad minera previamente se debe contar con la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA), situación corroborada por el Viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, y por el Director General de Medio Ambiente y Cambios Climáticos, en los documentos que acompaña a la demanda contenciosa administrativa.

d) Está demostrado que los actos administrativos impugnados en la demanda, lesionan los derechos e intereses de CEMENTO SOLIDARIO S.A., porque en los mismos no se ha respetado el sistema normativo que impera en nuestro país; además, de inobservar el principio jurídico de legalidad, situación que obviamente, da lugar a que en el trámite administrativo de reversión de derecho minero de la ATE “LA ESMERALDA”, no exista un debido juicio de razonabilidad y se haya generado inseguridad jurídica.

Solicita que se declare probada la demanda y se deje sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico Nº 081/2016 de 14 de abril, la Resolución de Recurso de Revocatoria AJAM/DJU/AL/RRR/10/2016; y, en consecuencia, la Resolución de Reversión de Derecho Minero AJAM/DJU/AL/RRDM/ 148/2015 de 14 de diciembre.

2. Contestación y petitorio

Félix Cesar Navarro Miranda en representación del Ministerio de Minería y metalurgia demandado, se apersona al proceso el 9 de enero de 2017 y responde la demanda en forma negativa, con los siguientes argumentos:

a) Como resultado de la inspección realizada en el marco de la Ley 403 y el DS 1801 que la reglamenta, el Informe Técnico Nº 547-ETT de 27 de noviembre de 2015, concluyó que en la ATE denominada “LA ESMERALDA”, cuyo titular es la empresa CEMENTO SOLIDARIO S.A., no existen actividades mineras desarrolladas, por lo que recomendó elevar el informe a la AJAM para la resolución de reversión del derecho minero respectivo, conforme establece el art. 10 del citado DS 1801.

b) Mediante Informe AJAM/DFCI/INFLEG/167/2015 de 10 de diciembre, la Dirección Jurídica de la AJAM, establece que de conformidad al art. 3 del DS 1801, existe una causal de reversión del derecho, recomendando emitir la misma.

c) La AJAM, mediante Resolución de Reversión de Derecho Minero AJAM/DJU/AL/RRDM/148/2015 de 14 de diciembre, resuelve revertir la propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, a la ATE denominada “LA ESMERALDA”, de 500 hectáreas, ubicada en el Cantón Huata, provincia Oropeza del departamento de Chuquisaca, por inexistencia de actividades mineras, y en función al carácter estratégico y utilidad pública de los recursos naturales.

d) El art. 349.I concordante con el art. 311 de la CPE, determina que los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano y corresponde al Estado su administración en función del interés colectivo; en el caso concreto, respecto a que se habría omitido valorar el art. 3.III de la Ley 403, toda vez que la autoridad ambiental a la fecha no habría emitido la referida autorización aun en trámite; al respecto, se ha evidenciado que de acuerdo a los formularios de patentes mineras la inscripción de la ATE, data de la gestión 1995 y de conformidad a los testimonios inscritos en el registro minero, tendrían una extensión de 500 hectáreas. Posteriormente, el año 2006, dichas ATEs fueron transferidas como aporte de capital a la empresa CEMENTO SOLIDARIO S.A., vale decir que desde dicha gestión la empresa es titular del derecho con relación a la ATE “LA ESMERALDA” y desde esa fecha básicamente tenían la posibilidad y el derecho de efectuar trabajos mineros en las áreas otorgadas con la aclaración de que dichas “Ex concesiones”, actualmente ya no son considerados como propiedades sujetas a inscripción en Derechos Reales.

El demandante pretende justificar la omisión de actividades mineras exclusivamente atribuible al abandono de la ATE durante muchos años, mediante una solicitud ambiental observada; en consecuencia, no existe vulneración a normativa o principios legales.

Solicita declarar improbada la demanda y confirmar en todas sus partes la Resolución de Recurso Jerárquico emitido por el Ministerio de Minería y Metalurgia.

II. ANTECEDENTES PROCESALES EN SEDE ADMINISTRATIVA.

1.- El titular de la ATE “LA ESMERALDA”, hizo trabajos de prospección y exploración durante la gestión 2013, determinando que la reserva permitiría explotar 400 toneladas por día de piedra caliza durante 50 años; así consta en el Plan de Trabajo presentado el 2013 y que consta en el Informe Técnico Nº 547-ETT 547/2015 de 27 de noviembre (Anexo).

