TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA Y SOCIAL ADMINISTRATIVA PRIMERA

Sentencia N° 34

Sucre, 5 de abril de 2018


Expediente:                009/2016-C

Demandante:                Empresa Unipersonal Constructora Guzmán G/H.

Demandado:        Corporación de las Fuerzas Armadas de la Nación (COFADENA)

Materia:                        Contencioso

Magistrado Relator:        Dr. Esteban Miranda Terán

Pronunciada dentro del proceso Contencioso interpuesto por la Edgar Guzmán Hidalgo, en su condición de propietario de la Empresa Unipersonal “Constructora Guzmán G/H”, contra la Corporación de las Fuerzas Armadas de la Nación (COFADENA), quien asumió los activos y pasivos del Comando de Ingeniería del Ejército, sobre cumplimiento de contrato, más pago de daños y perjuicios.

VISTOS: La demanda Contenciosa de fs. 58 a 62, interpuesta por Edgar Guzmán Hidalgo, en su condición de propietario de la Empresa Unipersonal “Constructora Guzmán G/H”, contra la Corporación de las Fuerzas Armadas de la Nación (COFADENA); la respuesta negativa a la demanda de fs. 161 a 164; los antecedentes del proceso, y;

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Contenido de la Demanda:

Adjuntado el duplicado del Testimonio de Escritura Pública Nº 362/2009 de Modificación, prórroga, vigencia y aumento de capital de la Empresa Unipersonal “Constructora Guzmán G/H”, con Registro de Comercio Nº 00036707 y NIT Nº 602324017, se apersonó ante este Tribunal Edgar Guzmán Hidalgo, mayor de edad, boliviano, con C.I. Nº 602324-Or, y hábil, alegando que mediante Contrato Administrativo de Mano de Obra JUR-TOT-CC Nº 07/10, se pactó la “Construcción de puentes postensados en el Proyecto camino asfaltado Totora - Curahuara de Carangas” de 05 de mayo de 2010, suscrito entre su persona como representante legal de la Empresa “Constructora Guzmán G/H” como Contratista y el Comando de Ingeniería del Ejército, representada en esa oportunidad por el Cnl. DAEN Carlos Walker Villarroel Fernández, como Comitente o Contratante, por el monto total de Dos millones ochocientos ochenta y dos mil seiscientos once 00/100 Bolivianos.

Alega que la empresa que representa, ha cumplido con sus obligaciones, conforme al cronograma de trabajo acordado, sin problema alguno, habiéndose entregado la obra en los plazos establecidos, conforme demuestra el acta de entrega definitiva, suscrita el 20 de abril de 2012, por el Representante de la empresa que representa y de la Entidad Contratante, Director de Obras, su Jefe de Operaciones, la que fue consolidada mediante el Acta de Conciliación y Conformidad suscrita entre el Representante de la Empresa y el Superintendente de Obras, de 8 de noviembre de 2013, los que dan cuenta de la construcción de tres puentes postensados, dentro del indicado proyecto.

Pese a la existencia de esas actas y estar cumplido el contrato de obra pactado, alega que se encuentran pendientes de pago las dos últimas planillas, es decir los Certificados de Pago Números 10 y 11, estando incluida en el último Certificado, la devolución de las Retenciones efectuadas por concepto de “Garantía de Ejecución, que alcanzaban al siete por ciento (7%) del total de cada planilla, importes que se solicitaron su cancelación mediante innumerables reclamos, los que no se han efectivizado y sin que exista justificativo legal alguno, perjudicándole enormemente, conforme evidencia la documentación adjunta a su demanda y que se la detalla una por una y que las ofrece como prueba pre constituida.

Por consiguiente, fundamentando los principios previstos en la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), que rigen a las instituciones y la actividad administrativa, evidenciando la existencia de un contrato administrativo regulado por el art. 47 de la Ley del Sistema Administración y Control Gubernamental Nº 1178 (SAFCO), para satisfacer las necesidades colectivas de interés público y servicio a la sociedad, considerando la única personalidad pública del Estado, que puede en algunas oportunidades estar reguladas por el derecho privado, citando al efecto los arts. 450, 494-II, 519 del Código Civil (CC) y “568 del Código de Procedimiento Civil” (CPC-1975), referido a la noción de contrato, las condiciones de los contratos, la eficacia o calidad de ley entre partes de los contratos y formas de disolución, a la resolución por incumplimiento de los contratos con prestaciones recíprocas, incluido el art. 294 del CC, referido a las fuentes de las obligaciones que derivan de los derechos y actos que conforme al ordenamiento jurídico son idóneas para producirlas y que se aplican al caso presente en cumplimiento del art. 775 del CPC-1975, referido a relaciones contractuales con el Estado, entendido no solo respecto del Poder Ejecutivo, sino de otros y diversas entidades departamentales, municipales, etc., emergentes de contratos, negociaciones o concesiones, por ello es que la Ley Nº 620, -dice- creó la Sala Contenciosa y Contencioso Administrativa, como parte de la estructura de este Tribunal Supremo, concediendo entre sus atribuciones conocer y resolver las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Gobierno Central y demás Instituciones Públicas y Privadas que cumplan roles de administración pública y en mérito al procedimiento previsto por los arts. 775 al 781 del CPC-1975.

