TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Sentencia Nº 52

Sucre, 4 d e junio de 2018

Expediente                        : 267/2016-CA

Proceso                        : Contencioso Administrativo

Demandante        : Empresa Minera Inti Raymi S.A.

Demandado                : Ministerio de Medio Ambiente y Agua

Resolución Impugnada        : Resolución Ministerial-MA N° 31 de 12 de agosto de 2016

Distrito                        : La Paz

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán


Pronunciada en el proceso Contencioso Administrativo seguido por Empresa Minera Inti Raymi S.A., impugnando la Resolución Ministerial-MA N° 31 de 12 de agosto de 2016, emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

VISTOS: La demanda Contenciosa Administrativa de fs. 61 a 75, interpuesta por Empresa Minera Inti Raymi S.A., (solo para fines de la presente decisión en adelante EMIRSA), legalmente representada por su apoderada Marcela Rita Ortiz Torrico, contra la Resolución Ministerial-MA N° 31 de 12 de agosto de 2016, emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (para fines de la presente decisión MMA y A); la respuesta de fs. 148 a 154 vta.; el memorial de la Gobernación del Gobierno Autónomo Departamento de Oruro, a través de sus apoderados, en calidad de tercero interesado, de fs. 156 a 160, Réplica de fs. 163 a 171, Decreto de Admisión (fs. 79); los antecedentes administrativos y;

CONTENIDO DE LA DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA.

Efectuando una amplia argumentación sobre el debido proceso amparado en los arts. 115-II y 117-I, 410.II, de la Constitución Política del Estado; Sentencias Constitucionales 0867/2016-S3, 0630/2016-S1, SCP Nos. 1607/2014, 1047/2013, SCP N° 1607/2014, 1047/2013, entre otras, Auto Supremo Nº 229/2015 de 2015-06-02, señala que, la autoridad administrativa de primera instancia perdió competencia al pronunciar de manera extemporánea la resolución del recurso de revocatoria, y con ello se vulneró la garantía al debido proceso, en su elemento del derecho al juez natural competente, además de lesionar los principios de competencia, sometimiento a la ley y legalidad.

Argumenta que, el 12 de enero de 2016 y en oportunidad legal EMIRSA presentó recurso de revocatoria, el mismo que fue admitido por Auto Administrativo Nº 002/2016 de 15 de enero, habiéndose presentado los informes legal y técnico emitidos el 22 de enero de 2016, momento a partir del cual la AAC tenía el plazo máximo de 15 días para ejercer su competencia y resolver ese recurso, pero no lo hizo, desconociendo el mandato legal del plazo emitió la Resolución del Recurso de Revocatoria Nº 012/2016 el 17 de febrero, es decir en forma extemporánea.

Alega que la resolución extemporánea del recurso de revocatoria ha sido un aspecto expresamente admitido por las autoridades demandadas, cuando en la Resolución Ministerial-M.A. Nº 31, de 12 de agosto de 2016, han expresado que: “(…)si bien la Resolución del Recurso de Revocatoria Nº 012/2016 de 17 de febrero de 2016 fue emitida fuera del plazo legalmente establecido, nos encontramos frente a una resolución tardía, expuesta ampliamente por la Sentencia Constitucional Nº 0638/2011-R de 3 de mayo de 2001, el cual señala: "(…) las resoluciones tardías no generan incompetencia de la autoridad que omitió resolver la petición en el plazo establecido por ley, sin perjuicio de la responsabilidad emergente del ejercicio de la función pública".

Por lo manifestado, sostiene que, con esa resolución extemporánea del recurso de revocatoria, se ha violado la garantía al debido proceso en su elemento referido al derecho al juez natural competente, consecuentemente también se han lesionado los principios de competencia, como los de legalidad y sometimiento pleno a la ley.

2.- Luego de realizar amplia argumentación señala que, en el ámbito sancionatorio administrativo-disciplinario, las autoridades demandadas han violado la garantía al debido proceso, en su elemento referido al derecho a la defensa de EMIRSA, al haber validado la Resolución Nº 19/2015 de 27 de octubre o Resolución de Inicio de Proceso Administrativo, que no precisó de manera adecuada cual era la descripción de los hechos que motivaron el mismo.

Manifiesta que, el auto inicial del proceso administrativo, se encuentra contenido en la Resolución Administrativa Nº 19/2015 de 27 de octubre, en la que de manera por demás de imprecisa y abstracta se señalan los hechos que motivarían el proceso, que es: “Por no haber cumplido con la implementación de las medidas de remediación propuestas en el Plan de Cierre de la Operación Minera Kori Kollo,  las mismas que deberían ser concluidas  en las fechas previstas según el cronograma de actividades aprobado por la Autoridad Ambiental Competente Nacional”; arguye que de esa simple redacción, se evidencia cómo la autoridad de primera instancia, asume la decisión de iniciar el proceso administrativo en contra de EMIRSA, porque imaginariamente no habría cumplido con la implementación de medidas que se habría propuesto en el plan de cierre, pero no precisa a cual plan de cierre se refiere, si es el del 2002, del 2005, del 2007 o del 2015, distintos planes de cierre que eran de conocimiento de la autoridad administrativa.

