TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Sentencia Nº 15

Sucre, 1 de marzo de 2018


Expediente                                :238/2016-CA

Proceso                                :Contencioso Administrativo

Demandante        :Gerencia Distrital Cochabamba del SIN

Demandado        :Autoridad General de Impugnación Tributaria

Resolución Impugnada        :AGIT-RJ 0676/2016 de 26 junio.

Magistrada Relatora                :María Cristina Díaz Sosa

VISTOS: La demanda de fs. 15 a 22, la respuesta de fs. 84 a 91 vta.; Réplica, Dúplica, decreto de autos, antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada.

I. ARGUMENTOS DE LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN.

Demanda Contenciosa Administrativa.

Establece que según la doctrina de la contravención tributaria, se tiene que “los deberes formales” constituyen obligaciones administrativas que deben cumplir los Sujetos Pasivos o terceros responsables y que se encuentran establecidos en el Código Tributario, Leyes impositivas, Decretos Supremos y Resoluciones Normativas de alcance general.

En el caso, el incumplimiento del deber formal relacionado con la presentación de la información del Libro de compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci-LCV, correspondiente al periodo fiscal de: febrero, marzo, abril,  mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, implica una obligación legal establecida en la ley o en un reglamento, por lo cual se puede constreñir al contribuyente Avelino Rodríguez Robles al cumplimiento de una obligación.

Continua señalando el art. 148 de la Ley 2492 sobre lo que constituyen ilícitos tributarios, y sobre la doctrina en cuanto al entendimiento del incumplimiento de deberes formales.

Señala que el principio de legalidad se encuentra conformado a la vez por varios sub principios, entre ellos el de taxatividad de la norma procesal que implicaría la suficiente predeterminación normativa de los ilícitos y sus consecuencias jurídicas; pues la indeterminación supondría una deslegalización material encubierta. Por otra parte, se encuentra el principio de tipicidad que desarrolla el principio fundamental “nullum crimen, nulla poena sine lege” aplicada como obligación de que los jueces y tribunales apliquen la ley sustantiva debidamente, enmarcando la conducta del imputado exactamente en el marco descriptivo de la ley penal a efectos de no incurrir en calificación errónea que afecte al debido proceso y devenga en defecto absoluto insubsanable.

Se refiere también al principio de publicidad establecido en el art. 164-II de la Constitución Política del Estado. Indicando que la ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación salvo que en ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia” concordante con el art. 6 num. 6 de la Ley 2492 que establece que sólo la ley puede tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. Asimismo complementado lo citado, infiere que nadie puede aducir desconocimiento de la norma, en el caso concreto de las Resoluciones Normativas de Directorio, ya que desde el día de su publicación son de conocimiento general, en virtud del art. 3 de la Ley 2492, CTB de 2 de agosto de 2003, que dispone: “Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o desde la fecha que las determinen, siempre que hubiera publicación previa…” Concluyendo de lo expuesto que nadie puede aducir el desconocimiento de la norma. Resalta que la contribuyente si conocía su obligación del envio del Libro de Compras y Ventas por el modulo Da Vinci LCV, aduce que del Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 00140995001493 de 07/11/2014, se puede observar que no hubo sanción por el periodo de enero 2011, debido a que cumplió con el deber formar del envió del libro por estos periodos, y resultaría incongruente que se haya vulnerado el derecho a la defensa del sujeto pasivo, pues por su propia negligencia no cumplió con su deber formal en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, extremo que demuestra el conocimiento de la Resolución Normativa de Directorio 10-0023-10 de 14 de octubre de 2010, aspecto que no advirtió la AGIT al emitir la Resolución Jerárquica impugnada.

