TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM. SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Sentencia Nº 19

Sucre, 2 de abril de 2018

Expediente                         : 297/2015-CA

Demandante                 : Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional 

                                           de Bolivia

Demandado                 : Autoridad General de Impugnación Tributaria

Proceso                            : Contencioso Administrativo

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán

Pronunciado dentro del proceso contencioso administrativo seguido por la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 16 a 23, presentada por la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, representada por Dirzey Rosario Vargas Amurrio en su calidad de Gerente Regional, a través de sus apoderados Jorge Romano Peredo, Pamela Villarroel Fernández y Manuel Soria Guerrero, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1289/2015 de 21 de julio, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT); el decreto de admisión (fs. 26); el memorial de respuesta a la demanda de fs. 59 a 66; la réplica (fs. 91 a 92); la dúplica (fs. 96 a 102); el decreto de Autos para Sentencia (fs. 107); los antecedentes procesales y todo lo que en materia fue pertinente analizar; y,

I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO:

La Administración Aduanera notificó en forma personal a Ramón Jhonny Pérez Rosales con el Acta de Intervención Contravencional AN-GRCGR-UFICR-026/2012 de 30 de mayo, por el cual se le indico que: de la revisión de la documentación de la DUI C-4383 de 7 de septiembre de 2005, elaborada por la Agencia Despachante de Aduana (ADA) “COPERSA & ASOCIADOS” S.R.L., tramitada en la Administración de Aduana Zona Franca Industrial Cochabamba, consignando a María Surita de Siles como importadora, que ampara la importación del vehículo clase vagoneta, tipo Pajero, marca Mitsubishi, combustible diesel, chasis V44-4002950, modelo 1991, motor 4D56-DR7121, equipado con motor embolo (pistón) de encendido por compresión (Diesel), de 4000c.c., determinándose que está prohibida su importación de conformidad al D.S. 28141, por lo que, se presumió la comisión de contrabando contravencional, estableciendo la responsabilidad solidaria e indivisible a ADA “COPERSA & ASOCIADOS” S.R.L.

Ramón Jhonny Pérez Rosales representante de ADA “COPERSA & ASOCIADOS” S.R.L., el 4 de junio de 2012 presento memorial de descargos, solicitando se deje sin efecto el acta de contravención; la Administración de Aduana emitió el informe AN-ULECR-0348/2012 de 22 de agosto (fs. 45 a 51 del primer anexo), por el cual recomendó no dar curso a la solicitud, debiendo continuar con el procedimiento de acuerdo a normativa vigente y rechazarse la prescripción interpuesta.

La Administración Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERC-121/2014 de 22 de septiembre (fs. 85 a 96 del primer anexo), con la cual se notificó personalmente a Ramón Jhonny Pérez Rosales el 31 de diciembre de 2014, declarando probado el contrabando contravencional atribuido a María Surita de Siles (importadora) Ramón Jhonny Pérez Rosales (Agencia Despachante de aduana) y Marilenka Tarqui Fernández (representante de la empresa de transporte), al haber nacionalizado el vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional AN-GRCGR-UFICR-026/2012, con posterioridad a la vigencia del D.S. 28141 de 16 de mayo de 2005, estando prohibida su importación, disponiendo se anule el C-4383 de 7 de septiembre de 2005, estableciendo responsabilidad solidaria e indivisible a la ADA “COPERSA & ASOCIADOS” S.R.L., y responsabilidad solidaria a la empresa de trasporte “Miler Mamani Mamani”.

Ramón Jhonny Pérez Rosales representante de ADA “COPERSA & ASOCIADOS” S.R.L., interpuso recurso de alzada contra esta determinación, resuelto mediante la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CBA/RA 0329/2015 de 27 de abril, que revocó totalmente Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-ULERC-121/2014; en conocimiento de esta decisión la Administración Aduanera interpuso recurso jerárquico, resuelto por  Autoridad General de Impugnación Tributaria que emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1289/2015 de 21 de julio, confirmando la Resolución de alzada recurrida, declarando prescrita la facultad de la Administración Aduanera para imponer sanciones respecto a la DUI C-4383, al no haberla ejercido dentro el termino previsto en el art. 154 del Código Tributario Boliviano (CTB); en razón a esta determinación y ante su desconformidad la Administración Aduanera interpone la presente demanda. 

II. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA:

La Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, interpuso demanda contenciosa administrativa contra la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1289/2015 de 21 de julio emitida por la AGIT, con los argumentos siguientes:

Afirma que la acción en la que incurrieron los señores María Surita de Siles (importadora), Ramón Jhonny Pérez Rosales (Agencia Despachante de aduana) y Marilenka Tarqui Fernández (representante de la empresa de transporte), está calificada como contrabando contravencional, en aplicación de los arts. 1° y 2° del D.S. 28141 de 16 de mayo de 2005, que prohíbe la importación de motores y vehículos livianos nuevos y usados con capacidad menor o igual a 4000 c.c., que utilicen diesel oíl como combustible a partir de la publicación del decreto supremo mencionado, y del Numeral 4 del art. 160 y art. 181 incisos b) y f) del CTB.

La responsabilidad solidaria e indivisible de la ADA “COPERSA & ASOCIADOS” S.R.L., es por realizar trámites de importación de un vehículo prohibido por el art. 2° del D.S. 28141, incumpliendo de esa manera el art. 45 de la Ley General de Aduanas (LGA), concordante con el art. 61 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA); y que la responsabilidad solidaria en la comisión del contrabando contravencional de la empresa de transporte mencionada, es por realizar transporte de mercancía prohibida, en el medio de transporte, infringiendo el art. 53 de la LGA y el inciso a) del art. 84 del RLGA.

Indica que, la acción y competencia de la Aduana Nacional para el caso presente no ha prescrito, debido a que el vehículo en cuestión salió de zona franca pese a estar prohibido de importación por utilizar diesel oíl como combustible, y que a la fecha continúa en funcionamiento siendo subvencionado por el Estado, por lo que el acta de intervención contravencional es por un hecho vigente y no está sujeto a la previsión del art. 60 del CTB, que regula la prescripción.

Añade que, no corresponde considerar la prescripción en el caso, debido a que hasta la fecha transcurrieron más de cinco años en los cuales el Estado ha venido subvencionando el combustible al señalado vehículo, pese haberse emitido el D.S. 28141 como política de resguardo económico, existiendo por ello un daño al Sistema Económico Financiero del Estado Boliviano, en cuyo mérito hace pertinente invocar lo previsto en el art. 324 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece la imprescriptibilidad de las deudas por daño económico causado al Estado.

La Autoridad General de Impugnación Tributaria, al declarar la prescripción de la Administración Aduanera para imponer sanciones, no tomó en cuenta el espíritu y la finalidad para la que fue promulgado el art. 324 de la CPE y que de manera amplia refiere la SC 0790/2012 de 20 de agosto, soslayando de esa manera el carácter vinculante que tiene la citada sentencia constitucional por mandato del art. 203 de la CPE y art. 15 del Código Procesal Constitucional (CPCo).

Señala también, que al determinar la autoridad demandada, prescrita la facultad de la administración aduanera para imponer sanciones, incurrió en una incorrecta apreciación del alcance establecido en el art. 324 de la CPE, toda vez que dicha norma se inspira en principios ético-morales de la sociedad plural y en valores que sustentan el Estado Plurinacional consagrados en el art. 8.I y II de la CPE, como principios que rigen la Administración Pública previstos en el art. 232 de la norma suprema, entendiendo que ninguna persona, natural o jurídica, pública o privada, puede defraudar dineros del Estado; refiere que, la Constitución debe ser aplicada con carácter preferente a cualquier otra disposición legal.

Petitorio.

