TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Sentencia Nº 35

Sucre, 5 de abril de 2018


Expediente                 : 55/2015

Demandante               : Colegio Departamental de Contadores Cochabamba

Demandado                : Autoridad General de Impugnación Tributaria

Proceso                       : Contencioso Administrativo

Resolución Jerárquica: AGIT-RJ Nº 01720/2014 de 23 de diciembre 

Magistrado Relator     : María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: La demanda de fs. 63 a 69, presentada por el Colegio Departamental de Contadores de Cochabamba representado por José Erwin Vladimir Candia contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria, legalmente representada por el Lic. Daney David Valdivia Coria, la contestación de fs. 126 a 133, réplica de fs. 137 y dúplica de fs. 143 a 144, decreto de Autos para Sentencia de fs. 184, los antecedentes del proceso y de emisión de la resolución impugnada; y:

I. ARGUMENTOS DE LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN.

1. Demanda y petitorio.

La entidad demandante señala que la AGIT en la resolución jerárquica impugnada no consideró que el Colegio de Contadores, durante el plazo probatorio abierto en sede administrativa ratificó en calidad de prueba documental pre constituida las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0195/2010 y AGIT-RJ 0427/2013, ambas dictadas en la ciudad de La Paz por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, en las que se reconoce el derecho del Colegio de Contadores a contabilizar y beneficiarse del crédito fiscal contenido en las facturas por compras de bienes que componen el canastón de fin de año entregado a favor de los colegiados y/o cualquier otro servicio o bien a favor de los asociados del Colegio. Que estas resoluciones tiene carácter vinculante para futuras actuaciones entre partes, es decir entre el Colegio y el Servicio de Impuestos Nacionales, sin embargo bajo el argumento de que su ejecución se encontraría postergada en procesos contenciosos administrativos, omiten su aplicación, haciendo notar el demandante que desconoce el resultado de dichos procesos al no haber sido citado como tercero interesado, lo que vicia de nulidad su tramitación. Asimismo, señala la Resolución Jerárquica AGIT- RJ 1720/2014 de 23 de diciembre, ahora impugnada, es nula de pleno derecho por desconocer el derecho que tiene el Colegio Departamental de Contadores de Cochabamba a gozar del carácter vinculante de las resoluciones jerárquicas presentadas en calidad de prueba y que a la fecha son actos firmes y con calidad de cosa juzgada.

2.- El demandante señala que la resolución impugnada ha dispuesto que “la vinculación y la consecuente apropiación del crédito fiscal de las notas fiscales observadas van inexorablemente ligadas con el destino final del beneficio pretendido, que las Facturas Nº 3545 y 36918, observadas por la Administración Tributaria, no se consideran válidas para el cómputo del crédito fiscal, debido a que no se pudo evidenciar que las mismas estén vinculadas con la actividad del contribuyente, tal como prevén los art. 8 inc. a) de la Ley Nº 843 y 8 del Decreto Supremo Nº 21530, por lo que la AGIT así como la ARIT, al confirmar la Resolución Determinativa Nº 17-00505-14 de fecha 28 de mayo, a través de la Resolución de Alzada  ARIT CBA/RA 0356/2014, han cuestionado el objeto institucional del Colegio de Contadores, concluyendo de forma errónea que la misma es una institución que tiene como única actividad la capacitación, desarrollo profesional y social de sus asociados, especialmente cuando la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, realiza una interpretación forzada de los Estatutos y Reglamentos del Colegio de Contadores, ya que fundamenta su demanda en el art. 3 del reglamento interno referido, a las finalidades de la institución, pretendiendo establecer que el ente colegiado no tiene como una de sus actividades principales, organizar acontecimientos sociales y por ello no puede beneficiarse de las facturas emitidas por este concepto, cuando estas están totalmente respaldadas por las Facturas de Compras Nº 3645 y 36918 que se refieren al Pago de la Prima Anual de la Póliza de Seguro Contra Accidentes Personales en Grupo Nº POL-APG-CB-00000226-2008-01, que ofrece una cobertura contra accidentes a 548 profesionales afiliados al Colegio de Contadores de Cochabamba y la compra de Vino para el Canastón Navideño que entregan a fin de año a los asociados, en consecuencia, considera que la AGIT procedió a la depuración de facturas de compras sin valorar que el fin del Colegio es promover el desarrollo social de su colegiados, y que el desarrollo de actividades que protejan a los asociados de accidentes personales preservando su vida, así como, la entrega de canastotes u otros presentes, son planificados y organizados por el Colegio de Contadores, en el marco de cumplimiento de su finalidad.