Petitorio:

Alega que en la vía contenciosa interpone demanda sobre cumplimiento del Contrato Administrativo de mano de obra as JUR-TOT-CC Nº 07/10 para la construcción de puentes Postensados en el Proyecto Camino Asfaltado Totota - Curahuara de Carangas, de 05 de mayo de 2010, que se encuentra reconocido ante la autoridad competente, para que se cumpla con el pago del monto adeudado que alcanza a Bs. 456.260,55, demanda que la formula contra la Corporación de las Fuerzas Armadas de la Nación COFADENA, toda vez que el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas, fue extinguido conforme establece el Decreto Supremo (DS) Nº 2507 de 02 de septiembre de 2015, habiendo pasado sus activos y pasivos a COFADENA, quien asumió en su integridad su representación, solicitando que se admita su demanda y se declare probada, ordenándose el pago de los adeudos referidos, más los daños y perjuicios por el incumplimiento.

Identificando por escrito de fs. 74, que COFADENA, se encuentra representado por su Gerente General Cnl. DAEN Felipe Eduardo Vásquez.

Admisión de la Demanda:

La demanda, previa las observaciones de fs. 66 y 72, subsanadas por escritos de fs. 71 y 74 respectivamente, fue admitida por decreto de 19 de febrero de 2016, en el que se ordenó la citación de la entidad demandada mediante comisión judicial, que fue cumplida, conforme consta la diligencia de fs. 129 de obrados.

Excepciones previas y resolución:

Por memorial de fs. 81 a 82, vía fax y en originales de fs. 93 y vta., previo apersonamiento de Winston Oviedo Santos Canazas, en representación del Gerente General de COFADENA, Cnl. DAEN Felipe Eduardo Vázquez Moya, en mérito al Testimonio de Poder Nº 384/2016, otorgado ante la Notaría Nº 94 de la ciudad de la Paz, a cargo de la Notaria Marlene E. Cabrera Jáuregui, cursante a fs. 87 a 91, se formuló excepción previa de litispendencia, porque existiría -según el solicitante- otro proceso que se tramita en el Juzgado 3º de Partido en lo Civil de la ciudad de El Alto.

Esta excepción previo traslado y respuesta del actor, mediante escrito de fs. 144-145 vta., por Auto de 10 de mayo de 2016, cursante a fs. 147 y vta., fue rechazada, porque no se acreditó la existencia de otro proceso con identidad de sujetos objeto y causa.

Contestación a la Demanda y excepciones perentorias:

Posteriormente, el mismo representante de COFADENA, por memorial de fs. 161-165, contestó negativamente a la demanda, afirmando que en virtud del art. 7 del DS Nº 2507 de 02 de septiembre de 2015, se determinó la “Conclusión de cierre del Comando de Ingeniería del Ejercito”, estableciendo en su parágrafo IV que: “Todos los pasivos….y procesos legales pendientes del Comando de Ingeniería del Ejercito, generados hasta su cierre, serán asumidos por la COFADENA” y que en los archivos transferidos por indicada entidad, se encuentra el contrato suscrito con la Empresa “Constructora Guzmán G/H”, quien promovió el presente proceso contencioso, en el que se solicita el “supuesto pago del cumplimiento del contrato”.

Sin embargo, la misma empresa había iniciado otro proceso en el Juzgado 14vo. De Instrucción en lo Civil, que posteriormente por incompetencia se remitió ante el Juzgado 3ro. De Partido en lo Civil de El Alto y que se apersonó ante la Sala Civil Tercera para evidenciar el expediente que estaría en apelación, pero que hasta la fecha no se ha podido encontrar porque habría sido devuelto al indicado Juzgado de origen, pero que no se encuentra en Secretaría de ese despacho judicial y por ello es que hasta la fecha, no existe la documentación del aludido proceso.

Posteriormente aludió a los derechos de defensa y el debido proceso, de “contradicción”, la nulidad de los actos que usurpan funciones, y principios de jerarquía normativa, en mérito a los arts. 115-II, 117 y 122 de la CPE y 15 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).

Por ello afirma que la demanda es impertinente, porque en aplicación de los arts. 10 inc. p) de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (LOCGR), 77 incs. e) y f) de la Ley del Sistema de Control Fiscal (LSCF), prevé que corresponde a la Contraloría General del Estado, en la vía coactiva fiscal, recuperar fondos y bienes públicos indebidamente dispuestos y el pago de las deudas emergentes de obligaciones incumplidas, como de los contratos administrativos y otros.