2.- El 9 de octubre de 2014, el Ministerio de Minería y Metalurgia recepcionó la carpeta de tramitación de la Ficha Ambiental de la empresa CEMENTO SOLIDARIO S.A. para la explotación de piedra caliza en la ATE “LA ESMERALDA”, con número de Inscripción 15001, extensión superficial de 500 hectáreas, ubicadas en el Cantón Huata de la provincia Oropeza del departamento de Chuquisaca, cuyo titular es la empresa CEMENTO SOLIDARIO S.A. (Anexo).

3.- Conforme al Cronograma de Inspecciones Reversión de Derechos Mineros publicado el 24 de octubre de 2015 en el periódico El Cambio, el 9 de noviembre de 2015 se realizó la inspección sobre la existencia de actividad minera en la ATE denominada “LA ESMERALDA”; en vigencia de la Ley 403, Ley de Reversión de Derechos Mineros, de 18 de septiembre de 2013 (Anexo).

4.- El acápite de Descripción de las Actividades Mineras identificadas en la Inspección contenida en el Acta de Verificación de 9 de noviembre de 2015, consigna: “Se observa una retroexcavadora trabajando. Acopio de piedra caliza en diferentes lugares. Mantenimiento de camino cada año, antes de lluvias. Trabajos: Cateos, varios lugares” y en el Detalle de Documentos presentados por el Titular de la ATE consta entre otrosFicha ambiental en trámite. Certif. Trámite estudio ambiental. Categorización de ficha ambiental (2015). Contrato de compraventa de piedra caliza”; actuado realizado en vigencia de la Ley 535, Ley de Minería y Metalurgia, de 28 de mayo de 2014 (Anexo).

5.- Mediante Informe Técnico Nº 547 ETT 547/2015 de 27 de noviembre, la Unidad de Control y Fiscalización del Ministerio de Minería y Metalurgia, sobre la inspección de actividad minera a la ATE “LA ESMERALDA”, informa que el 9 de noviembre de 2015, conforme al Cronograma de Inspecciones, se realizó la inspección sobre la existencia de actividad minera en la ATE denominada “LA ESMERALDA” y verificó que: No cuenta con respaldos de comercialización de minerales; No existen trabajos de prospección y explotación o actividad minera que justifique la concesión; Los trabajos de cateo, acopio y de la retroexcavadora son recientes; No existen análisis de muestras; No tienen plataforma de acopio de mineral ni documentos de comercialización; en consecuencia, recomienda la remisión del informe a la AJAM a efectos de reversión, haciendo constar que el titular justifica la falta de actividades argumentando que la Ficha Ambiental para iniciar la explotación del yacimiento, se encuentra en trámite (Anexo).

6.- Con base en dicho Informe Técnico, el Informe Legal AJAM/AL/INFLEG/ 167/2015 de 10 de diciembre, recomienda emitir la Resolución de Reversión de Derecho Minero, citando la aplicación de los arts. 348.I, 349, 369 y 370 de la CPE, arts. 8, 39 y 42 de la Ley 535 de 28 de mayo de 2014, publicada el 2 de junio de 2014, art. 2 y 3 de la Ley 403 y arts. 2, 3, 9 y 10 del DS 1801 (Anexo).

7.- Mediante Resolución de Reversión de Derecho Minero AJAM/DJU/AL/ RRMD/148/2015 de 14 de diciembre, la AJAM, resuelve revertir a propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, la ATE denominada “LA ESMERALDA”, por inexistencia de actividad minera, y en función al carácter estratégico y utilidad pública de los recursos naturales (fs. 32 a 36).

8.- Consta Contrato de Compraventa de piedra caliza suscrito entre la empresa ESTUQUERA CAYARA (comprador) y Cesar Aurelio Cabezas Harb (vendedor), de 27 de enero de 2015 (Anexo).

9.- Formulado el recurso de revocatoria por Zaleth Roxana Saenz Jauregui en representación legal de la empresa CEMENTO SOLIDARIO S.A., ahora demandante, mediante Resolución de Recurso de Revocatoria AJAM/DJU/ AL/RRR/10/2016 de 2 de febrero, la AJAM, rechaza dicho medio de impugnación y mantiene la reversión dispuesta (fs. 23 a 29).

