TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Sentencia Nº 37

Sucre, 5 de abril de 2018


Expediente                 : 184/2016

Demandante               : IMEX GROUP Agencia Despachante de Aduana S.R.L

Demandado                : Autoridad General de Impugnación Tributaria

Proceso                       : Contencioso Administrativo

Resolución Jerárquica: AGIT-RJ Nº 0341/2016 de 11 de abril

Magistrado Relator     : María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: La demanda de fs. 49 a 59 vta., presentada por la Agencia Despachante de Aduana Imex Group SRL., representada por Jorge Mendieta Terceros contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria, legalmente representada por el Lic. Daney David Valdivia Coria, la contestación de fs. 136 a 148, decreto de Autos para Sentencia de fs. 257, los antecedentes del proceso, y:

I. ARGUMENTOS DE LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN.

1. Demanda y petitorio.

La Agencia Despachante de Aduana Imex Group SRL., señala que se vulneró su derecho al debido proceso, toda vez que la AGIT se limita a manifestar que la ARIT Santa Cruz verificó que se efectuó una correcta notificación de los actuados, que permitieron a los sujetos pasivos presentar descargos, por lo que concluyó que no existió vulneración del derecho al debido proceso ni a la defensa de los sujetos pasivos; sin embargo, ninguno de los sujetos pasivos ha reclamado vulneración emergente de las notificaciones practicadas a lo largo del procedimiento, omitiendo considerar todas las vulneraciones acusadas en los recursos de alzada y jerárquicos presentados por el importador y la Agencia Despachante de Aduana, tales como la falta de fundamentación de la Resolución Sancionatoria y Resolución de Alzada, en lo referido a los eximientes de responsabilidad de la Agencia Despachante, la correcta aplicación del principio de verdad material, ausencia de los requisitos esenciales del Acta de Intervención y Resolución Sancionatoria y la inexistencia de tipicidad en la conducta de la Agencia determinando la inexistencia del ilícito acusado, alegados como parte de la defensa de la empresa que representan.

Por otra parte señala que sin fundamento alguno ni norma que la respalde asignan precios de la transacción de los siete contenedores, dejando en completo estado de indefensión a los sujetos pasivos, al imponer una sanción económica equivalente al valor CIF de los 7 contenedores de 20 pies, que asciende a la suma de Bs. 273.139, la misma que se aparta del art. 181 del Código Tributario, al encontrarse dichos contenedores en poder del importador y en lugar debidamente señalado a la propia Administración de Aduana, en consecuencia los mismos eran susceptibles de ser comisados, lo que no ocurrió, por lo que al no hacer efectivo el comiso de dicha mercancía, la Administración Aduanera estaría en la imposibilidad de aplicar la sanción económica, sin antes agotar y justificar la imposibilidad de comiso, siendo dicha sanción ilegal y nula de pleno derecho.

Que la multa impuesta por la Administración Aduanera, no tiene sustento legal, ya que es la propia AGIT, al citar la documentación soporte de descargo extrae de la misma que el valor de los contenedores asciende a la suma de $US. 18.716 dólares, monto que convertido a bolivianos aplicando el tipo de cambio alcanza la suma de BS.130.263.36 pero en ningún caso la suma determinada, valor incluso declarado y consignado en la DUI C-60075, a momento de corrección y regularización del despacho, que fue aceptado por la Administración y sobre cuya base se liquidaron y pagaron los impuestos aduaneros de importación, no existiendo procedimiento legal de valoración de la mercancía en el presente caso que pueda sustentar el monto de la multa calificado, ya que de ser así se debió aplicar el Acuerdo de Valoración de la OMC, que es de cumplimiento obligatorio para los funcionarios aduaneros .

Indica que  la resolución sancionatoria no cumple con el presupuesto del art. 99 del CT, toda vez que la misma no contiene una adecuada calificación de la sanción y carece por completo de fundamento en relación a la misma, vulnerando su derecho al debido proceso.

Así también indica que no se dio cumplimiento a la Resolución de Directorio RD 01-005-13 de 28 de febrero, que aprueba el Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional, aplicable al caso concreto, el mismo que no había sido cumplido en la tramitación del sumario contravencional por contrabando, donde se establece los mecanismos que se debe aplicar en sede administrativa, lo que no existió,  limitándose la Administración Aduanera a no fundamentar sus resoluciones y pronunciarse sobre las pruebas de descargo, así como es la conducta concreta que cae en la tipificación de contravención acusada, haciendo observaciones de forma que no afectan el fondo para calificar la contravención acusada.