Señala que EMIRSA, presentó su plan de cierre y rehabilitación, cumpliendo disposiciones legales para operaciones mineras. Argumenta que en fecha 15 de enero de 2002 se aprueba el plan de cierre y rehabilitación de la operación minera, finalmente, realiza inspección ambiental a su empresa en fecha 20 de abril del presente año (2015), con la finalidad de verificar los avances de los 13 puntos de su plan de cierre ambiental, determinando que existe incumplimiento con referencia a los 13 puntos, los cuales deberían de ser concluidos en su totalidad el año 2014; además como consecuencia de la actualización de la licencia ambiental el 2005, el referido plan de cierre y rehabilitación del 2002, nuevamente fue actualizado en noviembre de 2005 por la AACN.

Refiere que, que la lectura del auto inicial del proceso administrativo, resulta una aberración jurídica, que se inicie un proceso administrativo contra EMIRSA porque la misma incumpliría con la implementación de medidas de remediación del plan de cierre y rehabilitación, pero sin precisarse de cual plan de cierre se trata, o del 2002, 2005, 2007, 2015; es que no es admisible en derecho, el que se inicie un proceso administrativo sin que se haga conocer al supuesto infractor la sindicación que se le atribuye, porque no se realiza una debida descripción de los hechos que motivan el proceso.

Argumenta que dichas apreciaciones son por demás de contradictorias, porque si la solicitud de actualización de Plan de Cierre fue posterior al 20 de abril de 2015, significa que la apreciación del auto inicial del proceso se realizaría con relación al plan de cierre del 2015, sin embargo, deducen que el incumplimiento que se aprecia en el auto inicial del proceso se relacionaría con el plan de cierre del 2007; lo que no resulta lógico y legal; señala que la sindicación que se le atribuye, al no precisar de manera adecuada los hechos que dan inicio al proceso administrativo, cometida por la autoridad administrativa de primera instancia, es agravada por la apreciación que han dado las autoridades demandadas, quienes consideran que la descripción de los hechos que motivan el proceso puede ser algo deducido.

Menciona que, el auto  inicial del proceso al carecer de una adecuada sindicación como descripción de los hechos que motivan el proceso, por esa falla inicial, no ha permitido que EMIRSA estructure de manera adecuada su derecho a la defensa, porque la misma se ha encontrado en imposibilidad material de aportar de manera precisa la prueba de descargo que podría ser la pertinente, y si el incumplimiento era del plan de cierre del 2002, 2005, 2007 o 2015, señala que resulta claro que se ha lesionado el derecho a la defensa de EMIRSA consagrado en el art. 115-II de la CPE, asimismo se ha violado la doble naturaleza de la garantía, derecho al debido proceso, por haberse emitido un auto inicial sin la debida descripción de la sindicación que se atribuyó.

4.- Argumenta que en los Pactos Internacionales, el debido proceso es considerado como derecho humano y como tal, se encuentra desarrollado en el art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y el art. 14 del PIDCP; derecho expresamente consagrado en el art. 115-I de la CPE, complementado por lo señalado en el art. 117 de la misma carta fundamental, que señala que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Manifiesta que en la tramitación del proceso administrativo, no se ha respetado el procedimiento punitivo aplicable, ignorándose la competencia de seguimiento y control que tenía el Gobierno Municipal; con lo se ha lesionado el derecho al debido proceso, en consecuencia se han violado los principios del procedimiento punitivo, de sometimiento pleno a la ley y de legalidad. Por ello, señala la única manera de limitar el poder punitivo del Estado es que se someta a la ley, porque es injusto y no es admisible en derecho que un juzgador de manera arbitraria y al margen de la ley imponga una sanción, máxime si se tiene en cuenta que con esa determinación se restringirá algún derecho del procesado.

Argumenta que, cualquier persona natural o colectiva, al igual que los funcionarios públicos, tienen la obligación de denunciar ante la autoridad competente, la infracción de normas que protejan el medio ambiente. Presentada la denuncia, y a partir de la misma,  la Autoridad Competente podrá realizar inspecciones, al efecto señalará día y hora de inspección, que se efectuará en el lugar en el que se hubiera cometido la supuesta infracción; así se establece en los arts. 127 del RPCA, 100 y 101 inc. a) de la Ley Nº 1333 o Ley del Medio Ambiente. Los resultados de esa inspección deberán ser notificados por la Autoridad Ambiental Competente al representante legal y si corresponde, requerirá que dicho representante formule las medidas correctivas necesarias, en el plazo de quince (15) días hábiles que correrán a partir del día hábil de la notificación, según lo señalado por el art. 156 del RPCA.

