TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Sentencia Nº 11

Sucre, 1 de marzo de 2018


Expediente                                : 275/2015

Proceso                                : Contencioso Administrativo

Demandante        : Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia.

Demandado        :Autoridad General de Impugnación Tributaria

Resolución Impugnada        : AGIT-RJ 1219/2015 de 21 de julio de 2015.

Magistrada Relatora                : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS: La demanda de fs. 15 a 22, la respuesta de fs. 84 a 91 vta.; Réplica, Dúplica, decreto de autos, antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada.

I. ARGUMENTOS DE LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN.

Demanda Contenciosa Administrativa.

La Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, legalmente representada por los abogados Jorge Fidel Romano Peredo y Diego Manuel Soria Guerrero, interpone demanda Contenciosa Administrativa contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria legalmente representada por su Director Ejecutivo General a.i., Daney David Valdivia Coria, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ/1219/2015 de 21 de julio, con los siguientes fundamentos:

El acta de intervención Contravencional N° AN-GRCGR-UFICR-101/2012 de 06 de junio, se funda en el DS N° 28141 ya que el vehículo objeto de comiso, si bien se encontraba en zona franca a la fecha de publicación del DS N° 28308 de 26 de agosto de 2005 que modificó el DS N° 28141, tiene un MIC/DTA que data de 24 de mayo de 2005, es decir que el documento que dio inicio a la operación de importación es posterior a la fecha de publicación del DS N° 28141 por lo que el vehículo estaba prohibido de importación, incluso mucho antes de realizar el embarque de la mercancía por lo que no correspondía realizar trámite de importación, que toda vez que en la fecha que se generó el hecho se encontraba vigente el DS N° 28141 de 16 de mayo de 2005, esa es la norma aplicable y no el DS N° 28308 de 26 de agosto de 2005 por mandato del art. 164 de CPE concordante con el art. 3 de la Ley N° 2492.

Refiere que la interpretación contenida en la carta circular AN-GNNGC-DTANC-CC-0005/05 de 5 de diciembre de 2005 con relación a los DS N° 28141 y 28308 es precisa, ya que la modificación contenida en el DS N° 28308 de 26 de agosto de 2005 con referencia al DS N° 28141 de 17 de mayo de 2005, alcanza únicamente a aquellos vehículos que ingresaron antes de la vigencia del DS N° 28141, es decir antes del 17 de mayo de 2005, los que ingresaron posteriormente se encuentran prohibidos de importación no pudiendo ser beneficiados por el DS N° 28308, por ese motivo en aplicación de las facultades conferidas por los arts. 21 y 100 de la Ley N° 2492, 48 y 53-b) del Reglamento del Código Tributario, se emitió el Acta de Intervención por Contrabando Contravencional AN-GRCGR-UFICR N° 101/2012 de 06 de junio en aplicación del num. 4) del art. 160 e inc. b) y f) del art. 181 del CT, relacionados con el art. 85 de la Ley General de Aduanas.

Sostiene que el Acta de Intervención Contravencional no se limita a comisos “in fraganti” y que la ausencia de requisitos esenciales descritos en los parágrafos I y II del art. 96 de la Ley N° 2492 no se adecua a causal de nulidad alguna.

Cita como precedente administrativo la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0118/2012 de 27 de abril, destacando que el argumento esencial para la emisión del DS N° 28141 es que la demanda de diesel oíl de vehículos internados, no puede ser abastecida por el Estado Boliviano, teniendo que realizar importaciones de este combustible de otros países, motivo por el que se restringió la importación de motores y vehículos livianos a diesel oíl, cuya capacidad sea menor o igual a 4.000cc. de cilindrada.

Haciendo una relación con el art. 85 de la LGA que determina que no se permitirá la importación de mercancías nocivas y las que atenten al sistema económico financiero de la Nación, se concluye que el DS N° 28141 está basado en el mencionado art. 85, siendo el motivo de su emisión el resguardo del sistema económico de la Nación, por la imposibilidad de seguir subvencionando el diésel de estos vehículos pese a haberse emitido el DS N° 28141 que prohibía su importación ocasionando daño al sistema económico financiero de la Nación.