Por otra parte señala que la Agencia Despachante de Aduanas solo cumplió sus funciones limitándose a transcribir la documentación soporte proporcionada por el importador de la DUI, así como liquidar y pagar los tributos de importación en su integridad, por lo que no cometió ilícito alguno y menos puede nacer en su contra una inexistente responsabilidad solidaria por simple imposición de la Administración o la Autoridad de Impugnación Tributaria, al no adecuar su conducta al contrabando contravencional conforme señala el art. 183 de la Ley General de Aduana, acorde con el art. 61 parágrafo III del Reglamento a la Ley General de Aduana.

Por otra parte indica que no existe contravención de contrabando contravencional, al no haber existido clandestinidad en la introducción de la mercancía a territorio aduanero nacional, el mismo que fue realizado conforme a ley y al amparo de documentación legal, que pese a ser sorteado en canal rojo, fue sometido a control físico y documental por parte de la Administración, por lo que la falta de llenado o declaración de toda la información en la DAV en ningún caso tiene relación con el tipo de contrabando contravencional acusado, teniendo este hecho su propia calificación contravencional y su propia sanción.

Concluyó solicitando se declare probada la demanda y en consecuencia se revoque totalmente la Resolución Jerárquica Nº AGIT-RJ 0341/2016, dejando sin efecto la Resolución Sancionatoria.

2. Contestación y petitorio.

La Autoridad General de Impugnación Tributaria, indica que los argumentos expuestos en la demanda demuestran una falta de  argumentación técnico jurídica, al ser repetitivos y nada claros; sin embargo, afirma que la resolución impugnada obro en sujeción a la norma y los descargos presentados por el sujeto pasivo, que no desvirtuaron el proceso de contrabando contravencional.

Asimismo, señala que el demandante trae un nuevo argumento respecto a que la Resolución Sancionatoria no cumple con el art. 99 del Código Tributario, toda vez que la misma no contiene una adecuada calificación de la sanción y carece por completo de fundamento, aspecto que no fue reclamado e impugnado en los recursos de alzada y jerárquico, por lo que no puede pretender subsanar ese error en la presente demanda, consiguientemente no merece pronunciamiento de su parte, conforme el principio de congruencia  que rige la justicia tributaria.

También señala que la DUI C-64075, si bien fue regularizada dentro del Procedimiento de Despacho Anticipado, empero los sujetos pasivos no adjuntaron la factura de compra de los siete contenedores, ni la DAV que describa los mencionados contenedores, toda vez que el proveedor Abo Supply, aclaró que los contenedores no son de su propiedad y no pueden declararlos en las facturas, por tanto la DUI C-64075, no contiene toda la documentación soporte que el art. 111 del DS. 25870 exige; en consecuencia, el demandante no pudo desvirtuar la contravención establecida en el procedimiento administrativo por la Aduana Nacional, adecuando su conducta al inciso b) del art. 181 de la Ley 2492, no existiendo vulneración al debido proceso toda vez que el demandante fue oído y juzgado en igualdad de condiciones.

Finalmente respecto a la responsabilidad del despachante de aduana señala que el art. 42 de la Ley 2492 y 45 de la LGA, señalan entre las funciones y atribuciones del despachante observar las normas legales, quien es auxiliar de la Aduana Nacional, que ejerce con esta la tuición aduanera del país, entre sus funciones se encuentra dar fe de la correcta declaración aduanera, en ese marco los agentes despachantes no actúan simplemente como personas jurídicas privadas, sino mas bien, como privados que por una delegación específica ejercen un servicio público, por lo que la ADA Imex Group SRL, asume responsabilidad solidaria por el ilícito de contrabando contravencional y la sanción impuesta en ella por contravención aduanera sancionada con el 100% del valor de las mercancías, que devienen de su intervención en la elaboración, validación y numeración de la DUI C-64075, es decir, que una vez aceptada la DUI por la Administración Tributaria Aduanera la demandante asume responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados en ella, conforme el art. 101 del DS 25870, no siendo aplicable al presente caso el eximente establecido en el art. 183 de la LGA.

Concluyó solicitando se declare improbada la demanda contenciosa administrativa interpuesta al no existir congruencia entre los fundamentos de hecho y derecho, manteniendo firme y subsistente la Resolución Jerárquica impugnada.