Argumenta que en el presente caso, la Secretaría Departamental de Medio Ambiente Agua y Madre Tierra del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, que viene a ser la instancia ambiental de dependencia del Prefecto o Autoridad Ambiental Competente a nivel departamental,  en 20 de abril de 2015 realizó una inspección ambiental a la Empresa Minera lnti Raymi S.A., con relación a la Operación Minera Kori Kollo, y correspondía que la AAC, a través de la repartición correspondiente, notifique a EMIRSA a fin de que la empresa formule las medidas correctivas que  fueren necesarias, pero no lo hicieron así, se notificó a EMIRSA con la Resolución Nº 019/2005 de 27 de octubre de inicio de proceso administrativo, a partir de la cual de manera directa se dictó la resolución de primera instancia.

Con esa inicial forma de actuar de la autoridad administrativa de primera instancia, se ha desconocido el verdadero sentido de la previsión del art. 156 del RPCA que como se ha manifestado, en su parte in fine da el mandato legal en sentido de que las medidas correctivas que formule el representante legal de la empresa deberán estar: "sujetas  a su aprobación por la Autoridad Ambiental Competente de acuerdo con el procedimiento del  Capítulo III,  Título IV del presente Reglamento.", desconociendo e ignorado por completo todo el procedimiento aplicable que correspondía tramitarse, que se encuentra regulado en las normas del Capítulo III, Título IV o arts. 59 y siguientes del señalado RPCA, y el art. 3 del RAAM.

Manifiesta que, la atribución general que tiene el Gobierno Municipal de emitir un informe técnico ambiental y remitirlo  a conocimiento de la Gobernación que actúa como AAC, no solo responde a un mandato normativo expreso del RPCA, responde a una regulación especial reconocida en el art. 3 del RAAM, según el cual "Los Gobiernos Municipales, dentro del ámbito de su jurisdicción territorial, controlarán y vigilarán el impacto ambiental de las actividades mineras”, de conformidad con lo dispuesto por la Ley del Medio Ambiente, sus reglamentos y el presente reglamento, señala que no se puede ignorar que en materia minera ambiental tiene el Gobierno Municipal de efectuar seguimiento y control en caso de peligro inminente para el medio ambiente o la salud; de ahí que el Gobierno Municipal tiene que controlar y vigilar el impacto ambiental en el ámbito de su jurisdicción municipal, informando a la AAC Departamental lo que considere conveniente al respecto, se ignora por completo el contenido del art.  3 de la RAAM que en materia minera reconoce al Gobierno Municipal ser la instancia de seguimiento y control ambiental.

5.- En otro acápite de su argumentación manifiesta que, se ha impuesto una infracción y sanción a EMIRSA que no estaba previamente prevista como tal en la norma sustantiva que correspondía aplicarse; con lo que se ha lesionado el derecho al debido proceso, como los principios de legalidad, de reserva  de ley, de tipicidad, irretroactividad y taxatividad. Argumenta que, a fin de cuidar los bienes jurídicos importantes, el Estado cuenta con potestad sancionadora o jus puniendi, imponiendo sanciones vinculadas a la restricción de derechos, hace cita de parte de las SCP Nos. 0599/2016-S3, 1863/2010-R, señala que, a su vez, la doctrina al referirse a la sanción dentro del ámbito del derecho administrativo y del derecho penal general, expresa que: "…no tiene una esencia diferente por ello se ha podido afirmar que las sanciones administrativas se distinguen de las sanciones penales por un dato formal, que es la autoridad que las impone, es decir sanciones administrativas, la administración  y sanciones penales, los tribunales en materia penal". (García de Enterría,  E. y Fernández, T. R.,  Curso de Derecho administrativo, Ed. Civitas, Madrid, p. 159).

Refiere que, el principal límite a la potestad punitiva del Estado, se encuentra en la aplicación del principio de legalidad, que imposibilita al Estado establecer tipificaciones (infracciones) e imponer sanciones más allá de lo que permita la ley; lo que es lo mismo, no puede calificarse una conducta como delictiva, ni sancionarse o imponerse pena alguna si es que no se encuentra establecida en la ley, que coincide con el aforismo: "nullum crimen, nula poena sine lege".

En referencia al principio de legalidad hace cita del art. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al art. 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 116-11 de la Constitución Política del Estado, arts. 72 y 73-1 y II de la LPA, las Sentencias Constitucionales Nos. 0599/2016-83, 1478/2010-R, las SCP Nos. 0599/2016-83, 1208/2013-L, el Auto Supremo Nº 462/2015 de 2015-12-07; emitido por éste Supremo Tribunal, señalando que un proceso administrativo tramitado legalmente, será aquel en el que se respete el derecho al debido proceso y se asegure la vigencia de los principios de legalidad como de tipicidad, menciona que la ley debe reunir una serie de requisitos que generalmente se resumen en la  necesidad de que sea escrita,  previa a la realización de los hechos que se pretende sancionar y estricta,  eso es,  que establezca claramente las características del hecho punible" (Francisco Muñoz Conde, Derecho Penal. Parte General, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, p. 98).

Alega que, con relación al primer requisito de la ley, que es que sea escrita, para respetar los principios de tipicidad y legalidad dentro de la tramitación de un debido proceso, en materia administrativa sancionadora, el establecimiento de una falta o de una contravención, como su consecuente sanción, podrá también establecerse por ley material escrita, que no es otra que la emanada por el Órgano Ejecutivo, a través de un DS., un reglamento u otros, ello en mérito al principio de reserva legal aplicable a materia administrativa sancionadora.

