TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

SENTENCIA N° 44

Sucre, 7 mayo de 2018


Expediente                : 309/2016

Demandante        : Lourdes María Quispe Poma

Demandado                : Autoridad General de Impugnación Tributaria

Tercero Interesado        : Administración Aduana Interior La Paz

                                      dependiente de la Gerencia Regional La Paz de

la Aduana Nacional

Tipo de proceso                : Contencioso Administrativo

Resolución Impugnada: AGIT-RJ 1037/2016 de 22 de agosto

Magistrado Relator        : María Cristina Díaz Sosa


VISTOS EN SALA: La demanda contenciosa administrativa cursante de fs. 362 a 370 vta.,  interpuesta por Gonzalo Villegas Vacaflor, que impugna la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1037/2016 de 22 de agosto, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), la contestación de fs. 432 a 438 vta., intervención de la Administración de Aduana Interior La Paz de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, en calidad de tercero interesado de fs. 444 a 446 vta., réplica de fs. 449 a 456, dúplica de fs. 459 a 1460 vta., antecedentes del proceso y de sede administrativa; y,

  1. ARGUMENTOS DE LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN.

1. Demanda y petitorio.

Mediante escrito de demanda de 14 de noviembre de 2016, la demandante Lourdes María Quispe Poma, manifiesta que:

En cumplimiento al mandamiento de allanamiento emitido por el Juzgado 13 de Instrucción en lo Penal, efectivos de Control Operativo Aduanero (COA), bajo la dirección de la Fiscal de Materia, Sara Villarroel, realizaron la requisa y contactaron a Silvia Eugenia Quispe, quien no presentó ningún documento que acredite la legal internación de la mercancía al país;  procedieron al comiso de cajas y paquetes de bebidas alcohólicas y una botella de whisky etiqueta azul, marca Johnnie Walker de procedencia extranjera, para posteriormente trasladarla y depositarla en el recinto aduanero de Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB).

El 4 de marzo de 2015 es notificada con el Acta de Intervención Contravencional; dentro del plazo previsto por el art. 98 del Código Tributario boliviano (CTb) de 2 de agosto de 2003, presentó documental de respaldo consistente en 36 facturas de compra, 18 Declaraciones únicas de Importación (DUIs) y otros documentos complementarios que respaldan la legalidad de la mercancía; pese a ello la administración aduanera sostiene que las facturas de compra no son prueba material suficiente que respalde la legal internación de la mercancía porque no acompañan la DUI respectiva y mediante Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLP-LAPLI-SPCC/300/2015 de 13 de abril, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía.

Formulado el recurso de alzada, mediante Resolución ARIT-LPZ/RA 0756/2015 se confirma la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLP-LAPLI-SPCC/300/2015; interpuesto el recurso jerárquico, la AGIT pronuncia la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1956/2015 de 23 de noviembre, que anula la Resolución de Alzada hasta el vicio más antiguo, es decir hasta la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLP-LAPLI-SPCC/300/2015, debiendo la administración aduanera considerar los argumentos, valorar las pruebas de descargo presentadas por el recurrente y fundamentar con antecedentes de hecho y de derecho la resolución a dictar.

Devueltos los antecedentes, la administración aduanera pronuncia nueva Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLP-LAPLI-SPCC/028/2016 de 15 de febrero; impugnada la misma mediante recurso de alzada, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) emite la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0443/2016 de 13 de junio; y, en jerárquico, la AGIT concluye con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1037/2016 de 22 de agosto.

La demandante en sus fundamentos que hacen a su pretensión, refiere que:

a) La Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1037/2016, incumple los arts. 96.II y III del CTb y 66 inc. e) del DS 27310, Reglamento al Código Tributario boliviano (RCTb); de la lectura del Acta de Intervención se evidencia que carece de una relación circunstanciada completa de los hechos, tal es así que la administración aduanera omite consignar que la mercadería legalmente importada, consistente en botellas de Whisky (etiqueta azul), marca Johnnie Walker, contaba con los timbres de control fiscal con NIT 6061931011, contribuyente legalmente establecido y con domicilio fiscal en Calle Pucarani Nº 239 (Sucursal 1) y de manera dolosa, tampoco describe de manera completa que la mercancía contaba con los timbres respectivos y lógicamente, no expone los motivos por los cuales se procede al comiso de la mercadería libre de circulación o por qué la duda o presunción de ilegalidad, pese a contar con stiker de importador que constituye una prueba “jure et jure” que no admite prueba en contrario; ambas situaciones (relación circunstanciada completa de los hechos y falta de descripción completa de la mercadería comisada), ameritan la aplicación del art. 35 incs. b), c) y d) de la Ley 23 41 de Procedimiento Administrativo (LPA), que prevén la nulidad de los actos que no guardan las formas establecidas por ley; además, de resultar incongruente, al no manifestarse sobre el comiso de la mercadería con timbres de control fiscal.