Por eso es que en el contrato suscrito con la Empresa demandante, en la cláusula novena se determinó que las controversias, se debían resolver en la vía coactiva fiscal; empero, en el caso presente dicha empresa inició un proceso ordinario en la vía jurisdiccional ordinaria en la ciudad de El Alto y ahora en la vía contenciosa, ante este tribunal también inició el presente proceso.

En mérito a estos argumentos, en aplicación del art. 342 del CPC-1975, opuso como “excepciones perentorias”, las siguientes:

1.- Excepción de incompetencia, porque si bien corresponde el trámite del proceso contencioso conforme establecen los arts. 775 al 781 del CPC-1975, Ley Nº 212 en su art. 10 y Ley Nº 620, empero en esta última norma, en su art. 3 se determinó la competencia de los Tribunales Departamentales en su Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, para resolver los procesos contenciosos, respecto de entidades que cumplan roles de administración Estatal a nivel departamental, siendo por ello que el Comando de Ingeniería del Ejército, en su momento fue una Empresa Pública descentralizada con administración Estatal a nivel Departamental, por lo que en aplicación de esta norma el proceso debió ser incoado ante una Sala Especializada de los Tribunales Departamentales de Justicia y no así ante este Tribunal.

2.- Excepción de prescripción, porque el contrato fue suscrito el 05 de mayo de 2010 y se inició, conforme a la Orden de proceder el 10 de mayo del mismo año, debiendo esta obra entregarse en el plazo de 180 días, calendario, conforme refiere la cláusula cuarta del contrato de obra, sin contar con las modificaciones, por consiguiente, al no haberse realizado los reclamos para el pago de manera oportuna ante el personero del Comando de Ingeniería del Ejército, su acción habría prescrito, por lo que solicita se tenga por admitido este acto.

3.- Excepción de Litispendencia, indica que reitera esta excepción que ya fue opuesta, porque el demandante presentó en otra vía en la ciudad de El Alto, otro proceso sobre el mismo contrato, reiterando los argumentos vertidos en la primera parte de su escrito.

Petitorio:

En atención a los argumentos fundados y las excepciones planteadas, solicitó al amparo del art. 24 de la CPE, se declare improbada en todas sus partes la demanda contenciosa.

Admisión a la contestación de la demanda, pronunciamiento sobre las excepciones:

Este memorial, fue providenciado el 16 de junio de 2016, conforme consta el decreto de fs. 165, teniendo presente la respuesta negativa a la demanda.

Se rechazaron, la excepción de incompetencia, por su interposición extemporánea, en consideración a que por su naturaleza previa, debió ser formulada conforme establece el art. 337 del CPC-1975 y también la excepción de Litispendencia, por estar ya resuelta por Auto de 10 de mayo de 2016.

Disponiendo que la excepción de prescripción se resolvería a tiempo de emitirse sentencia.

Relación procesal:

Una vez respondida la contestación a la demanda y excepción perentoria de prescripción por escrito de fs. 167 a 169, presentado por el actor, mediante decreto de 19 de julio de 2016, al estar cumplidos los presupuestos previstos por los arts. 353 y 777 del CPC-1975, se calificó el proceso “como de hecho”, abriendo un término de prueba de 50 días comunes a las partes, ordenando los siguientes puntos a probar.

El actor debe demostrar que:

1.- La Empresa Unipersonal “Constructora Guzmán G/H”, sí cumplió con las obligaciones asumidas, mediante el Contrato Administrativo de Mano de Obra Nº 07/2010.

2.- Cuál es el origen y monto exacto que adeudaría COFADENA a la Empresa actora, en relación al Contrato Administrativo anteriormente indicado.

3.- Cuantificar objetivamente, los daños y perjuicios, emergentes del incumplimiento de COFADENA, respecto a lo acordado en el Contrato Administrativo.

La parte demandada, deberá probar que:

1.- Respecto a los tres puntos de prueba precisados anteriormente, todo lo contrario, en razón a que COFADENA, mediante su representante, respondió a la demanda del actor en forma negativa.

2.- Las causales fácticas y jurídicas, que hacen viable a la excepción de prescripción, interpuesta por COFADENA, son evidentes e incontrastables.

Esta determinación judicial fue notificada a las partes, quienes no la objetaron de manera oportuna, habiendo ofrecido prueba el demandante, conforme constan los escritos de fs. 180 a 183 y 184 a 186, aclarado a fs. 189 y 192, sin que la parte demandada hubiese ofrecido prueba alguna.

Vencimiento del plazo probatorio y decreto de autos:

Vencido el plazo probatorio, se clausuró por decreto de 20 de enero de 2017 de fs. 312, decretándose Autos para sentencia mediante decreto de 13 de marzo de 2017, cursante a fs. 351, habiéndose cumplido todos los trámites y formalidades para emitir sentencia.