Con relación al segundo requisito de la ley, manifiesta que debe tratarse de una ley (formal o material) previa a los hechos que se pretende sancionar, lo que implica una prohibición de retroactividad, porque la calificación legal de una conducta, como la sanción deben estar reguladas por una ley promulgada con anterioridad a los hechos que motivan el proceso.

Arguye que es necesario recordar que si una ley define las conductas como delictivas para poder sancionarlas, dicha ley debe estar vigente en el momento en el que se comenten los hechos, por ello la ley penal sustancial (formal o material) es irretroactiva y no puede aplicarse a hechos anteriores a su entrada en vigor; dicho principio de irretroactividad es inseparable de los referidos principios de legalidad, tipicidad y reserva legal, todos lamentablemente lesionados por las autoridades demandadas.

En cuanto a la calificación legal de la conducta, manifiesta que, ley vigente en el momento en el que se cometieron los supuestos hechos que motivaron el proceso administrativo, lejos de ser el DS Nº 28592 del 2006, es el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras (RAAM), contenido en el DS Nº 24782 de 31 de julio de 1997, art. 67 señala que: "El cierre y rehabilitación del área de actividades mineras debe efectuarse de acuerdo con el Plan de Cierre y Rehabilitación del Área aprobado en la licencia ambiental"  y siguientes normas, en concordancia con lo establecido por el art. 107.1 de la misma disposición que expresa que: " Son infracciones al presente reglamento: 1) El incumplimiento a las disposiciones de protección ambiental establecidas en el presente reglamento o en la licencia ambiental aprobada".

Continua argumentando que, si la ley vigente en el momento en el que se cometieron los imaginarios hechos es el RAAM o DS Nº 24782 de 1997, mal podía la autoridad de primera instancia, así como las autoridades demandadas imponer una sanción administrativa de pago de multa y otros, aplicando la previsión del art. 18 parágrafo II  inc. a) también del DS Nº 28592 del 2006; al haberlo hecho así se ha lesionado no solo el principio de legalidad, sino también el de irretroactividad de la ley penal.

Con relación al tercer requisito de la ley, es que sea estricta, argumenta que es necesario que la ley (formal o material) escrita, previa y sustantiva o de fondo, a tiempo de tipificar una conducta delictiva, falta o contravención y de establecer su sanción, debe ser estricta y determinada; de similar manera, la interpretación que de ella haga la autoridad jurisdiccional  judicial o administrativa), también debe ser estricta y determinada, en virtud del principio de taxatividad de la norma penal o disciplinaria.

Finaliza su argumentación señalando que, resulta evidente que con la resolución de primera instancia, así como las pronunciadas al resolver los recursos de revocatoria y jerárquico, que confirman aquella, se han cometido actos arbitrarios por tanta indeterminación o falta de interpretación estricta, al ser ambigua y vaga; y que las autoridades jurisdiccionales han efectuado una calificación legal e impuesto una sanción incorrecta.

Petitorio.

Concluyó solicitando “que previos los trámites de ley, se sirvan dictar Auto Supremo: declarando probada la presente demanda contenciosa administrativa: 1) disponiendo el saneamiento del proceso y la anulación de obrados hasta el vicio más antiguo, que no es otro que la irregular notificación con la resolución de primera instancia a EMIRSA en un domicilio que no es el real, a fin de que le corra un nuevo plazo para interponer recurso de revocatoria; 2) alternativamente disponiendo el saneamiento del proceso y la anulación de obrados hasta el Auto Administrativo Nº 002/2016 de 15 de enero de admisión de recurso de revocatoria, a cuya consecuencia se deje sin efecto la Resolución de Recurso de Revocatoria Nº 12/2016 de 17 de febrero, ordenándose a la autoridad de primera instancia, admitir el recurso de revocatoria y resolver el fondo en oportunidad legal;3) alternativamente disponiendo que se revoque la Resolución del Recurso Jerárquico impugnada o Resolución Ministerial - M.A. Nº 31/2016 de 12 de agosto impugnada, pronunciada por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua…”

RESPUESTA A LA DEMANDA.

En representación del MMAyA, se apersona el Director General de Asuntos Jurídicos a.i, a objeto de responder negativamente la demanda Contenciosa Administrativa interpuesta por la empresa EMIRSA.

Ratificando los argumentos de su resolución, hace una relación del proceso, refiriendo la naturaleza del proceso contencioso administrativo, y la aplicación de principios administrativos, refiriendo aspectos facticos y normativos de su respuesta.

Petitorio.

Concluye solicitando a este Tribunal “se dicte sentencia declarando improbada la demanda contenciosa Administrativa presentada por la Empresa Minera Inti Raymi S.A.”

Réplica y dúplica

EMIRSA, mediante memorial de fs. 163 a 171, amplia los fundamentos de su demanda haciendo énfasis en todos los puntos argumentados en su demanda, corriéndose en traslado de fs. 172, al MMAyA, entidad que no hace uso de su derecho a dúplica conforme decreto de fs. 179.