10.- Presentado el recurso jerárquico por dicha empresa, el Ministerio de Minería y Metalurgia pronuncia la Resolución de Recurso Jerárquico Nº 081/2016 de 14 de abril y confirma en todas sus partes la Resolución de Recurso de Revocatoria AJAM/DJU/AL/RRR/10/2016 (fs. 19 a 22).

III. PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

Del análisis del contenido de la demanda contenciosa administrativa, se evidencia que la misma impugna la Resolución de Recurso Jerárquico Nº 081/2016 de 14 de abril, pronunciada por el Ministerio de Minería y Metalurgia confirmando la Resolución de Recurso de Revocatoria AJAM/DJU/AL/RRR/10/2016 que a su vez confirma la  Resolución de Reversión de Derecho Minero AJAM/DJU/AL/RRMD/148/2015 de 14 de diciembre y que la pretensión de la empresa CEMENTO SOLIDARIO S.A. , se circunscribe a determinar si la AJAM y dicho Ministerio, aplicaron correctamente las Leyes 403, 1333 y DS 1801 al disponer la reversión de la ATE denominada “LA ESMERALDA” por inexistencia de actividad minera, sin considerar que la Ficha Ambiental que permite iniciar actividades mineras, se encontraba en trámite a momento de la inspección.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL PERTINENTE.

De acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto.

Sobre los principios de verdad material y debido proceso.

La presente Sentencia, aplica el principio de verdad material previsto en el art. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE), desarrollado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, entre otras, como: “…aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que, todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos a dar aplicación, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal”; en ese sentido, dicho principio forma parte del bloque de constitucionalidad imperante y debe estar implícito en todos los ámbitos de la vida jurídica.

En cuanto al derecho al debido proceso, consagrado por el art. 115.II de la CPE, constituye una garantía constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos que rigen un proceso judicial, administrativo o corporativo, vinculados a todas las formas propias del mismo y a las leyes preexistentes, para materializar la justicia con base en la igualdad de condiciones de los sujetos intervinientes, de conformidad con el art. 119.I de la Ley Fundamental; el debido proceso tiene dos perspectivas; de un lado, se trata de un derecho en sí reconocido a todo ser humano; y de otro, es una garantía jurisdiccional a favor de toda persona para asegurar el ejercicio de sus derechos en las instancias administrativas, jurisdiccionales o jurisdicciones especiales.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: “En opinión de esta Corte, para que exista «debido proceso legal» es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal”.

2.- Sobre la reversión de concesiones mineras o pérdida de derechos en áreas sin desarrollo de actividades mineras

El art. 217 de la Ley 535 de Minería y Metalurgia (LMM), de 28 de mayo de 2014 determina que las actividades mineras en relación al medio ambiente se realizarán de acuerdo a la CPE, Ley 535, Ley 1333, sus reglamentos y otras normas legales vigentes.

El art. 3.III de la Ley 403 de 18 de septiembre de 2013, denominada Ley de Reversión de Derechos Mineros, establece que: “la reversión o resolución no proceden cuando la inexistencia de actividades mineras se hubiera producido como consecuencia de avasallamiento o como resultado de una disposición de autoridad competente…”; normativa que prevé la pérdida del derecho minero cuando se verifica la inexistencia de actividades mineras, concordante con el art. 3 del DS 1801.

Al respecto, el art. 10 de la LMM, respecto a la clasificación de las actividades mineras, establece que la cadena productiva minera comprende las siguientes actividades: a) Cateo. Búsqueda rudimentaria de indicios de mineralización en superficie; b) Prospección. Búsqueda de indicios de mineralización en el suelo y subsuelo mediante métodos geológicos, geoquímicos, geofísicos y otros empleando instrumentos y técnicas apropiadas; c) Prospección Aérea. Búsqueda de indicios de mineralización en el suelo y subsuelo desde el aire, mediante métodos y técnicas de precisión; d) Exploración. La determinación de la dimensión y características del yacimiento, de la cantidad y calidad del mineral, y su evaluación para fines de desarrollo minero; e) Explotación. La preparación y desarrollo de un yacimiento o mina, la extracción del mineral, su transporte a bocamina o plantas de tratamiento o concentración; f) Beneficio o Concentración. Procesos físicos, químicos y tecnológicos destinados a elevar el contenido útil o ley del mineral; g) Fundición y Refinación. Procesos de conversión de productos minerales y metales, en metales de alta pureza; h) Comercialización de Minerales y Metales. Compra-venta interna o externa de minerales o metales; i) Industrialización. Para efectos de la presente Ley, se entiende como el proceso de transformación de minerales y metales en bienes de capital, bienes de consumo intermedio y bienes de consumo final, cuando la materia prima es resultado de la actividad minera”.