II. ANTECEDENTES PROCESALES EN SEDE ADMINISTRATIVA.

En fechas 18 y 23 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera notificó a la ADA IMEX GROUP SRL y por cédula a Spiecapag S.A. Sucursal Bolivia, con el Inicio del Control Diferido mediante las Órdenes de Control Diferido Nº 2014CDGRSC0644-1 y 2014CDGRS644, ambos de 18 de diciembre de 2014, respectivamente, solicitando la remisión de la DUI C-64075 de 5 de noviembre de 2014, prueba que demuestre el valor declarado al total pagado o por pagar de las mercancías ajustadas de conformidad con lo dispuesto en el art. 8 del Acuerdo de Valor de la OMC relacionada a la DUI, y lista de empaque, catalogo y otros documentos que describan la mercancía.

El 19 y 29 de diciembre, la ADA IMEX Group y Spiecapag S.A. Sucursal Bolivia, respectivamente presentaron prueba, que a consideración de la Administración Aduanera no fue suficiente, por lo que se emitió el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI-Nº 02/2015 de 19 de febrero, que fue notificada el 3 y 4 de marzo de 2015 a los sujetos pasivos, donde se concluyó que existen 7 contenedores que corresponden a mercancía que se encuentra amparada con Factura Comercial Nº MFE 34901 de 28 de agosto de 2014, documento base al cual se elaboró el Despacho Aduanero bajo la modalidad de despacho anticipado, presumiendo la comisión de contrabando contravencional, conforme a lo dispuesto en el art. 181 de la Ley 2492, y estableciendo un total de tributos omitidos de 27.059,82 UFV.

El 2 de septiembre se notifica a ADA Imex Group SRL y Spiecapag S.A. Sucursal Bolivia, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-ULEZR-RS Nº 117/2015 de 25 de agosto, que resolvió declarar probada la comisión de contravención tributaria de contrabando establecida en el Acta de Intervención Nº 02/2015 y considerando que no existe el comiso de las mercancías en sustitución, se aplicó la sanción económica consistente en el pago de una multa igual al 100% del valor de las mercancías, por lo que se sancionó por un valor CIF de Bs. 273.139 equivalente a 135.407.70 UFV.

Contra la resolución sancionatoria se interpuso recurso de alzada por parte de Spiecapag S.A. Sucursal Bolivia y la Agencia Despachante de Aduana Imex Group SRL, que fue resuelta mediante Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0006/2016 de 8 de enero, que determinó confirmar la resolución sancionatoria, al establecer que ADA Imex Group, asume responsabilidad solidaria por el ilícito de contrabando contravencional y la sanción impuesta en el ella por contravención aduanera sancionada con el 100% del valor de las mercancías, que devienen en su intervención en la elaboración, validación y numeración de la DUI C-64075, es decir, que una vez aceptada la citada DUI por la Administración Tributaria Aduanera la hoy recurrente asume responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados en ella.

Contra la resolución de alzada, el demandante interpuso recurso jerárquico resuelto por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, mediante Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0341/2016 de 11 de abril, que dispuso confirmar la resolución de alzada, en consecuencia mantuvo firme y subsistente la resolución sancionatoria de contrabando. 

En el curso del proceso contencioso administrativo, se dio cumplimiento al procedimiento de puro derecho hasta la emisión del decreto de autos para sentencia.

III. PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

En autos, la controversia versa en determinar:

1) Si la Agencia Despachante de Aduana Imex Group SRL, es responsable solidaria para que se le atribuya la sanción impuesta por la Administración Aduanera de 135.407.70 UFV, al no haberse tomado en cuenta lo previsto por el art. 46 de la Ley General de Aduanas Nº 1990 y art. 111 del Reglamento de la Ley de Aduanas.

2) Si existió vulneración al debido proceso por falta de fundamentación respecto al eximente de responsabilidad del demandante, aplicación del principio de verdad material, ausencia de requisitos esenciales del acta de intervención y resolución sancionatoria, e inexistencia de tipicidad en la conducta de Agencia Despachante de Aduana Imex Group SRL, por lo que correspondería se revoque la resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ- 0341/2016 de 11 de abril.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL PERTINENTE.

De acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

El art. 109. I de la CPE señala que todos los derechos por ella reconocidos son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección, de su parte los arts. 115, 117. I y 180. I de la misma norma, garantiza el derecho al debido proceso que se constituye también en uno de los principios de la jurisdicción ordinaria conforme el art. 30. 12 de la Ley de Órgano Judicial que señala: “… impone a toda persona que tenga derecho a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido en sus disposiciones jurídicas generales aplicables a los que se hallen en una situación similar…”.

El art. 42 de la Ley General de Aduanas, señala: ”El Despachante de Aduana, como persona natural y profesional, es auxiliar de la función pública aduanera. Será autorizado por la Aduana Nacional previo examen de suficiencia, para efectuar despachos aduaneros y gestiones inherentes a operaciones de comercio exterior, por cuenta de terceros”. En mérito a esta normativa legal, las Agencias Despachantes de Aduana al fungir el rol de auxiliar de la función pública aduanera, la ley determina sus funciones y atribuciones, plasmados en el art. 45 de la citada disposición legal, que estipula: “El Despachante de Aduana tiene las siguientes funciones y atribuciones: a) Observar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y procedimentales que regulan los regímenes aduaneros en los que intervenga. b) Efectuar despachos aduaneros por cuenta de terceros, debiendo suscribir personalmente las declaraciones aduaneras incluyendo su número de licencia y matrícula profesional emitida por la Cámara Nacional Despachantes de Aduana. c) Dar fe ante la administración aduanera por la correcta declaración de cantidad, calidad y valor de las mercancías, objeto de importación, exportación o de otros regímenes aduaneros, amparados en documentos exigidos por disposiciones legales correspondientes. La Aduana Nacional comprobará la correcta declaración del despachante de aduana (…)”

A su vez, el art. 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, señala: “ El Declarante está obligado a obtener, antes de la presentación de la declaración de mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: a) Factura Comercial o documento equivalente, según corresponda, en original; b) Documentos de embarque (guía aérea, carta de porte, conocimiento marítimo o conocimiento de embarque), original o copia; c) Parte de Recepción, original; d) Lista de Empaque para mercancías heterogéneas, original; e) Declaración jurada del valor en aduanas, suscrita por el importador; f) Póliza de seguro, copia; g) Documento de gastos portuarios, en original; h) Factura de gastos de transporte de la mercancía, emitida por el transportador consignado en el manifiesto internacional de carga, copia; i) Certificado de origen de la mercancía, original; j) Certificados o autorizaciones previas, original; k) Otros documentos establecidos en norma específica. Los documentos señalados en los incisos e), f), g), h), i), j), y k), serán exigibles cuando corresponda, conforme a las normas de la Ley, el presente Reglamento y otras disposiciones administrativas. Cada uno de los documentos soporte, deberá consignar el número y fecha de aceptación de la declaración de mercancías de importación a la que correspondan. Cuando la documentación señalada en el presente Artículo constituya base para despachos parciales, el Declarante deberá dejar constancia de cada una de las declaraciones de mercancías presentadas al dorso del documento correspondiente.”.

Además el art. 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas expresamente establece que una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera, el declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados en la declaración de mercancías y la documentación soporte. La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones vigentes. b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentre libre de errores de llenado, tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación. c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, cuando corresponda.

V. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.