ANTECEDENTES DEL PROCESO.

La Autoridad Ambiental Competente Departamental (AACD), con varias autoridades y Comunarios del Cantón Chuquiña incluido el representante legal de la Empresa Minera lnti Raymi S.A. (EMIRSA), realizaron una inspección en la Operación Minera Kori Kolloy, con el fin de verificar los avances del plan de cierre, elaborándose el Informe Técnico G.A.D.OR­ SDMAAyMT­UMARN­CCA Nº 013/2015 de mayo de 2015 el cual concluye que no existe información referente al cierre y abandono de pozos, además que la AOP EMIRSA no fue autorizada por la AACD para el uso o desvió de aguas del rio Desaguadero. El informe también refiere que la AOP debió concluir el cierre de operaciones en la gestión 2014, pero que de la inspección realizada se evidenciaron trabajos simultáneos de cierre de plataforma de lixiviación, inestabilidad superficial por los trabajos de maquinaria pesada y contingencias adversas por factores naturales, deficiencias que constituyen un incumplimiento de no implementar el plan de abandono y rehabilitación previamente aprobado por la AACD, posteriormente se otorgó a la EMIRSA el plazo de 15 días hábiles para que presente descargos y asuma defensa.

EMIRSA presenta descargos, los cuales son analizados, emitiendo la AACD la Resolución Administrativa Nº 019/2015 de 27 de octubre de 2015, mediante el cual se inicia proceso administrativo, otorgando a EMIRSA plazo de 10 días para que la Empresa Minera lnti Raymi S.A. asuma defensa, acto notificado mediante cédula de 30 de octubre de 2015.

El 16 de noviembre de 2015, la representación legal de la Empresa Minera lnti Raymi S.A. presenta memorial de apersonamiento adjuntando descargos, y señalando domicilio procesal. Posteriormente el 16 de diciembre de 2015 la AACD emite la Resolución Administrativa Sancionatoria 034/2015, disponiendo la sanción administrativa de multa de carácter económico del 3 por 1000 sobre el monto total del patrimonio activo declarado por la AOP., notificación practicada de forma personal al señor Willy Antezana Rocha representante legal y gerente de EMIRSA en el domicilio señalado en la ciudad de Oruro.

Recurso de revocatoria.

El 12 de enero de 2016 los representantes legales de EMIRSA interponen Recurso de Revocatoria, recurso resuelto por Resolución de Recurso de Revocatoria Nº 012/2016 de 17 de febrero de 2016, mediante el cual la AACD confirma en todas sus partes la Resolución Nº 034/2015 de 16 de diciembre de 2015, notificado mediante cédula, el 25 de febrero de 2016 a los señores Willy Antezana Rocha y Damián Jiménez Viruéz, en el domicilio señalado por EMIRSA.

Recurso jerárquico.

El 2 de marzo de 2016, los citados Representantes Legales de EMIRSA presentan memorial de Recurso Jerárquico impugnando la Resolución de Recurso de Revocatoria Nº 012/2016 de 17 de febrero de 2016 y señalan como domicilio el establecido en el Instrumento de Regulación de Alcance Particular, calle 16 de Calacoto Nº 8241 de la ciudad de La Paz, recurso resuelto mediante Resolución Ministerial ­ M.A. Nº 31 de 12 de agosto de 2016, el cual confirma en todas sus partes la Resolución de Recurso de Revocatoria Nº 012/2016 de 17 de febrero de 2016.

III.-FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Reconocida la competencia de esta Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa, del Tribunal Supremo de Justicia, en previsión de los arts. 778 a 781 del Código de Procedimiento Civil (CPC) y lo dispuesto por la Ley Nº 620 art. 2-2, tomando en cuenta que el proceso contencioso administrativo es un juicio de puro derecho dirigido a verificar la correcta aplicación de la ley en los actos y resoluciones de la administración, en el caso por la ANB, corresponde ingresar a la resolución de la causa.

Problemática planteada.

De la revisión de la demanda, respuesta y antecedentes contenidos en el expediente; se advierte que la problemática traída a juicio de éste Tribunal se circunscribe a determinar:

ANÁLISIS Y FUNDAMENTACION LEGAL.

1. En relación a la vulneración al derecho al debido proceso, el principio de pleno sometimiento a la ley y legalidad al notificar con la resolución N° 34/2015 de 16 de diciembre en un lugar diferente al del domicilio legal de EMIRSA, sostiene la empresa demandante, que la notificación no habría sido efectuada conforme manda el art. 22 .I del D.S. N° 28592 de 17 de enero de 2006; específicamente la resolución de primera instancia y la del recurso de revocatoria.

El tratadista Alsina en su expresión “Donde hay indefensión hay nulidad; si no hay indefensión no hay nulidad”, resume el avance que ha sufrido el instituto de las nulidades procesales; en este sentido corresponde analizar los principios que debe tenerse en cuenta a tiempo de imponer sanción de nulidad, vistos desde una nueva orientación.