Por su parte, el art. 4 del citado DS 1801, determina los criterios técnicos a efectos de la verificación sobre la existencia o no de actividad minera:1. Trabajos mineros de prospección, exploración y/o explotación realizados en los últimos doce (12) meses; 2. Tipo de explotación: Subterránea o a cielo abierto; 3. Concentración de minerales: Artesanal, semimecanizado o mecanizado; 4. Existencia de desmontes, colas y carga mineralizada; 5. Utilización de maquinaria y equipo; 6. Existencia de campamentos, instalaciones, caminos de acceso e infraestructura”; y, el art. 7 del mismo texto legal, establece que los titulares de ATE o concesiones mineras (CM) deben presentar los documentos inherentes a su constitución, título ejecutorial y/o contrato minero según corresponda, además de la información que respalde las actividades de prospección, exploración, explotación y comercialización según sea el caso, las inversiones realizadas para el desarrollo de las operaciones mineras y la licencia ambiental emitida por autoridad competente.

Ahora bien, determinada la normativa aplicable sobre reversión de derecho minero y la verificación de la existencia o no de actividades mineras, a efectos de resolver la problemática formulada en el presente caso, resulta necesario consignar también el art. 24 de la Ley 1333, que prevé: “Para los efectos de la presente Ley, se entiende por Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) al conjunto de procedimientos administrativos, estudios y sistemas técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución de una determinada obra, actividad o proyecto puedan causar sobre el medio ambiente.

En ese sentido, el art. 25 de la misma Ley, determina que: “Todas las obras, actividades públicas o privadas, con carácter previo a su fase de inversión, deben contar obligatoriamente con la identificación de la categoría de evaluación de impacto ambiental…”; además, el art. 26 del mismo texto legal, prevé que: “Las obras, proyectos o actividades que por sus características requieran del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental según lo prescrito en el artículo anterior, con carácter previo a su ejecución, deberán contar obligatoriamente con la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA), procesada por los organismos sectoriales competentes…”.

Además, el art. 51 del Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA), que precisamente reglamenta la citada Ley 1333 en lo referente a la EIA y al Control de Calidad Ambiental (CCA), prevé que la DIA, constituye la licencia ambiental para un proyecto, obra o actividad y fija las condiciones ambientales que deben cumplirse; además de una referencia técnico-legal para la calificación periódica de la performance ambiental del proyecto, obra o actividad, y sirve como referencia para la realización de los procedimientos de CCA; de ello se infiere que para desarrollar una actividad minera, previamente se debe contar con dicha declaratoria de impacto ambiental.

V. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.

Con base en el análisis jurídico legal y jurisprudencial contenido precedentemente y establecida la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por la demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico, corresponde realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la AJAM y el Ministerio de Minería y Metalurgia, y analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por la parte demandante para disponer la reversión de la ATE denominada “LA ESMERALDA”.

En esa labor, en observancia de los principios de verdad material y debido proceso, éste Tribunal evidencia que el Acta de Verificación elaborada en la inspección sobre la existencia de actividades mineras, detalla que existe una retroexcavadora trabajando, acopio de piedra caliza en diferentes lugares, el mantenimiento de caminos cada año y trabajos de cateos en varios lugares; además, en aplicación del art. 7 del DS 1801, dicha Acta de Verificación consigna en el Detalle de Documentos presentados por el Titular de la ATE “LA ESMERALDA” el trámite de la Ficha Ambiental, la certificación del trámite de estudio ambiental y categorización de ficha ambiental, documentación que respalda la exigencia contenida en los arts. 24, 25 y 26 de la Ley 1333; las actividades detalladas, constituyen actividades mineras que están vinculadas a la búsqueda de indicios de mineralización en superficie, de prospección y exploración, ello en aplicación del art. 10 de la Ley 535, concordante con el art. 4 del citado DS 1801, normativa desarrollada en el análisis legal de la presente Sentencia.