Concluye solicitando que, previa admisión de la demanda contenciosa administrativa y análisis de los antecedentes “se revoque” lo resuelto por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1289/2015 de 21 de julio, y en consecuencia se disponga mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERC-121/2014 de 22 de septiembre, emitida por la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia.

Admisibilidad.

Mediante Decreto de 30 de octubre de 2015, cursante a fs. 26, se admitió por esta Sala la presente demanda contenciosa administrativa, de conformidad a los arts. 327, 379 y 380 del CPC y 2-2) de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, y se corrió traslado al demandado a efectos de su citación ordenándose se libre las provisiones citatorias y encomendando su ejecución al Presidente de Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; también se ordenó la notificación a la ADA “COPERSA & ASOCIADOS” S.R.L. representada por Ramón Jhonny Pérez Rosales, en su calidad de tercero interesado; encomendando la ejecución de las provisión citatoria al Presidente de Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

III. ARGUMENTOS DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA:

La AGIT, mediante memorial cursante de fs. 59 a 66, responde negativamente a la demanda contenciosa administrativa, con los siguientes argumentos:

Citando los contenidos normativos previstos en los arts. 59, 60, 61, 62 y 154 del CTB, en cuanto hace a la prescripción, su cómputo, interrupción y suspensión, la entidad demandada refiere que dicha instancia expuso claramente en su resolución que la subvención a los combustibles otorgada por el Estado Plurinacional de Bolivia, no se constituye en una causal para interrumpir y/o suspender el curso de la prescripción dentro del ordenamiento jurídico tributario, por lo que se desvirtúa plenamente lo denunciado por la administración demandante.

En cuanto al presunto daño económico al Estado que denuncia la parte demandante, señala que se debe considerar que por la mala aplicación de la normativa vigente, es la propia Administración Tributaria Aduanera la que estaría causando indefensión al Estado, llegando al extremo de causar costos administrativos innecesarios por no aplicar de manera correcta y oportuna la normativa que le atinge, de manera que no se puede atribuir al sujeto pasivo como tampoco a la Autoridad General de Impugnación Tributaria la inacción en la que incurrió la autoridad demandante, por cuanto la Ley otorga los medios necesarios para que la Administración Tributaria Aduanera efectivice su facultad de imponer sanciones, por lo que no es correcto que se insinúe que la instancia está afectando los intereses del Estado, sino la administración ahora demandante.

Refiere que por los antecedentes, se evidencia que el 7 de septiembre de 2005 la ADA “COPERSA & ASOCIADOS” S.R.L. validó la DUI C-4383, consiguientemente el término de la prescripción se inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009, constatándose que durante todo ese término la Administración Aduanera no efectuó y/o emitió acto alguno que pueda constituirse en causal de suspensión o interrupción de la prescripción, conforme determinan los arts. 61 y 62 del CTB, notificando recién en fecha 31 de diciembre de 2014 al representante de la mencionada ADA con la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULECR-121/2014 de 22 de septiembre, es decir cuando sus facultades para imponer sanciones ya se encontraban prescritas.

Anota que llama la atención que la demandante pretenda hacer valer la supremacía constitucional, cuando es precisamente la autoridad demandada, que observando el cumplimiento de Principios Constitucionales, obró y resolvió el caso precautelando el debido proceso, la legalidad y otros establecidos en la Constitución como el principio de seguridad jurídica, sin incurrir en vulneración o violación de los preceptos legales.

En cuanto a la acusada falta de consideración de la SC 0790/2012, referida a la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos causados al Estado, señala que, al margen de constituir un argumento nuevo que no fue esgrimido ante la AIT y que por ello no puede ser considerado en sentencia, en aplicación a los principios de congruencia, convalidación y preclusión. Cita como jurisprudencia al respecto, lo razonado en la Sentencia 0228/2013 de 02 de julio, emitido por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Anota también, que la SC 0790/2012 se refiere a aquellos casos emergentes de procesos por responsabilidad por la función pública previstos en el art. 28 y siguientes de la Ley N° 1178, conforme al Auto Supremo 354/2015-L, situación que no se adecúa al caso. 