Resulta imperioso precisar que a efectos de la nulidad impetrada, deben concurrir algunos principios que deben ser observados por el juzgador, también aplicados a los procesos administrativos acorde al tenor de la exigencia inserta en el art. 251, concordante con el art. 254 del CPC y conforme la uniforme jurisprudencia emitida por este Supremo Tribunal, entre ellos, el principio de especificidad, que prevé que no existe nulidad si ésta no se encuentra prevista por ley; el principio de trascendencia, por el cual no hay nulidad de forma, si la alteración no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio, es decir "no hay nulidad sin perjuicio"; el principio de convalidación, por el que toda nulidad se convalida por el consentimiento de la parte, si no fueron observadas en tiempo oportuno, precluyendo su derecho y, finalmente, el principio de protección, estableciendo que la nulidad solo puede hacerse valer cuando a consecuencia de ella, quedan indefensos los intereses del litigante.

Concordante con lo referido, la Sentencia Constitucional Nº 0448/2010-R de 28 de junio, que con referencia al Debido Proceso Administrativo señala:“…debe ser entendido como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que mínimamente se garantice al administrado infractor, el conocimiento oportuno de la sindicación que se le atribuye, con relación a una falta o contravención que presuntamente hubiese cometido y que esté previamente tipificada como tal en norma expresa, para que pueda estructurar adecuadamente su defensa, ser debidamente escuchado, presentar pruebas y alegatos, desvirtuar e impugnar en su caso las de contrario, la posibilidad de ser juzgado en doble instancia, y cumplido todo lo cual, recién imponerle la sanción que se encuentre prevista para la falta, quedando así a salvo del arbitrio del funcionario o autoridad”. Simplificando la jurisprudencia transcrita, podemos señalar que la indefensión consiste en: a) no cumplir con las formalidades previstas en la ley; b) no tener defensor legal; c) que la parte no tenga conocimiento de la acción; y d) que la parte no tenga acceso a los actuados en las mismas condiciones que la parte contraria.

La Sentencia Constitucional Nº 1262/2004-R de 10 de agosto, textualmente señala que: “…el error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión judicial adoptada en el proceso judicial, de manera tal que de no haberse producido dicho defecto el resultado sería otro; pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión objetada por los errores procesales, pues en este último caso se produciría un resultado adverso al sentido y esencia de la garantía al derecho del debido proceso, ya que simplemente demoraría la sustanciación del proceso judicial para llegar al mismo resultado”.

Ahora bien, por la documentación que corre en fs. 55 a 63 (anexo 1), se evidencia que por memorial de descargo a Resolución Administrativa N° 019/2015, EMIRSA fija de mutuo propio, como domicilio en otrosí 2do., “calle Potosí entre Rodríguez y León N° 5110 ciudad de Oruro”, enmarcando su proceder en el art. 22 inc. IV. a) del D.S. 28592, (Complementaciones y Modificaciones a los Reglamentos Ambientales) que en su segunda parte establece: “IV. La notificación podrá efectuarse: a) En el domicilio señalado por el Representante Legal en los instrumentos de regulación de Alcance Particular, el mismo que deberá estar dentro de la jurisdicción municipal de la sede de funciones de la Autoridad Ambiental competente”  (sic).

Asimismo, sale a fs. 95 a 100 (anexo 1), que EMIRSA se apersona interponiendo recurso de Revocatoria en contra de la Resolución Administrativa N° 34/2015, señalando en otrosí 3ro. Domicilio en: “calle Potosí entre Rodríguez y León N° 5110 ciudad de Oruro” (sic), es decir encuadrando su proceder en el art. 22 inc. a) del D.S. 28592, aspecto que fue advertido por dichas instancias, quienes efectúan la notificación respectiva, en los domicilios señalados por EMIRSA, notificaciones que fueron de conocimientos del ahora demandante, quien tuvo conocimiento y accionó la defensa correspondiente velando sus intereses.

En el contexto de la jurisprudencia desarrollada, los actos descritos muestran y evidencian que las notificaciones practicadas en el caso en análisis, por las autoridades ambientales no lesionaron el interés particular del demandante, toda vez que se ha evidenciado de la revisión de los actuados, que los derechos de EMIRSA no fueron conculcados, pues el demandante pudo asumir defensa por actos que fueron de su conocimiento; sin que los actos administrativos causen perjuicio alguno que amerite su anulación, y no determinaron un resultado distinto en la decisión administrativa de la Autoridad Ambiental, no evidenciándose la presencia de pruebas de descargo, que demuestren que el administrado quedó en estado de indefensión, o se lesionó el debido proceso el principio de pleno sometimiento a la ley y legalidad, porque no tuvo incidencia en el derecho a la defensa del administrado, debiendo tomarse en cuenta que la nulidad impetrada implica un retroceso en el proceso, siendo que los actos acusados no implicaron la vulneración a la garantía al debido proceso, en su elemento del derecho al juez natural competente, ni lesionó los principios de competencia, sometimiento a la ley y legalidad del administrado.