Acusa que la AGIT no consideró de manera adecuada la normativa relacionada, tampoco se percató que el ilícito de contrabando sancionado por la Aduana, no cesó en su consumación puesto que el vehículo prohibido de importación sigue circulando de forma clandestina causando grave daño a la economía del Estado al consumir combustible subvencionado.

Sobre el plazo para la prescripción, pide considerar que la misma empieza a computarse desde el momento que ha cesado la consumación, en el caso, el ilícito de contrabando ha transcurrido en el tiempo y en ningún momento ha cesado por tanto el plazo no ha comenzado a correr y que el art. 173 del CT excluye de la prescripción al delito de contrabando, al tratarse de un delito permanente y de ejecución continuada y “para que cese esa situación deben regirse a lo dispuesto por los arts. 80, 82 y 90 de la Ley General de Aduanas y se haya procedido a su nacionalización, por lo que al no haberse cumplido con estos requisitos que otorgan la legalidad a una determinada mercancía, no ha operado la prescripción, ni siquiera ha iniciado el cómputo de la misma” (sic)

Reitera que la acción y competencia de la Aduana Nacional no ha prescrito, que el Acta de Intervención contravencional no está sujeta al art. 60 del CTB toda vez que el transcurso del tiempo no legaliza ni modifica la clandestinidad de la mercancía ilícita, más cuando a la fecha han transcurrido más de cinco años en los que el Estado sigue subvencionando el combustible al señalado vehículo, pese al DS 28141 por lo que se hace pertinente el art. 324 de la CPE referido a imprescriptibilidad de deudas por daño económico al Estado. Transcribe la SC 0790/2012 de 20 de agosto y señala que la AGIT soslayó el carácter vinculante de la misma.

Alude la SC N° 658 de 31 de julio de 2007 y afirma que la misma discierne la clasificación de los delitos por el momento de su consumación y la duración de la ofensa al bien jurídico protegido que, para delitos instantáneos el cómputo se inicia desde la medianoche del día en que se cometió el delito y para los permanentes desde que cesó su consumación. En el caso, al encontrarse el vehículo prohibido de importación y subvencionado su combustible por el Estado, se está ante un ilícito permanente tal cual refieren las SC 1332/2010-R de 20-10-2010, 1190/2001R, 0861/2012 de 20-08-2012, cuyo contenido parcial transcribe destacando que los delitos permanentes la actividad consumativa no cesa al perfeccionarse la acción típica, sino que perdura en el tiempo, de modo que todos los momentos de su duración se imputan como consumación de la acción delictiva y que los principios del derecho penal tienen plena vigencia se trate de sanciones administrativas, disciplinarias penales o de naturaleza análoga. Alude jurisprudencia comparada del Tribunal Constitucional del Perú al respecto y transcribe parte de la SCP 0846/2012 de 20 de agosto de 2012 referidos al ámbito administrativo sancionador, advirtiendo la vinculatoriedad de la jurisprudencia constitucional y su valor de fuente directa del derecho.

El Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRCGR-UFICR N° 101/2012 de 06 de junio, responde a la aplicación de la normativa vigente sobre responsabilidad solidaria e indivisible de la Agencia Despachante de Aduana Rojim y Asociados Ltda., representada legalmente por Juana Jiménez de Rodríguez,  por realizar trámites de importación de un vehículo prohibido por el art. 2 del DS N° 28141, incumpliendo los inc. a) y f) del art. 45 de la LGA concordante con los arts. 41 y 61 de su Reglamento. Por ello la acción de la Agencia Despachante de Aduana Rojim y Asociados Ltda., la empresa de Transporte SAJAMA y el Sr. Marcos Vilches como conductor del medio de transporte, está calificada como contrabando contravencional, arts. 1 y 2 del DS 28141 de 16 de mayo de 2005, con las modificaciones introducidas, en cuanto al importe, por el art. 56 de la Ley del Presupuesto General de la Nación 2009 y después por el art. 21 II) de la Ley N° 100 de 4 de abril de 2011, por haber nacionalizado un vehículo a diésel oíl prohibido por el DS 2814. En cuanto a la Agencia despachante de Aduana dice que realizó los trámites de un vehículo prohibido incumpliendo el art. 45 de la Ley general de Aduanas y art. 61 de su Reglamento. La Empresa de Transporte por infracción del art. 53 de la LGA e inc. a) del art. 84 del reglamento de la LGA.