Manifiesta que en aplicación de los artículos 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB) la Administración tributaria se encuentra facultada para realizar controles, fiscalizaciones y determinaciones de los sujetos pasivos de las obligaciones tributarias, así también menciona el art. 64 de la Ley 2492, con relación a dictar normas administrativas de carácter general, por lo que se emitió la Resolución Normativa de Directorio 10-0023-10 de 14 de octubre de 2010, que estableció que los contribuyentes señalados en el anexo de dicha Resolución, están obligados a presentar sus declaraciones juradas y boletas de pago, realizar solicitudes de dosificaciones de facturas y envió del libro de comunicaciones e intercambio de información (INTERNET) de acuerdo a lo establecido en la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0004-10 de 26 de marzo de 2010, contribuyentes entre los que se encontraba Avelino Rodríguez Robles.

En ese sentido deja establecido que el sujeto pasivo, se encontraba obligado a cumplir con sus deberes formales en el portal tributario por su calidad de contribuyente Newton, en aplicación de las Resoluciones Normativas de Directorio Nº 10.0047.05, Nº10.0016.07, Nº 10.0032.07, Nº 10.0037.07, Nº 10.0022.08, Nº 10.0004.10 y Nº 10.0030.11 siendo evidente que el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 00140995001493 de 07/11/2014, como la Resolución Sancionatoria Nº 18-00288-15 de 14/01/2015, cumplían con todos los requisitos de validez, porque se especificó e identificó la norma incumplida, la fundamentación y sanción respecto al deber formal incumplido, aduciendo que el hecho de no señalar la Resolución Normativa de Directorio 10-0023-10 de 14 de octubre de 2010 que clasifica al contribuyente como Newton no sería razón valedera para anular el acto, siendo que éste no es requisito esencial que vicie de nulidad el acto administrativo, toda vez que éste aspecto es verificable en la consulta del padrón, por lo que tanto el contribuyente como la Autoridad de Impugnación Tributaria podían verificar en cualquier momento la condición tributaria del contribuyentes consultando la RND en la página web, además considerando que la RND 10.0023.10 en la que se registra su inclusión dentro de la categoría de contribuyentes que tienen la obligación de presentar sus Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci LCV, es del año 2010 y la gestión fiscalizada es la del 2011.

Menciona el artículo 70 numeral 11) de la Ley 2492, referido a las obligaciones tributarias del sujeto pasivo y las obligaciones tributarias, argumentando que la Administración Tributaria enmarcó su procedimiento sancionador, a lo dispuesto por el Código Tributario y demás disposiciones legales vigentes, reiterando que para el caso se encuentra la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0047-05, de 14 de diciembre de 2005, transcribiendo textualmente los artículo 1 y 2.

Así también se refiere a la Resolución Normativa de directorio 10-0004-10 de 26 de marzo de 2010, transcribiendo los artículos 1 y 15.

Continúa transcribiendo el art. 1 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0023-10 de 14 de octubre de 2010, resaltando de dicha Resolución sobre el envío del Libro de Compras y Ventas Da Vinci; y señalando que en el anexo de la referida resolución, se puede verificar se encuentra el NIT  correspondiente al contribuyente Avelino Rodríguez Robles y establece que a partir de la vigencia de dicha norma el contribuyente es considerado Newton, por consiguiente se encontraba obligado a cumplir con sus deberes formales de presentar la información Libro y Ventas IVA a través del portal tributario por su calidad de contribuyente Newton.

Argumenta que es importante considerar los presupuestos para la concurrencia de la anulabilidad de un acto administrativo, establecidos en la Ley 2341 (Ley de Procedimiento Administrativo), refiriéndose a su artículo 36, concluyendo que en el presente caso la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0555/2016 de 23 de mayo de 2016 no valoró ni evaluó los presupuestos de anulabilidad y los contrarrestó con la Resolución Sancionatoria 18-03597-15, pues la AGIT no tomó en cuenta que la misma fue emitida por Autoridad competente, se cumplió con el procedimiento legal establecido (Sumario Contravencional), otorgando los plazos establecidos en la normativa, cuyo contenido cumple con los requisitos exigidos por ley y precautela el debido proceso en su componente al derecho a la defensa.