Prueba presentada:

En el curso del proceso se ha presentado la siguiente prueba:

De cargo:

Documental:

El actor, junto al memorial de demanda, como prueba pre constituida, presentó:

Testifical:

A petición formal, de la Empresa demandante se admitió la prueba testifical, que previa comisión judicial, se recibió ante el Juez Público en lo Civil y Comercial Nº 1 de la ciudad de La Paz, la declaración del señor Antonio Abel Andrade Mesa, quien declaró que trabajó en la empresa constructora por varios años, que participó en la obra de los puentes postensados, en la que se realizó la entrega provisional en febrero de 2012 y la definitiva en mayo de 2012 y que suscribió las actas pertinentes, como Encargado de obras, estando presente el Supervisor de obras del Comando de Ingeniería del Ejército y el Fiscal de Obras, de la Gobernación de Oruro, firmando a entera satisfacción.

Declaración que se considerará en esta sentencia conforme prevé el art. 476 del CPC-1975.


Peritaje:

Al momento de ofrecer y ratificar su prueba, luego de la notificación con la relación procesal el actor presentó el informe pericial suscrito por el Contador General José Luis Toro Alcocer, quien realizó un análisis y detalle de los saldos deudores, considerado la deuda inicial, mantenimiento de valor, lucro cesante, daño emergente y un total para cancelar, empero este peritaje de parte, no se produjo durante el periodo de prueba y no fue admitido previo juramento y de acuerdo a las formalidades previstas por los arts. 430 y siguientes del CPC-1975, por consiguiente, no puede considerarse como tal, y de acuerdo a lo que exige el art. 441 del CPC-1975 y 1333 del CC, considerándose solo como una prueba indiciaria.

Prueba de descargo:

Documental:

La entidad demandada, presentó la siguiente documentación

DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO:

El presente proceso versa sobre la solicitud de declaratoria de “Cumplimiento de Contrato”, promovido por Edgar Guzmán Hidalgo, en su condición de representante legal de la Empresa Unipersonal “Constructora Guzmán G/H”, quien demanda a la COFADENA, como entidad que asumió los activos y pasivos del “Comando de Ingeniería del Ejército” (CIE), respecto del Contrato AS. JUR-TOT-CC Nº 07/10 de 05 de mayo de 2010 para la “Construcción de Puentes Postensados en el proyecto camino asfaltado Totora-Curahuara de Carangas”, del Departamento de Oruro, que se ejecutó como subcontratista de la obra adjudicada íntegramente al CIE, por el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro.

Específicamente se demanda que al haberse cumplido con la totalidad de la obra, se paguen las Planillas de Avance de Obra Nº 10 y de Avance de Obra Nº 11 o Cierre de Obra, por el monto de Bs. 456.260,55 (Cuatrocientos cincuenta y seis mil doscientos sesenta 55/100 Bolivianos), más los daños y perjuicios.

Mientras que la Entidad demandada alega que la acción habría prescrito por transcurso del tiempo.

Análisis y evaluación fundamentada de la prueba de cargo y descargo

Que de la compulsa de los datos procesales como la valoración conjunta de los medios probatorios aportados al proceso por las partes en conflicto, se establecen como probados los siguientes hechos:

Hechos aceptados por ambas partes:

Ambas partes, han consentido, tanto en la demanda como en la respuesta, que:

Hechos sobre los que existe controversia.

Que, cumplidos los actos procesales, para la decisión del presente proceso, este Tribunal concluye como hechos probados, además de los consentidos por las partes, descritos en el acápite que antecede, los siguientes:

Hechos no probados:

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO.

Competencia del Tribunal Supremo de Justicia.

En cuanto a la competencia de este tribunal para resolver procesos Contenciosos, se debe señalar el art. 108 de la CPE, impone el deber de “Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”, precepto constitucional que hace referencia al principio de legalidad previsto en el art. 180. I de la misma norma fundamental.

Consiguientemente, toda autoridad jurisdiccional que deba emitir una resolución definitiva en un caso concreto, debe dar cumplimiento a dicho principio -que es parte del debido proceso-, que fue definido en el art. 30 núm. 6 de la LOJ Nº 025 como: “LEGALIDAD. Con sujeción a la Constitución Política del Estado, constituye el hecho de que el administrador de justicia, esté sometido a la ley de su jurisdicción y no a la voluntad de las partes”.

En ese marco, corresponde recordar también que el 29 de diciembre de 2014, se promulgó la Ley Nº 620, cuyo objeto entre otros fue la de: “…crear en la estructura del Tribunal Supremo de Justicia…, Salas en materia Contenciosa y Contenciosa Administrativa, estableciendo sus atribuciones”.

Se estableció también que para la tramitación de los procesos Contenciosos y Contenciosos Administrativos, se aplicarán los artículos 775 al 781 del CPC-1975, hasta que sean regulados por Ley, como jurisdicción especializada, conforme establece la Disposición Final Tercera de la Ley N° 439 de 19 de noviembre de 2013, "Código Procesal Civil"(CPC-2013).