Por otra parte, indica que se toman previsiones respecto a las compras de golosinas y alimentos, por el alza de precios en el mes de diciembre, y que en conformidad del principio de verdad material se debe presumir el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo, hasta que en debido proceso, se pruebe lo contrario, por lo que en el proceso contencioso administrativo deberá valorarse objetivamente las pruebas aportadas, toda vez que las observaciones realizadas en las facturas de julio y noviembre de 2009 están vinculadas y relacionadas con la actividad gravada.

Concluyó solicitando se declare probada la demanda y en consecuencia se revoque totalmente la Resolución Jerárquica Nº AGIT-RJ 1720/2014, por contener violación de la ley.

2. Contestación y petitorio.

La Autoridad General de Impugnación Tributaria, indica que de los argumentos expuestos en la demanda son insuficientes, toda vez que no señalan con precisión de que manera es ilegal la Resolución Jerárquica impugnada, cuando en los hechos la misma se encuentra debidamente fundamentada, conforme señala la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 532/2014. Asimismo, manifiesta que los presupuestos fácticos señalados en el Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0195/2010 son diferentes al caso de autos, pretendiendo el demandante contradictoriamente que las multas establecidas en las Actas de Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 77936, 77937, 77938 y 78033,  que fueron dejadas sin efecto, sean declaradas nulas, sin considerar que el Código Tributario y Procedimiento administrativo, establecen que puede disponerse la anulación de obrados de oficio o a petición de parte, cuando los actos administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados, aclarando que con relación a las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 0195/2010 y AGIT-RJ 0427/2013, que no fueron consideradas por la AGIT en su fundamento se debe a que estas fueron objeto de contencioso administrativo, en consecuencia el proceso no se encuentra viciado de nulidad y menos a producido indefensión del sujeto pasivo.

Manifiesta que en aplicación del art. 8 inciso a) de la Ley 843 y art. 8 del Decreto Supremo Nº 21530, esa instancia jerárquica, en el análisis del crédito fiscal ha establecido que  el contribuyente, para beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal producto de las transacciones que declara, debe cumplir con los tres requisitos: 1) Estar respaldado con la factura original, 2) Que se encuentre vinculado con la actividad gravada, y 3) Que la transacción se haya realizado efectivamente y que en el presente caso se observó el segundo requisito, por la falta de respaldo del crédito fiscal del Colegio de Contadores, por la compra de bienes y servicios que no se vinculan con su actividad, por lo que de la consulta al SIRAT -2 se estableció que la actividad principal del Colegio desde el 17 de mayo de 1954 comprende “Las actividades de organizaciones empresariales, profesionales y empleadores”, teniendo como obligaciones tributarias las relativas al IVA, IT, IUE y RC-IVA; por otra parte,  indica que de acuerdo con el art. 1 de su Estatuto Orgánico, se estableció que es una institución jurídica de carácter profesional, que goza de autonomía propia y no persigue fines de lucro, y sus labores se desarrollan para defender y promover intereses de sus miembros colegiados otorgándoles representación, asistencia y jerarquía, acorde a la noble y digna profesión.