Argumenta que la Resolución Jerárquica en su parte resolutiva establece que se debe volver a emitir un nuevo Auto Inicial de Sumario Contravencional; preguntándose, en que cambiaría cumplir esta determinación y que procedimiento legal se estaría modificando, corrigiendo o adecuando. Encontrando como respuesta “Ninguno”, porque el incumplimiento a deber formal existió y existe, en el momento en que el contribuyente no envió los libros por el módulo Da Vinci LCV.

Señala que el incidente de nulidad se activa en presupuestos excepcionales, previo cumplimiento de los requisitos contenidos en la jurisprudencia constitucional, por cuanto se constituiría en la última ratio, lo que no se configuró, resultando que no existe fundamento legal válido para declarar la anulabilidad hasta el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 001400995002300 de 28/04/2015.

Para el caso, la nulidad debe estar taxativamente prevista por la norma, y debe estar vinculada a la vulneración derechos fundamentales, ya que para adoptar una decisión anulatoria debe necesariamente ponderarse los principios establecidos en el art. 178 de la Constitución Política del Estado, de celeridad y seguridad jurídica, entre otros, pasando esta decisión por el examen de afectación al proceso, vulneración de derechos fundamentales y la trascendencia en la resolución, de tal forma que la supuesta vulneración pueda incidir sustancialmente en la resolución final, lo que en el caso no sucedería.

Manifiesta que la Administración Tributaria respetó los principios constitucionales del debido proceso y derecho a la defensa, otorgándole al contribuyente la oportunidad suficiente y razonable para participar con eficacia en el proceso del cual es parte, notificándole personalmente con los actos administrativos que le incumben, así también respetó el plazo de 20 días para la presentación de descargos, establecido en el art. 168 I de la Ley 2492.

Señala que la Administración Tributaria buscó la verdad material conforme dispone el art. 4º inc. d) de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), normativa citada que establece la obligatoriedad de buscar la verdad material, concordante con lo dispuesto por el art. 3º del Decreto Supremo 26462 que expresa al principio rector de verdad objetiva o material.

Petitorio.

Por todo lo expuesto solicita declarar Probada la Demanda Contencioso Administrativa y en consecuencia se revoque la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0676/2016 de 26 de junio de 2016.



Respuesta de la entidad demandada (AGIT).

Admitida la demanda y corrida en traslado, la Autoridad General de Impugnación Tributaria responde negativamente a la demanda incoada, bajo los siguientes fundamentos:

A decir de la AGIT, la doctrina enseña que “para que el sujeto pasivo sepa cuáles son las razones de hecho y derecho que justifican la decisión y pueda hacer su defensa o en su caso, deducir los permitidos”  y que el art. 115 de la CPE. garantiza el derecho al debido proceso a través del acceso a las actuaciones y documentación que respalden los cargos se le formulen al sujeto pasivo.

Señala que el art. 31 de del D.S.  27113 RLPA establece los actos que deben ser motivados y que la motivación deberá expresar sucintamente los antecedentes, consignar las razones de hecho y de derecho que justifican el dictado del acto y deberá individualizar la norma aplicada y valorará las pruebas determinantes para la decisión.

El número de Identificación Tributaria NIT, 738916012, correspondiente a Avelino Rodríguez Robles, no se encuentra consignado en el Anexo de la RND Nº 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, misma que establece en su art. 2 par. I, la obligación de presentar la presentación de los libros de compras y ventas IVA para los sujetos pasivos cuyos números de NIT se encuentren consignados en el Anexo, por lo que dicha norma no establece específicamente  el deber formal por el cual se sanciona al sujeto pasivo.

La Resolución Sancionatoria Nº 18-00288-15 de 14 de enero de 2015, incluyó de manera extemporánea como parte de su motivación la RND Nº 10-0023-10, señalando que en virtud a esta norma el contribuyente estaría clasificado como Newton.

El Auto Inicial de Sumario Contravencional fue emitido sin consignar la norma específica que estableció de manera particular la obligación para Avelino Rodríguez Robles, omisión que constituye una vulneración del derecho al debido proceso  por falta de motivación legal, elemento que es esencial a momento de fundamentar adecuadamente una resolución.