Lo transcrito, tiene plena concordancia con el art. 775 del CPC-1975, que dispone: “En todos los casos en que existiere contención emergente de los contratos, negociaciones o concesiones del Poder Ejecutivo, conforme a las previsiones pertinentes de la Constitución Política del Estado, se presentará la demanda ante la Corte Suprema de Justicia con los requisitos señalados en el artículo 327.” (Textual).

Que, no obstante que la entidad demandada negó la competencia de este Tribunal bajo el razonamiento que el CIE, era una Empresa Pública Descentralizada con Administración Estatal a nivel Departamental, este hecho no fue alegado como excepción previa y tampoco fue demostrado con documento alguno.

Por consiguiente al evidenciarse la existencia de un contrato administrativo suscrito por una entidad pública, en cumplimiento del principio de legalidad, se asume que esta Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, tiene plena competencia para resolver el presente proceso contencioso, emergentes de un contrato administrativo.

De los contratos administrativos y demanda de su cumplimiento:

En principio debemos señalar que, si bien un contrato puede definirse como el acuerdo de voluntades generadora de obligaciones de contenido patrimonial, definición que es aplicable tanto a los contratos de Derecho Privado como a los de Derecho Público, sin embargo, ello no supone que el contrato de naturaleza privada (civil o comercial) sea exactamente igual al de naturaleza pública.

En ese sentido, Miguel Ángel Bercaitz, citado por Juan Carlos Cassagne, en la obra "Contratos Administrativos", señala que: "…el contrato no es una figura exclusiva del Derecho Privado. Existe también el de Derecho Administrativo con elementos comunes al contrato de Derecho Privado, pero con elementos diferentes que derivan de su contenido, de su fin, de los intereses distintos que afecta y de su régimen jurídico propio".

A su vez, el tratadista Roberto Dromi, en su obra Derecho Administrativo, señala que: "La moderna doctrina nos enseña que la personalidad jurídica del Estado es única, no tiene doble personalidad, pública y privada, que le posibilite celebrar contratos administrativos y contratos privados, civiles o comerciales, sujetos a regímenes jurídicos diversos. El Estado tiene una sola personalidad que es pública aunque su actividad pueda en algunas oportunidades estar regulada por el derecho privado".

En esa línea también se pronuncian los autores Mariano Gómez Gonzales, León Dugüit, Alfonso Nava Negrete y Elizabeth Íñiguez de Salinas, al relievar la participación del Estado como una de las partes contratantes y la finalidad del servicio público en vista de la cual se celebran los contratos administrativos, además de la observancia de procedimientos y normas de derecho público en su gestación y ejecución.

Sobre el particular, el art. 47 de la Ley Nº 1178 en su parte final señala que: "…son contratos administrativos aquellos que se refieren a contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza.". En el mismo sentido se tiene dispuesto en las Normas Básicas de Contratación de Bienes y Servicios (art. 32 del DS Nº 29190 y art. 85 del DS Nº 181 de 28 de junio de 2009.

Corresponde señalar también, que si bien la provisión de bienes, obras y servicios constituyen los contratos más comunes y utilizados por el Estado, ello no quiere significar que sean los únicos.

Por lo expuesto podemos señalar en general que, hay contrato administrativo cuando una de las partes contratantes es un órgano de la administración pública, el objeto y fin del contrato está orientado a la satisfacción de alguna necesidad o bien común o es de interés general de la comunidad, lo que determina una regulación especial.

Finalmente corresponde puntualizar que, cuando se demanda el cumplimiento de este tipo de contratos, esta pretensión se sustenta en las previsiones contenidas en el art. 568-I del Código Civil (CC), que determina: “En los contratos con prestaciones recíprocas cuando una de las partes incumple por su voluntad la obligación, la parte que ha cumplido puede pedir judicialmente el cumplimiento o la resolución del contrato, más el resarcimiento del daño; o también puede pedir sólo el cumplimiento dentro de un plazo razonable que fijará el juez, y no haciéndose efectiva la prestación dentro de ese plazo quedará resuelto el contrato, sin perjuicio, en todo caso, de resarcir el daño”. (El resaltado fue añadido).

Por consiguiente esta acción se encuentra reservada solo para la parte que cumplió sus obligaciones, por cuyo motivo, como requisito para acreditar la legitimación del actor y luego declarar probada la demanda, con carácter previo debe determinarse que éste, ha cumplido con la contraprestación a la que se encontraba reatado, pactada en el contrato administrativo suscrito.

De la prescripción de los derechos:

La prescripción de los derechos es un instituto jurídico sustantivo, que prevé que por transcurso del tiempo se extinguen los derechos y las obligaciones por inactividad de la parte interesada.