la Autoridad General de Impugnación Tributaria al declarar la prescripción de la facultad de la Administración Aduanera para imponer sanciones, no tomó en cuenta el espíritu y finalidad del art. 324 de la CPE ampliamente referido en la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 790/2012 de 20 de agosto relativa a la imprescriptibilidad de deudas por daño económico al Estado e irretroactividad de la Ley, que la Autoridad General de Impugnación Tributaria soslayó el carácter vinculante de la mencionada Sentencia Constitucional, toda vez que no tomó en cuenta el art. 324 de la CPE, cuya incorrecta aplicación puso en evidencia al declarar prescrita la facultad de la Administración Aduanera para imponer sanciones ya que dicha norma tiene una finalidad inspirada en principios ético morales y en valores que sustentan el Estado consagrados en el art. 8 I) y II) y 232 de la CPE pues nadie puede burlar la afectación al Estado por el solo paso del tiempo.

Reitera que el tema de aplicación del art. 324 señalado está claro en la SC N° 790/2012 aspecto que se hace patente en el art. 410-II) de la CPE que consagra la supremacía constitucional, argumentos que no fueron tomados en cuenta a cabalidad no habiéndose realizado una valoración de la citada sentencia motivo por el que no se halla sustentada de manera sólida la declaración de prescripción.

Concluye transcribiendo los arts. 324, 8-I), 232, 203, 164, 123 y 410 de la CPE; arts. 15 del Código Procesal Constitucional, 22 y 24 del Reglamento a la LGA; 160 y 181 del Código Tributario y 85 de la LGA, además de otra normativa.

Petitorio.

Solicita revocar lo indebidamente resuelto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1219/2015 y se mantenga firme y subsistente la resolución sancionatoria AN-GRCGR-ULECR-129/2014 de 22 de septiembre.

Respuesta de la entidad demandada (AGIT).

Admitida la demanda y corrida en traslado, la Autoridad General de Impugnación Tributaria responde negativamente a la demanda incoada, bajo los siguientes fundamentos:

El principio de legalidad en su vertiente procesal es una garantía por la que nadie puede ser sancionado sino en virtud de un proceso de acuerdo a las reglas establecidas por Ley.

La Ley N° 2492 en sus arts. 59, 60, 61, 62 y 154 establecen la prescripción, su cómputo, interrupción y suspensión; en ese contexto jurisprudencial y normativo esa instancia, en la Resolución Jerárquica, expuso que la subvención a los combustibles otorgada por el Estado Plurinacional de Bolivia no se constituye en causal para interrumpir y/o suspender el curso de la prescripción dentro del ordenamiento jurídico tributario, por aplicación del principio de legalidad y que la aplicación analógica no puede ser aplicada para modificar normas existentes.

En cuanto al presunto daño económico al Estado, pide tener en cuenta que el Estado lo constituye el pueblo boliviano y que por la mala aplicación de la normativa vigente y por su no aplicación oportuna es la propia Administración Tributaria Aduanera la responsable del daño frente al Estado, no pudiendo atribuirse al sujeto pasivo la inacción de la Administración Tributaria para efectivizar su facultad de imponer sanciones en el marco de las previsiones legales citadas pues la Ley le otorga los medios para efectivizar su facultad de imponer sanciones y es la Administración quien no cumplió los términos que le otorga el art. 154 de la Ley N° 2492 situación que dio lugar a la prescripción para imponer la sanción puesto que la norma es clara al establecer que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable o por la solicitud de facilidades de pago y se suspende con la notificación de inicio de fiscalización o la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente situaciones que, en el caso, no acontecieron.

