TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Sentencia N° 38

Sucre, 5 de abril de 2018


Expediente                : 251/2016

Demandante        : Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales

Demandado        : Autoridad General de Impugnación Tributaria

Tercero Interesado        : José María Riveros Saavedra

Tipo de proceso                : Contencioso Administrativo

Resolución Impugnada: AGIT-RJ 0765/2016 de 12 de julio

Magistrado Relator        : María Cristina Díaz Sosa


VISTOS EN SALA: La demanda contenciosa administrativa de fs. 17 a 24, presentada por la Gerencia Distrital La Paz I (GD-LPI) del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) representada por Iván Arancibia Zegarra en su condición de Gerente Distrital de dicha institución pública, contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), pretensión que impugna la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0765/2016 de 12 de julio; la contestación de fs. 32 a 38 vta.; intervención del tercero interesado de fs. 83 a 89 vta.; réplica de fs. 95 a 97; dúplica de fs. 100 a 103 vta.; decreto de Autos para Sentencia de fs. 104; los antecedentes del proceso y de sede administrativa; y,

I. ARGUMENTOS DE LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN.

1. Demanda y petitorio.

Mediante escrito de demanda de 11 de octubre de 2016, Iván Arancibia Zegarra en su condición de Gerente Distrital de la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, manifiesta que:

a) Vulneración al principio de congruencia que genera un fallo ultrapetita: en el Recurso de Alzada el contribuyente José María Riveros Saavedra, impugnó la Resolución Sancionatoria CITE: SIN/GDLPZ-I/DJCC/UTT/PAAJ/RS/1985/2015 de 11 de agosto de 2015, con el argumento de falta de notificación en primera instancia con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 00141093010306 de 10 de abril de 2015, peticionando la aplicación del principio de equidad tributaria y del art. 5 num.6 de la Resolución Normativa de Directorio (RND) 10-0032-15 de 25 de noviembre de 2015 y art. 150 de la Ley 2492, que se materializa en el re cálculo de la deuda tributaria por incumplimiento de deberes formales relacionados con el registro y envío de información obligatoria en sistema Da Vinci (art. 1.II.4. 4.2 de la RND 10-0030-11), considerando que al presentarse en cero movimientos no era necesario informar ni enviar  nada más; al respecto, en alzada se confirma la Resolución Sancionatoria y consiguiente multa de 1.000 UFVs por periodo fiscal (enero a diciembre de 2012).

En recurso jerárquico, el contribuyente argumenta que no incumplió obligación alguna porque su Número de Identificación Tributaria (NIT) 2289257019, no está clasificado como RESTO en el Anexo de la RND 10-0047-05de 14 de diciembre de 2005, que por tanto la Resolución Sancionatoria carece de sustento técnico, atenta contra el debido proceso y en Resolución Jerárquica se anula la Resolución de Alzada con reposición hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta el Auto Inicial Sumario Contravencional, con base al argumento nuevo de no estar consignado su NIT, no expresado en alzada, vulnerando el principio de congruencia y generando una resolución jerárquica ultrapetita al dar más de lo peticionado, que violenta los derechos a la defensa y al proceso justo.

b) La AGIT desconoció el incumplimiento al deber formal en el que incurrió el contribuyente, por cuanto el sujeto pasivo incurrió en confesión espontánea al indicar que no presentó los libros de compras y ventas al interpretar que al presentar en cero movimientos, no tenía nada que informar o enviar.

c) La resolución contiene criterio contradictorio; el sujeto pasivo no sólo acudió a la instancia recursiva mediante recurso de alzada y jerárquico contra la Resolución Sancionatoria 1985/2015 de 11 de agosto  (objeto de la presente causa), sino también contra la Resolución Sancionatoria 2340/2015 de 26 de agosto, bajo los mismos argumentos de la primera (las resoluciones solo difieren por las gestiones fiscalizadas), sin embargo, en ésta última la AGIT confirmó la Resolución de Alzada, manteniendo firme la Resolución Sancionatoria, fundamentando su decisión precisamente en la aplicación del principio de congruencia porque el contribuyente no argumentó los agravios en su recurso de alzada.

d) La Resolución Jerárquica carece de motivación y fundamentación, contiene criterios incongruentes que generan un fallo ultrapetita.