Previamente se debe tener presente que la Ley General de Aduanas establece que la potestad aduanera es el conjunto de atribuciones que la ley otorga a la Aduana Nacional, para el cumplimiento de sus funciones y objetivos, y debe ejercerse en estricto cumplimiento de la presente Ley y del ordenamiento jurídico del país, por lo que en su art. 3, estipula: “ La Aduana Nacional es la institución encargada de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y aeropuertos del país, intervenir en el tráfico internacional de mercancías para los efectos de la recaudación de los tributos que gravan las mismas y de generar las estadísticas de ese movimiento, sin perjuicio de otras atribuciones o funciones que le fijen las leyes” norma concordante con el art. 5 de su reglamento que señala:”  La Aduana Nacional como sujeto activo de la obligación aduanera tiene competencia y atribuciones para la recaudación de los tributos aduaneros, establecidos en el art. 25 de la Ley, la fiscalización y control de dichos tributos así como la determinación de la deuda aduanera y la cobranza coactiva en su caso. También tiene facultad sancionadora en las contravenciones aduaneras. En cumplimiento estricto a esta norma legal y demás disposiciones en materia aduanera, la  Aduana Nacional emitió el Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-017 de 7 de abril de 2009, con la finalidad que las Agencias Aduaneras puedan verificar los datos consignados en la documentación proporcionada por el importador a la Agencia Despachante de Aduana, en el caso de autos, de los datos del proceso se tiene que la DUI C-64075, fue elaborada bajo la modalidad de despacho Anticipado, tramitada por la Agencia Despachante de Aduana  Imex Group SRL, amparado con la Factura Nº MFE 34901 de 28 de agosto de 2014, donde se describe la mercancía como 120 toneladas de escoria mineral de carbón (mineral 1240 médiun coal slag) embarcadas en 66 bultos, por un valor de $us19.272 donde se incluye el monto por gastos de transporte marítimo, ascendiendo a un total de $us.33.605, con la condición de venta según factura comercial es CIF Arica por un valor de $us.52.877. La Agencia Despachante de Aduana Imex Group SRL, al momento de realizar la regularización del despacho anticipado de la DUI C-64075 complementó como dato otro item de 7 contenedores en los cuales se transportó las 120 toneladas de escoria de mineral de carbón, para lo cual presenta la factura s/n del 03 de diciembre de 2014, que señala “120 toneladas de escoria mineral de carbón (mineral 1240 mediun coal slag, 7 contenedores de 20 pies y el costo de flete marítimo”; ahora bien, de los antecedentes del proceso se evidencia que si bien el sujeto pasivo realizó la regularización del Procedimiento de Despacho Anticipado, sin embargo, no adjuntó por una parte la factura original, que debe ser considerado como un documento definitivo, toda vez que la factura s/n presentada para la regularización del despacho no registra los números de contenedores comprados y tampoco acredita que es una modificación a la primera factura presentada; y por otra que la Declaración Andina de Valor Nº 14167656 (DAV), registra un solo ítem de escoria de carbón, sin considerar los siete contenedores; en consecuencia la DUI C-64075 no refleja de forma exacta la mercancía descrita con relación a siete contenedores, hecho por el cual la Administración Aduanera, determinó la comisión de contrabando contravencional, conforme a lo dispuesto en el art. 181 de la Ley 2492.

1.- Con relación a la responsabilidad solidaria, que la Agencia Despachante de Aduanas Imex Group asegura no tener, el art. 47 de la Ley General de Aduanas, establece “… El Despachante y la Agencia Despachante de Aduana responderán solidariamente con su comitente, consignatario o dueño de las mercancías en las importaciones y con el consignante en las exportaciones, por el pago total de los tributos aduaneros, de las actualizaciones e intereses correspondientes y de las sanciones pecuniarias emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes. Asimismo, la Agencia Despachante de Aduana será responsable del pago de las obligaciones aduaneras y de las sanciones pecuniarias emergentes de la comisión de delitos y contravenciones aduaneras en que incurran sus dependientes con las operaciones aduaneras”, concordante con el art. 61 de  su Reglamento que establece “ (RESPONSABILIDAD SOLIDARIA E INDIVISIBLE).- El Despachante de Aduana o  la Agencia Despachante de Aduana, según corresponda, responderá solidariamente con su comitente, consignante o consignatario de las mercancías, por el pago total de los tributos aduaneros, actualizaciones e intereses correspondientes, multas o sanciones pecuniarias que se deriven de las operaciones aduaneras en las que intervengan. La responsabilidad solidaria e indivisible sobre la obligación tributaria aduanera, nace desde el momento de la aceptación por la Aduana Nacional de la declaración de mercancías (las negrillas son nuestras); en ese entendido, el Despachante de Aduana, al ser auxiliar de la función pública aduanera y efectuar los despachos aduaneros y gestiones inherentes a operaciones de comercio exterior, por cuenta de terceros, tiene la obligación conforme el art. 45 de la LGA, de dar fe ante la administración aduanera por la correcta declaración de cantidad, calidad y valor de las mercancías, objeto de importación, exportación o de otros regímenes aduaneros, amparados en documentos exigidos por disposiciones legales correspondientes, por lo que no es   justificable el argumento de que dicha agencia se limitó a la transcripción de datos otorgados por el importador, más aún si el art. 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, obliga al Declarante a obtener, antes de la presentación de la declaración de mercancías, toda la documentación soporte donde se consigne el número y fecha de aceptación de la declaración de mercancías de importación a la que correspondan; es decir, el declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados en la declaración de mercancías y la documentación soporte una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera, por consiguiente, conforme a la norma anterior Agencia Despachante de Aduana adquirió responsabilidad solidaria con el consignatario de la sanción impuesta por el contrabando contravencional.