Esta prescripción, tiene diferentes plazos, que generalmente considerando el parámetro principal previsto por el art. 1507 del CC, prescriben o se extinguen los derechos, empero esta extinción, debe necesariamente ser declarada por la Autoridad Judicial, quien se encuentra impedida de aplicarla de oficio, pues necesariamente debe existir una pretensión de alguna de las partes sobre la misma.

En materia administrativa, se aplican por analogía algunos plazos de prescripción, respecto de obligaciones o derechos de particulares, siendo imprescriptibles, respecto de los derechos del Estado, conforme prevé la CPE, en sus arts. 324, 339-II, 349, 356 y la SCP Nº 0790/2012 que declaró inconstitucional el art. 40 de la Ley Nº 1178, por contrariar el art. 324 Constitucional citado.

Por consiguiente, respecto de algunos aspectos, como los de las modalidades de interrupción y suspensión de la prescripción, se aplican las normas del Código Civil, por analogía.

Análisis y resolución del caso concreto:

Por tanto queda comprendido que el contrato de mano de obra suscrito por la “Empresa Constructora Guzmán G/H”, respecto de la construcción de puentes postensados en el Proyecto Camino Asfaltado Totora - Curahuara de Carangas, de 05 de mayo de 2010, a favor de la Gobernación de Oruro, se encuentra identificado dentro de las características de los contratos administrativos descritos líneas arriba, porque fue suscrito por el CIE que constituye una entidad pública que tenía como fin la satisfacción de las necesidades públicas y provisión de bienes de uso común e interés general, como acontece en el caso presente respecto de la construcción de carreteras o puentes.

Dado que la construcción de carreteras y específicamente la construcción de puentes, es una tarea encomendada al Estado a través de sus distintas entidades, en busca de la satisfacción de un interés común y público y que puede realizarse por empresa o personas particulares a cambio de una contraprestación económica convenida, pero que emerge de las arcas del Estado, conforme las normas de Administración Gubernamental, en beneficio de la comunidad, en aplicación de la Ley Nº 1178 y sus Sistemas Derivados, como es específicamente el Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios, regulados por el DS Nº 0181 de 28 de junio de 2009.

Es importante para efectos de la decisión a emitir, relievar el carácter formal del contrato administrativo, en el comprendido que el contrato administrativo supedita su validez y eficacia al cumplimiento de las formalidades exigidas por las disposiciones vigentes en cuanto a la forma y procedimientos de contratación, a diferencia de los contratos privados, donde se impone la voluntad entre partes, salvo disposición en contrario.

Por lo relacionado, en el caso presente se habría pactado la construcción de puentes postensados, en una Carretera de intercomunicación provincial, pese a que se trata de una Subcontratación, igualmente se encuentra sujeta a las normas que rigen las contrataciones estatales, de orden público; de modo que la validez de los contratos administrativos se determina en base a la observancia de las normas administrativas que las regulan, no así con base en la teoría general de los contratos prevista para el ámbito del derecho privado.

Debe señalarse también que, las contrataciones estatales se rigen por determinados principios, entre los que podemos destacar, la participación, control social, la libre participación, la responsabilidad y la transparencia, señalados en el art. 3 del DS Nº 0181 y la aplicación de la figura jurídica precitada en el ámbito público, afectaría seriamente los principios anotados, si es que la Administración (entendida como el conjunto de las entidades públicas), no cumplan con los contratos pactados, sin previa justificación alguna, derivando lógicamente tanto en responsabilidad administrativa, como en perjuicio ocasionado al interés común y público.

En el caso de examen, respecto al objeto del contrato encomendado al contratista, la cláusula tercera del Contrato Administrativo de Mano de Obra As. Jur. TOT-CC Nº 07/10 y que cursa de fs. 6 a 13 de obrados, determinó que se compromete y obliga a ejecutar todos los trabajos de mano de obra de Construcción de Puentes Postensados en el Proyecto Camino Asfaltado “Totota - Curahuara de Carangas” del departamento de Oruro, en estricta y absoluta sujeción a las condiciones, precio, dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de ejecución estipulado y características técnicas establecidas en el cuadro de especificaciones y en los documentos que forman parte del documento, habiéndose insertado en su texto un presupuesto general de la obra, en mérito a 12 ítems identificados con cantidades, precios unitarios y precio total del presupuesto acordado (ver fs. 7 de obrados).

