TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Sentencia Nº 7

Sucre, 1 de marzo de 2018


Expediente                        : 278/2015-CA

Proceso                        : Contencioso Administrativo

Demandante        : Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia

Demandado                : Autoridad General de Impugnación Tributaria

Resolución Impugnada        : AGIT-RJ 1241/2015 de 21/07/2015

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán


Pronunciada en el proceso Contencioso Administrativo seguido por la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1241/2015 de 21 de julio, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).

VISTOS: La demanda de fs. 17 a 23, la respuesta de fs. 60 a 67; réplica de fs. 92 a 93; dúplica de fs. 96 a 99; los antecedentes, tanto jurisdiccionales como administrativos, y;

I. CONTENIDO DE LA DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA

Que, Jorge Romano Peredo, Pamela Villarroel Fernández y Manuel Soria Guerrero se apersonaron a éste Tribunal en representación legal de Dirzey Rosario Vargas Amurrio en su condición de Gerente Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, demandando la revocatoria de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1241/2015 de 21 de julio emitida por la AGIT, bajo los argumentos siguientes:

Acusa que, el Acta de Intervención Contravencional N° AN-GGRCGR-UFICR-125/2012 se funda en el Decreto Supremo (DS) N° 28141, ya que el vehículo si bien se encontraba en zona franca a la fecha de publicación del DS N° 28308 de 26 de agosto de 2005 (modificatorio del DS N° 28141), tiene un MIC/DTA que data de 27 de mayo de 2005, es decir que el documento que dio inicio a la operación de importación es posterior a la fecha de publicación del DS N° 28141 por lo que no correspondía realizar trámite alguno de importación.

Que en la fecha que se generó el hecho se encontraba vigente el DS N° 28141 de 16 de mayo de 2005 por ende esa es la norma aplicable y no el DS N° 28308 de 26 de agosto de 2005 por mandato del art. 164 de la Constitución Política del Estado (CPE) concordante con el art. 3 de la Ley 2492.

Alega por otra parte que la interpretación contenida en la carta circular AN-GNNGC-DTANC-CC-0005/05 de 5 de diciembre de 2005 con relación al DS N° 28308 es precisa ya que la modificación contenida en el DS N° 28308 de 26 de agosto de 2005 con referencia al D.S. N° 28141 de 16 de mayo de 2005 al configurar un beneficio para el importador, alcanza únicamente a aquellos vehículos que ingresaron antes de la vigencia del DS N° 28141, es decir antes del 17 de mayo de 2005 puesto que los que ingresaron posteriormente se encuentran prohibidos de importación no pudiendo ser beneficiados por el DS N° 28308.

Invocando el precedente administrativo contenido en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0118/2012 de 27 de abril, destaca que el argumento esencial es que la demanda de diésel oíl de vehículos internados no puede ser abastecida teniendo que realizar importaciones de este combustible de otros países, motivo por el que se restringió la importación de motores y vehículos livianos a diésel oíl cuya capacidad sea menor o igual a 4.000 de cilindrada.

Que el art. 85 de la Ley General de Aduanas (LGA) relativo a la no importación de mercancías nocivas y las que atenten al sistema económico financiero de la Nación, se basa en el DS N° 28141 siendo el motivo de su emisión el resguardo del sistema económico de la Nación, por la imposibilidad de seguir subvencionando el diésel de estos vehículos pese a haberse emitido el DS N° 28141 que prohibía su importación ocasionando daño al sistema económico financiero de la Nación.

Que el vehículo, en el caso, estaba prohibido de importarse por ello, la Administración aduanera, en ejercicio de sus facultades, emitió el acta de intervención por contrabando conforme al art. 160.4), concordante con los inc. b) y f) del art. 181 del CTB y art. 85 de la LGA.

Que, el Acta de Intervención debe cumplir los requisitos de fondo y forma para su validez establecidos en los parágrafos II y III del art. 96 de la Ley 2492 y 66 de su Reglamento, al no existir ausencia de estos requisitos no existe causal de nulidad debiendo surtir sus efectos.

Niega que la acción y competencia de la Aduana Nacional haya prescrito, alegando que el vehículo “por utilizar diésel oíl y a la fecha continúa en funcionamiento, es decir, sigue siendo subvencionado por el Estado, por lo que el Acta de Intervención Contravencional, es por un hecho vigente y no está sujeta a lo establecido por el Art. 60 del CTB”. Que, no existió vencimiento alguno si a la fecha, transcurrido cinco años, el Estado sigue subvencionando el combustible al señalado vehículo.