b) La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SDCC/028/2016 de 15 de febrero, reproduce las omisiones descritas precedentemente, incumpliendo el art. 99.II del CTb y 19 in fine del RCTb, al carecer de la fundamentación de hecho y de derecho necesarias para su validez, sin que la excusa del llamado procedimiento habitual justificado por la administración aduanera, justifique no aplicar el debido proceso en su elemento motivación y fundamentación de las decisiones judiciales o administrativas contenido en el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE) y el principio de legalidad previsto en el art. 211 de la Ley 3092.

c) En cuanto a la valoración de la prueba, la administración aduanera, por segunda vez incumple los arts. 68.6, 7 y 10, 77 y 81 todos del CTb e inobserva el principio constitucional y administrativo de verdad material al pronunciar la Resolución Sancionatoria en Contrabando ANGRLP-LAPLI-SPCC/028/2016, incurriendo en omisiones ilegales e indebidas al no cotejar la documentación de descargo presentada oportunamente, valorando de manera incompleta la misma e inclusive desestimando prueba de descargo legalmente ofrecida, toda vez que no valoró la documental de soporte (DUIs).

Por lo expuesto, se evidencia que la administración aduanera, al emitir la nueva Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SDCC/028/2016, incumplió lo observado en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1956/2015; y, tanto la ARIT como la AGIT en alzada y jerárquico respectivamente, por segunda vez anulan obrados sin reparar las lesiones a derechos, garantías y principios  constitucionales vulnerados desde el comiso de su mercancía legal (julio de 2014).

Solicita se declare probada la demanda, disponiendo la revocatoria de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1037/2016 de 22 de agosto y la devolución de la mercancía con timbres de control fiscal, al constituirse en mercancía de legal importación.

2. Contestación a la demanda y petitorio.

El representante legal de la AGIT, Daney David Valdivia Coria, se apersona al proceso el 20 de marzo de 2017 y responde la demanda en forma negativa, con los siguientes argumentos:

Mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1956/2015 de 23 de noviembre, la AGIT anuló la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0756/2015 de 14 de septiembre, hasta el vicio más antiguo, es decir hasta la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/300/2015 de 13 de abril inclusive, ordenando precisamente que la administración aduanera proceda a la valoración de la prueba de descargo y fundamente la decisión con base en los antecedentes de hecho y de derecho pertinentes.

Pronunciada la nueva Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/28/2016 de 15 de febrero, en alzada, la ARIT concluye que la administración aduanera nuevamente incurre en omisiones de falta de fundamentación de hecho y de derecho, y en la valoración de la prueba de descargo en la emisión de la Resolución Sancionatoria y en consecuencia, por segunda vez anula obrados para que se pronuncie una nueva y en alzada la AGIT confirma ésta decisión; en consecuencia, la demanda carece de sustento jurídico tributario y resulta impertinente.

Peticiona declarar improbada la demanda, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1037/2016 de 22 de agosto.

  1. ANTECEDENTES PROCESALES EN SEDE ADMINISTRATIVA.

Mediante Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLP-LAPLI-SPCC/300/2015 de 13 de abril, la administración aduanera,  dispone el comiso definitivo de la mercancía consistente en cajas y paquetes de bebidas alcohólicas y una botella de whisky etiqueta azul de Lourdes María Quispe Poma ahora demandante (Anexo 3).

Formulados los recurso de impugnación por la ahora demandante, por Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1956/2015 de 23 de noviembre, la AGIT anuló obrados hasta la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/300/2015 inclusive, ordenando que la administración aduanera proceda a la valoración de la prueba de descargo y fundamente su decisión en los antecedentes de hecho y de derecho pertinentes (fs. 339 a 361 Cuerpo 1).

Pronunciada la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/28/2016 de 15 de febrero, en alzada, mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0443/2016 de 13 de junio, la ARIT resuelve nuevamente anular la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/28/2016, al existir omisiones de falta de fundamentación de hecho y de derecho, y en la valoración de la prueba de descargo (fs. 133 a 146 Cuerpo 1).

La AGIT, mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1037/2016 de 22 de agosto, confirma la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0443/2016 (fs. 204 a 219 vta. Cuerpo 2).

  1. PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

Del análisis del contenido de la demanda contenciosa administrativa, se evidencia que la misma impugna la Resolución de Recurso Jerárquico 1037/2016 de 22 de agosto, que confirma la decisión de alzada de anular nuevamente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/28/2016, y que la pretensión de la demandante Lourdes María Quispe Poma, se circunscribe a determinar si la administración aduanera, vulneró derechos, garantías y principios constitucionales vinculados a la verdad material (valoración de la prueba de descargo) y fundamentación de las decisiones administrativas y si corresponde disponer la devolución de la mercancía.

  1. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL PERTINENTE.

De acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto.