Tomando en cuenta que la ADA Rojim y Asociados validó la DUI C-4442 el 8 de septiembre de 2005, el término de la prescripción inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009 tiempo en el que no se advierten causales de suspensión o interrupción del curso de la prescripción conforme lo determinan los arts. 61 y 62 de la citada Ley. Siendo que el 30 de diciembre de 2014 la Administración Aduanera notificó a la ADA con la Resolución Sancionatoria, sus facultades para imponer sanciones ya se encontraban prescritas.

En cuanto al argumento de que el presente caso se trataría de un delito permanente, sostiene que el presente es un nuevo argumento que no fue observado ante la AIT por lo que no puede pretender subsanar errores o negligencias con la presente demanda ya que los arts. 139 b) y 144 de la Ley N° 2492 y el art. 198-e) y 211-I) de la Ley 3092 establecen que quien considere lesionados sus derechos con la Resolución de Alzada deberá interponer de manera fundamentada su agravio fijando con claridad la razón de su impugnación para que la AGIT resuelva sobre la base de dichos fundamentos en función del principio de congruencia, convalidación y preclusión tal cual se expone en la Sentencia de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia N° 0228/2013 de 2 de julio.

Pide adicionalmente, tomar en cuenta que en la demanda no se expresa agravios de manera específica y puntual sobre la Resolución Jerárquica reduciéndose a la cita de sentencias y normativa imprecisa sin explicar cómo la AGIT vulneró sus derechos.

Culmina citando Auto Constitucional 009/2012-RCA de 6 de julio, Sentencia Constitucional 0733/2014-AAC de 15 de abril entre otros, así como doctrina tributaria y jurisprudencia y pide se tome en cuenta la Sentencia 510/2013 de 27 de noviembre sobre el contenido de la demanda, ratificándose en todos los términos de la Resolución de Recurso Jerárquico.

Petitorio.

En mérito a lo expuesto solicita declarar improbada la demanda y mantener firme la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1219/2015 de 21 de julio.

II. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO.

A efecto de contextualizar adecuadamente la presente Sentencia, corresponde señalar brevemente los antecedentes fácticos que dieron origen a la resolución impugnada.

El 8 de junio de 2012, la Administración aduanera notificó personalmente a Juana Jiménez de Rodríguez con el Acta de Intervención Contravencional AN-GRCGR-UFICR-101/2012 de 6 de junio de 2012, la cual establece que la DUI C-4442 de 8 de septiembre de 2005, elaborada por la Agencia Despachante de Aduana ROJIM & ASOCIADOS Ltda., corresponde a un vehículo, cuya importación se encuentra prohibida por el D.S. Nº 28141, por lo que presumió la comisión de Contrabando Contravencional conforme a los inc. b) y f) del art. 181 de la Ley Nº 2492, liquidando por tributos Bs. 11.306 y otorgando el plazo de tres días hábiles para presentar descargos.

El 12 de junio de 2012, Juana Sánchez Jiménez de Rodríguez, en su calidad de representante de la Agencia Despachante de Aduana ROJIM & ASOCIADOS Ltda., presentó memorial de descargos y planteó la prescripción, manifestando que el Acta de Intervención Contravencional es nula; posteriormente, el 30 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera notificó personalmente a Juana Jiménez de Rodríguez, con la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-ULERC-129/2014 de 22 de septiembre de 2014, que declaró probado el Contrabando Contravencional atribuido a Richard Sánchez Morales (importador), Juana Jiménez de Rodríguez (Despachante de Aduanas), Cristóbal Gutiérrez Colque (Empresa de Transporte) y Marcos Vilches (conductor), al haberse nacionalizado el vehículo tramitado con la DUI C-4442, con posterioridad a la vigencia del D.S. Nº 28141 de 16 de mayo de 2005.

Interpuesto el Recurso de Alzada por parte de la representante de la ADA ROJIM & Asociados, el mismo fue resuelto a través de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0368/2015 de 27 de abril, que Revocó totalmente la Resolución sancionatoria impugnada, por considerar que la facultad sancionadora de la Administración Aduanera habría prescrito.