Alega que la emisión del Acta Contravencional, responde únicamente a una estricta observancia y aplicación de la norma, en lo relacionado a la responsabilidad solidaria e indivisible que tiene la Agencia Despachante de Aduana “M. Beltran G.”, por realizar trámites de importación de un vehículo prohibido por el art. 2 del DS N° 28141, incumpliendo los incisos a) y f) del Art. 45 de la LGA concordante con los arts. 41 y 61 de su Reglamento y que en ese marco incurrieron en Contrabando Contravencional: Alex R, Mercado Antezana (importador); la Agencia Despachante de Aduana M. Beltrán G, representada por Miguel L. Beltrán; la Empresa de Transporte Carretero “PROFILIA GRACIA CHOQUE” y, Freddy Choque García como conductor del medio de transporte.

Concluye rechazando, que se hubiese operado la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para calificar conducta contraventora e imponer sanción y agrega que la AGIT estableció la prescripción de la facultad de la Administración Aduanera para imponer sanciones, sin tomar en cuenta el espíritu y finalidad del art. 324 de la CPE referido en la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) N° 790/2012 de 20 de agosto, relativa a la imprescriptibilidad de deudas por daños económicos al Estado e irretroactividad de la Ley, excepto en materia laboral, penal y en materia de corrupción para investigar, procesar y sancionar delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado, cuya vinculatoriedad habría soslayado la AGIT.

Concluyó transcribiendo los arts. 324, 8-I), 232, 203, 164, 123 y 410 de la CPE; arts. 15 del Código Procesal Constitucional, 22 y 24 del Reglamento a la LGA; 160 y 181 del Código Tributario y 85 de la LGA entre otros.

Petitorio.

Con los fundamentos descritos precedentemente, solicitó la revocatoria de lo “indebidamente resuelto en recurso jerárquico” y se mantenga firme y subsistente la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERC-075/2014 de 22 de septiembre de 2014.

Respuesta a la demanda.

Que admitida la demanda y corrida en traslado, se apersona Daney David Valdivia Coria en representación de la AGIT y responde negativamente la demanda con los argumentos siguientes:

Que la Resolución de Recurso Jerárquico se encuentra debidamente fundamentada y motivada.

Que la Ley N° 2492 en sus arts. 59, 60, 61, 62 y 154 establecen la prescripción, su cómputo, interrupción y suspensión; en cuya base, prosigue, se habría establecido en la Resolución Jerárquica impugnada que la subvención a los combustibles otorgada por el Estado Plurinacional de Bolivia no se constituye en causal para interrumpir y/o suspender el curso de la prescripción dentro del ordenamiento jurídico tributario, por aplicación del principio de legalidad.

En lo relativo al presunto daño económico al Estado señala que por la mala aplicación de la normativa vigente y por su no aplicación oportuna es la propia Administración Tributaria Aduanera la responsable frente al Estado, no pudiendo atribuirse al sujeto pasivo la inacción de la Administración Tributaria para efectivizar su facultad de imponer sanciones en el marco de las previsiones legales citadas pues la Ley le otorga los medios para efectivizar su facultad de imponer sanciones y es la Administración quien no cumplió los términos que le otorga el art. 154 de la Ley N° 2492 lo que dio lugar a la prescripción para imponer la sanción.

Que la norma es clara al establecer que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable o por la solicitud de facilidades de pago y se suspende con la notificación de inicio de fiscalización o la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente cosa que, en el caso, no aconteció evidenciándose de los antecedentes que el 7 de septiembre de 2005 la Agencia Despachante de Aduana M. Beltrán G., validó la DUI C-4273, por lo que, la prescripción inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009, lapso en el que la administración no efectuó y/o emitió acto alguno que pueda constituirse en causal de suspensión e interrupción de la prescripción conforme lo determinan los arts. 61 y 62 de la citada Ley, de tal modo que fue recién el 30 de diciembre de 2014 que notificó al sujeto pasivo con la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERC-074/2014 de 22 de septiembre, por lo que mal podría decirse que la instancia jerárquica afectó los intereses del Estado, al contario se habría sujetado a las reglas del debido proceso del art. 115 de la CPE.