Que de las actividades del Colegio de Contadores, señalan que las mismas estan dirigidas a la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y el velar por el cumplimiento de una buena labor profesional que se enmarcan en las reglas de ética y bien social de la profesión, por lo que las compras deben vincularse directa o indirectamente con tales actividades, de tal manera que le permitan cumplir con las finalidades por las que fue constituido, y que en el presente caso de la revisión de antecedentes administrativos se tiene que de acuerdo al papel de trabajo “Cuadro Facturas Observadas”, se observó las facturas Nº 3645 y 36918,  debido a que consideró que no son válidas para crédito fiscal, por no estar vinculadas a la actividad, y que con relación a la Póliza de Seguro de Vida en Grupo POL-VG-CB-00000081-2008-01 advierten que esta corresponde a 549 con una prima anual de Bs. 12.238, sin embargo el Colegio de Contadores no adjuntó un listado de asegurados que hubiese permitido verificar las cargas legales, y demostrar que este vinculado con la actividad de esa entidad.

Con relación a la factura Nº 36918, manifiesta que la misma es emitida por Bodegas y Viñedos Concepción S.A., por la compra de 702 botellas de vino que según el demandante fueron entregados a sus afiliados en los canastones navideños de fin de año, sin embargo, no se presentó respaldo documental que confirme el destino final del producto, con un listado de beneficiarios con nombres y firmas que acrediten la vinculación de la actividad de la institución y sus asociados, por lo que al no estar respaldadas dichas facturas fueron observadas teniendo en cuenta que la vinculación y la consecuente apropiación del crédito fiscal de las notas fiscales observadas van inexorablemente ligadas con el destino final del beneficio pretendido.

Concluyó solicitando se declare improbada la demanda contenciosa administrativa interpuesta por el Colegio Departamental de Contadores de Cochabamba, manteniendo firme y subsistente la Resolución Jerárquica impugnada.

II. ANTECEDENTES PROCESALES EN SEDE ADMINISTRATIVA.

El 26 de julio de 2013, la Administración Tributaria notificó al Colegio Departamental de Contadores de Cochabamba con la Orden de Verificación Nº 0013OVI15548, comunicando que será objeto de un proceso de determinación bajo la modalidad de Operativo Específico Crédito Fiscal, señalado el alcance, que comprende a la Verificación de los hechos y/o elementos al Impuesto al Valor Agregado correspondiente al periodo julio y noviembre de 2009.

La Administración Tributaria labró cuatro Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al procedimiento de determinación Nos. 78033, 77938, 77937 y 77936, las dos primeras por la presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci-LCV con errores en los periodos noviembre y julio gestión 2009 sancionados con 150 UFV, y las dos últimas, por el registro de la información en el Libro de Compras IVA de acuerdo a lo establecido en normas específicas, también por los periodos de noviembre y julio, sancionados con 1.500 UFV.

El 22 de octubre de 2013, el Colegio Departamental de Contadores de Cochabamba, con nota CITE:CDC-CITE 218/2013 remitió copias de las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 0195/2010 y AGIT-RJ 0427/2013, para la validación de la Factura Nº 36918, referida a la compra de vino.

El 8 de abril se notificó al Colegio Departamental de Contadores de Cochabamba, con la Vista de Cargo Nº SIN/GDCBBA/DF/VI/VC/00107/2014, en la que estableció una deuda tributaria que asciende a 9.807 UFV.

En fecha 5 de junio se notificó al demandante con la Resolución Determinativa Nº 17-00505-14, que determinó de oficio por conocimiento cierto la obligación impositiva de 9.610 UFV, correspondientes al tributo omitido más intereses, sanción por omisión de pago, y multa por incumplimiento de deberes formales; asimismo señaló que las actas contravencionales fueron incluidas en la deuda tributaria.

El Colegio Departamental de Contadores de Cochabamba, interpuesto recurso de alzada, resuelto mediante la Resolución ARIT-CBA/RA 0356/2014 de 22 de septiembre de 2014, que determinó Revocar parcialmente la Resolución Determinativa Nº 17-00505-14, en la que estableció que la conducta del sujeto pasivo respecto al registro incorrecto del número de factura y número de autorización, de los períodos fiscales julio y noviembre de 2009 en el Libro de Compras IVA físicos, así como los presentados a través del Módulo Da Vinci, no infringe las previsiones del art. 50 de la RND N- 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007; por tanto, no se adecua al tipo establecido por norma, y en consecuencia dejó sin efecto las multas establecidas según Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 77936, 77937, 77938 y 78033.