Ante dicha Resolución, la Administración Tributaria, interpuso Recurso Jerárquico, el cual fue resuelto por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1219/2015 de 21 de julio, que decidió Confirmar la Resolución de Recurso de Alzada impugnada, declarando prescrita la facultad  de la Administración Aduanera para imponer sanciones respecto a la DUI C-4442, al no haberla ejercido dentro del término previsto en el art. 154 de la Ley Nº 2492. Dicha resolución Jerárquica es ahora impugnada a través de la interposición de la demanda Contencioso Administrativa por parte de la Administración Aduanera.

III. IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

En el caso concreto, se advierte que la controversia radica en:

Determinar si la AGIT al confirmar la declaratoria de prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para calificar la conducta contraventora e imponer sanción, actuó en contradicción al espíritu y finalidad del art. 324 de la CPE ampliamente referido en la SC Plurinacional N° 790/2012 de 20 de agosto relativa a la imprescriptibilidad de deudas por daño económico al Estado e irretroactividad de la Ley.

Verificar si el Acta de Contravención fue librada por un hecho permanente y no está sujeta al art. 60 del CTB toda vez que el transcurso del tiempo no legaliza ni modifica la clandestinidad de la mercancía ilícita y que el plazo para la prescripción, empieza a computarse desde el momento que ha cesado la consumación, en el caso, el ilícito de contrabando en ningún momento ha cesado, por tanto, el plazo no ha comenzado a correr y que el art. 173 del CT excluye de la prescripción del delito de contrabando al tratarse de un delito permanente y de ejecución continuada.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL PERTINENTE AL CASO.

Una vez reconocida la competencia de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera para la resolución de este tipo de controversias, en el marco de lo establecido por el art. 2 de la Ley Nº 620 del 31 de diciembre de 2014 en concordancia con el art. 775 del Código de Procedimiento Civil (CPC), y la Disposición Final Tercera de la Ley Nº 439 (Código Procesal Civil) y tomando en cuenta la naturaleza del proceso Contencioso Administrativo que reviste un juicio de puro derecho, en el que sólo se analiza la correcta aplicación de la Ley a los hechos expuestos por la parte demandante, corresponde realizar el control jurisdiccional y de legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria  en sede administrativa.

En ese contexto referir que, el procedimiento Contencioso Administrativo, se constituye garantía formal que ampara al sujeto administrado, redimiéndolo de la discrecionalidad y arbitrariedad de poder de los detentadores del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra aquellos actos de la administración pública que le resultaren gravosos, con el fin de lograr el restablecimiento de sus derechos lesionados, buscándose ese fin precisamente con la interposición del proceso Contencioso Administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.



V. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

Analizados los antecedentes administrativos del caso, los fundamentos esgrimidos tanto por la Entidad demandante, como por la AGIT, es posible establecer:

Respecto al argumento referido a que la competencia de la Aduana Nacional no habría prescrito porque el vehículo salió de zona franca pese a estar prohibido de importación, por utilizar como combustible Diésel Oíl y que a la fecha está en funcionamiento subvencionado por el Estado. Cabe aclarar que el fundamento de la entidad demandante al manifestar que el Acta de Intervención Contravencional sería por un hecho vigente y no sujeto a las previsiones del artículo 60 de la Ley N° 2492 y tomando en cuenta que el art. 324 de la CPE señala que las deudas por daño económico no prescriben al respecto, debemos señalar que el instituto de la prescripción está referida a la facultad para imponer sanciones por la contravención aduanera de contrabando, prevista en el art. 181 de la Ley N° 2492 y que en el presente caso se originó en la gestión 2005; en ese contexto se tiene que el ilícito en cuestión ocurrió durante la vigencia de la referida Ley, siendo esta la norma aplicable. En ese sentido, el art. 59, parágrafo I, numerales 1 y 3 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el término para controlar, verificar, comprobar e imponer sanciones administrativas prescribe a los cuatro (4) años; en cuanto al cómputo el art. 60, parágrafo I de la citada norma, señala que el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquél en que se produjo el vencimiento del periodo de pago”. Asimismo, el art. 154 parágrafo I de la Ley 2492 que determina que la acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe y se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo y aludiendo inconcurrencia de las causales de interrupción y suspensión de la prescripción de los arts. 61 y 62 de la mencionada Ley. En ése sentido, resulta evidente que, en el caso de autos, la ADA Rojim & Asociados Ltda., por cuenta de su comitente Richard Sánchez Morales, el 8 de septiembre de 2005 validó la DUI C-4337 ante la Administración de Aduana zona franca Industrial Cochabamba, para nacionalizar el vehículo clase vagoneta, tipo pajero, marca Mitsubishi, combustible diésel, modelo 1992  y demás características detalladas en la citada DUI, señalando que el mismo “…se encontraba prohibido de importación, conforme a las previsiones del Decreto Supremo N° 28141; sin embargo, a dicha mercancía la Administración Aduanera otorgó el levante, posteriormente, el 8 de junio de 2012, la Administración Aduanera notificó a Juana Jiménez Rodríguez, con el Acta de Intervención Contravencional AN-GRCGR-UFICR-101/2012 de 06 de junio de 2012, iniciando el proceso por Contravención Aduanera de Contrabando, que concluyó el 30 de diciembre de 2014 con la notificación personal a Juana Jiménez Rodríguez, en calidad de representante de la citada ADA, con la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-ULERC-129/2014 de 22 de septiembre de 2014 que declaró probado el contrabando contravencional previsto en los incisos b) y f), artículo 181 de la Ley N° 2492; en consecuencia, al haber sido validada la DUI C-4442,  el 8 de septiembre de 2005, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009, no advirtiéndose causales de suspensión ni interrupción del curso de la prescripción conforme los arts. 61 y 62 de la citada Ley, encontrándose indubitablemente prescrita la facultad sancionatoria de la Administración Aduanera.

Respecto al argumento referido a que el vehículo que salió de zona franca pese a estar prohibido de importación, utiliza diésel oíl y a la fecha, funciona con subvención del Estado, por lo que no está sujeto a las previsiones del art. 60 de la Ley 2492. Resulta necesario aclarar que tal subvención no constituye causal de suspensión ni interrupción del curso de la prescripción dentro del ordenamiento jurídico tributario y que el art. 8 II) de la mencionada Ley prohíbe la interpretación analógica para modificar normas existentes.

Del análisis efectuado a los fundamentos del recurso jerárquico, se concluye que la institución ahora demandante no planteó en el mismo el fundamento que expone como base de la demanda referido al art. 173 del CTB menos a los arts. 80, 82 y 90 de la Ley General de Aduanas con los cuales funda su actual pretensión. Asimismo, si bien el art. 173 CTB, establece se “excluye de la prescripción el delito de contrabando”, en el caso, el proceso no se generó por un delito sino por una contravención, constatándose en definitiva que el argumento de “delito permanente” no fue expuesto tampoco en la respuesta al recurso de alzada interpuesto por la ADA, no habiendo sido esos argumentos de conocimiento de las respectivas autoridades de impugnación tributaria, consecuentemente, en la Resolución de Recurso Jerárquico tampoco existió pronunciamiento al respecto que pueda someterse a control de legalidad por este Tribunal, ya que un entendimiento contrario, constituiría un atentado al principio de seguridad jurídica que es parte del debido proceso.

Respecto, a la vulneración del espíritu y finalidad del art. 324 de la CPE ampliamente referido en la SC Plurinacional N° 790/20121 de 20 de agosto relativa a la imprescriptibilidad de deudas por daños económico. Debemos señalar que, el art. 324 de la CPE establece “no prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado”, entendiéndose en la Jurisprudencia uniforme de este Tribunal que tal “daño económico” es aquel que está necesariamente relacionado con la responsabilidad por la función pública; es decir con actos cometidos por funcionarios públicos, que causen menoscabo patrimonial al Estado o por particulares que se beneficien con recursos públicos o fueran causantes del daño patrimonial en el marco legal señalado por la Ley N° 1178.