En cuanto a que la AGIT hubiera soslayado la SCP 0790/2012 y hubiera incurrido en incorrecta apreciación del alcance del art. 324 de la CPE, sostiene que dicho aspecto es un nuevo argumento que no fue observado ante la AGIT por lo que no puede pretender subsanar errores o negligencias con la presente demanda ya que los arts. 139.b) y 144 de la Ley 2492 y el art. 198.e) y 211.I) de la Ley 3092 establecen que quien considere lesionados sus derechos con la Resolución de Alzada deberá interponer de manera fundamentada su agravio fijando con claridad la razón de su impugnación para que la AGIT resuelva sobre la base de dichos fundamentos en función del principio de congruencia, convalidación y preclusión tal cual se expone en la Sentencia de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia N° 0228/2013 de 2 de julio.

Por otra parte, señala sobre la SCP N° 790/2013 que el Auto Supremo 354/2015-L determinó que el precepto constitucional (art. 324 constitucional) está relacionado con la responsabilidad por la función pública, la misma que puede ser administrativa, ejecutiva, civil y penal y que se originan por actos cometidos por funcionarios públicos que causen menoscabo al patrimonio del Estado.

Que la mencionada Sentencia, no se adecua al caso concreto ya que lo resuelto por la AGIT no responde a un proceso por la función pública sino a un proceso sustanciado en función al debido proceso en el que se verificó que el término de la prescripción se inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009 observándose que entre ambas fechas no existieron causales de suspensión o interrupción del curso de la prescripción conforme lo determinan los arts. 61 y 62 de la citada Ley.

Petitorio.

En mérito a lo expuesto solicitó declarar improbada la demanda y mantener firme la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1241/2015 de 21 de julio.

Réplica y dúplica.

La Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional, con memorial de fs. 92 a 93, formula réplica reiterando los términos de su demanda.

Por su parte, en la dúplica de fs. 123 a 126, la AGIT aclara que la solicitud de prescripción es sobre la facultad para imponer sanciones por la Contravención Aduanera de Contrabando prevista en el art. 181 de la Ley N° 2492, originado en 2005 en vigencia de la referida Ley. En ese sentido el art. 59.I) 1 y 3 de la Ley N° 2492 establece que el término para controlar, verificar y comprobar e imponer sanciones administrativas prescribe a los 4 años; en cuanto al cómputo el art. 60.I) de la citada norma señala que el término se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo en vencimiento del periodo de pago.

II. ANTECEDENTES DEL PROCESO

Que mediante Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERC-075/2014 de 22 de septiembre la Administración Aduanera declaró probado el contrabando contravencional atribuido a Alex R. Mercado Antezana (importador); la Agencia Despachante de Aduana “M. Beltrán G”, representada por Miguel L. Beltrán; la Empresa de Transporte Carretero “PROFILIA GRACIA CHOQUE” y, Freddy Choque García como conductor del medio de transporte, al haber nacionalizado el vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional, tramitada con la DUI C-4273, con posterioridad a la vigencia del DS N° 28141 de 16 de mayo de 2005, ordenándose la captura y el comiso del mismo y la anulación de la DUI referida.

Esta Resolución fue objeto del recurso de alzada interpuesto por el representante legal de la Agencia Despachante de Aduana “M. Beltrán G.”, que mereció la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0309/2015 de 27 de abril que resolvió revocar totalmente la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERC-075/2014 de 22 de septiembre, al considerar que la facultad de la Administración Aduanera para imponer sanciones conforme disponen los arts. 59 y 60 de la Ley Nº 2492, se encuentra prescrita; por lo que el representante legal de la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional, interpuso Recurso Jerárquico que fue resuelto con el pronunciamiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1241/2015 de 21 de julio, en la que el Director Ejecutivo de la AGIT resolvió confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0309/2015 de 27 de abril.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Que, reconocida la competencia de esta Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm., del Tribunal Supremo de Justicia, en previsión de los arts. 778 a 781 del Código de Procedimiento Civil (CPC) y lo dispuesto por la Ley Nº 620 art. 2.2, tomando en cuenta que el proceso Contencioso Administrativo es un juicio de puro derecho dirigido a verificar la correcta aplicación de la Ley en los actos y resoluciones de la administración, en el caso por la AGIT, corresponde ingresar a la resolución de la causa

De la problemática planteada.

De la revisión de la demanda, respuesta y antecedentes contenidos en el expediente, se advierte que la problemática traída a juicio de éste Tribunal se circunscribe a la la facultad de la Administración Tributaria para calificar la conducta contraventora e imponer sanción y si la AGIT al confirmar la resolución de la ARIT que declaró prescrita tal facultad incurrieron en contradicción al espíritu y finalidad del art. 324 de la CPE y el precedente constitucional establecido en la SCP N° 790/2012 de 20 de agosto relativa a la imprescriptibilidad de deudas por daños económicos al Estado e irretroactividad de la Ley.