Mientras que los documentos de fs. 18 a 28, consistente en el Informe CP-11 de “Cierre de Contrato, emitido por el CIE, evidencia que la empresa contratista, había ejecutado los ítems acordados en el contrato dentro del pazo contractual y que se ha realizado la recepción provisional y recepción definitiva (ver recomendaciones literal “A” , que cursa a fs. 27), aspecto corroborado por los cuadros adjuntos a dicho informe, consistente con Cuadros denominados CP-11 de Cierre de Contrato, de Evaluación Técnica, Evaluación Económica y de ítems, cantidades y precios, que cursan de fs. 28 a 32, el formulario de deducción de garantía por buena ejecución (fs. 33) y el detalle de las cantidades ejecutadas por ítem, de fs. 34 a 38, los cómputos métricos de fs. 39 a 43 y los planos de fs. 44 a 46. El Acta de entrega definitiva de 20 de abril de 2012, que cursa a fs. 52 de obrados y por último el Acta de conciliación y Conformidad suscrito el 08 de noviembre de 2013, en la que el contratista y el Superintendente de obra, representando al CIE, establecen el cumplimiento del contrato y un detalle de los montos pendientes, que cursa a fs. 54 y 55 de obrados y la planilla de cuentas por pagar a contratistas, emitida por la Sección Administrativa y Financiera, Subsección Contrataciones del Comando General del Ejército de 03-12-14, por la que se reconoce el movimiento por cuentas del 01-01-14 al 12-06-14 en la que se establece un saldo por cancelar, incluida la retención “Garantía buena ejecución” que cursa a fs. 56.

Toda esta documentación fue corroborada por los Informes GADOR/SDAFP/UF/CONT Nº 57/2016 de 23 de septiembre de 2016 y CITE G.A.D.OR./S.D.O.P/D.I/FIS Nº 412/2016, remitidos ante este Tribunal, por la Gobernación del Departamento de Oruro que cursa de fs. 199 a 248 de obrados, emitidos el primero por el Encargado área de Contabilidad integrada, vía Secretaría Departamental de Asuntos Jurídicos del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, respecto de la Construcción Camino Asfaltado Tramo Totora Curahuara de Carangas, que da cuenta de los pagos realizados al Comando de Ingeniería del Ejército y el segundo emitido por el Fiscal de Obra del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, en el que respecto del indicado Proyecto de Construcción del Camino Asfaltado “Totora - Curahuara de Carangas, certifica que la superestructura de los puentes contratados estaban concluidos.

Evidenciándose de ésta manera que la empresa demandante, cumplió el Contrato Administrativo de Mano de Obra As. Jure. TOT-CC Nº 07/10, de construcción de los puentes postensados en el Proyecto Camino Asfaltado “Totota - Curahuara de Carangas”, acreditando que tiene legitimación activa para demandar el cumplimiento del contrato, conforme permite el art. 568 del CC.

Por otra parte, respecto del monto del contrato y forma de pago, se hace constar que se estipuló en la cláusula quinta, párrafo tercero, del aludido Contrato Administrativo de Mano de Obra As. Jure. TOT-CC Nº 07/10, de construcción de los puentes postensados en el Proyecto Camino Asfaltado “Totota - Curahuara de Carangas”, que:

“El pago será paralelo al progreso de la obra, a este fin mensualmente el SUB -CONTRATISTA, presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, el certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera con fecha, y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta con el SUPERVISOR y el SUB - CONTRATISTA”.

También en la cláusula Sexta. De la Garantía, se pactó que:

“El SUBCONTRATISTA garantiza el normal cumplimiento de este contrato con la siguiente garantía: 6.1.- Garantía de cumplimiento de contrato. LA ENTIDAD, para la correcta y fiel ejecución del presente CONTRATO efectuará la retención del siete por ciento (7%) de cada pago, el importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento incurrido por el SUB - CONTRATISTA, será ejecutado a favor de la ENTIDAD, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial a solo requerimiento.”

“Empero si se procediera a la recepción definitiva de la OBRA dentro del plazo contractual y en forma satisfactoria, hecho que se hará constar mediante el acta correspondiente suscrita por ambas partes contratantes, dicha garantía será devuelta después de la Liquidación del Contrato, juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato”.

Conforme los documentos aparejados a la demanda y presentados en el curso del proceso y de acuerdo a los hechos probados relacionados líneas arriba, se ha demostrado que ciertamente se cumplieron y cancelaron totalmente nueve Certificados de Pago, habiéndose cancelado parcialmente el Décimo Certificado de Pago y no se canceló el Certificado de Pago Nº 11, que constituía el Pago de Cierre, pese a que conforme a los informes, acta de recepción definitiva (fs. 53) y acta de conciliación y conformidad de fs. 54-55, que fue con la intervención del Residente de Obras, Director de Obras, Sub jefe de Operaciones, Comandante del CIE y representante de la Empresa Sub- contratista y la última con intervención del representante de la Empresa Subcontratista y el Superintendente de obra, evidencian que correspondía el pago de dichos Certificados de Pago.

Estos hechos, fueron corroborados por los informes remitidos por la Gobernación de Oruro, en la que consta que esos puentes postensados fueron entregados a conformidad y que se cancelaron al CIE el importe del total de la obra contratada.

Por lo anotado, este Tribunal evidencia plenamente fundada la pretensión de la parte actora para que la entidad demandada cancele a su favor por concepto del saldo del contrato pactado entre ambas partes, conforme a las liquidaciones aparejadas al expediente, correspondientes a los Certificados de Pago Nº 10 y Nº 11, ya fusionados como Certificado de Cierre de la obra contratada, más los daños y perjuicios identificados en el curso del proceso.