Además, de conformidad con la Ley 1333, todas las obras, actividades públicas o privadas, con carácter previo a su fase de inversión, deben contar con la identificación de la categoría de evaluación de impacto ambiental y las obras, proyectos o actividades que por sus características requieran del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, con carácter previo a su ejecución, deben contar obligatoriamente con la Declaratoria de Impacto Ambiental; y, el art. 51 del RPCA, que establece que la declaratoria ambiental, constituye la licencia ambiental para un proyecto, obra o actividad y fija las condiciones ambientales que deben cumplirse; y, la actividad minera, principalmente de explotación, debe contar con dicha declaratoria de impacto ambiental; en consecuencia, corresponde aplicar e interpretar de manera correcta el art. 3.III de la Ley 403 y 10 de la Ley 535, respecto a que consta en antecedentes la existencia de actividades mineras desde el 2013 y que la ejecución del proyecto a diseño final requiere la Licencia Ambiental, documento que en este caso se encontraba en trámite desde el 9 de octubre de 2014, a momento de la publicación del cronograma de inspección (24 de octubre de 2015) y de la realización de la verificación (9 de noviembre de 2015).

Finalmente, en cuanto al argumento del Ministerio de Minería y Metalurgia expuesto en sentido que la inscripción de la patente minera de la ATE “LA ESMERALDA” data del año 1995, se transfiere el año 2006 a favor de CEMENTO SOLIDARIO S.A. y que desde dicha gestión 2006, el titular ahora demandante debió ejercer actividades mineras y obtener su licencia ambiental (entre 2006 y 2015), resulta necesario dejar claramente establecido, que el mismo carece de relevancia jurídica, ello considerando que consta en antecedentes (Anexo), en el Informe Técnico Nº 547-ETT 547/2015 de 27 de noviembre, base para la reversión y en la misma Resolución de reversión de derecho Minero AJAM/DJU/AL/RRDM/ 148/2015 de 14 de diciembre (fs. 32 a 36), que conforme a su plan de trabajo presentado el año 2013, el titular hizo trabajos de evaluación de reservas, prospección y exploración desde el año 2013, situación que era de conocimiento de la autoridad administrativa demandada que aprobó el mismo por cuanto la ATE contaba con un Proyecto a Diseño Final al momento de solicitar la licencia ambiental, para extraer 400 toneladas diarias de piedra caliza, para la fabricación de cemento, cal viva y para neutralizar la acidez en procesos industriales, con una meta de creación de una sociedad industrial que se denominaría CESOL S.A. y una vida útil estimada del proyecto de 50 años.

Con base en estos trabajos de prospección y exploración realizados desde el año 2013, el titular de la ATE “LA ESPEMERALDA”, el 9 de octubre de 2014 presentó su petición de licencia ambiental, por lo que al momento de la verificación realizada el 9 de noviembre de 2015, éste documento se encontraba en trámite y naturalmente no podían realizar más actividades mineras de explotación o ejecución total del Proyecto a Diseño Final de 2013, por imperio precisamente de las normas legales contenidas en los art. 24, 25 y 26 de la Ley 1333 y 7 del DS. 1801, que exigen contar con la licencia ambiental respectiva.

Por lo expuesto, la observación de la AJAM y del Ministerio de Minería y Metalurgia, al determinar la no existencia de actividades mineras y que por ende correspondía la reversión del derecho minero, sin considerar que la ATE “LA ESMERALDA” cuyo titular es la empresa CEMENTO SOLIDARIO S.A. ahora demandante, desarrollaba trabajos de cateo, prospección y exploración, y que su licencia ambiental aún se encontraba pendiente en su tramitación desde octubre de 2014 y disponer la reversión de la ATE, constituyen actos administrativos alejado de la realidad y de la correcta aplicación e interpretación de la normativa minera aplicable al caso concreto.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contencioso Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en los arts. 2.2 y 4 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, en virtud de los fundamentos expuestos, falla en única instancia declarando PROBADA la demanda contenciosa administrativa de fs. 43 a 49, presentada por la empresa CEMENTO SOLIDARIO S.A. representada por Luis Carlos Antonio Mark Guzmán en su condición de Vicepresidente; y, en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico Nº 081/2016 de 14 de abril, pronunciada por el Ministerio de Minería y Metalurgia y las Resoluciones de Revocatoria AJAM/DJU/AL/RRR/10/2016 de 2 de febrero y de Reversión de Derecho Minero AJAM/DJU/AL/RRDM/ 148/2015 de 14 de diciembre, emitidas por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a éste Tribunal y sea con nota de atención.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.