Contra la resolución de alzada, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, y el Colegio Departamental de Contadores de Cochabamba interponen Recurso Jerárquico, que fue resuelto por la AGIT mediante Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1720/2014, que dispuso Revocar Parcialmente la Resolución Determinativa Nº 17-00505-14, en conformidad del art. 212 parágrafo I inc. a) de la Ley 2492, manteniendo la depuración de las facturas por compras de vinos y pago de prima anual de Póliza de Seguro contra Accidentes Personales en Grupo, por considerar que no son válidas para crédito fiscal.

En el curso del proceso contencioso administrativo, se dio cumplimiento al procedimiento de puro derecho hasta la emisión del decreto de autos para sentencia.

III. PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

Que de la compulsa de los datos del proceso, se desprende que el objeto de controversia, se circunscribe en determinar:

Si la Autoridad General de Impugnación Tributaria, al confirmar la depuración de las facturas Nº 3645 y 36918, incurrió en error al considerar que no son válidas para crédito fiscal por no estar vinculadas con la actividad gravada del ente colegiado, vulnerando su derecho a la defensa y debido proceso, así como no considerar los fundamentos expuestos en las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 0195/2010 y AGIT-RJ 0427/2013, para la validación de dichas facturas.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL.

Para resolver esta controversia es preciso señalar que el art. 8 inc. a) de la Ley Nº 843 en su segundo párrafo, establece que sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen; en ese sentido, para que el eventual contribuyente se beneficie con el crédito fiscal producto de las transacciones que declaró en las notas fiscales presentadas, debe cumplir con tres requisitos establecidos en los arts. 4, 5, 7 y 8 de la Ley Nº 843 y 8 del DS Nº 21530, los cuales son: 1) La transacción debe estar respaldada con factura original; 2) Que se encuentre vinculada con la actividad gravada; y, 3) Que la transacción se haya realizado efectivamente.

En ese entendido, el crédito fiscal, se origina como efecto de las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que se les hubiesen facturado en el período fiscal que se liquida, monto sobre el que se les aplicará la alícuota general del 13%, y vinculadas con la actividad sujeta al tributo, y sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal, las notas fiscales o facturas que se vinculen con las operaciones gravadas por el que, el contribuyente es responsable, lo contrario originará la depuración del crédito fiscal.

V. ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

Se debe recordar que la demanda contenciosa administrativa, constituye una garantía formal que beneficia al sujeto administrado en el ejercicio del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos, logrando el restablecimiento de los derechos lesionados con la interposición del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.

En este marco legal, el art. 778 del Código de Procedimiento Civil, establece que "El proceso contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado".

Que así establecida la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por la demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico, corresponde realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria y analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por la parte demandante.