Por otra parte, siendo que la parte actora demanda también el pago de daños y perjuicios, conforme se relacionó líneas arriba, la Empresa demandante no aportó elementos probatorios por los cuales se demuestre los daños y perjuicios ocasionados, dentro del marco de “Daño emergente y lucro cesante”, empero, al tratarse de sumas líquidas y exigibles, que no fueron cubiertas hasta la fecha, se presume que existe un perjuicio en la economía de la “Empresa Constructora Guzmán G/H”, al haber sido privada durante todo ese tiempo de utilizar ese dinero en beneficio propio, por consiguiente, corresponde como daños provocados, que se apliquen los intereses legales desde el día de la entrega de la nota de 22 de diciembre de 2013 de fs. 19, que se presume fue recibida juntamente con la nota de solicitud de pago de fs. 50, recepcionada el 30 de enero de 2013, y la actualización mora, conforme lo previsto por los arts. 347 y 414 del Código Civil, del 6% anual, computables desde esta última fecha hasta la fecha de pago a realizarse por la entidad demandada.

Mientras como perjuicios, corresponde que se cancele la actualización de los montos devengados, considerando los parámetros del Banco Central de Bolivia, para el mantenimiento del valor de activos financieros en moneda nacional, conforme establece el art. 39 de la Ley Nº 1178, que igualmente se considerarán desde el 30 de enero de 2013, hasta la fecha de pago.

Respecto de la prescripción alegada en el caso presente, conforme ya se ha relacionado la prueba producida y la normativa aplicable a la misma, se establece que ciertamente no ha prescrito el derecho a demandar el pago de los montos adeudados, pues no transcurrió el plazo mínimo de la prescripción quinquenal, como también existen notas y solicitudes que interrumpen los plazos de la prescripción que venían corriendo, implicando con ello que esta se ha interrumpido de manera consecutiva, conforme prevé el art. 1506 del CC, determinando el inicio de un nuevo cómputo, que hasta la fecha de la citación con la demanda no ha determinado esa prescripción alegada, correspondiendo ser desestimada en la parte resolutiva.

Se deja establecido que se procedió a la valoración de la prueba aportada al proceso en el marco de la pertinencia e idoneidad, puesto que no toda la prueba aportada constituye pertinente para demostrar el objeto de la Litis, como es el caso de los poderes de representación y la prueba pericial de parte, que no fue producida conforme a derecho.

Conclusión: Conforme a los datos del proceso y la fundamentación precedentemente, se establece que la Empresa demandante, cumplió con la carga de la prueba y demostró todos los puntos de hecho a probar consignados en la Relación Procesal, mientras que la entidad demandada, no presentó prueba alguna, tanto para desvirtuar la pretensión demandada, como para acreditar la prescripción alegada.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la atribución conferida en los artículos 2-I y 4 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014 y art. 775 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, falla en única instancia declarando PROBADA la demanda Contenciosa de fs. 58 a 62, interpuesta por Edgar Guzmán Hidalgo, en su condición de propietario de la Empresa Unipersonal “Constructora Guzmán G/H”, contra la Corporación de las Fuerzas Armadas de la Nación (COFADENA) e IMPROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, formulada por COFADENA, de fs. 161 a 164 vta., de obrados, disponiendo que la Entidad demandada COFADENA, por intermedio de su representante legal, cancele a favor de la Empresa Constructora Guzmán G/H, en el plazo de 60 (sesenta) días de ejecutoriada la presente sentencia los siguientes conceptos:

1.- La suma de Bs. 456.260,55 (Cuatrocientos cincuenta y seis mil doscientos sesenta 55/100 Bolivianos), por concepto de: a) Los Certificados de Pago Nos. 10 y 11 del Contrato de mano de obra de la Construcción de Puentes Postensados en la Carretera asfaltada entre Totora - Curahuara de Carangas del Departamento de Oruro, que hacen un total de Bs. 270.377,88; y b) La devolución de la garantía de 7% de todo el contrato, que hacen el total de Bs. 185.882,67; todo conforme determina al acta de conciliación y conformidad de fs. 54 a 55 de obrados, (puntos 2 y 3).

2.- A este monto debe incrementarse el pago del interés legal del 6% anual, computable a partir del 30 de enero de 2013, hasta la fecha de pago y la actualización consistente en el mantenimiento de valor de dichos activos financieros, conforme a los parámetros emitidos por el Banco Central de Bolivia, computables igualmente desde el 30 de enero de 2013, hasta la fecha de pago, para cuyo efecto en ejecución de sentencia esta entidad deberá remitir dichos parámetros, para que sean liquidados como corresponda.

Sin costas ni costos en aplicación de la última parte del art. 39 de la Ley Nº 1178 y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y tómese razón.