Solicita que se declare probada la demanda y se revoque totalmente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0765/2016 de 12 de julio, declarando firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 1985/2015 de 11 de agosto.

2. Contestación y petitorio.

Daney David Valdivia Coria en representación de la Autoridad General de Impugnación Tributaria demandada, se apersona al proceso el 3 de enero de 2017 y responde la demanda en forma negativa, con los siguientes argumentos:

a) No existe vulneración al principio de congruencia ni fallo ultrapetita alguno, por cuanto el sujeto pasivo expresó como agravio a momento de formular su recurso jerárquico que el NIT no se consignaba en el Anexo de la RND 10-0047-05, en consecuencia, no existe norma infringida ni incumplimiento a deber formal por el contribuyente, al existir una clara incongruencia entre el Auto Inicial de Sumario Contravencional y la Resolución Sancionatoria, por lo que la administración tributaria incurre en vulneración del debido proceso y derecho a la defensa del contribuyente.

b) La administración tributaria no consideró la baja de NIT realizada por el sujeto pasivo, porque según el reporte “Consulta de Padrón”, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), estuvo vigente el 31 de octubre de 2010 (fs.3 de antecedentes administrativos), sin embargo, los periodos observados son de enero a diciembre de 2012.

c) No existe criterio contradictorio alguno en la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0765/2016, respecto a la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0610/2015, ello considerando que toda autoridad, ya sea judicial o administrativa puede alejarse o cambiar de proceder en la resolución de causas, siempre y cuando no infrinja la ley. 

Solicita declarar improbada la demanda, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0765/2016 de 12 de julio.



II. ANTECEDENTES PROCESALES EN SEDE ADMINISTRATIVA.

1.- La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, emite el Auto Inicial de Sumario Contravencional 00141093010306 de 10 de abril de 2015, contra el contribuyente José María Riveros Saavedra con NIT 2289257019, por incumplimiento en la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del software Da Vinci, por los periodos fiscales enero a diciembre de 2012, que debió ser presentada hasta tres días posteriores al vencimiento de la Declaración Jurada del impuesto correspondiente, de acuerdo con la terminación del último dígito de su NIT, en incumplimiento de las RND 10-0047-05 y 10-0004-10, con sanción de multa de 1.000.- UFV`s por periodo fiscal, en aplicación del punto 4.2 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07 modificada por el art. 1.II.4.2 dela RND 10-0030-11 (fs. 1 del Anexo 2).

2.- Mediante Informe CITE: SIN/GDLPZ-I/DF/PAISC/INF/5131/2015 de 17 de julio, se establece que el contribuyente no pagó la multa ni presentó descargo alguno a su favor (fs. 10 a 11 del Anexo 2).

3.- El 11 de agosto de 2015, la administración tributaria emite la Resolución Sancionatoria 1985/2015, que resuelve sancionar al contribuyente con 1.000.- UFVs por periodo fiscal, de enero a diciembre de 2012 (fs. 14 a 16 del Anexo 2).

4.- José María Riveros Saavedra formula recurso de alzada el 15 de enero de 2016 (fs. 4 a 5 Anexo 1); y, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT), mediante Resolución de Recuso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0308/2016 de 18 de abril, confirma la Resolución Sancionatoria 1985/2015 (fs. 57 a 71 vta. del Anexo 1).

5) El 5 de mayo de 2016, el sujeto pasivo presenta recurso jerárquico contra la Resolución de Recuso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0308/2016 (fs. 77 a 79 del Anexo 1).

6) Mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0765/2016 de 12 de julio, la AGIT anula la Resolución de Recurso de Alzada (fs. 111 a 123 vta. del Anexo 1).

III. PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

Del análisis del contenido de la demanda contenciosa administrativa, se evidencia que la misma impugna la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0765/2016 de 12 de julio, pronunciada por la AGIT, que anula la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0308/2016 de 18 de abril, que a su vez confirma la Resolución Sancionatoria 1985/2015 de 11 de agosto de 2015 y que la pretensión de la administración tributaria, se circunscribe a determinar si la AGIT, inobservó el principio de congruencia, pronunció un fallo ultrapetita, actuó de manera contradictoria o incurrió en falta de motivación y fundamentación a momento de pronunciar la Resolución Jerárquica que implique vulneración al debido proceso.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL PERTINENTE.

De acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto.

Sobre la facultad de anular obrados, debido proceso en sus elementos motivación y fundamentación y verdad material.

Los arts. 105 y 106 del Código Procesal Civil (CPC), determinan que ningún acto o trámite será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por la ley, además, que el acto es inválido cuando carece de requisitos formales indispensables para la obtención de su fin y que será válido cuando a pesar de su irregularidad, con él se cumpla el objeto procesal al que estaba destinado, salvo en caso de existir indefensión; de ello se infiere que la nulidad de oficio se encuentra vinculada a las infracciones que interesan al orden público en resguardo del derecho al debido proceso en todos sus elementos configurativos, tales como el derecho a la defensa y a la motivación y fundamentación de las resoluciones, entendimiento concordante con el art. 36 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA).

Razón por la que con base en dicha normativa, resulta inviable la nulidad por la nulidad misma, y exige a las autoridades que tienen a su cargo la solución de una problemática, realizar un análisis con base a los principios rectores del proceso; en consecuencia, en caso de no verificar la existencia de una situación de orden público o indefensión, la nulidad de las actuaciones procesales no tendrá sustento legal; de ello se infiere que las autoridades judiciales y administrativas, al momento de conocer y resolver las controversias sometidas a su jurisdicción, tienen plena facultad-deber para velar porque el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad que perjudiquen el normal desarrollo del mismo y/o porque no se incurra en vulneración de derechos fundamentales o garantías constitucionales que impliquen nulidad.  

El principio de verdad material previsto en el art. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE), desarrollado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, entre otras, como: “…aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que, todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos a dar aplicación, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal”; en ese sentido, dicho principio forma parte del bloque de constitucionalidad imperante y debe estar implícito en todos los ámbitos de la vida jurídica.

       Por su parte, el art. 4 inc. d) de la LPA, determina que la administración pública investigará la verdad material, en virtud de la cual, la decisión de la Administración debe ceñirse a los hechos y no limitarse únicamente al contenido literal del expediente, incluso más allá de lo estrictamente aportado por las partes, siendo obligación de la administración la averiguación total de los hechos, no restringiendo su actuar a simplemente algunas actuaciones de carácter administrativo formal que no son suficientes para asumir decisiones.

El tratadista Juan Carlos Cassagne manifiesta: “…En el procedimiento administrativo, el órgano que lo dirige e impulsa ha de ajustar su actuación a la verdad objetiva o material, con prescindencia o no de lo alegado y probado por el administrado. De esta manera, el acto administrativo resulta independiente de la voluntad de las partes”. (Derecho Administrativo II Abeledo-Perrot- Buenos Aires Argentina, pág. 321).

En cuanto al derecho al debido proceso, consagrado por el art. 115.II de la CPE, constituye una garantía constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos que rigen un proceso judicial, administrativo o corporativo, vinculados a todas las formas propias del mismo y a las leyes preexistentes, para materializar la justicia con base en la igualdad de condiciones de los sujetos intervinientes, de conformidad con el art. 119.I de la Ley Fundamental; el debido proceso tiene dos perspectivas; de un lado, se trata de un derecho en sí reconocido a todo ser humano; y de otro, es una garantía jurisdiccional a favor de toda persona para asegurar el ejercicio de sus derechos en las instancias administrativas, jurisdiccionales o jurisdicciones especiales.

Además, el debido proceso, se encuentra reconocido como un derecho humano por instrumentos internacionales en la materia como el Pacto de San José de Costa Rica (art. 8) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14), que conforme al art. 410.II de la CPE, forman parte del bloque de constitucionalidad; en definitiva, el debido proceso es entendido como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por las normas jurídicas aplicables a casos similares, implica el conjunto de requisitos a observar en las instancias procesales, con la finalidad de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus intereses o derechos.

       Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: “En opinión de esta Corte, para que exista «debido proceso legal» es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal”.

Nuestra normativa aplicable al caso concreto, arts. 35.II y 36.IV de la LPA, señala que las nulidades y anulabilidades de los actos administrativos, solo podrán ser invocados mediante la interposición de los recursos administrativos previstos por Ley. La excepción a esta regla de invocación de las nulidades y anulabilidades, se encuentra en el art. 55 del Decreto Supremo (DS) 27113 (Reglamento de la Ley 2341), que establece que se revocará el acto anulable cuando el vicio ocasione la indefensión o lesione el interés público.

En cuanto a la fundamentación y motivación del acto, la doctrina establece que la misma resulta ser imprescindible; sobre el particular el Prof. Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra “Derecho Financiero”, Volumen I, pág. 520 a 521, establece: “La fundamentación del acto administrativo es un requisito imprescindible para la validez, pues de ello depende que el Sujeto Pasivo conozca los motivos de hecho y de derecho en que se basa el ajuste y pueda formular su defensa, de modo que la carencia de ese requisito vicia de nulidad el acto”; y, Manuel Osorio entiende por nulidad: “La ineficacia de un acto jurídico como consecuencia de carecer de las condiciones necesarias para su validez, sea ella de fondo o de forma”.

V. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.

Con carácter previo, resulta necesario dejar claramente establecido que la Resolución Jerárquica impugnada, contiene la motivación y fundamentación necesarias para su validez, conforme consta en el punto IV.4. Fundamentación técnico-jurídica de la Resolución Jerárquica (fs. 11 a 16), decisión que contiene además la relación de hechos y la normativa aplicada, por lo que este argumento de la demanda de la administración tributaria carece de relevancia jurídica; en consecuencia, se ingresa al análisis de la problemática respectiva.

Con base en el análisis jurídico legal y jurisprudencial contenido precedentemente y establecida la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por la demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico, corresponde realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la AGIT, conforme a la problemática formulada.

En ese sentido, del análisis de los hechos y la problemática formulada, se concluye que toda autoridad judicial o administrativa tiene la facultad- deber de revisión de antecedentes de un proceso a efectos de resguardar que se desarrolle sin vicios de nulidad y en su caso, inclusive de oficio, sanear el proceso y corregir el procedimiento vulneratorio de derechos fundamentales o garantías constitucionales; en consecuencia, las autoridades judiciales y administrativas tienen atribución plena para anular obrados en caso de verificar indefensión o situaciones de orden público.

Conforme consta en antecedentes, es evidente el argumento del contribuyente emitido en etapa recursiva, al momento de interponer su recurso jerárquico, expuesto en sentido que el NIT del sujeto pasivo no se encuentra consignado en el Anexo de la RND 10-0047-05 y en el presente caso, la AGIT verificó que el Auto Inicial de Sumario Contravencional adolece de un requisito de validez como es la congruencia, motivación y fundamentación respectivas, por cuanto el mismo omite la RND 10-0023-10 respecto a que el NIT del contribuyente no se encuentra consignado en dicho anexo, omisión que vulnera el debido proceso en su elemento defensa y motivación y fundamentación de las decisiones administrativas, que genera la incongruencia entre el Auto Inicial de Sumario Contravencional y la Resolución Sancionatoria.

Por lo expuesto, éste Tribunal concluye que la autoridad demandada, actuó correctamente al anular obrados administrativos con reposición hasta el Auto Inicial de Sumario Contravencional inclusive, ordenando se pronuncie uno nuevo que se ajuste a derecho y contenga la fundamentación legal acorde a la normativa específica.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contencioso Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en los arts. 2.2 y 4 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, en virtud de los fundamentos expuestos, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa de fs. 17 a 24, presentada por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales representada por Iván Arancibia Zegarra en su condición de Gerente Distrital de la institución; y, en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0765/2016 de 12 de julio, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a éste Tribunal y sea con nota de atención.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.