2.- Que respecto a que el demandante se encontraría exento de responsabilidad por haber transcrito con detalle los documentos que le fueron presentados por el importador o consignatario; sobre el particular, se debe considerar que  el art. 183 de la Ley General de Aduanas, dispone: Quedará eximido de responsabilidad de las penas privativas de libertad por delito aduanero, el auxiliar de la función pública aduanera que en el ejercicio de sus funciones, efectúe declaraciones aduaneras por terceros, transcribiendo con fidelidad los documentos que reciba de sus comitentes, consignantes o consignatarios y propietarios de las mercancías, no obstante que se establezcan diferencias de calidad, cantidad, peso o valor u origen entre lo declarado en la factura comercial y demás documentos aduaneros transcritos y lo encontrado en el momento del despacho aduanero” (las negrillas y subrayado son nuestras), de la norma transcrita, es evidente que esta exención trata sobre penas privativas de libertad a tratarse de personas jurídicas o colectivas por la comisión del “delito aduanero”, más no así de la responsabilidad solidaria por sanciones pecuniarias, multas, pago de tributos, actuaciones e intereses que corresponden en las operaciones que este haya intervenido, en “contravenciones tributarias”, y que en el caso de autos al haberse establecido que la Agencia Despachante de Aduanas Imex Group SRL ha incurrido en una contravención tributaria, por ende no se encuentra liberada de la responsabilidad solidaria e indivisible con el consignatario por el pago de las sanciones pecuniarias correspondientes dispuesta por Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-ULEZR-RS Nº 117/2015 de 25 de agosto. 

Asimismo, respecto a la correcta aplicación del principio de verdad material por falta de consideración y valoración de la prueba, se tiene que el recurso jerárquico manifestó que el demandante no se expresó de manera puntual sobre que agravio no habría sido considerado por la ARIT, motivo por el cual la AGIT no realizó mayor pronunciamiento; por otra parte, de los antecedentes del proceso se evidencia que el demandante de manera general expresa este agravio de vulneración al principio de verdad material, dentro del argumento de inexistencia de la contravención de contrabando, explicando lo que la palabra “tráfico” significa, pretendiendo con esto establecer que no se hubiese incurrido en el contrabando contravencional, sin embargo, conforme los argumentos expuestos precedentemente, se determinó que la ADA IMEX GROUP SRL, si incurrió en la comisión de contrabando contravencional, conforme a lo dispuesto en el art. 181 de la Ley 2492, toda vez que la DUI C-64075 no refleja de forma exacta la mercancía descrita con relación a siete contenedores.

Sobre: 1) La vulneración del debido proceso en sus elementos, de falta de fundamentación de la resolución sancionatoria, que forma parte de los requisitos exigidos, conforme el art. 99 del Código Tributario; 2) La falta de valoración de la documentación soporte de los 7 contenedores, que conllevaría la inexistencia de una valoración respecto a la asignación de precio que no merecieron pronunciamiento, 3) Incorrecta aplicación de la multa en vez del comiso de la mercancía; al respecto, corresponde señalar de la revisión de antecedentes y del recurso jerárquico impugnado, se evidencia que estos puntos no fueron objeto de reclamo y observación en instancia administrativa por parte del demandante, pretendiendo éste traer nuevos elementos que no fueron considerados, en ese sentido, este Tribunal Supremo de Justicia, por el principio de congruencia, se halla imposibilitado de ingresar a considerar y pronunciarse sobre elementos que no fueron resueltos por la autoridad demandada.

En consecuencia se concluye que la AGIT, no incurrió en conculcación de normas legales, ni vulneró el debido proceso, máxime si los argumentos expuestos en la demanda no desvirtúan de manera concluyente los fundamentos y razones expuestas en el Recurso Jerárquico AGIT-RJ Nº 0341/2016 de 11 de abril, cuya impugnación tendría que haber sido base de la presente demanda.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contencioso Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en el numeral 2 del art. 2 y art. 4 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, en virtud de los fundamentos expuestos, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 49 a 59 vta., presentada por la Agencia Despachante de Aduana Imex Group SRL., representada por Jorge Mendieta Terceros contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria, y en su mérito se mantiene firme y subsistente la Resolución impugnada AGIT-RJ Nº 0341/2016 de 11 de abril. 

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a éste Tribunal por la autoridad demandada.

Regístrese, notifíquese y archívese.