En suma, el demandado concluye solicitando se dicte Sentencia declarando improbada la demanda interpuesta por la Gerencia Distrital del SIN Cochabamba y mantener firme la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0676/2016 de 26 de junio de 2016.

En la réplica y dúplica formuladas se reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación. Concluido el trámite del proceso, se decretó AUTOS para sentencia conforme la providencia de 20 de febrero de 2017.

II. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO.

A efecto de contextualizar adecuadamente la presente Sentencia, corresponde señalar brevemente los antecedentes fácticos que dieron origen a la resolución impugnada.

El 12 de noviembre de 2014 la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), notificó personalmente a Avelino Rodríguez Robles, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 00140995001493, de 07 de noviembre de 2014, que da inicio al procedimiento sancionador, en el marco del artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), por constatar que el mismo no presentó a la Administración Tributaria, la información del Libro de Compras y Ventas IVA, a través del Software Da Vinci, Módulo-LCV por los períodos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011; conducta calificada preliminarmente como Incumplimiento a Deberes Formales.

El 17 de diciembre de 2015 la Administración Tributaria notificó de forma personal al Sujeto Pasivo, con la Resolución Sancionatoria N° 18-00288-15, de 14 de enero de 2015, que sanciona a Avelino Rodríguez Robles con una multa de 4.66 UFV, por incumplir con la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través de Software Da Vinci - LVC, correspondiente a los períodos fiscales de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, en aplicación de los artículos 71, 160 y 162 de la Ley N° 2492 (CTB), numeral 4.2, del Anexo Consolidado A de la Resolución Normativa de Directorio N°10-0037-07, modificado por la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0030-11.

Planteado el Recurso de Alzada por parte de Avelino Rodríguez Robles, la Autoridad de Impugnación Tributaria Cochabamba, emite la Resolución de Recurso de Alzada ARIT CBA/RA 0153/2016 de 30 de marzo de 2016, que Anula la Resolución Sancionatoria Nº 18-00288-15, de 14 de enero de 2015, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN; hasta el vicio más antiguo, es decir hasta el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 140995001493, inclusive; de tal forma que la Administración Tributaria pueda emitir un nuevo Auto, consignando la sustentación legal necesaria sobre el incumplimiento cometido y la sanción impuesta; sea de conformidad con el inciso c) parágrafo I del artículo 212 de la Ley Nº 2492 (Título V CTB).

Finalmente, la Administración Tributaria, interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución de Alzada, mismo que fue resuelto por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0676/2016 de 22 de junio de 2016, resolviendo Confirmar la Resolución del Recurso de Alzada,  manteniendo firme la anulación de obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, dicha Resolución Jerárquica es impugnada ahora en la vía Contencioso Administrativa.

III. IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

En el caso concreto, se advierte que la controversia radica en:

1. Determinar si es evidente una errónea interpretación del art. 70 inc. 11 y 162 de la Ley 2492 y arts. 1 y 2 de la RND 10-0047-05 y arts. 1 y 15 de la RND 10.004.10. y art. 28 inc. b) y e) de la Ley 2341 referidos a la falta de fundamentación del acto administrativo.

2. Determinar si correspondía la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo por haberse omitido la consignación de la RND Nº 10-0023-10 en el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 0014095001493.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

La competencia de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera asume competencia para la resolución de este tipo de controversias, en el marco de lo establecido por el art. 2 de la Ley Nº 620 del 31 de diciembre de 2014 en concordancia con el art. 775 del Código de Procedimiento Civil (CPC), y la Disposición Final Tercera de la Ley Nº 439 (Código Procesal Civil) y tomando en cuenta la naturaleza del proceso Contencioso Administrativo que reviste un juicio de puro derecho, en el que sólo se analiza la correcta aplicación de la ley a los hechos expuestos por la parte demandante, corresponde realizar el control jurisdiccional y de legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria  en sede administrativa.