Anota que la entidad demandante, no expresa agravios de manera específica y puntual sobre la resolución jerárquica impugnada, reduciéndose a citas textuales de sentencias constitucionales y normativa abundante y fuera de lugar, lo que conlleva incumplimiento de los requisitos esenciales para la admisión de la demanda, omitiendo explicar cómo es que la autoridad demandada habría vulnerado sus derechos. Considera que se debe tomar en cuenta la Sentencia 229/2014 de 15 de septiembre, emitido por la Sala Plena de este alto Tribunal.

Refiere como doctrina tributaria a considerar, la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1453/2015, relacionada a la prescripción. Cita también como jurisprudencia la Sentencia 396/2013 de 18 de septiembre, y los Autos Supremos 56 de 24 de febrero de 2014 y 510/2013 de 27 de noviembre, dictados por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, relacionados a la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para imponer sanciones.

Petitorio.

Solicita se declare improbada la demanda contenciosa administrativa interpuesta por la Gerencia Regional de Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1289/2015 de 21 de julio.

Réplica y Dúplica.

La Gerencia Regional de Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, a través de Jorge Fidel Romano Peredo, por memorial de fs. 91 a 92, presento replica, reiterando los argumentos de la demandada como de su petitorio.

La AGIT representada por Daney David Valdivia Coria, por memorial cursante de fs. 96 a 102, presentó duplica, ratificando su posición de declarar improbada la presente demanda contenciosa administrativa iniciada por la Gerencia Regional de Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia.

IV. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL FALLO:

Reconocida la competencia de esta Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa, del Tribunal Supremo de Justicia, en previsión de los arts. 778 a 781 del Código de Procedimiento Civil (CPC) y lo dispuesto por la Ley Nº 620 art. 2-2, tomando en cuenta que el proceso contencioso administrativo es un juicio de puro derecho dirigido a verificar la correcta aplicación de la Ley en los actos y resoluciones de la administración, en el caso por la AGIT, corresponde ingresar a la resolución de la causa.

Problemática planteada.

De la revisión de la demanda, respuesta y antecedentes contenidos en el expediente, se advierte que la problemática traída a juicio de éste Tribunal se circunscribe a la facultad de la Administración Tributaria para calificar la conducta contraventora e imponer sanción y si la AGIT al confirmar la resolución de la ARIT que declaró prescrita tal facultad, incurrieron en contradicción al espíritu y finalidad tanto del art. 324 de la CPE, como del precedente constitucional vinculante, establecido en la SCP N° 790/2012 de 20 de agosto relativa a la imprescriptibilidad de deudas por daños económicos al Estado e irretroactividad de la Ley.

Análisis y fundamentos legales aplicables al caso en concreto.

Teniendo en cuenta que la demanda hace referencia a la facultad de la Administración Tributaria para sancionar conductas contraventoras, corresponde aclarar que la AGIT en momento alguno puso en tela de juicio la facultad de emisión del acta de intervención contravencional, tampoco refirió la existencia de causales de nulidad en esa determinación, menos sostuvo que el vehículo que motivó la resolución, no se hubiera encontrado prohibida de importación en el momento del hecho y que el mismo debería ser beneficiado por el D.S. 28308 de 26 de agosto de 2005, modificatorio del D.S. 28141.

En efecto, conforme se tiene en los antecedentes, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria atendiendo la solicitud de la Agencia Despachante de Aduana, resolvió revocar totalmente la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERC-0121/2014 de 22 de septiembre, al considerar que la facultad de la Administración Aduanera para imponer sanciones, conforme disponen los arts. 59 y 60 de la Ley Nº 2492, se encuentra prescrita, en razón a que el hecho generador se produjo el 7 de septiembre  de 2005 y por tanto, en materia de prescripción, la Ley aplicable resultaría el art. 60-II de la Ley N° 2492, pues se determinó que el inicio del cómputo de la prescripción se dio el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009.