En ese entendido, habiendo establecido el objeto de la demanda, del análisis de los antecedentes administrativos, previamente es necesario definir cuál es la actividad gravada por la que el Colegio Departamental de Contadores resulta responsable del IVA, y de esta forma verificar si las facturas depuradas por la Administración Tributaria, se encuentran o no vinculadas con la actividad de la entidad demandante, por lo que corresponde remitirnos al Estatuto de dicha entidad, que en su art. 1 indica: Es una Institución Jurídica de carácter profesional, goza de autonomía propia y no persigue fines de lucro; con el propósito de disponer con elementos humanos idóneos sujeto a una asociación profesional, democrática y participativa, cuyas funciones contables sirvan para dotar de una mejor administración en el accionar de la sociedad, que les circunda; así también sus labores se desarrollan para defender y promover intereses de sus miembros colegiados otorgándoles representación, asistencia y jerarquía, acorde a la noble y digna profesión, imprescindible para las actividades, progreso del país y de la humanidad toda. El Colegio Departamental de Contadores, esta conformado por profesionales Contadores Públicos y Contadores Generales, con formación a nivel Universitario y Técnico Superior, así como por oficinas o empresas de Contabilidad y Consultoras de Auditoria y otras organizaciones profesionales de la especialidad.”; (las negrillas son nuestras), asimismo entre sus fines previstos en el art. 3 prevé en su inc. “a) Promover la capacitación, desarrollo profesional y social de sus colegiados, creando para el cumplimiento de estos objetivos las comisiones necesarias”, y en el art. 27 establece las atribuciones y obligaciones del Director Ejecutivo Departamental que son: “c) Administrar los recursos humanos, económicos y materiales de la institución con celo profesional; d) Rendir informe escrito de las labores desarrolladas y presentar un informe económico financiero de la gestión ante la Asamblea General Ordinaria: p) Celebrar todo tipo de contratos públicos y privados; q) Otorgar premios y reconocimientos a instituciones, personas, y colegiados que hayan colaborado al Colegio; y t) Fijar las cuotas ordinarias de acuerdo a presupuesto y derecho de inscripción”.

De lo transcrito precedentemente, se establece que la razón de este ente colegiado si bien es promover la capacitación, desarrollo profesional y social de sus colegiados, esto no puede ser interpretado de manera restrictiva, ya que la decisión y aprobación de parte de sus asociados de realizar actividades académicas y de capacitación, también implica actividades de carácter social y confraternización, como son entre otros la cena de fin de año, entrega de canastones, tarjetas y otras actividades, por lo que la  Administración Tributaria, debió previamente considerar estos aspectos para determinar la vinculación directa o indirecta con la actividad gravada.

Ahora bien, con relación a la Factura Nº 3645 de la Póliza de Seguro de Vida en Grupo POL-VG-CB-00000081-2008-01, la misma que corresponde al pago de prima anual, que el Colegio de Contadores realizó en beneficio de sus colegiados, y que conforme sale de fs. 39 a 43 del Anexo 2, fue presentada ante la Administración Tributaria y cotejada con el Comprobante de Egreso de fs. 37, que detalla “Pagos anticipados Seguro de Vida Anual Renovable, Banco Nacional de Bolivia, monto 109.075,96”, por otra parte de la lectura de dicha Poliza de Seguros la misma detalla que el Contratante es el Colegio de Contadores de Cochabamba con domicilio en calle Colombia Nº 0-0187 esq. Junin, refiere como asegurados 549 Contadores, con una cobertura por muerte natural o accidental y sepelio, en la Empresa de Seguros Nacional Vida Seguros de Personas S.A.; en ese entendido, la presentación de la factura, la poliza de seguros, y el comprobante de egreso, demuestran que este pago realizado fue en beneficio del grupo de colegiados contadores, más aun si en la póliza de seguros presentada se establece que el Certificado Individual de Seguro y Registro de Asegurados, será emitido para cada asegurado, y que el contratante en caso de modificaciones a dicha póliza debe adjuntar anualmente el Registro de Asegurados, en consecuencia, no es factible el argumento de que era necesaria una lista de asegurados para demostrar que la misma se encuentre vinculada con la actividad de esa entidad, toda vez que estos requisitos ya fueron establecidos previamente por la propia aseguradora, quien emite la Póliza de Seguro a favor de los “asegurados 549 Contadores” bajo constancia del Registro de Asegurados del Colegio de Contadores de Cochabamba; en consecuencia, de acuerdo a este análisis, la factura observada si se encuentra vinculada con la actividad gravada por ese Colegio de Profesionales.