En ese contexto debemos referir que, el procedimiento contencioso administrativo, se constituye garantía formal que ampara al sujeto administrado, redimiéndolo de la discrecionalidad y arbitrariedad de poder de los detentadores del poder público, a través del derecho de impugnación contra aquellos actos de la administración pública que le resultaren gravosos, con el fin de lograr el restablecimiento de sus derechos lesionados, buscándose ese fin precisamente con la interposición del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.

Estando definida la competencia de este Tribunal y analizados los antecedentes administrativos del caso, los fundamentos esgrimidos tanto por la entidad demandante, como por la AGIT, es posible establecer:

La facultad sancionadora de la administración pública debe estar respaldada por el ordenamiento jurídico nacional, y debe garantizar un procedimiento armónico con los principios constitucionales, garantías y disposiciones normativas de la materia, es el criterio del Tribunal Supremo de Justicia, en la innumerable jurisprudencia emitida tanto en Sala Plena como en sus salas especializadas.

En concordancia con lo señalado por la administración tributaria, podemos establecer que el principio de legalidad se encuentra conformado a la vez por varios sub principios, como el de taxatividad, referido a la especificidad de la norma procesal, e implica la suficiente predeterminación normativa de los ilícitos y sus consecuencia jurídicas. Como bien señala la administración en su memorial de demanda contencioso administrativa, la taxatividad debe estar referida a lo que la norma establece para su cumplimiento y para su sanción.

Respecto a la errónea aplicación del artículo 70 inciso 11) y 162 de la Ley 2492, los artículos 1 y 2 de la RND Nº 10-0047-05, arts. 1 y 15 de la RND 10.004-10 y art. 28 inc. b) y e) de la Ley 2341 referidos a la falta de fundamentación del acto administrativo.

En el caso concreto, la norma nos señala cuáles son las consecuencias en caso de incumplimiento de los deberes impositivos y señala además el procedimiento que se debe seguir a fin de concretar los mismos. De la Revisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 00140995001493 de 07 de noviembre de 2014, se puede advertir que en dicho Auto se cita las RND´s Nº 10-0047-05, 10-0037-07, 10-0030-11 y 10-0004-10. Particularmente la RND N° 10-0047-05, contiene un anexo al que deben sujetarse los contribuyentes que se encuentren mencionados en él y sean considerados RESTO, a objeto de cumplir con la norma señalada. En este anexo a la  RND, se puede observar que entre los números de NIT no se encuentra el Nº 738916012 correspondiente a Avelino Rodríguez Robles; por tanto el Auto Inicial de Sumario Contravencional utilizó como fundamento una norma que no correspondía al Contribuyente y además le atribuyó el incumplimiento de deberes formales.

Si bien es cierto que todos los ciudadanos tenemos la obligación de conocer las normas nacionales, y las tributarias cuando somos contribuyentes, no es menos cierto que no podemos asumir un cargo que no nos corresponde, cuando en la norma dice textualmente “Artículo 2.- (Deber Formal) I. Los sujetos pasivos clasificados en las categorías PRICO, GRACO o RESTO, estos últimos siempre y cuando sus números de NIT estén consignados en el Anexo de la presente Resolución, que vienen presentando la información mediante el Software del Libro de Compras y Ventas IVA, deberán continuar haciéndolo en el nuevo formato, sin necesidad de efectuar trámite adicional ante el Servicio de Impuestos Nacionales, en la forma y plazos establecidos en la presente Resolución.

II. Los sujetos pasivos clasificados como RESTO cuyos números de NIT estén consignados en el Anexo de la presente Resolución, deben presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci LCV, en la forma y plazos establecidos en la presente Resolución. (las negrillas son nuestras).