Análisis y fundamentos legales aplicados al caso.

En principio y teniendo en cuenta que en la demanda se hace referencia a la facultad de la Administración de sancionar conductas contraventoras, corresponde aclarar que la AGIT en momento alguno puso en tela de juicio la facultad de emisión del Acta de Intervención Contravencional, tampoco refirió la existencia de causales de nulidad en la misma, menos sostuvo que el vehículo que la motivó no se hubiera encontrado prohibido de importación en el momento del hecho y que el mismo debía ser beneficiado por el D.S. N° 28308 de 26 de agosto de 2005 modificatorio del D.S. Nº 28141.

En efecto, conforme se tiene en antecedentes, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria atendiendo la solicitud de la Agencia Despachante de Aduana, resolvió revocar totalmente la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERC-075/2014 de 22 de septiembre, al considerar que la facultad de la Administración Aduanera para imponer sanciones conforme disponen los arts. 59 y 60 de la Ley Nº 2492, se encuentra prescrita, ello en razón a que el hecho generador se produjo el 7 de septiembre de 2005 y por tanto, en materia de prescripción, la Ley aplicable resultaría la Ley N° 2492 y en virtud del art. 60.II, el inicio del cómputo se dio el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009. Asimismo, al emitirse la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERC-041/2014, misma que declaraba probado el contrabando contravencional por haber nacionalizado el vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional, tramitada con la DUI C-4273, con posterioridad a la vigencia del DS N° 28141, la facultad para sancionar ya se encontraba prescrita, sin que hayan concurrido ninguna causal de suspensión o interrupción de la prescripción regladas en los arts. 61 y 62 de la Ley N° 2492; aspecto que fue confirmado en la Resolución de Recurso Jerárquico a tiempo de sostener que corresponde declarar prescrita la facultad de la Administración Aduanera para imponer sanciones respecto de la DUI C-4273, al no haber la Administración Aduanera ejercido su facultad dentro del término previsto por el art. 154 de la Ley 2492. Por lo que la Autoridad Jerárquica no se pronunció sobre el fondo de la contravención por contrabando, resultando tales argumentos impertinentes.

Aclarado lo anterior y sobre la problemática central, en la demanda se reclama que tal razonamiento está en contradicción al espíritu y finalidad del art. 324 de la CPE ampliamente referido en la SCP N° 790/2012 de 20 de agosto relativa a imprescriptibilidad de deudas por daños económicos al Estado e irretroactividad de la Ley.

Sobre lo anterior y teniendo en cuenta que la imprescriptibilidad tiene íntima relación con el principio de la seguridad jurídica, acogido en el art. 178.I de la CPE, que se basa en la certeza del derecho, tanto en el ámbito de su publicidad como en su aplicación, y que significa la seguridad de que se conoce, o puede conocerse, lo previsto como prohibido, ordenado o permitido por el poder público.

El Estado, como máximo exponente del poder público y primer regulador de las relaciones en sociedad, no sólo establece (o debe establecer) las disposiciones legales a seguir, sino que en un sentido más amplio tiene la obligación de crear un ámbito general de "seguridad jurídica" al ejercer el poder político, jurídico y legislativo.

La seguridad jurídica es, en el fondo, la garantía dada al individuo por el Estado de modo que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o que, si esto último llegara a producirse, le serán asegurados por la sociedad, la protección y reparación de los mismos.

Son principios típicamente derivados de la seguridad jurídica la irretroactividad de la Ley, la tipificación legal de los delitos y las penas, las garantías constitucionales, la cosa juzgada, la caducidad de las acciones y la prescripción. La irretroactividad de la Ley. En definitiva, todo lo que supone la certeza del derecho como valor o atributo esencial del Estado.

Ahora bien la prescripción es un instituto jurídico por el cual el transcurso del tiempo produce el efecto de consolidar las situaciones de hecho, permitiendo la extinción de los derechos o la adquisición de las cosas ajenas.

Así en el caso en cuestión la norma aplicable, por la regla del “tempus comissi delicti”, es la prevista en el texto original del art. 59, Parágrafo I de la Ley N° 2492 de 02 de agosto de 2003, sin las modificaciones introducidas con posterioridad por las Leyes N° 291 de 22 de septiembre de 2012 y N° 317 de 11 de diciembre de 2012, norma primera que establecía la prescripción a los cuatro (4) años de las acciones de la Administración Tributaria para, entre otras, controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, además de imponer sanciones administrativas.