Específicamente, en la Sentencia N° 005/2014 de 27 de marzo, este Tribunal Supremo reiteró que “ …si bien el art. 324 de la CPE establece la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos causados al Estado, dicho precepto constitucional se halla relacionado con las deudas emergentes de la responsabilidad por la función pública, es decir con actos cometidos por funcionarios públicos que causen menoscabo patrimonial al Estado o por particulares que se beneficiaren indebidamente con recursos públicos o fueran causantes del daño patrimonial en el marco legal señalado por la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990” (criterio sostenido también en las Sentencia 281/2012 de 27 de noviembre y 212/2014 de 15 de septiembre entre otras). En tal mérito, la norma invocada como sustento de la demanda Contencioso Administrativa resulta inaplicable al presente caso, no resultando por ello, evidente la vulneración del art. 324 de la CPE o el incumplimiento de la Jurisprudencia Constitucional vinculante contenida en la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) Nº 790/2012, toda vez la misma declaró inconstitucional el art. 40 de la Ley 1178, que fijaba el tiempo de 10 años para la prescripción de las acciones judiciales y obligaciones emergentes de la responsabilidad civil, no existiendo identidad de hecho con el que se discute en el presente caso, ajeno a obligaciones emergentes de la responsabilidad por la función pública. Asimismo en cuanto a la jurisprudencia citada como vinculante, ninguna de las resoluciones está referida a una situación como la planteada en el presente caso no existiendo identidad de hecho, requisito esencial para su aplicación.

Por lo expuesto, se concluye que la resolución de Recurso Jerárquico fue emitida, en el marco de la exigencia de fundamentación suficiente y razonable de acuerdo a las pretensiones deducidas en el recurso jerárquico, no habiéndose demostrado los extremos de la demanda, este Tribunal no advierte causal alguna que amerite la nulidad impetrada.

No obstante, no puede pasar desapercibido que, conforme a los datos del proceso, en el caso, los funcionarios aduaneros que participaron en el trámite permitieron el ingreso del vehículo que se encontraba prohibido de importación, conforme a las previsiones del Decreto Supremo N° 28141; otorgándole a la mercancía la Administración Aduanera el levante, para posteriormente, aceptar y validar la DUI correspondiente, revelándose del hecho actos cometidos por funcionarios aduaneros que deben evaluarse por la autoridad competente, por ello, conforme el principio de coordinación que ha previsto la Constitución Política del Estado en el art. 12.I, teniendo presente los fines y funciones esenciales que tiene el Estado para con su pueblo, es obligación de los diferentes Órganos que lo conforman, coadyuvar con la materialización de los mismos, consiguientemente, ante la situación fáctica que este Tribunal ha llegado a conocer, mediante la resolución de la presente contingencia jurídica, se exhorta a la Aduana Nacional de Bolivia, a generar mecanismos intra institucionales eficientes, eficaces y transparentes, mediante los cuales se garantice el estricto y oportuno cumplimiento de la normativa legal aduanera, que restringe la importación de vehículos a diésel, precautelando de esta manera los intereses económicos del Estado.

En conclusión, en el caso de autos, la AGIT, al hacer un análisis exhaustivo de las actuaciones de la Administración Tributaria, se enmarcó en el ordenamiento tributario, pero sobre todo en los principios que rigen los derechos de los contribuyentes a fin de que no se vulnere su derecho a la seguridad jurídica.



POR TANTO:

La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio de la atribución conferida en el arts. 778 y 780 del CPC, art. 2.1 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, administrando justicia a nombre de la Ley, y en virtud a la jurisdicción que por ella ejerce, falla declarando IMPROBADA la demanda Contenciosa Administrativa interpuesta por la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria, en su mérito, declara firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1219/2015 de 21 de julio.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a éste Tribunal, sea con nota de atención.

Regístrese, Notifíquese y Cúmplase.