En concordancia con el principio de legalidad la Constitución Política del Estado en su art. 14, par. IV dispone sic. “En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas no prohíban” (las negrillas y el subrayado son nuestros)

Asimismo, debe tenerse presente que la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0023-10 en su artículo 3 establece que: "Los contribuyentes señalados en el Anexo de la presente Resolución, están obligados a presentar sus declaraciones juradas y boletas de pago, realizar solicitudes de dosificación de facturas y envío del Libro de Compras y Venta Da Vincí, únicamente a través del Portal Tributario habilitado en la Red Internet, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Normativa de Directorio 10-0004-10 de 26 de Marzo de 2010”, en ese marco y por los antecedentes del caso de autos, se evidencia que la Administración Tributaria no señaló de forma específica ni la normativa por la cual atribuye la comisión de la contravención al recurrente; como tampoco individualizó el NIT del sujeto pasivo, prevista por la Resolución Normativa de Directorio 10-0004-10 de 26 de Marzo de 2010; en su anexo adjunto a la resolución, en cuyo contenido establece de forma específica la obligación al recurrente, incurriendo de esta manera en vulneración del debido proceso en su elemento de la fundamentación y el derecho a la defensa del contribuyente.

En síntesis, se puede advertir que los actos administrativos analizados anteriormente, al no consignar la normativa por la cual el sujeto pasivo tiene la obligación de presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci-LCV, dejó en indefensión al contribuyente, pues nunca se le comunicó de manera precisa la normativa en la cual se basaban los cargos imputados, hecho que derivó en la vulneración al debido proceso por parte de la administración tributaria, pues esta instancia administrativa no fundamentó legalmente la conducta atribuida, razón por la cual, las instancias impugnatorias administrativas en previsión del artículo 36 Parágrafo II de la Ley Nº 2341 LPA, aplicable supletoriamente por disposición del artículo 201 de la Ley Nº 2492, concordante con el artículo 55 del Decreto Supremo Nº 27113 RLPA, determinó la anulabilidad del acto administrativo al carecer de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados, anulando la Resolución Sancionatoria Nº 18-00288-15 de 14 de enero de 2015 emitida por la Gerencia  Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales hasta el vicio más  antiguo, esto es hasta el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 00140995001493, a fin de que la entidad recurrida emita un nuevo acto que consigne de forma específica la normativa por la cual se atribuye la comisión de la contravención, hecho que fue adecuadamente confirmado por la instancia jerárquica; en consecuencia, es posible advertir que la Autoridad General de Impugnación Tributaria fundamentó la Resolución de Recurso Jerárquico, precautelando el derecho del contribuyente a un proceso enmarcado en la legalidad y el debido proceso, hecho que de ninguna manera puede interpretarse como excesivo formalismo, acusado por la Administración Tributaria.

Respecto a la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo dispuesta por la AGIT.

Primeramente, debemos señalar que la Ley del Procedimiento Administrativo, aplicable al caso de autos por disposición del art. 201 del Código Tributario, establece 2 tipos de nulidades, la nulidad absoluta (art. 35 de la Ley del Procedimiento Administrativo) y la nulidad relativa o anulabilidad (art. 36 de la Ley del Procedimiento Administrativo) y dentro de esta última la anulabilidad por vicios de procedimiento dispuestas en el art. 55 del Reglamento a la Ley del Procedimiento Administrativo.

De igual forma, conforme refiere el art. 36. II de la Ley Nº 2341, el defecto de forma sólo determina su anulabilidad cuando el acto carece de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados; vale decir, que para que un acto administrativo sea anulado o no, debe considerarse si el resultado final hubiere sido distinto de haberse cumplido con el trámite formal o se hubiese cumplido el requisito exigido en la norma o el procedimiento omitido, para determinar que el acto administrativo logró su fin o causó indefensión, al no poder asumir defensa dentro del proceso administrativo.

Sobre la materia de nulidades, éste Tribunal ha emitido jurisprudencia en sentido que un acto es anulable, a falta de algún requisito de forma, solo cuando carece del requisito formal para alcanzar su fin, o dé lugar a la indefensión como establece el art. 36. II de la Ley de Procedimiento Administrativo, que señala: “No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.”. Criterio que es reforzado por el art. 55 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo que dispone: “Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas.”