Con relación a la factura Nº 36918, conforme sale de los antecedentes administrativos de fs. 31 a 34 del Anexo 2, la misma fue emitida por Bodegas y Viñedos Concepción S.A., por la compra de 702 botellas de vino por un monto total a pagar de Bs. 10.013,80, siendo este pago ratificado por el comprobante de egreso de fs. 33 que detalla “Distinciones recepciones y agasajos canastón navideño para asociados”, donde se acredita el depósito bancario en el Banco Nacional, es decir que con relación a esta factura como fue manifestado anteriormente siendo el propósito del Colegio de Contadores de defender y promover intereses de sus miembros colegiados otorgándoles representación, asistencia y jerarquía, acorde a la noble y digna profesión, imprescindible para las actividades de carácter social y de confraternización de la entidad, no se considera argumento válido para la depuración de la factura no contar con la lista de beneficiados del canastón, toda vez que la misma no fue requerida por la Administración Tributaria, quien si consideraba necesaria dicha lista, debió ser exigida en uso de sus facultades y obligaciones, y mediante los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales probar que estos productos no tuvieron el fin esperado conforme le faculta el art. 76 de la Ley 2492 que establece: “(CARGA DE LA PRUEBA). En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos…”.; asimismo la presentación de la documental de fs. 31 a 34 del Anexo 2, en calidad de descargo conforme el art. 98 de la Ley 2492, no fue observada de insuficiente; por lo que la Administración Tributaria no puede restringir el uso de los recursos que los propios asociados cancelan como cuotas de inscripción, ordinarias e incluso extraordinarias que pueden ser fijadas en una Asamblea General Extraordinaria, indicando que no están vinculadas a la actividad gravada, porque si bien no está previsto de manera textual la otorgación de canastones navideños, sin embargo, son los asociados quienes determinan en las Asambleas Ordinarias la realización o no de cualquier tipo de actividad, o quienes se encargaran de cuestionarlas y censurarlas, siendo el Director Ejecutivo Departamental el encargado de ejecutarlas; por otra parte, los asociados asumen conocimiento de que pagando sus cuotas participaran de actividades sociales, de confraternización y recibirán un incentivo por fin de año, e indirectamente aportarán al mantenimiento administrativo, impositivo y laboral de la institución que vela por sus derechos profesionales, que se auto-sustenta y asume sus obligaciones económicas con los aportes que recibe, incentivos que si bien no son parte de la carga asumida en el Estatuto que rige su vida institucional se constituyen en una liberalidad en su condición de entidad con autonomía propia y sin fines de lucro, estando protegido incluso por el art. 21 numeral 4 de la Constitución Política del Estado, el derecho de quienes deciden asociarse con un fin lícito, en este caso para proteger y jerarquizar el ejercicio de su profesión, razonamientos que de ninguna manera son contradictorios con lo que señala el art. 8 inc. a) de la Ley Nº 843 en su párrafo segundo, y menos con el art. 8 del DS Nº 21530 de 27 de febrero de 1987.

Del análisis precedente, se concluye que la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ Nº 01720/2014, no se ajustó a derecho, al confirmar la depuración de las facturas Nº 3645 y 36918, las mismas que si se encuentran vinculadas a la actividad del ente colegiado, razonamiento similar a la Sentencia Nº 391/2016 de 19 de septiembre emitido por Sala Plena.

Con relación a la omisión en la aplicación por parte de la AGIT de los Recursos Jerárquicos AGIT-RJ 0195/2010 y AGIT-RJ 0427/2013, presentados en calidad de prueba en sede administrativa y que no fueron objeto de análisis para la validez de las facturas depuradas, no corresponde hacer mayor alusión, en mérito a la forma de resolución del proceso contencioso administrativo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contencioso Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en el numeral 2 del art. 2 y art. 4 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, en virtud de los fundamentos expuestos, falla en única instancia declarando PROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 63 a 69, presentada por el Colegio Departamental de Contadores de Cochabamba representado por José Erwin Vladimir Candia, en consecuencia, REVOCA EN PARTE la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ Nº 1720/2014 impugnada, respecto a dejar sin efecto la depuración de las facturas Nº 3645 y 36918, en base a los argumentos expuestos en la presente sentencia.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a éste Tribunal por la autoridad demandada.

Regístrese, notifíquese y archívese.