En ese marco, revisados los antecedentes se puede evidenciar que, el 7 de septiembre de 2005, la Agencia Despachante de Aduanas M. BELTRAN G., validó la DUI C-4273 ante la Administración de Aduana Zona Franca Industrial Cochabamba, respecto del vehículo en cuestión, instancia aduanera que sin mayor observación otorgó el levante correspondiente, de manera que, en aplicación del art. 60.I de la Ley N° 2492, el término de la prescripción para fiscalizar, controlar y sancionar cualquier posible responsabilidad administrativa derivada de tales actuaciones en la que intervino la Agencia Despachante de Aduana, se inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009, y siendo que durante dicho término no se evidenció la existencia de causales que interrumpan o suspendan el cómputo de la prescripción (puesto que no se controvierte el punto), en aplicación de los arts. 61 y 62 del CTB, por lo que resulta evidente que la facultad que tenía la Administración Aduanera para controlar, fiscalizar y sancionar a la Agencia Despachante mencionada prescribió, como acertadamente entendió la Autoridad General de Impugnación Tributaria ahora demandada.

En ese contexto, el art. 324 de la CPE establece “no prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado”, entendiéndose que “daño económico” es aquel que está necesariamente relacionado con la responsabilidad por la función pública; es decir con actos cometidos por funcionarios públicos, que causen menoscabo patrimonial al Estado o por particulares que se beneficien con recursos públicos o fueran causantes del daño patrimonial en el marco legal señalado por la Ley N° 1178.

Específicamente, en la Sentencia N° 005/2014 de 27 de marzo, este Tribunal Supremo reiteró que “…si bien el art. 324 de la CPE establece la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos causados al Estado, dicho precepto constitucional se halla relacionado con las deudas emergentes de la responsabilidad por la función pública, es decir con actos cometidos por funcionarios públicos que causen menoscabo patrimonial al Estado o por particulares que se beneficiaren indebidamente con recursos públicos o fueran causantes del daño patrimonial en el marco legal señalado por la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990” (criterio sostenido también en las Sentencias 281/2012 de 27 de noviembre y 212/2014 de 15 de septiembre entre otras). En tal mérito, la norma invocada como sustento de la demanda Contencioso Administrativa resulta inaplicable al presente caso, resultando irrelevante y hasta impertinente sostener que “el Acta de Intervención Contravencional es por un hecho vigente” ya que el hecho de que el citado vehículo siguiese en funcionamiento y continuase utilizando Diésel Oíl, no tiene vinculación con las causales que podrían suspender o interrumpir el término de la prescripción, no observándose por ello, evidente la vulneración del art 324 de la CPE o el incumplimiento de la jurisprudencia constitucional vinculante contenida en la SCP Nº 790/2012, toda vez la misma declaró inconstitucional el art. 40 de la Ley 1178, que fijaba el tiempo de 10 años para la prescripción de las acciones judiciales y obligaciones emergentes de la responsabilidad civil, no existiendo identidad de hecho con el que se discute en el presente caso ajeno a obligaciones emergentes de la responsabilidad por la función pública.

Por lo razonado, se concluye que la demanda Contenciosa Administrativa formulada por Jorge F. Romano Peredo, Pamela Villarroel Fernández y Diego Manuel Soria Guerrero, en representación de la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1241/2015, de 21 de julio, deviene en infundada, al no haberse demostrado que la Resolución impugnada contenga violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley, o que ésta hubiere incurrido en error de hecho o error de derecho en la apreciación de las pruebas presentadas.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en el arts. 778 y 780 del CPC, art. 2.2 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, administrando justicia a nombre de la Ley y en virtud a la jurisdicción que por ella ejerce, falla declarando IMPROBADA la demanda Contenciosa Administrativa de fs. 17 a 23, presentada por Jorge Romano Peredo, Pamela Villarroel Fernández y Manuel Soria Guerrero en representación legal de Dirzey Rosario Vargas Amurrio en su condición de Gerente Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, demandando la revocatoria de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1241/2015 de 21 de julio emitida por la AGIT; consiguientemente se mantiene firme y subsistente la Resolución impugnada, conforme los fundamentos precedentemente expuestos.

Procédase a la devolución a la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de los antecedentes administrativos remitidos a éste Tribunal.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.