Asimismo, al emitirse la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERC-121/2014, que declaraba probado el contrabando contravencional, por haberse nacionalizado el vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional, tramitada con la DUI C-4383, con posterioridad a la vigencia del D.S. N° 28141, la facultad para sancionar ya se encontraba prescrita, porque la indicada resolución sancionatoria fue notificada el 31 de diciembre de 2014, conforme consta a fs. 97 del primer anexo, cuando la prescripción había operado, sin que hubiese concurrido ninguna causal de suspensión o interrupción de la prescripción, regladas en los arts. 61 y 62 de la Ley N° 2492; aspecto que fue confirmado en la resolución de recurso jerárquico a tiempo de sostener que corresponde declarar prescrita la facultad de la Administración Aduanera para imponer sanciones respecto de la DUI C-4383, al no haber la Administración Aduanera ejercido esa su facultad, dentro del término previsto por el art. 154 de la Ley Nº 2492.

Concluyéndose que la Autoridad Jerárquica no se pronunció sobre el fondo de la contravención por contrabando, resultando esos argumentos de la demanda, impertinentes.

Resolviendo la problemática central de la demanda, en la que se reclama, que el razonamiento contenido en la resolución del recurso jerárquico se encuentra en contradicción con el espíritu y finalidad del art. 324 de la CPE ampliamente referido en la SCP N° 790/2012 de 20 de agosto, relativa a imprescriptibilidad de deudas por daños económicos al Estado e irretroactividad de la Ley, se establece lo siguiente:

La imprescriptibilidad tiene íntima relación con el principio de la seguridad jurídica, acogido en el art. 178-I de la CPE, que se sustenta en la certeza del derecho, tanto en el ámbito de su publicidad como en su aplicación y que significa la seguridad que se conoce, o puede conocerse, lo previsto como prohibido, ordenado o permitido por el poder público.

El Estado, como máximo exponente del poder público y primer regulador de las relaciones en sociedad, no sólo establece (o debe establecer) las disposiciones legales a seguir, sino que, en un sentido más amplio tiene la obligación de crear un ámbito general de "seguridad jurídica" al ejercer el poder político, jurídico y legislativo.

La seguridad jurídica es, en el fondo, la garantía dada al individuo por el Estado de modo que ella (su persona), sus bienes y sus derechos no serán violentados arbitrariamente o que, si esto último llegara a producirse, le serán asegurados por la sociedad, mediante la protección judicial y la reparación de los mismos.

Son principios derivados de la seguridad jurídica la irretroactividad de la Ley, la tipificación legal de los delitos y las penas, las garantías constitucionales, la cosa juzgada, la caducidad de las acciones, la prescripción y la irretroactividad de la Ley, en definitiva, todo lo que supone la certeza del derecho como valor o atributo esencial del Estado de Derecho.

Ahora bien, la prescripción es un instituto jurídico por el cual el transcurso del tiempo produce el efecto de consolidar las situaciones de hecho, permitiendo la extinción de los derechos o la adquisición de otros derechos, como por ejemplo el de las cosas ajenas.

Así en el caso, la norma aplicable, por la regla del “tempus comissi delicti”, es la prevista en el texto original del art. 59, parágrafo I de la Ley N° 2492 de 02 de agosto de 2003, sin las modificaciones introducidas con posterioridad por las Leyes N° 291 de 22 de septiembre de 2012 y N° 317 de 11 de diciembre de 2012, norma primera que establecía la prescripción a los cuatro (4) años de las acciones de la Administración Tributaria para, entre otras, controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, además de imponer sanciones administrativas.