En cuanto al derecho al debido proceso, consagrado por el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), constituye una garantía constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos que rigen un proceso judicial, administrativo o corporativo, vinculados a todas las formas propias del mismo y a las leyes preexistentes, para materializar la justicia con base en la igualdad de condiciones de los sujetos intervinientes, de conformidad con el art. 119.I de la Ley Fundamental; el debido proceso tiene dos perspectivas; de un lado, se trata de un derecho en sí reconocido a todo ser humano; y de otro, es una garantía jurisdiccional a favor de toda persona para asegurar el ejercicio de sus derechos en las instancias administrativas, jurisdiccionales o jurisdicciones especiales.        

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: “En opinión de esta Corte, para que exista «debido proceso legal» es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal”.

En ese contexto, el resguardo del derecho al debido proceso no solamente es exigible dentro de los procesos judiciales, sino también abarcan a los procesos administrativos, en razón a que la Constitución Política del Estado lo consagra como un principio, un derecho y una garantía (triple dimensión), esto debido a la naturaleza y sus elementos constitutivos como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales que le faculta a todo ciudadano afectado, exigir del Estado un juzgamiento imparcial y justo, ante un juez responsable, competente e independiente, puesto que el Estado no sólo está obligado a proveer la prestación jurisdiccional, sino que está obligado a proveerla bajo determinadas garantías mínimas que le aseguren tal juzgamiento imparcial y justo.

Por su parte, la SC 0281/2010-R de 7 de junio, establece que: “Como se puede advertir la jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece claramente que el derecho al debido proceso no solamente es exigible dentro de los procesos judiciales, sino que también abarcan a los procesos administrativos, jurisprudencia que no contradice los principios constitucionales; y que por lo tanto, es compatible con la Constitución vigente…”, razonamiento reiterado en la SCP 0169/2012 de 14 de mayo, entre otras.

  1. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

La demanda contenciosa administrativa está vinculada a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1037/2016 de 22 de agosto, que confirma la decisión de la ARIT de anular por segunda vez la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/28/2016, precisamente por omisiones en la valoración de la prueba y falta de fundamentos de hecho y de derecho pertinentes.

Conforme consta en los antecedentes procesales, en cumplimiento a una decisión jerárquica anterior (AGIT-RJ AGIT-RJ 1956/2015 de 23 de noviembre), la AGIT anuló obrados hasta la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/300/2015 inclusive, ordenando que la administración aduanera proceda a la valoración de la prueba de descargo y fundamente su decisión en los antecedentes de hecho y de derecho respectivos, y en cumplimiento a dicha decisión se emitió la nueva Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/28/2016.

De acuerdo al análisis fáctico, normativo y jurisprudencial citado precedentemente, y de la relación de antecedentes administrativos descritos, se concluye que la demandante impugnó la última Resolución Sancionatoria en Contrabando y la ARIT nuevamente anuló este acto administrativo precisamente por omisiones en la valoración de la prueba y en la fundamentación de hecho y de derecho necesarias para su validez, situaciones reclamadas en la presente demanda; en consecuencia, la demanda contenciosa administrativa carece de fundamento jurídico que justifique el pronunciamiento de éste Tribunal Supremo de Justicia sobre una Resolución Jerárquica que únicamente confirma la nulidad resuelta por la ARIT mediante la cual, corresponde a la administración aduanera emitir una nueva Resolución sobre el comiso de la mercancía con base en la documental de descargo presentada oportunamente por la ahora demandante y cumpliendo con la fundamentación a la que está obligada en observancia del principio de verdad material y respeto al derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación.

En cuanto a la devolución de la mercancía a la demandante, ésta Sala está imposibilitada de ingresar a considerar dicha petición, por resultar impertinente al estado actual del proceso administrativo en el que la AGIT confirmó la decisión de la ARIT de anular nuevamente la Resolución Sancionatoria en Contrabando; actuar en contrario, supondría efectuar el control de legalidad de algo inexistente en la Resolución Jerárquica impugnada, debido a que dicha resolución, al igual que la Resolución de Alzada, no contemplan dicho examen en su contenido, sino una nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, debiendo limitarse el examen de éste Tribunal, sólo al motivo por el cual la Autoridad General de Impugnación Tributaria resolvió confirmar la Resolución de Alzada, empero, al coincidir los argumentos de la demanda en cuanto a la falta de valoración de prueba y fundamentación de hecho y derecho por parte de la administración tributaria, se concluye que la demanda carece de fundamento jurídico que amerite declarar probada la pretensión. 

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la atribución conferida por el art. 6 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014 y, lo dispuesto en los arts. 778 y 781 del CPC-1975, declara IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa de fs. 362 a 370 vta., interpuesta por Lourdes María Quispe Poma; y, en consecuencia, mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1037/2016 de 22 de agosto, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a éste Tribunal y sea con nota de atención.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.