Por lo expuesto, con la finalidad de dar correcta aplicación a los principios de economía procesal, celeridad, eficacia, eficiencia y en resguardo del debido proceso se concluye que la autoridad jerárquica, al pronunciar la resolución impugnada, aplicó adecuadamente las normas legales que rigen la materia, realizando una valoración e interpretación correcta de las mismas en los argumentos expuestos en la resolución pronunciada, en atención a los antecedentes presentados.

2. La empresa demandante acusa que la autoridad de primera instancia perdió competencia al pronunciar de manera extemporánea la resolución de recurso de revocatoria, emitiéndola posterior a los 15 días previstos por ley, a cuya acusación de revisión de antecedentes administrativos se evidencia que EMIRSA presentó su memorial de recurso de revocatoria en fecha 12 de enero de 2016; sin embargo, debe advertirse que el art. 35 VIII., del D.S. 28592, establece expresamente que: “Recibido el informe técnico legal la AAC emitirá Resolución en un plazo máximo de quince (15) días hábiles computables a partir del siguiente día hábil de la recepción”.

En ese contexto de revisión de antecedentes administrativos se advierte que en fecha 22 de enero de 2016, se emitió el Informe Legal GADOR/SDMAAYMT/UMARM/AJ N° 004/2016 y el Informe Técnico GADORSDMAAyMT-UMARN-CAA N° 02/2016 de 22 de febrero de 2016; efectuado el cómputo de 15 días previsto por la norma, para la emisión de resolución, a partir del día siguiente hábil; sin embargo, se advierte que los días 8 y 9 de febrero se celebraron los feriados de carnavales y el día 10 de febrero, fue la efemérides departamental de Oruro; evidenciándose que la fecha límite para la emisión de la resolución fue el 17 de febrero, fecha en la que la Secretaría Departamental de Medio Ambiente Agua y Madre Tierra del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, emitió su Resolución de Recurso de Revocatoria N° 012/2016, no evidenciándose como consecuencia la alegada perdida de competencia de la autoridad que emitió la resolución, y no se vulneró el debido proceso en su elemento del derecho al juez natural competente, ni se lesionó los principios de competencia, sometimiento a la ley y legalidad acusados por el demandante.

3. Sobre la violación al derecho a defensa de EMIRSA, en la emisión de la Resolución N° 19/2015 de 27 de octubre, de inicio de proceso administrativo por no precisarse de manera adecuada la descripción de los hechos que la motivaron, de revisión de la señalada resolución se evidencia que el proceso administrativo se sustanció por incumplimiento de la AOP EMIRSA, a los 13 puntos observados por la Autoridad Ambiental a su plan de cierre, infracción contendida en el parágrafo II., del art. 17 inc. f) del D.S. 28592, sobre: “Infracciones administrativas de impacto ambiental: f) No implementar el plan de abandono y rehabilitación previamente aprobado por la Autoridad Ambiental Competente en caso de cierre.”, evaluándose puntos consistentes en: Accesos y caminos, Abandono y cierre de pozos, Tajos y Trincheras, Tajo lago Kori Kollo, Tajo lago Llallagua, Canteras, Lagunas de evaporación, Plataforma de lixiviación; Desmontes, Desmonte Kori kollo, Desmontes Llallagua, Presa de colas, Instalaciones auxiliares, aspecto que mereció un grado de cumplimiento de cada punto, cumplimientos que no fueron demostrados por la AOP, por no presentación de la implementación exigida, pese a la conminatoria, los cuales debieron concluir en su totalidad en el año 2014, mostrándose no ser evidente la violación al debido proceso en su elemento al derecho defensa, más aún si se advierte que conforme lo cita la resolución jerárquica el plan de cierre de 2007 no fue implementado en su totalidad respaldado en el Informe Técnico NF/MMAyA/DGAJ/URJ N° 160/2016, INT. Nº URJ N° 005/2016 de 28 de julio de 2016.

4. En relación al cargo de haberse ignorado la competencia de seguimiento y control que tenía el Gobierno Municipal en la tramitación del proceso administrativo, que derivaría en vulneración al debido proceso; de compulsa de antecedentes se evidencia que la autoridad competente medioambiental mediante inicio de proceso infraccional atribuyó a EMIRSA, la contravención contenida en el art. 17.II inc. f) del D.S. 28592, al evidenciar incumplimiento de los 13 puntos observados y analizados en su plan de cierre, por falta de implementación de las medidas propuestas del plan de cierre que fue aprobado por la AACN el 15 de enero de 2002, actualizado en diciembre del 2007; estableciendo la AACD que existió incumplimiento a las medidas y compromisos generados por la AOP EMIRSA, a través de sus actualizaciones, evidenciando incumplimiento en la implementación de esas medidas, todo en el marco de la competencia prevista en el art. 8 del RGGA Reglamento General de Gestión Ambiental que establece: "el prefecto, a través de la instancia ambiental  de su dependencia,  tiene las siguientes funciones y atribuciones en el ámbito de su jurisdicción: a) ser la instancia responsable de la gestión ambiental a nivel departamental y de la aplicación de la política ambiental nacional; b) velar por  el cumplimiento y aplicación de la ley del medio ambiente, su reglamentación y demás disposiciones en vigencia; e) ejercer las funciones de fiscalización y control sobre las actividades relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales. k), resolver en primera instancia los asuntos relativos a las infracciones de las disposiciones legales ambientales, así como imponer las sanciones administrativas que  correspondan”.