Resolución del caso concreto

En ese marco, revisados los antecedentes del presente caso, se advierte que, el 7 de septiembre de 2005, la ADA “COPERSA & ASOCIADOS” S.R.L., validó la DUI 2005/332/C-4383, ante la Administración de Aduana Zona Franca Industrial Cochabamba, respecto del vehículo en cuestión, instancia aduanera que sin mayor observación otorgó el levante correspondiente, de manera que, en aplicación del art. 60-I de la Ley N° 2492, el término de la prescripción para fiscalizar, controlar y sancionar cualquier posible responsabilidad administrativa derivada de tales actuaciones en la que intervino la agencia despachante de aduana, se inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009 y siendo que durante dicho término no se evidenció la existencia de causales que interrumpan o suspendan el cómputo de la prescripción, en aplicación de los arts. 61 y 62 del CTB, resultando evidente que la facultad que tenía la Administración Aduanera para controlar, fiscalizar y sancionar a la agencia despachante mencionada, prescribió, como acertadamente entendió la Autoridad General de Impugnación Tributaria ahora demandada.

Por otra parte, es evidente que el art. 324 de la CPE establece que “…no prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado, entendiéndose que “daño económico” es aquel que está necesariamente relacionado con la responsabilidad por la función pública; es decir con actos cometidos por funcionarios públicos, que causen menoscabo patrimonial al Estado o por particulares que se beneficien con recursos públicos o fueran causantes del daño patrimonial en el marco señalado por la Ley N° 1178.

Específicamente, en la Sentencia N° 005/2014 de 27 de marzo, este Tribunal Supremo reiteró que “si bien el art. 324 de la CPE establece la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos causados al Estado, dicho precepto constitucional se halla relacionado con las deudas emergentes de la responsabilidad por la función pública, es decir con actos cometidos por funcionarios públicos que causen menoscabo patrimonial al Estado o por particulares que se beneficiaren indebidamente con recursos públicos o fueran causantes del daño patrimonial en el marco legal señalado por la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990(criterio sostenido también en las Sentencias 281/2012 de 27 de noviembre y 212/2014 de 15 de septiembre entre otras).

En tal mérito, la norma invocada como sustento de la demanda Contencioso Administrativa resulta inaplicable al presente caso, resultando irrelevante y hasta impertinente sostener que “el Acta de Intervención Contravencional es por un hecho vigente”, ya que el hecho que el citado vehículo, siguiese en funcionamiento y continuase utilizando diésel oíl, no tiene vinculación con las causales que podrían suspender o interrumpir el término de la prescripción, estableciéndose por ello que no es evidente la vulneración del art 324 de la CPE, o el incumplimiento de la jurisprudencia constitucional vinculante contenida en la SCP Nº 790/2012, toda vez la ésta SCP, declaró inconstitucional el art. 40 de la Ley 1178, que fijaba el tiempo de 10 años para la prescripción de las acciones judiciales y obligaciones emergentes de la responsabilidad civil, no existiendo identidad de hecho con el que se discute en el presente caso ajeno a obligaciones emergentes de la responsabilidad por la función pública.

Por lo razonado, se concluye que la demanda contenciosa administrativa formulada por Jorge Romano Peredo, Pamela Villarroel Fernández y Manuel Soria Guerrero, en representación de la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1289/2015 de 21 de julio, deviene en infundada, al no haberse demostrado que la resolución impugnada contenga violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley, o que ésta hubiere incurrido en error de hecho o error de derecho en la apreciación de las pruebas presentadas.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en el arts. 778 y 780 del CPC, art. 2-2 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, administrando justicia en única instancia, a nombre de la Ley y en virtud a la jurisdicción que por ella ejerce, falla declarando IMPROBADA la demanda Contenciosa Administrativa de fs. 16 a 23, presentada por Jorge Romano Peredo, Pamela Villarroel Fernández y Manuel Soria Guerrero en representación legal de Dirzey Rosario Vargas Amurrio, Gerente Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria; consiguientemente se mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1289/2015 de 21 de julio.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada, sea con nota de atención.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-