El Auto Inicial del Sumario Contravencional 00140995001493, de 07 de noviembre de 2014, es el acto administrativo con el cual se dio inicio al proceso administrativo y posteriormente a la posibilidad del presente proceso contencioso administrativo, en ese marco, el razonamiento de la AGIT en su Resolución Jerárquica sobre lo que establece la norma en cuanto al cumplimiento de los requisitos de anulabilidad determinado en el pár. II del art. 36 de la Ley 2341 es correcto; toda vez que, se inició un proceso sancionador con vicios de nulidad, al carecer de los requisitos que estipula la ley para cumplir con su objetivo, dejando al contribuyente en indefensión, pues los aspectos argumentados en el Auto Inicial de Sumario Contravencional no corresponden al incumplimiento de deberes formales. Tomando en cuenta los elementos principales del acto administrativo, tal como prescriben los incisos b) y e) del art. 28 de la Ley 2341. Por permisión del art. 5. II del CTB. b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignado, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo.

En el caso que nos ocupa, el Auto Inicial de Sumario Contravencional que da origen a la Resolución Sancionatoria Nº 18-00288-15 de 14 de enero de 2015, considera los artículos 1 y 2 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0047-05 de 14 diciembre de 2005 como sustento de la sanción.

Aplicando el art. 168 I del Código Tributario sic. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho“.

La propia administración tributaria en su Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, dispone que el Auto Inicial de Sumario Contravencional debe contener como mínimo  “Acto u Omisión que origina la Contravención y norma específica infringida”, lo que no cumplió en el caso concreto y queda reconocido por esa instancia, de donde podemos aseverar que la Resolución de Recurso Jerárquico efectuó correcto análisis al respecto y fundamentó sobre los vicios de nulidad que causaron indefensión a la empresa contribuyente vulnerando de esa manera el principio del debido proceso que le asiste en sus elementos de debida fundamentación y motivación y el derecho a la defensa, por no señalar específicamente la norma que atribuye la comisión de la contravención a la contribuyente.

La Administración Tributaria en su fundamentación respecto al instituto de la anulabilidad, sostiene que sic. “Bajo el argumento de la Resolución Jerárquica y su parte resolutiva, se tendría que volver a emitir un nuevo Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) consignando la RND Nº 10-0023-10, pero nuestra pregunta es en que cambiaría y ¿Qué procedimiento legal se estaría modificando, corrigiendo o adecuando? La respuesta es obvia, ninguno ya que el incumplimiento a deber formal existió y existe; en el mismo momento en el que el contribuyente no efectuó el envió de los libros por el modulo Da Vinci LCV”.

Al respecto cabe recordar a esta instancia administrativa que la ley debe cumplirse indefectiblemente, y que todos los funcionarios públicos estamos obligados a cumplir con el principio de sometimiento pleno a la ley: La administración pública regirá sus actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido proceso y si no lo hiciéramos estaríamos vulnerando el principio de legalidad y presunción de legitimidad: Las actuaciones de la administración pública por estar sometidas plenamente a la ley, se presumen legítimas, salvo expresa declaración judicial en contrario.

El art.115 de la CPE señala que: “I.        Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. Por su parte el art. 117 de la norma suprema establece: “I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en Sentencia ejecutoriada.”

Dichas normas constitucionales propugnan claramente que toda persona será protegida oportuna y efectivamente, en el caso presente la AGIT, al hacer un análisis exhaustivo de las actuaciones de la Administración Tributaria, se enmarcó en el ordenamiento tributario, pero sobre todo en los principios que rigen los derechos de los contribuyentes a fin de que no se vulnere su derecho a la defensa. Por lo que la Resolución emitida contiene todos los fundamentos válidos para aplicar ambos artículos de la Carta Magna, siendo esta una acusación que carece de relevancia en el caso concreto y no amerita mayor pronunciamiento.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en el ejercicio de la atribución conferida en el art. 2 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, administrando justicia a nombre de la ley, y en virtud a la jurisdicción que por ella ejerce, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda Contenciosa Administrativa interpuesta por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manteniendo en consecuencia firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0676/2016 de 26 de junio.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada, sea con nota de atención.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.