Asimismo, resulta necesario precisar que la SDMAA y MT, son las entidades competentes de ejercer el control y fiscalización de todas las actividades, en el ámbito de su jurisdicción departamental, entre las cuales se encuentra inmersa la AOP EMIRSA, empresa que realiza sus actividades en el municipio de Toledo, evidenciándose de antecedentes que, que quien otorgo y autorizó su operación, fue el MMAyA a través del Manifiesto Ambiental entidad que también puede convocar a inspecciones y ejercer control y fiscalización, y quien debe conocer y resolver en primera  instancia las infracciones contenidas en el art. 17. II inc. f) del D.S. 28592 que prevé la no implementación del plan de abandono y rehabilitación previamente aprobado por la Autoridad Ambiental Competente en caso de cierre, siendo la AACD es decir la SDMAA y MT; evidenciándose que la infracción fue atribuida porque EMIRSA no cumplió con el imperativo de cumplimiento de implementación de los 13 puntos observados y analizados en su plan de cierre de su operación; esto en mérito de lo que dispone el art. 33 .I del D.S. 28592 que establece que, “La AAC de oficio o a petición de parte, podrá iniciar contra el Representante Legal de la AOP proceso administrativo por infracciones administrativas.", advirtiéndose la confusión en la que incurre el demandante, quien pretende aplicar el procedimiento previsto para denuncia de infracciones de normas que protejan el medioambiente, aspecto que no es materia de análisis, no siendo en consecuencia evidente la vulneración al debido proceso y violación del procedimiento punitivo, de sometimiento pleno a la ley y de legalidad, alegada por el demandante.

5. Sobre la acusación de EMIRSA, que argumenta haberse impuesto una infracción y sanción, no prevista en norma sustantiva, escrita, estricta y previa a los hechos que se pretende sancionar, resulta preciso rememorar que la infracción prevista en el parágrafo II, del art. 17 inc. f) del D.S. 28592 de 17 de enero de 2006, señala; “f) No implementar el plan de abandono y rehabilitación previamente aprobado por la Autoridad Ambiental Competente en caso de cierre.”, de compulsa de los hechos con la norma descrita de revisión de la señalada Resolución Administrativa Sancionatoria 034/2015, se evidencia que el proceso administrativo se sustanció por incumplimiento de la AOP EMIRSA, a la implementación y cumplimiento de los 13 puntos del plan de abandono y rehabilitación a su plan de cierre, previamente aprobado por la Autoridad Ambiental Competente, advirtiéndose que esta infracción se adecua cabalmente a los incumplimientos de implementar medidas de remediación del plan de cierre de EMIRSA, pues en lo que refiere a Plan de Abandono este es entendido dentro del cierre mismo de una operación que debe cumplir obligatoriamente una AOP, y EMIRSA no cumplió con las medidas recomendadas para su cierre, aspecto que denota el cumplimiento de la exigencia de una norma sustantiva escrita y estricta contenida en el art. 18 parágrafo II inc. a) del DS Nº 28592, evidenciándose asimismo que el señalado Decreto Supremo 28592 data de fecha 17 de enero de 2006, fecha anterior al plan de cierre incumplido por EMIRSA, aspecto que muestra la ausencia de vulneración al principio de irretroactividad que prevé la ley, no siendo evidentes las acusaciones de lesión al derecho al debido proceso, como a los principios de legalidad, de reserva de la ley, de tipicidad, irretroactividad y taxatividad sostenidas por la empresa demandante.

Lo examinado lleva a la conclusión el adecuado análisis y fundamento de derecho en la aplicación de la provisión normativa en sede administrativa, respetando el debido proceso y las garantías del demandante, concluyendo que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua interpretó y aplicó adecuadamente las normas legales citadas en el pronunciamiento de su Resolución Ministerial-MA N° 31 de 12 de agosto de 2016, no advirtiéndose las vulneraciones acusadas por la empresa demandante.

En consecuencia, conforme a los fundamentos expuestos corresponde Confirmar la Resolución Ministerial-MA N° 31 de 12 de agosto de 2016, emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en el arts. 778 y 780 del CPC, art. 2-2 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, administrando justicia en única instancia, a nombre de la ley y en virtud a la jurisdicción que por ella ejerce, falla declarando IMPROBADA la demanda Contenciosa Administrativa de fs. 61 a 75, interpuesta por Empresa Minera Inti Raymi S.A., legalmente representada por su apoderada Marcela Rita Ortiz Torrico, demandando se deje sin efecto y la nulidad de la Resolución Ministerial-MA N° 31 de 12 de agosto de 2016, emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua; consiguientemente se mantiene firme y subsistente la resolución impugnada, conforme los fundamentos precedentemente expuestos.

Procédase a la devolución de antecedentes administrativos remitidos a éste Tribunal por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.